Llegó el sábado y -tras una semana intensa en la que un sector del oficialismo amenazó con ir por “todo o nada” y llevar la Ley Ómnibus al recinto sin los votos asegurados- finalmente no hay sesión. El Gobierno aceptó cambios y se los comunicó a los bloques de la oposición “dialoguista”, que esperaban ver la redacción “final” del proyecto para tomar una postura más definitiva, aunque ya advertían, pese a las señales de consenso, que las negociaciones no estaban cerradas.

El Ejecutivo buscará la próxima semana un dictamen de mayoría y una sesión, que ya se anticipa maratónica más allá de las modificaciones que tenga el megaproyecto. Pese al “apuro” oficialista y aunque se barajaban distintas hipótesis, no había certezas, sin embargo, sobre las fechas.

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La señal de flexibilidad de parte del Ejecutivo fue bien recibida entre las bancadas opositoras que están dispuestas a consensuar un paquete de reformas. Pero, como también informó este medio, seguían faltando precisiones sobre puntos clave del proyecto (como retenciones, privatizaciones, jubilaciones, delegación de facultades legislativas) que serán determinantes para la posibilidad de que exista un acuerdo.

Basta con ver la composición de la Cámara para entender por qué el Gobierno está obligado a negociar. La Libertad Avanza tiene 37 diputados propios. Con la ayuda de bloques aliados y satélites cuyo acompañamiento se da por casi asegurado, puede llegar a unos 45 diputados. En Diputados, el quorum se alcanza con 129.

De entrada, hay 107 diputados que de ninguna forma acompañarán el proyecto oficialista, tenga o no tenga modificaciones. Son los 102 miembros de Unión por la Patria, y los cinco miembros del Frente de Izquierda.

La posibilidad de una ley depende de otro centenar de diputados que integran, fundamentalmente, cuatro bloques. Uno de esos bloques es el PRO, que tiene 37 miembros -con macristas, bullrichistas, larretistas y no alineados-. Otro es la UCR, con 34 miembros, que también tiene a sus halcones y palomas, diputados mucho más proclives a votar un proyecto de Javier Milei y diputados cuya postura está por verse.

También tiene peso Hacemos Coalición Federal, que conduce Miguel Pichetto e integran los negociadores Emilio Monzó y Nicolás Massot, la Coalición Cívica, el PJ disidente de Florencio Randazzo y los cordobeses de Juan Schiaretti, además del socialismo santafecino.

Esta bancada tiene 23 miembros, pero trabaja muy cerca de Innovación Federal, que está integrada por otros 9 diputados que responden a gobernadores de fuerzas provinciales, y de Por Santa Cruz, con dos legisladores que responden al mandatario Claudio Vidal. Este sector de 34 diputados defiende intereses de 7 gobernadores, entre miembros de fuerzas provinciales y lo solía ser Juntos por el Cambio,

Es decir, todas estas bancadas forman parte de lo que se conoce últimamente como el grupo de bloques “dialoguistas” de la oposición, y son los que están negociando con el Gobierno nacional las modificaciones para intentar llegar a un dictamen de consenso y luego tener garantizado el quorum y la mayoría necesaria para aprobarlo en el recinto.

Más allá de que las negociaciones se dan fuera de las comisiones, el proyecto es debatido hace ya dos semanas en un plenario de las comisiones de Legislación General, Asuntos Constitucionales y de Presupuesto de la Cámara Baja, que es donde debe recibir dictamen.

En un sector más duro de LLA insistían en las últimas horas con apurar todo lo posible las negociaciones, reunir a las comisiones este lunes para dictaminar y poder sesionar el miércoles, el mismo día del paro general de la CGT, que planea movilizarse precisamente al Congreso. Pero incluso dentro de la bancada oficialista había quienes consideraban que sería innecesario sumarle a la aprobación del proyecto una complicación adicional en la calle.

En la mayoría de los bloques opositores mantenían como hipótesis de trabajo la posibilidad de dictaminar el martes y tener una sesión el jueves, siempre que finalmente haya un acuerdo con el Ejecutivo. Diputados de esas mismas bancadas también advertían que, con 37 diputados y tras haber amagado sin éxito con sesionar este fin de semana, tal vez no sería inteligente volver a presionar con las fechas sin acuerdo cerrado y exponerse a otra derrota discursiva.

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“En cualquier caso, también sería tonto suponer que el día que sesionemos no va a haber gente en la calle sea porque el paro ya pasó o porque todavía no pasó. Van a mover igual. De ahí a provocar….”, opinaba un diputado de los bloques más dialoguistas. Algunos legisladores incluso habían sugerido en los últimos días postergar tanto el dictamen y como la sesión para después de la protesta gremial.

Como, aunque hayan existido algunos “retoques” de parte del oficialismo, la integración de las comisiones sigue un criterio de proporcionalidad respecto de la composición de la Cámara, también en las comisiones el Gobierno necesitará acompañamiento de los bloques dialoguistas para emitir un dictamen de mayoría.

En total, las tres comisiones están integradas por 115 diputados, aunque algunos miebros se repiten. Entre Unión por la Patria y la Izquierda podrían sumar 47 firmas para un dictamen de rechazo. Las otras 68 firmas están repartidas entre el LLA, el PRO, la UCR, HCF e Innovación Federal.

Si no hubiera acuerdo y ese grupo de bloques firmará dictámenes distintos -algo para lo que ya se preparaban en la UCR y HCF si el Ejecutivo no mostraba intención de aceptar cambios- entonces el dictamen de mayoría bien podría terminar siendo el del kirchnerismo y la izquierda. Tras las últimas señales del Gobierno, las chances eran menores. Pero siguen las negociaciones.

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