El empresario K y socio de Cristina Kirchner, Lázaro Báez (67 años), quedó cerca de su cuarta condena a prisión en casos por delitos contra el Estado.

El fiscal general de Resistencia, Federico Carniel, acaba de solicitar al Tribunal Oral Federal una pena de 9 y 5 años de prisión para el empresario Lázaro Báez y el ex senador K Fabio Darío Biancalani, respectivamente, en una causa por emisión de facturas truchas. Mientras que la AFIP, en su rol de querellante, solicitó 18 años.

El Tribunal Oral Federal de Paraná -el juicio se hace por Zoom- dictará su sentencia antes de fin de mes, tras el alegato de las defensas el 19 de agosto.

Báez ya acumula condenas por 19 años y 6 meses y actualmente está con prisión domiciliaria en su casa de la ciudad turística de El Calafate. En la causa del Chaco podría recibir entre 9 y 18 años. Si a los 19 se suman una eventual condena de 9 años, se llega a 28 años a los que habría que descontarle los 9 años que ya lleva detenido.

Ante esta situación, el tribunal oral que lo condenó en la causa de la Ruta del Dinero K -el que le aplicó una pena mayor- deberá unificar la condena que no es aritmética y aún faltan definir otros procesos que adelantan que terminará su vida preso, según fuentes judiciales consultadas por Clarín.

El fiscal Carniel acusó del delito de evasión tributaria agravada por presuntas maniobras delictivas con la emisión de facturas apócrifas que habrían desarrollado a través de la Sucesión de Adelmo Biancalani, padre del acusado ex senador del PJ por el Chaco.

En junio Báez había recibido su tercera condena judicial, esta vez, a 3 años y 6 meses de prisión por haberse apropiado ilegalmente de aportes jubilatorios de su firma insignia Austral Construcciones y de otras compañías del emporio que el santacruceño montó al amparo del poder de los Kirchner. Báez también fue hallado culpable, en febrero 2012, en la Ruta del Dinero K -por el que recibió una condena de 12 años, luego bajada a 10 en otra instancia- y por la causa Vialidad, condenado a 6 años de prisión en un juicio que también halló culpable a la expresidenta Cristina Kirchner.

¿Cómo fue la maniobra? El 83,33 % de los derechos hereditarios de Adelmo Biancalani habían sido adquiridos por la empresa Austral Construcciones S.A., propiedad de Báez, mientras que la porción restante permaneció en manos del exsenador, único heredero que no vendió sus derechos. Esta empresa constructora del Chaco estaba quebrada y, sin embargo, la siguieron usando para recibir contratos de Vialidad Nacional.

De acuerdo con la fiscalía, la sucesión de Anselmo Biancalani se valió de Austral Construcciones para conseguir facturas apócrifas que le permitieran evadir más de 60 millones de pesos en el Impuesto al Valor Agregado (IVA) entre 2013 y 2015; 11.005.807,64 pesos en el impuesto a las ganancias en 2014; y 633.389 pesos en el impuesto a las salidas no documentadas en 2013. Es decir, más de 4 millones de dólares. Así Diaz Bancalari le hacia giros bancarios a Austral sin haber realizado ninguna operación.

En su alegato el fiscal dijo que “no se hallaron elementos que permitan constatar la veracidad de las operaciones (detalle de los equipos alquilados, horas afectadas, fechas, condiciones, consumo de combustible, etc.), los que si constan en las operaciones con otras firmas que le facturan iguales servicios”.

“Tampoco se han detectado –en la totalidad de la documentación analizada­ contratos de alquiler y/o condiciones de los servicios facturados, los que resultan indispensables para acreditar las prestaciones de servicios”, agregó el fiscal general del Chaco.

Además, “los principales clientes de la Sucesión de Adelmo Biancalani son la Dirección Nacional de Vialidad y las Direcciones Provinciales de Vialidad de las provincias de Chaco, Corrientes y Formosa, llegando en el año 2015 a ser casi el 90% de su facturación”.

En fuentes judiciales, se supone que algún ex funcionario poderoso -que no está en este juicio- le sugirió a Lázaro Báez que comprara una empresa quebrada para quedarse con contratos de Vialidad Nacional y de varias vialidades provinciales.

Ante el tribunal integrado por Noemi Marta Berros, Lilian Graciela Carnero, María Emilce Rojas y Manuel de Jesús Moreira, el fiscal además reclamó penas de entre 4 y 7 años de prisión para los administradores de la sucesión y empleados o Claudio Fernando Bustos, Julio Enrique Mendoza y Jorge Chueco, por el mismo delito. Chueco es otro de los condenados en la causa de la Ruta del Dinero K, incluso estuvo prófugo de la Justicia varios días antes de entregarse.

Esos acusados habían trabajado anteriormente para Austral Construcciones S.A. y en realidad habrían sido operadores encubiertos de esa firma.

El detalle de los pedidos de pena formulados por el fiscal Carniel es el siguiente:

-9 años de prisión para Báez por considerarlo autor del delito de evasión agravada por el monto y por el uso de facturas apócrifas en cuatro hechos.

-7 años de prisión para Bustos y Mendoza como coautores de los mismos delitos que Báez.

-5 años de prisión para Biancalani como autor del delito de evasión simple y coautor del delito de evasión agravada por el monto y por el uso de facturas apócrifas en cuatro hechos.

-4 años de prisión para Chueco por el delito de evasión agravada por el uso de facturas apócrifas en un hecho en calidad de autor.

Por su parte, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), que actúa como querellante, solicitó las penas de 18 años de prisión para Báez; de 14 años de prisión para Bustos y Mendoza; y de 6 años de prisión para Biancalani y Chueco.

El juicio comenzó el pasado 29 de febrero y a lo largo de las audiencias declararon 27 testigos.

La investigación había arrancado tras una inspección realizada por la AFIP respecto de la contribuyente “Sucesión De Adelmo Biancalani”, en la que el organismo fiscal detectó inconsistencias y la existencia de maniobras a través de las cuales los imputados habrían evadido el IVA en 2013 por 3.214.530,24 pesos, en 2014 por 5.741.953 pesos y en 2015 por 31.528.087,54 pesos; el impuesto a las Ganancias en 2014 por 11.005.807,64 pesos; y el impuesto a las salidas no documentadas en 2013 por 633.389 pesos.

Como consecuencia, la AFIP formuló la denuncia correspondiente y el Ministerio Publico Fiscal requirió la instrucción contra administradores y propietarios de la sucesión investigada.