A la espera de la redacción de un nuevo Código Penal, el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, explicó que en esa transición impulsarán en el Congreso la incorporación de delitos como los migratorios, estafas piramidales, “viudas negras” (mujeres y hombres que seducen y roban), salideras y entraderas, entre otros.

Mahiques anunció inicialmente que luego de una reunión con el presidente Javier Milei decidieron avanzar en la redacción de un nuevo Código Penal “a la altura de los desafíos actuales”.

El ministro de Justicia explicó que durante la transición hasta tener un nuevo Código trabajarán junto al Congreso “en el endurecimiento de penas, la armonización de las mismas y en la incorporación de nuevos delitos”.

Mahiques dijo que impulsan sumar delitos al Código como los migratorios, estafas piramidales, salideras y entraderas, motochorro, daño animal, armas en las cárceles y picadas, con eje sobre las víctimas.

El funcionario dijo que además buscarán un agravamiento de las penas para los casos de incumplimiento de deberes alimentarios, trapitos, grooming y abuso sexual infantil.

En respuesta al mensaje que dejó Mahiques, Milei respondió en X: “Muy importante”. El antecesor del funcionario, Mariano Cúneo Libarona, trabajó en la reforma del Código, asesorado por un grupo de abogados y especialistas. Aunque se tendrán en cuenta esos aportes, la redacción será nueva.

El ministro de Justicia tiene prevista durante la semana una reunión con el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, para informarlo de este y otros temas de la gestión del área a su cargo.

El proyecto de cambios en el Código Penal es uno de los proyectos que el Gobierno enviará al Congreso, cómo anunció el jefe de Gabinete, que destacó que la iniciativa tendrá “foco en el endurecimiento de las penas”.

Juan Mahiques mantuvo su primera reunión con la Corte: gestos de acercamiento y compromiso para cubrir vacantes

La semana pasada Mahiques tuvo su primera reunión con la Corte Suprema, en un encuentro con gestos de acercamiento y compromiso para cubrir las vacantes de jueces. Participaron de la cumbre los tres integrantes del máximo tribunal: Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti.

Desde Justicia destacaron que Mahiques “ratificó el compromiso de avanzar en la cobertura de vacantes judiciales, iniciando el proceso de envío al Senado de los pliegos necesarios para cubrir más de 300 cargos de jueces, fiscales y defensores en todo el país, una medida clave para normalizar la integración de los tribunales y mejorar la capacidad de respuesta de la Justicia”.

Explicaron que entre los ejes de la reunión estuvieron además “la necesidad de fortalecer los mecanismos de integración transitoria de los tribunales, en particular a través del sistema de conjueces previsto en el régimen de subrogancias, con el objetivo de asegurar el normal funcionamiento de los tribunales federales ante situaciones de vacancia, licencia u otros impedimentos de los magistrados titulares».

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Impredecibles y terminales a la hora de sostener o despedir a un funcionario, los hermanos Milei atraviesan días de alta intensidad en la reconfiguración del equipo para avanzar en el tercer año (la segunda mitad) del mandato. Si bien Karina Milei configuró un plan para avanzar en casilleros que eran propiedad de Santiago Caputo, nunca esperó tener que decidir sobre el jefe de gabinete Manuel Adorni, su funcionario más leal y, quizás, quien mejor entendió dónde estaba el verdadero poder. A pesar de los rumores y nombres propios para reemplazarlo, el funcionario sigue al frente del cargo. Por la tarde del 24 de marzo se comunicó su agenda en lo que apunta a ser una estrategia de salir a atacar nuevamente. Conferencia de prensa —con preguntas incluidas— actos con ministros (Juan Bautista Mahiques y Federico Sturzenegger el miércoles y Luis Caputo y Alejandra Monteoliva el viernes) y el cierre de semana junto al Presidente y su hermana. ¿Significa que el capítulo está cerrado? Aunque quisiera escribir “Fin”, Adorni sabe que puede suceder cualquier cosa. Sobre todo si aparecen más cuestiones de su vida privada que no pueda justificar.

El Gobierno buscará retomar la agenda. El video publicado por los 50 años del golpe de Estado no llamó la atención como el año pasado. Un planteo negacionista financiado con recursos del Estado debe haber sido lo que más unió a la vicepresidenta Victoria Villarruel con su compañero de fórmula. Durante la tarde el Presidente volvió a X para hablar de uno de los temas que más preocupa a esta administración: La inflación. Milei apuntó un gráfico sobre inflación recibida y entregada por las últimas administraciones y señaló: “El gráfico muestra que salvo el actual gobierno, todos los restantes dejaron una mayor inflación que la recibida. Esto no significa que el problema de la inflación esté terminado pero está claro que vamos por el buen camino”. ¿Será que el arco se corrió y ahora se venderá como objetivo cumplido si se mantiene una inflación menor a la que dejó el Frente de Todos? Si bien los datos oficiales marcan una caída en el consumo y una suba del desempleo, el Gobierno vende su propio relato. “Bajamos inflación y aumentando el nivel de actividad, el cual se encuentra en pico histórico…”, respondió Milei a un usuario que reclamaba por la actividad económica. El Presidente respondió decenas de mensajes y uno de ellos no dejó dudas sobre la idea que hay en la mesa chica de Casa Rosada sobre lo que puede y lo que no puede hacer la gestión económica en lo que se refiere a actividad: “Sabías que pretender meter al Estado en la ‘micro’ es pedir corrupción y desigualdad ante la ley?”, dijo.

La última encuesta de Satisfacción Política y Opinión Pública (ESPOP) de marzo de 2026, realizada por la Universidad de San Andrés, mostró un deterioro de la satisfacción general: Sólo el 33% de los argentinos se muestra satisfecho con la marcha general de las cosas, una caída de 7 puntos porcentuales respecto a la medición de noviembre de 2025. Por el contrario, la insatisfacción escaló al 65%. La gestión de Milei, por otra parte, registra un 38% de aprobación frente a un 59% de desaprobación. La agenda de problemas muestra, además, la preocupación que escaló hasta el primer lugar: los bajos salarios (37%) y la falta de trabajo (36%) se consolidaron como las principales preocupaciones del país, superando incluso a la corrupción (33%). Otro dato preocupante es la expectativa del futuro inmediato. El sentimiento negativo creció y el 46% de los encuestados cree que la situación del país empeorará en el próximo año, mientras que solo un 30% aún mantiene la esperanza de una mejora. Ese tipo de estudio de San Andrés se condice con el dato más duro de los últimos días que señaló que el desempleo también subió el año pasado de 6,6% a 7,5%, el valor más alto tras la pandemia.

El Índice de Confianza en el Gobierno (ICG) que realiza la Universidad Torcuato Di Tella registró en marzo de este año una caída por cuarto mes consecutivo, alcanzando la cifra más baja desde que asumió su mandato en diciembre de 2023 con 2,30 puntos. El bajo nivel de confianza en el Gobierno de Milei “se ubica en valores muy similares al de la gestión de Mauricio Macri”, que en marzo de 2018 tenía un ICG de 2,32 pese a haber ganado las elecciones legislativas de 2017. El informe, que fue destacado por la gestión libertaria durante 2024 cuando los números le daban por encima de toda gestión anterior, agregó un dato que inquieta aún más a la administración nacional: “El promedio de la gestión Milei desciende a 2,43 puntos, su registro más bajo desde el inicio del mandato, ubicándose en una posición intermedia entre el promedio que Macri (2,55) y Fernández (1,99) registraron en el mismo tramo de sus respectivas gestiones”.

Pese a la inscripción inédita de 102.000 personas para exponer en las audiencias por la reforma de la Ley de Glaciares en Diputados, las jornadas de participación ciudadana estarán limitadas a menos de 400 personas durante este miércoles y jueves.

A principios de marzo, el oficialismo habilitó la inscripción para participar de dos audiencias públicas: una presencial en la Cámara Baja el 25 de marzo y otra virtual el 26.

Pero ante un número creciente, el oficialismo decidió que solamente se iban a seleccionar para exponer a algunas personas de cada provincia. El resto podría enviar un video por YouTube. Organizaciones ambientales pusieron una medida cautelar para que se les dé lugar a todos, pero el juez federal Enrique Alonso Regueira, a cargo del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N°5, la desestimó.

De esta manera, el Congreso avanzará con un esquema de participación mixto que combinará exposiciones presenciales, intervenciones virtuales y la posibilidad de presentar aportes por escrito o en formato audiovisual.

Según el esquema definido por las comisiones de Recursos Naturales y de Asuntos Constitucionales, habrá un total de 360 expositores: 180 participarán de forma presencial el miércoles y otros 180 lo harán de manera remota el jueves. Las audiencias comenzarán a las 10 en la sala del piso 2 del anexo C.

El resto de los inscriptos pudo enviar un video de hasta cinco minutos o un documento escrito que será incorporado al expediente legislativo como insumo para el debate.

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Sin embargo, el criterio de selección —que prioriza a los primeros anotados de cada provincia para garantizar representación federal— generó fuertes críticas. Desde sectores de la oposición y organizaciones socioambientales denunciaron que el mecanismo deja afuera a la gran mayoría de los interesados, ya que menos del 0,3% podrá tomar la palabra en vivo.

En ese contexto, distintas agrupaciones convocaron a una movilización frente al Congreso bajo la consigna “Hacer fila hasta que nos dejen hablar”.

La protesta está prevista para este miércoles a las 17 y cuenta con el respaldo de organizaciones ambientalistas, movimientos sociales, representantes de pueblos originarios y espacios políticos de la oposición, entre ellos sectores del PJ, la izquierda, la Coalición Cívica y parte del radicalismo.

El Gobierno desplegará un intenso operativo de seguridad y recomienda evitar la zona.

Las críticas también apuntan a que el formato adoptado podría contradecir estándares de participación pública establecidos en acuerdos internacionales y en la legislación ambiental vigente. Desde el oficialismo, en cambio, defendieron la modalidad al asegurar que permite una intervención amplia y federal, incluso para quienes no puedan exponer oralmente.

El proyecto de reforma, que ya cuenta con media sanción del Senado, propone introducir cambios en la protección de las zonas periglaciares.

En términos generales, busca acotar el alcance de la normativa vigente, limitando la protección a aquellas formaciones que cumplan una función hídrica comprobable. También plantea otorgar mayor protagonismo a las provincias en la actualización del inventario de glaciares, una tarea que actualmente realiza un organismo científico nacional.

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