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POLITICA

Las sucesivas derrotas del Presidente

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Cuando la nación política se asombraba ante el largo y melodramático culebrón del peronismo bonaerense, los herederos de Perón dejaron las discordias a un lado y arrinconaron de nuevo al Presidente en el ingrato Congreso. El peronismo es una criatura con idéntica capacidad para pelearse y para pelear. Amigos y enemigos. Todo al mismo tiempo. La creación en la Cámara de Diputados de un comisión investigadora del escándalo que provocó la difusión presidencial de la criptomoneda $LIBRA es la segunda derrota de Milei en el Congreso en menos de una semana. El jueves pasado, una abrumadora mayoría del Senado rechazó los acuerdos de los dos candidatos a jueces de la Corte Suprema, el juez federal Ariel Lijo y el académico Manuel García-Mansilla; fue la primera vez en la historia del país que el Senado rechazó explícitamente la candidatura de dos abogados para integrar el más elevado tribunal del país.

La decisión de Diputados no viene sola. La comisión investigadora sobre el criptogate ocurrió luego de que se abrieran causas judiciales en los tribunales de la Argentina, los Estados Unidos y España. Una comisión investigadora que no tienen envergadura bicameral –es solo de Diputados– difícilmente pueda llegar a conclusiones más rápidas que la Justicia, pero tendrá capacidad para hacer mucho ruido en un tema que afectó personalmente al Presidente. El escándalo de la criptomoneda dejó muchos perdedores de millones de dólares y algunos, pocos, ganadores también de millones de dólares. La pregunta que el presidente Milei nunca respondió es por qué difundió esa moneda virtual y, pocas horas después, le sacó el respaldo. Ese zigzag es lo que provocó una inmediata cotización muy alta y una posterior caída abrupta en el valor de la criptomoneda. Jugaron los que tenían la información y ganaron.

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Tampoco su hermana, Karina Milei, cuestionada políticamente ahora también por Mauricio Macri, explicó por qué permitió varias veces el ingreso a la Casa de Gobierno de los responsables locales y extranjeros de esa moneda que no es una moneda común y corriente. Poca gente sabe de su existencia, y menos gente sabe cómo usarlas. Demasiada sombras, demasiado misterio en torno a esa caso judicial que ahora tomó una envergadura política imprevista.

Una comisión investigadora tiene muy pocos recursos para investigar porque, en verdad, sus facultades y esferas de acción siempre fueron discutidas por la política y por los especialistas del Derecho a la luz de la Constitución y la leyes. De hecho, en 1997 se trató de crear una ley reglamentaria de lo que dice la Constitución, que es muy poco, pero ese proyecto tuvo solo la sanción de Diputados, nunca del Senado. No es ley, por lo tanto. Los constitucionalistas más destacados reconocen que esas comisiones pueden convocar a funcionarios públicos y hurgar en la documentación oficial, pero les ponen un férreo límite cuando en la investigación entran a jugar particulares. El criterio ha sido siempre que un poder no debe ocupar el territorio de otro poder, en este caso el Legislativo sobre enclaves propios del Judicial. Esa será seguramente la polémica legal; otra cosa será el alboroto político fácilmente previsible. Para peor, por primera vez en mucho tiempo, la mayoría de los diputados aprobó también la interpelación del jefe de Gabinete, Guillermo Francos; del ministro de Economía, Luis Caputo, y del titular de la cartera de Justicia, Mariano Cúneo Libarona. Deberán responder sobre el criptogate en un interrogatorio especial en el Congreso. Tales citaciones pronostican otras turbulencias políticas. Para aprobar todo esto, el peronismo, esta vez inseparablemente unido, contó con la adhesión del variopinto bloque que preside Miguel Ángel Pichetto, de la Coalición Cívica y de la izquierda.

Pero, ¿el peronismo está realmente unido o es solo una ficción con apariencias de realismo? Ni lo uno ni lo otro. Es cierto que existe la decisión de desestabilizar a Milei, como cada vez que gobernó un no peronista, pero es cierto también que la provincia de Buenos Aires, el protectorado más importante del peronismo, provocó una división profunda entre Cristina Kirchner y el gobernador bonaerense, Axel Kicillof. Tal vez el conflicto de fondo en esa ruidosa ruptura peronista, como son todas las rupturas del peronismo, se reduce a una competencia entre Cristina Kirchner y Kicillof por la candidatura presidencial de 2027. “A matar o morir”, como le gusta decir a la expresidenta cuando se prepara para dar una batalla.

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La convicción de que la viuda de Kirchner decidió luchar nuevamente por la jefatura del Estado está extendida entre los que cuestionan su liderazgo en ese enorme y decisivo distrito electoral. La escucharon decir que merece una segunda oportunidad sobre la tierra (García Márquez dixit) después de ver el regreso de Lula da Silva en Brasil. “Por qué Lula pudo volver y yo no podría”, dicen que les repite a sus interlocutores. Sucede, al mismo tiempo, que Kicillof estaba convencido de que él sería el candidato del peronismo en las elecciones presidenciales de 2027. Siempre se insistió a su lado en que es el único dirigente del peronismo (si es que Kicillof es peronista) que habrá sido dos veces gobernador de la monumental Buenos Aires y que nunca lo denunciaron por corrupción, a pesar de que lo criticaron, con razón, por el contenido de sus acuerdos con el Club de París y con Repsol, luego de la brutal confiscación de YPF a los españoles. “Podrán decir que cometí errores, pero nunca que fui corrupto”, desliza Kicillof entre íntimos. ¿Una comparación, acaso?

Esa certeza de que Kicillof es el mejor candidato del peronismo la debió tener también Cristina Kirchner, porque esta decidió la guerra con su viejo pupilo cuando el gobernador les contó a la ciudad y al mundo que no estaba dispuesto a ser “otro Alberto Fernández”. “No quiero ser Alberto”, suele decirle a su círculo íntimo. Él sabe por qué. Kicillof fue un sangriento sicario de Cristina Kirchner (metáfora política mediante) cuando Alberto Fernández era presidente, y Kicillof lo zamarreaba desde Buenos Aires. “No hay que tener miedo de enfrentarse con ciertos sectores”, lo desafiaba Kicillof desde La Plata al entonces presidente Alberto Fernández, después de describir el padecimiento social de vastos sectores sociales. Cristina Kirchner le cargaba el arma para la balacera.

La expresidenta está convencida, más por ideología que por información, que Javier Milei llegará tambaleándose al año de su eventual reelección, en 2027. Nadie, como ella, descree tanto de las políticas ortodoxas que en materia económica aplica el actual presidente. Si Kicillof adelanta que no será un simple vicario de ella en la presidencia, entonces será ella quien se propondrá como sucesora de Milei en la jefatura del Estado dentro de dos años. Es audaz: entonces tendrá 74 años (salvo Perón, ningún político en la historia reciente aspiró con esa edad a la presidencia de la Nación) y todas las encuestas, hasta las más amigables con ella, muestran que su imagen es una de las peores entre los políticos argentinos. Parte, además, de una certeza: tendrá fueros hasta dentro de dos años, porque la sentencia que le cayó encima por la corrupción en la obra pública conlleva la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Su proyecto político consiste, entonces, en pasar de un fuero a otro fuero: el de diputada provincial o nacional, supuestamente, al de presidenta de la Nación, cargo del que solo podría ser removida por juicio político. La Corte Suprema de Justicia no está dispuesta a adelantar sus tiempos para expedirse sobre el caso de la expresidenta que ya tiene la condena de dos tribunales –el tribunal oral y público y la Cámara de Casación, pero tampoco podría demorar ese expediente hasta después de 2027. La idea de volver a la presidencia de parte de Cristina Kirchner implica su certidumbre de que será candidata a legisladora en las elecciones de este año y de que, obviamente, integrará algún parlamento, sea bonaerense o nacional.

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De todos modos, y se lo mire por donde se lo mire, es la primera vez que la señora de Kirchner debe enfrentar semejante insurrección en su propio distrito, que es la provincia de Buenos Aires, no Santa Cruz. Según varios intendentes del conurbano, le hizo mucho daño a ella la decisión de defender el liderazgo partidario de su hijo Máximo; este es presidente del Partido Justicialista bonaerense, mientras su madre lo es del PJ nacional. Nepotismo en estado puro. Máximo Kirchner es uno de los políticos con peor imagen en el país, según la unanimidad de las encuestas. Quizás la opinión social no sea justa porque él nunca tuvo cargos ejecutivos en la administración pública (fue solo un gris diputado nacional), pero es lo que hay; la realidad no se discute. Inclusive, uno de los fundadores de La Cámpora, Andrés “Cuervo” Larroque, dijo ayer públicamente que Cristina Kirchner era rehén de su hijo y de un grupo de tres o cuatro dirigentes camporistas. Seguramente está entre estos el otro fundador de La Cámpora: Eduardo “Wado” de Pedro. En rigor, La Cámpora existe porque Larroque y De Pedro la construyeron mientras el líder supuesto, Máximo Kirchner, hacía negocios en Santa Cruz en nombre de su familia.

En principio, esta fractura peronista beneficiaría a Javier Milei porque complica a su más importante competencia en la provincia de Buenos Aires. La pregunta consiste en responder si ante ese panorama ya no necesita de una alianza con Pro o si, en cambio, ahora es el momento de una coalición con el partido que fundó Mauricio Macri para terminar definitivamente con la hegemonía cristinista en esa fundamental provincia. Desde el mileísmo solo se escucha que van a promover alianzas con dirigentes de Pro, no institucionalmente con Pro. Sería una ruptura total y definitiva con Macri, si es que hay dirigente macristas dispuestos a correr en auxilio del Presidente en el peor momento político del mandatario. Por otro lado, fuentes oficiales señalan también que existe la seguridad en la cúpula del mileísmo de que el peronismo terminará unido, sobre todo en las elecciones nacionales de este año, en octubre, que son las que le importan al Gobierno. Es probable que tenga razón. Antes, los mileístas tropezarán con el estrépito y la furia del peronismo frente a un caso en el que Javier Milei está débil, con pocos aliados y sin argumentos.

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La trama detrás del cierre del Instituto Juan Domingo Perón y la polémica cooperativa que gestionaba el restaurante

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La toma del edificio donde funcionó el Instituto Juan Domingo Perón que lideró el dirigente Juan Grabois, quien estuvo varias horas detenido acusado de usurpación, daños y lesiones, volvió a poner en el foco de atención la decisión del Gobierno de cerrar esa dependencia y la polémica en torno a la cooperativa que estaba a cargo del restaurante, que es investigada por diversas irregularidades.

El Gobierno anunció el mes pasado el cierre del instituto y el traspaso del edificio y los bienes del lugar a la órbita del Ministerio de Capital Humano, que encabeza Sandra Pettovello. Según se explicó, la decisión se tomó en el marco de las políticas de austeridad y despolitización del uso de bienes del Estado. Se dispuso la desvinculación de 24 empleados, que demandaban unos $ 400 millones por año.

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La Casa Rosada explicó que la investigación histórica sobre el expresidente Perón ya se realiza en múltiples universidades, centros académicos, fundaciones e instituciones especializadas, que garantizan un estudio libre y “sin condicionamientos estatales”. ”En el último año, el instituto no entregó ni presentó documentos ni estudio alguno», indicaron.

Este sábado a la tarde, Grabois y unos 50 militantes del Frente Patria Grande y Argentina Humana ingresaron por la fuerza al inmueble de la calle Austria al 2500, en una de las zonas más caras de la ciudad de Buenos Aires. Para entrar, rompieron una puerta de vidrio reforzado, en medio de forcejeos con efectivos de la Policía Federal que estaban de custodia.

El ingreso lo hicieron desde “Café con Perón” –explotado por la Cooperativa de Trabajo Lo de Néstor– un restaurante que funcionaba como un apéndice y que no contaba con las habilitaciones correspondientes para continuar abierto, de acuerdo a la información y actuación oficiales a las que tuvo acceso Infobae.

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Lo cierto es que, luego de ordenado el cierre del Instituto, el edificio quedó vacío, con el objetivo de ser reutilizado por el Ministerio. Todo el acervo histórico y los bienes fueron trasladados para su custodia a organismos estatales, como la Biblioteca Nacional Mariano Moreno y el Archivo General de la Nación, para su preservación. “Se hizo un inventario y está abierta la posibilidad de que una persona humana o jurídica, como puede ser el PJ, se presente a reclamar”, precisaron las fuentes.

Pero más allá de la cuestión histórica y política, se abrió una controversia por el destino del edificio y el funcionamiento de “Un Café con Perón”, cuyos responsables, en medio de las tensiones por la toma de Grabois y su posterior detención, reclamaron seguir funcionando.

Sobre el destino del inmueble, fuentes del Gobierno anticiparon a Infobae que la propiedad no está en venta y tampoco podría enajenarse, debido a que tiene la condición de Patrimonio Histórico. En principio, lo que están analizando en el Ejecutivo es convertir el lugar en una biblioteca pública enfocada en niños, adolescentes y jóvenes con discapacidad auditiva y visual y ceder el restaurante a un emprendimiento gastronómico para personas neurodivergentes.

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Cooperativa investigada

El cierre del Instituto y la toma de Grabois de este sábado puso bajo la lupa la situación de la cooperativa “Lo de Néstor”, que ya fue denunciada por un diputado de la Coalición Cívica y que tenía el permiso de funcionamiento revocado y la “obligación de restituir el inmueble y los bienes”. Es que, junto al local, que fue cedido por un canon irrisorio, también se le cedió toda la vajilla, mesas, sillas y máquinas, de propiedad pública.

El documento de la suspensión de la cooperativa

El 5 de septiembre de 2024, el organismo a cargo del control de la actividad, el INAES, le suspendió la operatoria a la cooperativa y le inició un sumario. Se notificó a ARCA (ex AFIP) la suspensión de la operatoria, y se suspendió el CUIT.

Como consecuencia de ese sumario, el 15 de febrero pasado, el INAES le retiró la autorización para funcionar. Contra esa medida, la cooperativa interpuso un recurso de reconsideración, que fue rechazado en abril pasado. “La cooperativa no puede operar, porque carece de autorización para funcionar y, además, la CUIT se encuentra inactiva por parte de ARCA”, indicaron.

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Además, según otro documento al que accedió este medio, se detectó “fraude cooperativo y obstrucción a la fiscalización pública por parte del INAES”.

El informe de la inspección al Café con Perón

En concreto, durante el gobierno de Alberto Fernández y la gestión en el Ministerio de Cultura, de Tristán Bauer, se le otorgó la concesión a la cooperativa, cuyo presidente es Leonardo Duva, amigo del ex mandatario. Según informó el Gobierno, se le fijó un canon inicial de $117.000, calificado como “irrisorio, para la cantidad de metros concesionados y la zona en la que se encuentra”.

Aunque Duva manifestó públicamente que estaba en regla, el Ministerio de Capital Humano dispuso la revocación del contrato del bar temático “Un Café con Perón” el 26 de mayo y notificó la decisión el día siguiente. “La revocación se enmarca en el Decreto N.º 346/2025, que dispuso la disolución de varios organismos estatales, entre ellos el Instituto Perón, para optimizar el Estado y reducir el gasto público”, indicaron las fuentes.

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El presidente de la Cooperativa ya está siendo investigado en el marco de una denuncia penal previa realizada por el diputado porteño Facundo Del Gaiso por haber recibido 36 millones de pesos en subsidios estatales sin ofrecer ninguna contraprestación social, como lo exigía la normativa vigente. Se lo acusa por “defraudación por administración fraudulenta, defraudación y malversación de caudales públicos”.

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Milei quiere darle más poder a Bullrich sobre la Policía Federal: preparan un DNU y hay polémica

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Circula entre funcionarios vinculados a la seguridad publica y altos oficiales de fuerzas de seguridad federales el proyecto de un Decreto de Necesidad y Urgencia que el Presidente firmaría a su regreso de su gira internacional, la semana que viene.

Según ese texto, por DNU se modificará la Ley Orgánica de la Policía Federal y se ratifican facultades que generan polémica, como la habilitación a realizar detenciones por hasta 10 horas a quien no pueda acreditar su identidad y la de hacer requisas sin aval judicial.

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Tiene otro costado controversial: según juristas, se estaría modificando el código penal por decreto, lo que es inconstitucional.

La Casa Rosada tiene apuro con el decreto, según las fuentes consultadas. Sucede que el 8 de julio se vencen las facultades delegadas que el Poder Ejecutivo consiguió a través de la ley bases, aprobada el año pasado por el Congreso.

Javier Milei tiene hasta esa fecha tope para declarar en «situación de emergencia» -el borrador del DNU estipula hacerlo por un plazo de 2 años- a la Policía Federal.

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Javier Milei y Patricia Bullrich. Foto: Marcelo Carroll.

Se habilitaría, así por ejemplo, a contrataciones directas sin llamados a licitación y a la reorganización de la fuerza.

Clarín se comunicó con el Ministerio de Seguridad de la Nación, pero se limitaron a decir que Patricia Bullrich no hará declaraciones y que en los próximos días «se hará una presentación de esa ley con el Presidente».

El texto al que accedió este diario lleva la firma digital de la ministra Bullrich. Fuentes oficiales dijeron que el proyecto podría sufrir aún alguna modificación.

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La ley Orgánica de la Policía Federal que se busca modificar por decreto es de 1958. El proyecto sostiene que se apunta a una reforma y modernización de esa fuerza de seguridad.

«El surgimiento de nuevas amenazas delictivas, el crimen organizado internacional, los cambios sociales y tecnológicos ocurridos desde 1958 a la actualidad, tornan necesario actualizar sus misiones, modificar la estructura, cambiar y reorientar su sistema de recursos humanos, e iniciar un proceso de fortalecimiento de sus capacidades», fundamenta.

Y agrega que «resulta necesario que la Policía Federal Argentina tenga como principal misión la investigación de delitos federales y complejos». El proyecto de decreto también plantea la necesidad de crear un programa de ingreso y formación específico para universitarios ya graduados dentro de la Policía Federal; para ese proceso de modernización se mencionan los casos del FBI y de la Policía Federal de Brasil.

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En el inciso 7 del artículo 6to se establece:

«Fuera de los casos establecidos en los Códigos Procesales Penales y demás legislación vigente, (la Policía Federal) no podrá detener a las personas sin orden de juez competente. Sin embargo, si existiesen circunstancias debidamente fundadas que hagan presumir que alguien hubiese cometido o pudiere cometer algún hecho delictivo y no acreditase fehacientemente su identidad, podrá ser conducido a la dependencia policial que correspondiese, con noticia al juez con competencia en turno y demorada por el tiempo mínimo necesario para establecer su identidad. Ese tiempo en ningún caso podrá exceder de diez (10) horas. Se le permitirá comunicarse en forma inmediata con un familiar o persona de su confianza a fin de informarle su situación. Las personas demoradas para su identificación no podrán ser alojadas junto ni en los lugares destinados a los detenidos por delitos o contravenciones».

Ese inciso es casi igual a la de la ley orgánica de la Policía Federal que se encuentra vigente. También la ley Lázara de 1991 habla de hasta 10 horas para quien no pudiera acreditar su identidad.

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«Ese tipo de detenciones están mal en cualquier contexto, es volver al concepto de ‘detención por averiguación de antecedentes’», observa a Clarín Fernando Carbajal, ex juez Federal de Formosa y actual diputado nacional de la UCR por esa provincia.

El ex juez federal y actual diputado Fernando Carbajal.El ex juez federal y actual diputado Fernando Carbajal.

«Una reforma así no se puede hacer por DNU, darle esa atribución a la Policía no tiene nada que ver con la reorganización de la fuerza. Es completamente inconstitucional. Es volver al viejo paradigma policial de detención por averiguación de antecedentes Están metiéndose con la violación de derechos ciudadanos con el argumento de reorganizar a la Policía», agregó el legislador radical Carbajal, quien además integra la comisión bicameral de los Órganos y Actividades de Seguridad Interior.

Un ex camarista penal federal de prestigio que pidió no ser identificado coincidió con Carbajal: «El Código Procesal Federal no permite detener, salvo en fragancia o por orden de la Justicia. Es polémico además que este cambio se haga por DNU, cuando no hay motivo de urgencia. De salir el decreto, posiblemente se va a judicializar, aunque puede ser complicada la legitimación. ¿Quién se sentiría afectado? Puede que alguna ONG que trabaja en derechos y garantías o violencia institucional», aventuró.

Y un funcionario del área de seguridad de una provincia del interior al que le llegó hace unos días el texto que firmaría Milei agrega: «10 horas es un montón, no se encuentra justificativo para esa demora en consultar con la autoridad judicial, más cuando en la actualidad uno está a un click de poder comunicarse».

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Carlos Ñamandú.Carlos Ñamandú.

Sin embargo, hay especialistas que tienen otra mirada. Carlos Ñamandu, CEO de Fidelem Security Advisors y reconocido especialista en la lucha contra el crimen organizado transnacional y el cibercrimen,opinó: «Lejos de inaugurar un estado policial, la reforma ratifica una facultad legal preexistente, estableciendo garantías: comunicación inmediata a un familiar o persona de confianza, separación de los demorados de los detenidos por delitos, y estricta sujeción a plazos máximos»

Sigue Ñamandú: «Esta medida, bien aplicada, es una herramienta para prevenir delitos inminentes (por ejemplo, detectar a un sospechoso con un arma antes de que la use) sin vulnerar derechos, ya que la persona recupera su libertad una vez esclarecida su identidad o descartada la sospecha en pocas horas.

Otro eje controvertido es la facultad de requisas que se le otorgaría a la Policía Federal. El inciso 13 del artículo 6to dice:

«Realizar requisas personales con orden judicial, conforme con lo establecido por la normativa procesal y demás legislación vigente. Sin dicha orden, podrá hacerlo respecto de personas, inspeccionando los efectos que lleven consigo, así como el interior de los vehículos, aeronaves y embarcaciones de cualquier clase, ante la concurrencia de los siguientes supuestos:

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A. Que existan circunstancias previas que razonable y objetivamente permitan presumir que se ocultan cosas relacionadas con un delito.

B. Que no fuere posible esperar la orden judicial ante el peligro cierto de que desaparezcan las pruebas que se intentan incautar.

Allanamiento de la Policía Federal.Allanamiento de la Policía Federal.

C. Que se practique en la vía pública o en lugares de acceso público y en el marco de operativos de prevención».

Para algunos especialistas lo de «permitan presumir» es un pase libre a lo que siempre se justificó como «olfato policial» y que habitualmente fue desechado por la Justicia.

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«Este punto es polémico, genera sospechas. En ningún caso hay fundamentos, salvo para un delito en curso, que justifique la no consulta con la autoridad judicial y es una de las causas que origina nulidades múltiples», señala un experto en materia de seguridad. Y completa: «La política de prevención de delitos restringe derechos. Para avanzar, la Policía necesita siempre autorización judicial. Están eliminando controles y suspendiendo derechos».

El diputado Carbajal agrega: «La Policía no puede realizar requisas, tiene que pedir la orden al fiscal. No se puede autonomizar la Policía de la Fiscalía».

Pero el especialista Námandú difiere: «Esto no es un ‘cheque en blanco’ sino la formalización de prácticas amparadas por el Código Procesal Penal en casos de flagrancia o peligro en la demora. En situaciones normales seguirá siendo indispensable la orden de un juez para allanar o requisar propiedad privada, pero ante la inmediatez de ciertos escenarios, pensemos en un control de ruta donde un conductor sospechoso intenta descartar droga al ser detenido,, la ley faculta a actuar de inmediato».

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El otro punto que puede generar algún grado de sospecha es la habilitación a la Policía Federal de realizar tareas de patrullaje en las redes sociales.

El inciso 11 del artículo 6to del borrador dice que la Policía Federal podrá «realizar, sin necesidad de autorización judicial, tareas de prevención del delito en espacios públicos digitales, tales como redes sociales abiertas, sitios web públicos y otras fuentes abiertas, conforme a las pautas y principios rectores dictados para dichas actividades por la autoridad competente».

Pero según las fuentes consultadas, se trata de algo que ya realiza la Policía Federal y que fue habilitado por Aníbal Fernández cuando era ministro de Seguridad de Alberto Fernández. El ciberpatrullaje se usa para la prevención del delito. De la redacción del inciso no surge que la Policía pueda acceder a cuentas abiertas sin orden de la Justicia.

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«El nuevo reglamento en estudio permite que la Policía Federal realice tareas de vigilancia preventiva en espacios públicos digitales, como redes sociales abierta y sitios web públicos, sin necesidad de autorización judicial previa».apunta Carlos Ñamandú.

Y considera: «Lejos de ser ‘espionaje ilegal’, esto equivale a las clásicas vigilancias en plazas o rutas, pero trasladas al siglo XXI: monitorear lo que delincuentes y terroristas puedan estar tramando en la web abierta, siempre respetando la privacidad y la libertad de expresión de los ciudadanos honestos. Estas actividades de inteligencia previa ya se venían realizando de facto; ahora se les da un marco normativo claro, acorde a estándares democráticos y de protección de datos personales».

Leandro Halperin, subsecretario de Política Criminal de la Ciudad.Leandro Halperin, subsecretario de Política Criminal de la Ciudad.

Para Leandro Halperín, subsecretario de Política Criminal y Asuntos Penitenciarios del Gobierno de la Ciudad, cualquier modificación de este tipo debería «alcanzarse con acuerdos parlamentarios. La vía del decreto genera incertidumbre para la Policía y para los resultados de sus investigaciones porque puede ser declarado inconstitucional. No se puede modificar el Código Penal por decreto. Es un tema para tratarse en el Congreso. ¿Quién podría oponerse a la que la Policía Federal esté mejor capacitada?».

Patricia Bullrich,DNU,Policía Federal

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El nuevo paso de Javier Milei por Israel, una apuesta política más allá de la economía

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Este lunes, el presidente Javier Milei llegará desde Europa, y por segunda vez en lo que va de su mandato, a Israel, un país considerado por la administración libertaria como uno de sus principales aliados geopolíticos.

La visita presidencial, que será de tres días, combinará visitas a lugares emblemáticos para la religión judía como el Muro de los Lamentos y la ciudad vieja de Jerusalén, con encuentros de neto corte político, como el cara a cara con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, la recepción del premio Génesis (el “Nobel Judío”) y la firma del Memorándum “por la democracia y la libertad”.

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Tendrá como único punto vinculado a la economía el anuncio de la apertura de un vuelo directo entre Buenos Aires y Tel Aviv, anuncio que tiene como antecedente un acuerdo similar firmado en 2017 y nunca concretado con el gobierno del entonces presidente Mauricio Macri, meses antes de la visita de Netanyahu a la Argentina.

El diseño de la agenda presidencial va a tono con la sintonía política, que en Israel califican de “inmejorable”, y se corresponde con los discretos números del intercambio comercial entre ambos países, que va en aumento en lo que va del mandato de La Libertad Avanza, pero que está aún muy lejos de otros países y bloques, como Estados Unidos, la Unión Europea, Brasil o España. Se trata, por cierto, de un vínculo “más político que económico”, en un contexto de serias dificultades políticas para el gobierno de Netanyahu, criticado por la escalada militar del ejército israelí en la franja de Gaza que siguió al ataque del grupo terrorista Hamas contra el sur del Estado hebreo, el 7 de octubre de 2023.

Eyal Sela, embajador de Israel, y Mario Montoto, presidente de la Cámara de Comercio Argentino Israelí, con el presidente Javier Milei

Según datos de la Cámara de Comercio Argentino-Israelí, en 2024 (primer año completo de gestión de Milei), las exportaciones argentinas totales hacia Israel alcanzaron los US$377 millones, registrando un crecimiento del 23 por ciento con respecto al año anterior. “Este desempeño consolida una tendencia positiva cercana al récord histórico de 400 millones registrados en 2022”, afirmaron desde la cámara, que preside el empresario Mario Montoto. Las principales exportaciones corresponden al sector agroindustrial, siendo los principales productos exportados la carne bovina congelada, carne bovina fresca, pasta de maní y harina de soja.

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Según datos de la consultora DNI, de Marcelo Elizondo, en base al Indec, las exportaciones a Israel fueron de US$105 millones entre enero y marzo de 2024, contra US$141 millones en el mismo período de este año. En relación a las importaciones, también hubo una suba dentro de un volumen muy bajo: US$44 millones en el primer trimestre de este año, contra US$26 millones del mismo período del año pasado.

Datos extraoficiales hablan, de todos modos, de una proyección de crecimiento interanual de aproximadamente un 118,16%, “evidenciando una recuperación o expansión significativa en el comercio bilateral en ese período”, agregan las fuentes en relación con el intercambio comercial bilateral.

Los números con Israel quedan muy atrás del vínculo argentino con Estados Unidos, de US$1546 millones en exportaciones sólo en el primer trimestre de este año; o con la Unión Europea, con US$1545 millones de exportaciones hacia el conglomerado de 27 países que componen el bloque europeo, también según datos de la consultora DNI.

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Hay por cierto, algunos proyectos en marcha, como el de los vuelos directos, a cargo de la compañía israelí El Al, o gestiones aún embrionarias, como la del delegado argentino en la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande (CTM), Juan Carlos Chagas, ante el embajador argentino en Israel, el rabino Axel Wahnish, para viabilizar un ambicioso proyecto de sistematización y distribución de agua para riego en la región del Mandisoví Chico, al norte de Entre Ríos.

El embajador de la Argentina en Israel, Axel Wahnish junto al presidente israelí Isaac Herzog, durante el Día de la Independencia de IsraelX

Pero la clave, coinciden fuentes políticas y comerciales, está en el apoyo de Milei a Israel en su ya larga pelea contra Hamas y el terrorismo, dentro y fuera de la franja de Gaza. Un apoyo que, en el caso del Mercosur (que tiene vigente un acuerdo de libre comercio con Israel) encuentra como único aliado a Paraguay, mientras Brasil y Uruguay sostienen una postura de condena a la política militar israelí en relación a los palestinos.

“Creo que a esta altura ya hemos demostrado no sólo la afinidad natural que este gobierno tiene con el pueblo de Israel, sino también la convicción imperturbable de acompañar, asistir y trabajar en conjunto con el estado de Israel, allí donde podamos, ya que para nosotros Israel y Estados Unidos son nuestros socios geopolíticos más importantes”, dijo Milei en noviembre pasado, en la entrega de los Israel Innovation Awards. Allí, anticipó que en su próximo viaje firmaría un memorándum con Israel, “opuesto” al Memorándum de Entendimiento de Argentina con Irán, suscripto en 2013 por el segundo gobierno de Cristina Kirchner con el declarado objetivo de ayudar a esclarecer la verdad sobre el atentado contra la AMIA, en julio de 1994, atentado que la Justicia argentina adjudica al grupo terrorista proiraní Hezbollah.

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“Es nuestro deseo que esta alianza entre Argentina e Israel se convierta en un modelo para que otras naciones del mundo libre también elijan la vida y la libertad, condenando firme y abiertamente al terrorismo”, agregó entonces el primer mandatario, luego de condenar “los atentados inhumanos con los que el terrorismo castigó al pueblo argentino hace 30 años” y “la barbarie cometida por el grupo terrorista Hamas el 7 de octubre” en territorio israelí.

Con la designación del rabino Wahnish, su líder espiritual, como embajador “político” en Tel Aviv, y su proceso de acercamiento al judaísmo vigente en su vida cotidiana, Milei deja en claro en cada ocasión su apuesta por un vínculo privilegiado con el Estado judío. La mudanza de la sede de la embajada, desde Hertzlia a Jerusalén es otro eventual y polémico paso que Milei prometió en su momento y que Israel espera con ansias, en tiempos de crisis interna y externa, y un estado de guerra casi permanente.



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