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POLITICA

Ley Ómnibus: el oficialismo acelera el debate con la oposición para conseguir dictamen esta semana

El Gobierno busca que la iniciativa se debata en el recinto antes del fin de semana. Mientras tanto, suceden reuniones clave en la Cámara Baja y en el despacho de Martín Menem.

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En el Congreso, se viven horas intensas mientras las comisiones de Diputados debaten la Ley Ómnibus propuesta por Javier Milei. El Gobierno ha acelerado el proceso, buscando un dictamen antes del fin de semana con la intención de debatir la iniciativa en el recinto el mismo sábado.

La propuesta, conocida como Ley Ómnibus, enfrenta resistencia, especialmente de bloques opositores considerados más “dialoguistas”. La oposición busca introducir modificaciones sustanciales al proyecto, y vuelve a crecer la irritación con las críticas del Presidente al Congreso.

Como cada vez que se analiza la posibilidad de que el oficialismo consiga aprobar la Ley Ómnibus, vale que recordar que La Libertad Avanza (LLA) tiene 38 diputados y necesita el acompañamiento de casi un centenar más para llegar a los 129 del quorum en la Cámara Baja. Sin embargo, entre esos legisladores —con los 102 de Unión por la Patria en pie de guerra–, deberán salir en su mayoría del PRO (37), la UCR (34) y Hacemos Coalición Federal (23), que ya manifestaron voluntad de acompañar, pero solo si el Ejecutivo acepta modificaciones.

Este lunes, durante unas ocho horas, los diputados escucharon a representantes de organizaciones empresariales, sindicales, sociales, de defensa de los Derechos Humanos, de artistas, farmacéuticas, agropecuarias, entre otros sectores, y siguen haciéndolo este martes de 10 a 18. 

Mientras tanto, las negociaciones se desarrollan fuera del plenario de comisiones y tienen como epicentro el despacho del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem. En las últimas 24 horas, decenas de diputados y los referentes de los principales bloques opositores estuvieron reunidos con funcionarios y equipos técnicos de la Jefatura de Gabinete, del ministerio de Economía y el secretario de Relaciones Parlamentarias, Omar de Marchi, vínculo entre el Ejecutivo y el Congreso.

Las discusiones se centran en aspectos clave del proyecto, como la declaración de emergencia, la extensa delegación de facultades y la privatización de empresas públicas. El “capítulo fiscal” también está en debate, abordando temas como la suba de retenciones y la suspensión de la fórmula de movilidad jubilatoria.

Los bloques opositores, en su mayoría provenientes de Juntos por el Cambio, han exigido modificaciones al proyecto, y su apoyo es esencial para alcanzar el quorum necesario en la Cámara Baja. La negociación se realiza en el marco de un clima de escepticismo y críticas del oficialismo hacia el Congreso.

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“Somos optimistas, no ingenuos. Es complejo, pero buscamos el dictamen esta semana. Cuando tenés dos meses para discutir, discutís dos meses. Cuando se cierra el plazo y se acerca la fecha, se ordena más rápido. Nosotros no tenemos los números, está claro que vamos a tener que hacer cambios. Ellos no quieren quedar pegados al kirchnerismo, eso también es claro”, señaló una alta fuente oficialista en medio de las conversaciones.

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, ha mantenido conversaciones bloque por bloque en las últimas semanas. Sin embargo, algunos legisladores opositores expresan la necesidad de una mesa de negociación política más amplia para lograr un consenso que garantice cambios al proyecto.

A pesar de la complejidad del proyecto, con más de 650 artículos y un mega DNU incluido, el Gobierno busca avanzar rápidamente en las negociaciones. Aunque existen dudas sobre la viabilidad de obtener un dictamen esta semana, las reuniones están en marcha para abordar las inquietudes y propuestas de la oposición.

La posibilidad de que se alcance un dictamen de la oposición no kirchnerista ha sido planteada, pero las negociaciones más concretas parecen alejar esa perspectiva. El oficialismo, por su parte, sostiene su intención de lograr cambios y avanzar con la Ley Ómnibus en el menor tiempo posible.

POLITICA

El Gobierno avanza con los exámenes a empleados públicos para recortar las áreas del Estado

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Como parte de su plan de recorte al Estado, el Gobierno que comanda Javier Milei, busca deshacerse de gran parte de la plantilla de empleados públicos. Por ello, iniciará esta semana con las evaluaciones previstas para los trabajadores que tengan contratos temerarios en alguna de las áreas gubernamentales.

Se trata de 40 mil empleados temporales que se someterán a pruebas de eficiencia para poder permanecer en su puesto. La idea es recortar lo mayor posible la nómina estatal por parte de la gestión libertaria, que en lo que va del 2024 despidió a más de 35 mil trabadores de diferentes sectores públicos.

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Según indicaron desde el Ministerio de Desregulación, que conduce Federico Sturzenegger, autor de la iniciativa, las evaluaciones serán de carácter presencial, de complejidad diferenciada según qué tipo de trabajo se trate, ya sea profesional, administrativo y servicios generales. Ya que apuntarán a asegurar un umbral de idoneidad similar a un secundario completo.

La realización del examen será obligatorio para ese grupo de trabajadores contratados que vivan en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) por tratarse de una evaluación presencial, que se hará en las oficinas del Instituto Nacional de Administración Pública (INAP) en el centro porteño. Habrá tres excepciones: empleados de planta permanente, quienes vivan en el interior o sean personas con discapacidad.

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Si bien la medida despertó el malestar de los gremios que representan a los trabajares del Estado, desde la gestión libertaria señalaron que no buscan que esto “sea un filtro, sino tener un mecanismo objetivo para saber si el personal es eficiente”. La aprobación del examen será obligatoria tanto para los empleados públicos que busquen una renovación de su contrato como para nuevos ingresantes.

En tanto, desde el Gobierno insisten en que seguirán recortando y desmantelando áreas del Estado que ya no sean eficientes, como se hizo durante el 2024, ya que se redujo la cantidad de ministerios de 24 a 18. A la vez, que se recortaron en un 8, 33% los puestos superiores y apuntan a terminar con unos 300 direcciones y coordinaciones del ámbito nacional.

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