El miércoles pasado, en la Casa Rosada, la jefa del Comando Sur de los Estados Unidos, General Laura J. Richardson, le planteó al jefe de Gabinete Nicolás Posse, y al ministro de Defensa, Luis Petri, su preocupación por las actividades confidenciales que realiza la República Popular China desde su misteriosa “Base” instalada en la provincia de Neuquén. Según fuentes oficiales inobjetables, la estadounidense preguntó de modo directo qué acciones tomaría la Casa Rosada para intentar controlar qué es lo que pasa en ese territorio de difícil acceso para las autoridades nacionales: “Nos preocupa la base de China en el sur de su país. ¿Qué medidas podrían tomar al respecto?”, indagó Richardson, palabras más, o menos, de acuerdo a la reconstrucción del diálogo que realizó Clarín en base al relato de funcionarios que estuvieron al tanto de ese diálogo.

Posse, con cada vez más influencia en el Gobierno, y de quien depende además la administración de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), respondió con sinceridad: “Estamos estudiando los contratos que permitieron que esa Base de China funcione en la Argentina. Estamos convencidos de que podremos acceder a sus instalaciones a través de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales. Nos comprometemos a que nuestro Gobierno utilice el tiempo de uso de la tecnología de la Base que está estipulado en el convenio original firmado con China”. Richardson volvió a exponer así la preocupación que los Estados Unidos sostiene desde hace varios años sobre posibles trabajos militares, y sobre sospechas de espionaje, que potencialmente pueden generar los chinos desde el terreno de doscientas hectáreas de la Patagonia que explotan bajo su potestad desde el año 2012 y hasta el 2062. Cincuenta años de un “Comodato” con garantías totalmente favorables a la gran potencia mundial gobernada sin alternancia por el Partido Comunista de China.

Las Fuerzas Armadas que cumplen órdenes desde el Pentágono volvieron a insistir así, ante las más altas autoridades políticas de la Argentina, que no se permita que China utilice su “Base” en Neuquén para expandir labores que podrían colisionar con áreas y objetivos de Defensa e Inteligencia tanto de nuestro país como de los Estados Unidos.

Es un reclamo que Washington ya habían expresado ante otra administración presidencial, la de Mauricio Macri, pero nunca con esperanzas ante el Gobierno de Cristina Kirchner o de Alberto Fernández.

Ocurre que fueron las gestiones K las que permitieron gozar de beneficios extraordinarios a China para que se adueñase, primero, de doscientas hectáreas para instalar su tecnología de exploración espacial y adquisición de datos terrestres vía satélite. Y después para instalar allí una antena que sirve para comunicarse, a través de métodos múltiples, con naves o satélites que orbitan el espacio exterior, entre otras actividades nunca transparentadas. Todo gracias a muchas concesiones que permitió Buenos Aires, siempre durante gobiernos K. Entre otras facilidades, la tecnología china que trabaja en Neuquén utiliza varias frecuencias radioeléctricas cedidas a las autoridades orientales por la Comisión Nacional de Comunicaciones (CNC). Esas frecuencias están “protegidas” por una llamada “zona de exclusión” que ocupa un radio de cien kilómetros a la redonda de la “Base China”. En ese geografía, de enorme extensión, el Gobierno K se comprometió a garantizar la seguridad para que no se afecten las comunicaciones chinas mediante “dispositivos distintos del tipo de radiocomunicaciones, tales como aparatos domésticos, dispositivos automotrices, etc…”.

Así lo explicita el “Acuerdo de Cooperación en el Marco del Programa Chino de Exploración de la Luna entre el China Satelitte Launch and Tracking Control General (CLTC) y la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) de la República Argentina, para Establecer Instalaciones de Seguimiento Terrestre, Comando y Adquisición de Datos, Incluida una Antena para Investigación del Espacio Lejano, en la Provincia de Neuquén, Argentina”. Este “acuerdo” fue firmado por el Gobierno de Cristina Kirchner y el de su par de China, Xi Jinping, el 20 de julio del 2012.

En diciembre del 2014, el Senado Nacional transformó en Ley lo convenido por Cristina Kirchner y Xi Jingping.

La oposición parlamentaria de entonces, las fuerzas que luego competirían por el poder en las elecciones del 2015 bajo el nombre de Cambiemos, votó en contra. Ya entonces, y antes también, fueron varios los dirigentes que advirtieron de los posibles riesgos que podría generar la cesión de derechos y potestades de la soberanía nacional a favor de la República Popular China.

A pesar de que se difundió la versión de que China había logrado sus extraordinarios beneficios para instalar su “Base” en Neuquén a cambio de permitirle a la Argentina utilizar el mecanismo financiero como “swap”, una especie de garantía para fondear a las reservas del Banco Central con yuanes, lo cierto es que las operaciones de Beijing para concretar su soñada instalación de la gran antena para explorar el espacio exterior se iniciaron varios años antes de la firma del convenio de la polémica.

Así lo demuestran los anexos del acuerdo rubricado por el Gobierno de los Kirchner en esa fecha, pero que incluyen otros papers datados en el 2010. Fuentes de Defensa e Inteligencia de la Argentina le afirmaron a Clarín que el primer ensayo para experimentar si la Base de China en la Patagonia tendría éxito se realizó en otra provincia y con mucha anterioridad a la confirmación de la instalación de la tecnología que los Estados Unidos describen hoy perteneciente al ejército del país oriental. Los chinos habrían utilizado originalmente en la Argentina un radio telescopio, de pequeñas dimensiones comparados a los que administra hoy en el país, para explorar el espacio desde suelo nacional. Esa maquinaria funcionó en la localidad de Leoncito, en San Juan. Después de confirmar que la “limpieza del cielo” de la Argentina era una garantía para usar las súper antenas chinas con capacidad de comunicación con naves o satélites que giran alrededor del planeta, con capacidad incluso para ayudar a cohetes a alcanzar la superficie lunar, entonces se iniciaron las gestiones para “adquirir” un gran territorio en la Patagonia. En Leoncito (paradoja o no, un diminutivo del apodo del actual presidente Javier Milei, el “León”), se está terminando de construir en estos días el radio telescopio más grande de Sudamérica, también bajo potestad de China, pero en convenio con universidades argentinas.

En los anexos reservados del “Acuerdo” entre China y Argentina para concretar el sueño de la “Base” de súper comunicaciones en la Patagonia, se incluyen documentos de la CONAE que prueban que Beijing había elegido en un inicio otra localidad neuquina para construir su “Base” de exploración del espacio. El 29 de abril del 2010, el entonces secretario general de la CONAE, Clementino Menicocci, elevó una solicitud a la Comisión Nacional de Comunicaciones (CNC) para que se le informe el “estado del espectro radioeléctrico” en cinco terrenos de Neuquén.

El pedido fue en el marco de lo que entonces se denominó como “proyecto” para instalar “una antena en la Argentina para dar apoyo a las misione satelitales” de China “para la exploración de la Luna y Marte”.

El 31 de enero del 2012, la misma CONAE informó a la CNC que los terrenos mencionados dos años antes como posibilidad para que funcione allí la antena China se habían unificado en un sola localidad, no especificada, pero se explicaba que la cercanía de esa zona con la ciudad de Zapala no hace “viable” el proyecto. Entre los argumentos, se aclaraba que se verían afectados servicios de la provincia porque se necesitarían 150 kilómetros de exclusión de todo tipo de aparatos para que no interfirieran con la “Base China”.

Fue entonces que Beijing eligió como destino final para su proyecto espacial, satelital, confidencial, a las 200 hectáreas en Bajada del Agrio, donde efectivamente funciona hoy el sistema oriental de comunicación con el espacio exterior.

En aquel momento, aun antes de oficializado el acuerdo final, la CONAE afirmaba que el convenio sobre la Base China tendría en Oriente como rector al organismo estatal llamado Administración Nacional Espacial China (CNSA). Se trata de un ente que está regido por el Ejército de China. Del mismo modo que también está subordinado a las Fuerzas Armadas de ese país el organismo ue finalmente construyó la Base China en Neuquén, el antes mencionado CLTC.

La presidente en funciones Cristina Kirchner firmó el Acuerdo con China en el 2012, con muchas concesiones para ese país, algunas incluso vinculadas a la cesión de soberanía del Gobierno sobre territorio nacional.

En el artículo 8, el Estado Nacional garantiza que no se hará responsable por nada de lo que pueda ocurrir en la Base China. Es la prueba de que ese territorio tendría un estatus similar al de una embajada. El comodato de las 200 hectáreas para la Base se garantizó que sería por 50 años. Si China o Argentina entendieran que el contrato firmado entre ambos se incumplió, se deberá informar sobre esa irregularidad con cinco años de anterioridad a que China abandone o sea obligada a retirarse de Neuquén.

Es cierto que funcionarios de la CONAE pueden utilizar 10 por ciento del tiempo de funcionamiento anual de la antena China en la Patagonia. Pero eso se permite solo si se informa a las autoridades orientales la intención entrar a la Base, mediante un escrito con tres meses de anticipación.

Las leyes laborales que rigen dentro de la Base son las que regulan el trabajo en el lugar de la firma del convenio. Es decir, China.

El artículo 10 también pone trabas a la transparencia de lo que se realiza en la “Base”. Explicita que todo lo que ocurra allí debe ser mantenido en “confidencialidad” por quien conozca los secretos del lugar. ¿Por qué?

En la orden del día votada por el Congreso para transformar en Ley el Convenio con China, la propia Cristina Kirchner pide que todo los materiales comprados por los chinos en la Argentina estén exentos de impuestos. Incluido el IVA. Que cualquier material que sea importada desde China por la CLTC para su Base pase por canal verde de la Aduana. Y le concede también a cada uno de los “trabajadores” orientales que deban viajar desde su país de origen a Neuquén consigan trámites en Migraciones de modo veloz.

Son solo algunas de los beneficios logrados por la potencia de Oriente que preocupa a los Estados Unidos, y también a la actual administración de Javier Milei.

En la presidencia de Macri, los diplomáticos Susana Malcorra y sobre todo el embajador en Beijing, Diego Guelar, lograron que China firmase una “Adenda” al convenio original en el que aceptaba que la “Base” en Neuquén se usaría solo para fines “pacíficos”. ¿Por qué aclarar lo que no debía ser aclarado?

El ex presidente de Estados Unidos Donald Trump, en visita a la Argentina en el G-20, desairó en público a Macri cuando confirmó que las negociaciones de la Casa Rosada con China continuarían a pesar de sus deseos en contrario. Lo dejó solo, parado, en un escenario, cuando debía quedarse a su lado para ser retratado por los fotógrafos.

Clarín pudo saber en base a fuentes de la Inteligencia nacional, que la ex SIDE le advirtió a Cristina Kirchner sobre la no conveniencia de permitir que China expanda su tecnología desconocida, bajo categoría de “confidencialidad”, para explorar el espacio exterior, la Luna, Marte, vía satélites. No hizo caso. Beijing insiste en que nada de lo que ocurre en Neuquén tiene que ver con la Tierra. Solo, nada más, únicamente, se explora desde allí lo que pasa, o pasará, en el Cielo.