El gobierno porteño de Jorge Macri abrió el retiro voluntario para personal de planta permanente, como parte de un plan de reforma del Estado porteño.

Con esto, aspira a reducir la plantilla de profesionales y migrar al empleado público hacia perfiles tecnológicos. Estará vigente hasta el 31 de mayo, según fuentes del gobierno de la ciudad.

Desde 2024, Macri cortó más de 10.000 contratos de asesores y cargos políticos.

La medida conocida el jueves se cristaliza en un decreto firmado por Macri, por el ministro de Hacienda, Gustavo Arengo, y el jefe de Gabinete, Gabriel Sánchez Zinny. Se habilita la creación del Régimen de Retiro Voluntario, que dispondrá del pago de una compensación no remunerativa que se determinará en base al sueldo neto, mensual, normal y habitual del trabajador al tiempo de su baja.

De acuerdo al decreto, podrán acceder al plan empleados de la Carrera de Administración Pública del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Solo se aceptarán a quienes tengan 45 años de edad o más, tengan un mínimo de cinco años de antigüedad y hayan sido planta permanente durante al menos un año.

El pago se hará “en cuotas mensuales y consecutivas” durante un plazo máximo “de hasta cuarenta y ocho meses”. En línea con la reforma laboral que promovió el gobierno de Javier Milei, en el cálculo se excluirán el Sueldo Anual Complementario, o aguinaldo, así como “todo concepto de frecuencia de pago no mensual”.

El gobierno local se reserva la posibilidad de rechazar la solicitud “cuando existan razones de servicio, causales de naturaleza disciplinaria u otras que hagan aconsejable adoptar tal temperamento”.

Tampoco podrán adherirse al programa “trabajadores y trabajadoras que, al 31 de diciembre del 2026, cuenten con sesenta y cinco (65) años de edad o más y cumplan con los requisitos necesarios para obtener el beneficio jubilatorio”. Y quedan excluidos quienes cuenten con un sumario administrativo por causales que pudieran ameritar una sanción expulsiva, hubiera iniciado reclamos o demandas judiciales al gobierno porteño.

El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia, reclamó anular su citación a prestar declaración indagatoria como sospechoso de evasión fiscal ante el juez en lo penal económico Diego Amarante, que estaba prevista para el 5 de marzo.

Amarante había citado a Tapia, al tesorero Pablo Toviggino, y a los dirigentes Cristian Malaspina y Gustavo Lorenzo, en una causa por evasión pues la ARCA les reclama 19.000 millones de pesos en aportes patronales e impuestos.

Tapia presentó hoy un escrito en el juzgado con el patrocinio de su abogado Lucio Simonetti. En su presentación, el titular de la AFA sostuvo que la citación a declarar “vulnera gravemente las garantías constitucionales del debido proceso y el derecho de defensa en juicio”.

El abogado dijo que declarar sin que se resuelva una apelación pendiente podría anular todo el proceso, pues aún resta que la Cámara en lo Penal Económico (Sala A) resuelva si corresponde desestimar la denuncia por inexistencia de delito.

Tapia planteó una “excepción de falta de acción por atipicidad manifiesta”, argumentando que el hecho investigado no constituye un delito, lo que el juez rechazó y fue apelado en Cámara.

“Avanzar con la indagatoria en este contexto es un error procedimental grave”, dijo la defensa, y agregó que “la convocatoria cuestionada importa la consolidación formal del ejercicio de la acción penal contra mis defendidos mientras se encuentra sub judice la propia habilitación jurídica de dicha acción”.

Insistió en que la citación no es un mero trámite ni una recolección de pruebas y dijo que está en duda si la acción penal es lícita. “Forzar este paso procesal anticipado afecta el orden del expediente procesal”, argumentó Tapia, a través de su defensor.

El abogado del dirigente advirtió que “si el tribunal de alzada revocara la resolución impugnada y admitiera la excepción articulada, la indagatoria y las decisiones que de ella pudieran derivarse quedarían privadas de sustento jurídico”.

Tapia se quejó de que la indagatoria fue solicitada solo por ARCA y no el fiscal. Para la defensa, permitirle a la querella impulsar un acto que formaliza la imputación, en un escenario donde el fiscal no lo promovió y la acción penal en sí misma está bajo revisión de la Cámara, “implicaría desnaturalizar el diseño legal” del Código Procesal Penal y rompería el equilibrio entre las partes. Por eso pidió declarar la nulidad de la citación a indagatoria.

Amarante ya resolvió en esta causa aplazar la indagatoria de Toviggino para el 13 de marzo porque designó a Marcelo Rocchetti como su nuevo abogado. La AFA decidió llamar a un paro del fútbol la fecha que correspondía con la citación original a indagatoria del 5 y 6 de marzo.

Asimismo Tapia, y los demás dirigentes citados apelaron la prohibición de salida del país que les impuso Amarante, y el tema será resuelto por la Cámara de Apelaciones. Ya el juez permitió a Tapia viajar a Brasil y a Colombia a cambio de pagar una caución de 5 millones de pesos.

El juez además rechazó un planteo de Pablo Toviggino para realizar la declaración indagatoria mediante una videoconferencia, sin asistir en persona al juzgado de Retiro.

En la causa penal se investiga la supuesta falta de ingreso de retenciones impositivas y de la seguridad social que debían pagarse a ARCA, querellante en el caso, por $19.353.546.843,85 y que, según la denuncia, fueron descontadas pero no depositadas entre marzo de 2024 y septiembre de 2025.

Toviggino, en tanto, pidió postergar su indagatoria para el 11 de marzo en lugar del 5 del mismo mes.