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POLITICA

Las sucesivas derrotas del Presidente

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Cuando la nación política se asombraba ante el largo y melodramático culebrón del peronismo bonaerense, los herederos de Perón dejaron las discordias a un lado y arrinconaron de nuevo al Presidente en el ingrato Congreso. El peronismo es una criatura con idéntica capacidad para pelearse y para pelear. Amigos y enemigos. Todo al mismo tiempo. La creación en la Cámara de Diputados de un comisión investigadora del escándalo que provocó la difusión presidencial de la criptomoneda $LIBRA es la segunda derrota de Milei en el Congreso en menos de una semana. El jueves pasado, una abrumadora mayoría del Senado rechazó los acuerdos de los dos candidatos a jueces de la Corte Suprema, el juez federal Ariel Lijo y el académico Manuel García-Mansilla; fue la primera vez en la historia del país que el Senado rechazó explícitamente la candidatura de dos abogados para integrar el más elevado tribunal del país.

La decisión de Diputados no viene sola. La comisión investigadora sobre el criptogate ocurrió luego de que se abrieran causas judiciales en los tribunales de la Argentina, los Estados Unidos y España. Una comisión investigadora que no tienen envergadura bicameral –es solo de Diputados– difícilmente pueda llegar a conclusiones más rápidas que la Justicia, pero tendrá capacidad para hacer mucho ruido en un tema que afectó personalmente al Presidente. El escándalo de la criptomoneda dejó muchos perdedores de millones de dólares y algunos, pocos, ganadores también de millones de dólares. La pregunta que el presidente Milei nunca respondió es por qué difundió esa moneda virtual y, pocas horas después, le sacó el respaldo. Ese zigzag es lo que provocó una inmediata cotización muy alta y una posterior caída abrupta en el valor de la criptomoneda. Jugaron los que tenían la información y ganaron.

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Tampoco su hermana, Karina Milei, cuestionada políticamente ahora también por Mauricio Macri, explicó por qué permitió varias veces el ingreso a la Casa de Gobierno de los responsables locales y extranjeros de esa moneda que no es una moneda común y corriente. Poca gente sabe de su existencia, y menos gente sabe cómo usarlas. Demasiada sombras, demasiado misterio en torno a esa caso judicial que ahora tomó una envergadura política imprevista.

Una comisión investigadora tiene muy pocos recursos para investigar porque, en verdad, sus facultades y esferas de acción siempre fueron discutidas por la política y por los especialistas del Derecho a la luz de la Constitución y la leyes. De hecho, en 1997 se trató de crear una ley reglamentaria de lo que dice la Constitución, que es muy poco, pero ese proyecto tuvo solo la sanción de Diputados, nunca del Senado. No es ley, por lo tanto. Los constitucionalistas más destacados reconocen que esas comisiones pueden convocar a funcionarios públicos y hurgar en la documentación oficial, pero les ponen un férreo límite cuando en la investigación entran a jugar particulares. El criterio ha sido siempre que un poder no debe ocupar el territorio de otro poder, en este caso el Legislativo sobre enclaves propios del Judicial. Esa será seguramente la polémica legal; otra cosa será el alboroto político fácilmente previsible. Para peor, por primera vez en mucho tiempo, la mayoría de los diputados aprobó también la interpelación del jefe de Gabinete, Guillermo Francos; del ministro de Economía, Luis Caputo, y del titular de la cartera de Justicia, Mariano Cúneo Libarona. Deberán responder sobre el criptogate en un interrogatorio especial en el Congreso. Tales citaciones pronostican otras turbulencias políticas. Para aprobar todo esto, el peronismo, esta vez inseparablemente unido, contó con la adhesión del variopinto bloque que preside Miguel Ángel Pichetto, de la Coalición Cívica y de la izquierda.

Pero, ¿el peronismo está realmente unido o es solo una ficción con apariencias de realismo? Ni lo uno ni lo otro. Es cierto que existe la decisión de desestabilizar a Milei, como cada vez que gobernó un no peronista, pero es cierto también que la provincia de Buenos Aires, el protectorado más importante del peronismo, provocó una división profunda entre Cristina Kirchner y el gobernador bonaerense, Axel Kicillof. Tal vez el conflicto de fondo en esa ruidosa ruptura peronista, como son todas las rupturas del peronismo, se reduce a una competencia entre Cristina Kirchner y Kicillof por la candidatura presidencial de 2027. “A matar o morir”, como le gusta decir a la expresidenta cuando se prepara para dar una batalla.

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La convicción de que la viuda de Kirchner decidió luchar nuevamente por la jefatura del Estado está extendida entre los que cuestionan su liderazgo en ese enorme y decisivo distrito electoral. La escucharon decir que merece una segunda oportunidad sobre la tierra (García Márquez dixit) después de ver el regreso de Lula da Silva en Brasil. “Por qué Lula pudo volver y yo no podría”, dicen que les repite a sus interlocutores. Sucede, al mismo tiempo, que Kicillof estaba convencido de que él sería el candidato del peronismo en las elecciones presidenciales de 2027. Siempre se insistió a su lado en que es el único dirigente del peronismo (si es que Kicillof es peronista) que habrá sido dos veces gobernador de la monumental Buenos Aires y que nunca lo denunciaron por corrupción, a pesar de que lo criticaron, con razón, por el contenido de sus acuerdos con el Club de París y con Repsol, luego de la brutal confiscación de YPF a los españoles. “Podrán decir que cometí errores, pero nunca que fui corrupto”, desliza Kicillof entre íntimos. ¿Una comparación, acaso?

Esa certeza de que Kicillof es el mejor candidato del peronismo la debió tener también Cristina Kirchner, porque esta decidió la guerra con su viejo pupilo cuando el gobernador les contó a la ciudad y al mundo que no estaba dispuesto a ser “otro Alberto Fernández”. “No quiero ser Alberto”, suele decirle a su círculo íntimo. Él sabe por qué. Kicillof fue un sangriento sicario de Cristina Kirchner (metáfora política mediante) cuando Alberto Fernández era presidente, y Kicillof lo zamarreaba desde Buenos Aires. “No hay que tener miedo de enfrentarse con ciertos sectores”, lo desafiaba Kicillof desde La Plata al entonces presidente Alberto Fernández, después de describir el padecimiento social de vastos sectores sociales. Cristina Kirchner le cargaba el arma para la balacera.

La expresidenta está convencida, más por ideología que por información, que Javier Milei llegará tambaleándose al año de su eventual reelección, en 2027. Nadie, como ella, descree tanto de las políticas ortodoxas que en materia económica aplica el actual presidente. Si Kicillof adelanta que no será un simple vicario de ella en la presidencia, entonces será ella quien se propondrá como sucesora de Milei en la jefatura del Estado dentro de dos años. Es audaz: entonces tendrá 74 años (salvo Perón, ningún político en la historia reciente aspiró con esa edad a la presidencia de la Nación) y todas las encuestas, hasta las más amigables con ella, muestran que su imagen es una de las peores entre los políticos argentinos. Parte, además, de una certeza: tendrá fueros hasta dentro de dos años, porque la sentencia que le cayó encima por la corrupción en la obra pública conlleva la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Su proyecto político consiste, entonces, en pasar de un fuero a otro fuero: el de diputada provincial o nacional, supuestamente, al de presidenta de la Nación, cargo del que solo podría ser removida por juicio político. La Corte Suprema de Justicia no está dispuesta a adelantar sus tiempos para expedirse sobre el caso de la expresidenta que ya tiene la condena de dos tribunales –el tribunal oral y público y la Cámara de Casación, pero tampoco podría demorar ese expediente hasta después de 2027. La idea de volver a la presidencia de parte de Cristina Kirchner implica su certidumbre de que será candidata a legisladora en las elecciones de este año y de que, obviamente, integrará algún parlamento, sea bonaerense o nacional.

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De todos modos, y se lo mire por donde se lo mire, es la primera vez que la señora de Kirchner debe enfrentar semejante insurrección en su propio distrito, que es la provincia de Buenos Aires, no Santa Cruz. Según varios intendentes del conurbano, le hizo mucho daño a ella la decisión de defender el liderazgo partidario de su hijo Máximo; este es presidente del Partido Justicialista bonaerense, mientras su madre lo es del PJ nacional. Nepotismo en estado puro. Máximo Kirchner es uno de los políticos con peor imagen en el país, según la unanimidad de las encuestas. Quizás la opinión social no sea justa porque él nunca tuvo cargos ejecutivos en la administración pública (fue solo un gris diputado nacional), pero es lo que hay; la realidad no se discute. Inclusive, uno de los fundadores de La Cámpora, Andrés “Cuervo” Larroque, dijo ayer públicamente que Cristina Kirchner era rehén de su hijo y de un grupo de tres o cuatro dirigentes camporistas. Seguramente está entre estos el otro fundador de La Cámpora: Eduardo “Wado” de Pedro. En rigor, La Cámpora existe porque Larroque y De Pedro la construyeron mientras el líder supuesto, Máximo Kirchner, hacía negocios en Santa Cruz en nombre de su familia.

En principio, esta fractura peronista beneficiaría a Javier Milei porque complica a su más importante competencia en la provincia de Buenos Aires. La pregunta consiste en responder si ante ese panorama ya no necesita de una alianza con Pro o si, en cambio, ahora es el momento de una coalición con el partido que fundó Mauricio Macri para terminar definitivamente con la hegemonía cristinista en esa fundamental provincia. Desde el mileísmo solo se escucha que van a promover alianzas con dirigentes de Pro, no institucionalmente con Pro. Sería una ruptura total y definitiva con Macri, si es que hay dirigente macristas dispuestos a correr en auxilio del Presidente en el peor momento político del mandatario. Por otro lado, fuentes oficiales señalan también que existe la seguridad en la cúpula del mileísmo de que el peronismo terminará unido, sobre todo en las elecciones nacionales de este año, en octubre, que son las que le importan al Gobierno. Es probable que tenga razón. Antes, los mileístas tropezarán con el estrépito y la furia del peronismo frente a un caso en el que Javier Milei está débil, con pocos aliados y sin argumentos.

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Fabiola Yañez pedirá 12 años de prisión para Alberto Fernández

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Los abogados Fabiola Yañez solicitarán 12 años de prisión para Alberto Fernández por las distintas agresiones que la ex primera dama sufrió a manos del expresidente, según la denuncia y la hipótesis de la Justicia. La causa tiene al expresidente procesado por tres distintos hechos violencia y se encamina al juicio oral.

La etapa de pruebas está concluida. Cuando la querella, a cargo del abogado Mauricio D’Alessandro, realice el requerimiento de elevación y pida los 12 años de prisión, será el turno de la defensa del expresidente, en manos de la abogada Silvina Carreira, y luego del fiscal que instruyó el caso, Ramiro González, que en su dictamen acusó al exmandatario de lesiones leves y graves agravadas por un contexto de violencia de género y amenazas coactivas.

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El juez Julián Ercolini, que procesó al expresidente por algunos de esos hechos, será quien tenga la última palabra y decida si eleva la causa a juicio oral o falta alguna medida de prueba adicional.

El caso se inició en agosto de 2024, luego de se hicieran públicos algunos chats que evidenciaban las presuntas agresiones por parte del expresidente y la ex primera dama decidiera instar la acción penal contra él. Los mensajes que trascendieron inicialmente pertenecían a una conversación en la que Yañez le decía a la entonces secretaria del presidente, María Cantero, que su jefe le pegaba.

Tras la denuncia, el juez Ercolini imputó al expresidente, le prohibió el acercamiento a Yañez y dio inicio a un escarpado proceso judicial que incluyó un allanamiento al domicilio del expresidente, peritajes de teléfonos, recusaciones fallidas, informes de distintos profesionales de la salud y varios capítulos de una guerra mediática pero asordinada entre el expresidente y Yañez, con acusaciones y denuncias cruzadas entre ambos.

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Entrevista a Fabiola YañezCaptura Okdiario

En su declaración indagatoria, donde no contestó preguntas del juez ni del fiscal, el expresidente arremetió contra el juez Ercolini −a quien intentó sin éxito correr del caso−, negó las acusaciones y pidió su sobreseimiento. A través de un escrito, sostuvo que jamás ejerció violencia física contra su expareja, y que si alguien fue agredido en la pareja fue él, que debió soportar insultos y maltratos varios, agresiones que asoció a los reconocidos problemas de Yañez con el alcohol.

“Ninguno de los testigos que han pasado por esta causa han visto o han conocido de algún modo que yo haya tenido semejante conducta”, afirmó. “En este tribunal me siento como en la embajada de una potencia extranjera: aquí no se aplica la ley argentina”, sumó.

En febrero de este año, el juez Ercolini procesó al expresidente por los delitos de lesiones leves −agravadas por haberse cometido en un contexto de violencia de género y contra su pareja, reiteradas en 2 oportunidades−; lesiones graves −agravadas por haberse cometido en un contexto de violencia de género y contra su pareja−; y amenazas coactivas. Además, trabó un embargo de 10 millones de pesos sobre sus bienes y resaltó la relación asimétrica entre ambos.

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“Como todo supuesto de violencia de género, este también se encuentra asentado en una relación asimétrica de poder entre Fernández y Yañez. Así el desarrollo personal, profesional, la vida política y pública del imputado se encuentra por demás acreditado y se ve contrastado con el desarrollo que tuvo la víctima, incluso luego de iniciar la relación con el nombrado, se observa un bajo perfil”, afirmó el juez.

El procesamiento fue luego confirmado por la Cámara Federal.



marcelo bailaque,política

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Juicio por YPF: el Gobierno trabaja en los detalles de la apelación y asegura que no transferirá las acciones

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El Gobierno descarta presentar garantías ante la Justicia de los Estados Unidos para avanzar con la apelación del fallo que ordena a la Argentina a entregar el 51% de las acciones de YPF a los beneficiarios del proceso. El Ejecutivo asegura que insistirá con el rechazo a la decisión de la jueza Loretta Preska a través de la vía judicial hasta “las últimas instancias”.

“No vamos a pagar de ninguna forma y vamos a utilizar todos los recursos para ganar el juicio”, expresan en Nación. Dicho de otro modo, quieren evitar pagar la indemnización por US$16.100 millones y no transferirán el 51% de las acciones que Preska solicitó.

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La Casa Rosada no da precisiones sobre la fecha en la que presentará la apelación del fallo, pero los equipos técnicos están trabajando para oficializarlo lo “antes posible”.

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En Balcarce 50 sostienen que no están preparando un esquema de pago con los fondos Burford y Eton que incluyan activos o dólares. La mesa política del presidente descarta además tomar deuda para cumplir con la sentencia. “No vamos a usar recursos que puedan complicar las cuentas para pagar”, agregan.

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El documento de apelación está a cargo de la Procuración General del Tesoro, que coordina Santiago Castro Videla. El abogado se reunió esta tarde con el asesor presidencial Santiago Caputo y la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzabal, para coordinar la estrategia jurídica y discursiva del oficialismo, que cruzó al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y lo culpó por la estatización de la empresa.

Javier Milei encabezó una reunión de gabinete en medio de las tensiones por el fallo de la Justicia de EE.UU. que ordena a la Argentina a entregar el 51% de las acciones de YPF (Foto: X@madorni).

El encuentro se realizó luego de que la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, encabezara una reunión con la mesa chica de Nación, que integran Caputo; el jefe de gabinete, Guillermo Francos; el vicejefe de Interior, Lisandro Catalán; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; y el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem. Javier Milei presidió temprano una reunión de Gabinete.

El fallo de Loretta Preska dispuso: “Se concede la moción de los demandantes. La República Argentina transferirá sus acciones clase D de YPF a una cuenta de custodia global en BNYM en Nueva York dentro de los 14 días siguientes a la fecha de esta orden; e instruirá a BNYM a iniciar la transferencia de la participación de la República en sus acciones clase D de YPF a los demandantes o a quienes estos designen dentro de un día hábil a partir del día en que las acciones se depositen en la cuenta”.

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La definición de la jueza del Tribunal para el Distrito Sur de Nueva York se efectivizó mientras siguen sin resolverse las apelaciones por su decisión anterior que se tramitan en la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York. La Argentina y Burford buscan la revisión del fallo de primera instancia. Mientras que el Estado argentino quiere que se revierta la sentencia, los demandantes piden que se incluya a YPF como culpable de la estatización.

La Casa Rosada le expresó a su equipo de abogados que retrasaran todo el tiempo posible el pago adjudicado por la Justicia de los Estados Unidos. Se trata del mismo esquema que aplican para todas las demandas contra la Argentina: apelar, solicitar la suspensión de los efectos e impulsar que un nuevo tribunal defina sobre el conflicto.

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Gobierno, YPF

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Yamandú Orsi apuesta todo al acuerdo del Mercosur con la UE, elude una visita a Cristina Kirchner y no reconoce a Maduro como presidente

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Yamandú Orsi, presidente de Uruguay, visita por segunda vez Argentina para la cumbre del Mercosur. Foto: Camilo dos Santos/Presidencia Uruguay
Yamandú Orsi, presidente de Uruguay, visita por segunda vez Argentina para la cumbre del Mercosur. Foto: Camilo dos Santos/Presidencia UruguayYamandú Orsi, presidente de Uruguay, visita por segunda vez Argentina para la cumbre del Mercosur. Foto: Camilo dos Santos/Presidencia Uruguay
Yamandú Orsi, presidente de Uruguay, visita por segunda vez Argentina para la cumbre del Mercosur. Foto: Camilo dos Santos/Presidencia UruguayYamandú Orsi, presidente de Uruguay, visita por segunda vez Argentina para la cumbre del Mercosur. Foto: Camilo dos Santos/Presidencia Uruguay

La relación con Venezuela, la situación de Cristina Kirchner y el legado de Mujica

Yamandú Orsi despide los restos de su mentor, el ex presidente de Uruguay, José "Pepe" Mujica". Foto: Reuters/Martín Varela UmpierrezYamandú Orsi despide los restos de su mentor, el ex presidente de Uruguay, José «Pepe» Mujica». Foto: Reuters/Martín Varela Umpierrez
El presidente de Uruguay, Yamandú Orsi (centro), junto a los expresidentes uruguayos, Luis Lacalle Pou (izquierda) y Julio María Sanguinetti, reciben el Premio Ana Frank Latinoamérica, en el teatro San Martín en Buenos Aires. Foto: EFE/ Adán GonzálezEl presidente de Uruguay, Yamandú Orsi (centro), junto a los expresidentes uruguayos, Luis Lacalle Pou (izquierda) y Julio María Sanguinetti, reciben el Premio Ana Frank Latinoamérica, en el teatro San Martín en Buenos Aires. Foto: EFE/ Adán González

Yamandú Orsi,Uruguay,Mercosur,Unión Europea,Últimas Noticias

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