En la mayoría de las provincias el empleo estatal, la obra pública y las políticas sociales son la clave de su funcionamiento y, consecuentemente, de su gobernabilidad. Nada de esto era ignorado por el gobierno nacional cuando diseñó su plan, por lo que no puede argumentarse que se trate de “accidentes” o de resultados no queridos. Desde un primer momento se advirtió que el plan de Milei–Caputo sólo cerraría con represión, y aun así cabría dudar de su viabilidad en el tiempo. Ahora comienzan a verse las consecuencias: docentes, personal de salud y policías, tres de los sectores más condenados a la precarización por Milei, salen a plantear sus exigencias. El derecho a la supervivencia está en juego. Y aunque el gobierno nacional pretenda solucionar la situación convocando a comités de crisis y enviando a la gendarmería, sólo conseguirá contener el malestar, que se irá incrementando como bola de nieve. Si no modifica sus políticas, estará tratando de apagar el incendio con nafta.

Misiones no es un hecho aislado. La motosierra aplicada a los envíos de coparticipación vuelven inviables a la mayoría de las provincias. El argumento de que “no hay plata” se deshace ante los impúdicos espectáculos de un presidente que ha invertido un mes completo de los poco más de cinco que lleva en su cargo a pasearse lujosamente por el planeta con fines de promoción e intereses personales, pagados “con la nuestra”. Cierto es que todavía casi un 50 por ciento de la sociedad dice respaldarlo, pero ese apoyo no se refiere a sus políticas, sino que es, ante todo, un repudio hacia una dirigencia que disfrutó de convertirse en “casta”, desentendiéndose en la mayoría de los casos de las demandas y necesidades sociales.

Así las cosas, este domingo un comunicado firmado por “esposas y familiares de la Policía de Corrientes” advirtió sobre la posible réplica de los sucesos de Misiones hacia esa provincia vecina. Su texto es el siguiente: “Miércoles 22 de mayo. 10.00 – Concentración junto a los retirados, familiares de docentes y demás empleados públicos para exigir en la jefatura de Policía, en el ministerio de Seguridad y en el ministerio de Hacienda, una recomposición salarial urgente que nos saque de debajo de la línea de pobreza, así como tienen para comprar miles de camionetas y camiones cuyo valor superan los más de 40 millones de pesos cada una, y no tienen para sacarlos a nuestros esposos de la línea de pobreza en la que ustedes los han empujado con sus políticas de hambre y de pluses como si fueran migajas que van tirando cual fuésemos sus perros, gastando el dinero de la sociedad en grandes eventos, exigiremos una respuesta inmediata. De lo contrario procederemos a permanecer el tiempo que sea necesario como los colegas de la provincia vecina de Misiones”.

La redacción denota la desesperación de quienes se ven obligados a salir, en contra de su voluntad, para reclamar su derecho a la vida. Docentes, personal de salud y policías son las caras visibles de un estado que el gobierno nacional se esmera en destruir. Sin ellos, la sociedad se convertiría en tierra de nadie. Una regresión a un estado de naturaleza en el que cada uno debería garantizar su propia supervivencia, sin importar los medios ni los costos. (www.REALPOLITIK.com.ar)

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