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POLITICA

Ley Bases: privatizaciones y jubilaciones, los cambios de último momento que cedió el Gobierno para salvar el proyecto

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Para evitar un brutal desguace de la Ley Bases y el paquete fiscal, el Gobierno cedió a las presiones de la oposición en el Senado y aceptó cambios medulares que marcan un duro revés para la política del gobierno de Javier Milei. Entre las modificaciones se decidió bajar a Aerolíneas Argentinas del plan de privatizaciones y eliminar por completo el capítulo previsional retrocediendo así con el levantamiento de la moratoria.

Está claro que el oficialismo no había llegado de la mejor manera a la sesión de este miércoles en la Cámara alta, ya que primero tuvo que hacer varias concesiones para conseguir las firmas del dictamen de mayoría y sufrió para alcanzar un ajustado quórum para iniciar la sesión con la ayuda de Martín Lousteau, quien al defender su dictamen de minoría ya anticipó que votará en contra de la reformada media sanción de Diputados. Esto anticipa un posible empate de 36 votos que llevaría a Victoria Villarruel a definir la votación.

Pero, en principio, al defender el dictamen de mayoría, Bartolomé Abdala (La Libertad Avanza – San Luis), anunció 6 modificaciones que son un claro gesto a los dialoguistas que están en duda. El primer cambio tiene que ver con el artículo 3 referido a las facultades delegadas y se precisa que el Gobierno no podrá disponer de la disolución de los organismos vinculados con la cultura, punto que había sido reclamado por distintos sectores de la oposición.

Además, el oficialismo tuvo que incluir a la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) entre los organismos excluidos de la facultad de intervenir por parte del Ejecutivo, entre los que ya estaban el CONICET, el INTI, el SENASA, la ANMAT, el Instituto Malbrán, entre otros entes dedicados a la investigación.

Privatizaciones sin Aerolíneas, el Correo y los medios públicos

Aunque el dato más importante es la eliminación de Aerolíneas Argentinas del anexo I del artículo 7 que promueve la privatización de empresas estatales. Junto a la aerolínea de bandera también se bajó al Correo Argentino y a los medios públicos. Todo esto fue reclamado por el bloque de la Unión Cívica Radical y también por la senadora de Chubut, Edith Terenzi, que responde al gobernador Ignacio López.

Vale aclarar que el Gobierno no tenía los votos para sostener este capítulo tal como estaba redactado y una salida que habían propuesto los dialoguistas era separar las empresas para votar cada privatización, esquema que fue rechazado por los negociadores de la Casa Rosada.

Sin embargo, hay que aclarar que la discusión no está cerrada porque con los 33 votos de Unión por la Patria, sumados los senadores de Santa Cruz José Carambia y Natalia Gadano, quienes no dieron quórum, Lousteau y Pablo Blanco, ambos de la UCR, podrían presionar para hacer caer por completo el capítulo de las privatizaciones.

Por ahora, quedaron sujetas a privatización ENARSA e Intercargo, mientras que para la venta o concesión están anotadas AySA, Trenes Argentinos, Belgrano Cargas y Corredores Viales. Las empresas Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima (NASA) y Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT) serán ubicadas en un programa de propiedad participada, que prevé colocar una clase de acciones para ese fin. En estos casos, el Estado Nacional mantendrá el control o la participación mayoritaria en el capital social.

En resumen de las más de 40 empresas que el oficialismo buscaba poner a la venta, según la propuesta original, sólo habían quedado 11, ya que en Diputados se sacó a YPF y al Banco Nación, entre las más resonantes. Y finalmente, si se aprueba la ley en el Senado sólo serán 8 las empresas en condiciones de ser privatizadas.

También en este contexto se incorporó un artículo que le dará para darle continuidad a las obras públicas que están con un avances del 80 % o cuenten con financiamiento internacional. «En caso de que dichos contratos se hayan visto suspendidos, su ejecución se reanudará previo acuerdo firmado entre comitente o contratante y contratista, el que deberá ser aprobado por la autoridad competente en razón de la materia y deberá ser suscrito dentro de 90 días desde la publicación de la presente ley», se precisó en la normativa.

Abdala también anunció una modificación en el capítulo referente al Régimen de Incentivo de Grandes Inversiones (RIGI) con la intención de morigerar el procedimiento de aprobación de los Vehículos de Proyecto Único (VPU) para evitar que, por cuestiones de estricto rigorismo formal, se rechacen proyectos o la Administración incumpla plazos de por sí, muy exiguos.

Por último, el oficialismo también dio de baja el capítulo previsional que proponía eliminar la moratoria y la pensión por invalidez como así también el artículo que impulsaba la creación de «la Prestación de Retiro Proporcional, para aquellas personas que hubieran alcanzado los 65 años de edad y que no tengan todos los aportes. Sin embargo puede haber más modificaciones durante el desarrollo de la sesión que se extenderá hasta cerca de la medianoche, según estimaciones del oficialismo.

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Santa Cruz: Crisis en las cajas jubilatorias provinciales

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Desde el inicio de la actual gestión de gobierno nacional, los recortes y medidas de ajuste han afectado significativamente a las cajas jubilatorias provinciales que no han transferido sus sistemas a la Nación. Este es el caso de la Caja de Previsión Social (CPS) de Santa Cruz, una de las 13 provincias que mantiene su propio sistema jubilatorio, pero que enfrenta un déficit mensual de 5.500 millones de pesos, acumulando más de 70 mil millones de pesos anuales.

El debate sobre la posible transferencia de la CPS a la Nación no es nuevo. Al inicio de la actual gestión provincial, el presidente del ente previsional de Santa Cruz, Marcial Cané, declaró firmemente que “la Caja de Previsión Social pertenece y pertenecerá a la provincia”, aunque hizo un llamado a encontrar soluciones para el déficit sin perjudicar a los beneficiarios. Cané sugirió la creación de un fondo de sustentabilidad similar al de ANSES para afrontar las obligaciones de la CPS.

Recientemente, el titular de LLA Santa Cruz y director ejecutivo de PAMI, Jairo Guzmán, reavivó el debate, subrayando la necesidad de una reforma urgente del sistema previsional. “Hay un problema y nadie quiere darse cuenta o nadie quiere decir la verdad. Hay que reformar el sistema previsional, buscar la forma sentarse a discutir seriamente, pero el sistema está colapsado y eso lo sabe cualquier persona”, declaró.

Guzmán señaló que la actual situación es insostenible, con un número desproporcionado de pasivos que el sistema no puede financiar. “Tenemos un agujero negro en la economía, se ha manejado muy mal el tema previsional en la provincia, porque el déficit se financia con malos sueldos, con techos que se caen en las escuelas, con mala salud”, enfatizó.

El funcionario también destacó la necesidad de adaptar el sistema jubilatorio a las nuevas realidades demográficas y económicas, mencionando que la expectativa de vida ha aumentado y que es necesario revisar las edades de jubilación y la relación entre trabajadores activos y pasivos. “No podemos tener personas que se jubilen a los 45 años. Se necesitan casi 5 activos por pasivo y tenemos 2 por cada uno. La política está mirando para otro lado, no mira los intereses de los santacruceños”, explicó Guzmán.

Aunque Guzmán no abogó directamente por una transferencia del sistema a la Nación, sí insistió en la urgencia de una reforma, a pesar de la resistencia social y política que genera el aumento de la edad jubilatoria. “Hay que hacer una reforma urgente, aunque la mayoría de la gente no quiere que se amplíe la edad jubilatoria, eso es lo que genera malestar en la sociedad, pero se debe dar el debate. Los que tienen que hacer la reforma no quieren el costo político”, concluyó.

La situación de las cajas jubilatorias provinciales, especialmente la de Santa Cruz, destaca la necesidad de un debate serio y profundo sobre las reformas necesarias para garantizar la sostenibilidad del sistema previsional y el bienestar de los jubilados, sin comprometer la economía provincial ni los servicios públicos esenciales. (www.REALPOLITIK.com.ar)

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