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Ley ómnibus: Pro acompañará el proyecto del oficialismo con disidencias, mientras que UCR y el bloque de Pichetto se inclinan por ir con dictamen propio

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Una nueva versión del megaproyecto del Presidente Javier Milei, ya convertido en un borrador de dictamen, se conoció el lunes a la mañana y en los bloques opositores dialoguistas -Pro, UCR y Hacemos Coalición Federal- todavía hay ciertos reparos sobre algunos temas que consideran claves, como las retenciones, jubilaciones, la falta de compensación a las provincias y la privatización de empresas públicas.

Con reuniones que se desarrollaron a lo largo del día, este compendio de 94 legisladores, que será determinante para definir la suerte de la iniciativa, discutió puertas adentro el detalle de la contrapropuesta del Gobierno. Mientras que Pro definió que acompañará el dictamen del oficialismo con disidencias, y apuesta a llegar a un punto de acuerdo -fundamentalmente para evitar la suba de retenciones- antes de que el texto llegue al recinto, en UCR y Hacemos Coalición Federal hay posturas contrapuestas. Los bloques liderados por Rodrigo de Loredo y Miguel Ángel Pichetto, respectivamente, consideran avanzar en dos sentidos: elaborarán un dictamen en conjunto, diferente al del Gobierno, a la vez que seguirán insistiendo para que el oficialismo acepte nuevos cambios. De lo contrario, forzarán modificaciones en el recinto.

Ley ómnibus: los cambios del proyecto que envió Javier Milei al Congreso, punto por punto

Eso es lo que surge de las reuniones que tuvieron a lo largo de la tarde estos tres espacios, que a la vez está en sintonía con los oficialismos provinciales de Salta, Neuquén y Río Negro de Innovación Federal.

El acompañamiento, o no, de estos bloques a la propuesta del Gobierno en el plenario de comisiones será determinante para lograr un dictamen de mayoría o de minoría. Si el oficialismo solo obtiene el apoyo de Pro, su posición quedará relegada al rechazo del kirchnerismo, que obtendrá una primera victoria legislativa. Si esto pasara, su dictamen será el primero en tratarse en el recinto y el proyecto de Milei, que será abordado en segunda instancia, podría naufragar.

“No hay satisfacción con las respuestas del gobierno”, resumieron en UCR. A pesar del objetivo del partido centenario de escenificar institucionalidad y cohesión, las diferencias quedaron expuestas. Mientras que un sector, ligado con el ala dura del radicalismo, encabezada por Facundo Manes, se siente incómodo con firmar en disidencia parcial el dictamen del oficialismo, otro cree que aún se puede buscar algún acuerdo con el Gobierno y no descartan las posibilidad de acompañar el dictamen de La Libertad Avanza en disidencia parcial. Apuestan a hacerlo en tándem con los los legisladores del entente que aglutina a los exintegrantes de JxC, así como con los gobernadores de ese mismo espacio. Las modificaciones, consideran, serán parte de la discusión particular en el recinto.

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El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem

Los principales reclamos se dan en torno a que el Gobierno no cedió en su intención de aumentar los derechos de exportación a la soja (del 31% al 33%), el trigo y el maíz (del 12% al 15%), del girasol (del 7% al 15%) y de la carne (del 9% al 15%). Es decir, si bien quitará del esquema de retenciones a algunos productos de las economías regionales -que no especificó-, dejó aquellos ítems que más repercuten en la recaudación. “Los gobernadores no lo van a acompañar”, desliza un emisario de liga de mandatarios de Juntos por el Cambio.

“El Gobierno cedió en economías regionales, lo que pasa que arman un listado en un anexo que todavía no está. Pero si es el anexo que nos mostraron el día jueves, en él no están comprendidas todas las economías regionales. Hay algunos tipos de industrias que todavía entendemos que no se han comprendido dentro de esta excepción, que hoy no tienen ningún tipo de retención y que si vos le pones 15% de retención las matás. Creemos que hay algunas como la pesca o como la malta que deberían quedar exentas también”, explicó la vicepresidenta del bloque UCR, Karina Banfi.

Los reparos se posan también sobre la falta de compensación de la quita de recursos a las provincias, algo que ayer solicitaron los líderes provinciales en conjunto con los jefes de los bloques “de centro”. De hecho, lo recaudado del blanqueo de activos, que se repartía entre las 24 jurisdicciones, se podría destinar “a la capitalización del Banco Central de la República Argentina” según las últimas modificaciones del Gobierno. Por eso, está prevista una cumbre de gobernadores de JxC este martes, donde se espera que emitan un documento para presionar por un resarcimiento económico ante la quita de la cuarta categoría del Impuesto a las Ganancias.

”Ha habido muchas concesiones que el Gobierno aceptó modificar y algunas otras que todavía no, pero en comparación con el jueves por supuesto se está más cerca”, consideró en diálogo con Radio Mitre Nicolás Massot. Sin embargo, el diputado que integra el bloque Hacemos Coalición Federal destacó que “hay temas sensibles que aún no están resueltos”, y nombró el capítulo de retenciones. “Se le está pidiendo al Gobierno Nacional que sea un poco más equitativo en cómo reparte el esfuerzo fiscal porque hoy pareciera que las provincias pagan la mayor parte de ese esfuerzo”, señaló, a la vez que observó que la discusión será si este texto es “la última palabra de manera taxativa o si la práctica que empezó de jueves puede continuar hoy y el día de mañana para tratar de afinar un dictamen de mayoría”.

Martín Llaryora, gobernador de Córdoba, sale de la reunión del bloque de Hacemos Coalición Federal, en las oficinas de Emilio Monzó y Nicolás Massot

Tras la reunión de bloque de Hacemos Coalición Federal, de la que participó el gobernador cordobés, Martín Llaryora, Pichetto resumió: “No vamos a obstruir, queremos dar el debate y fijar posición en el recinto”. A partir de estas declaraciones, se especula con la posibilidad de que acompañen el dictamen del oficialismo con disidencias -que bajo esta premisa sería el de mayoría-, y se sumen las modificaciones durante la votación en particular durante la sesión. “Vamos a acompañar los términos generales de la ley, pero vamos a defender las posturas que les venimos planteando al gobierno desde hace más de un mes”, sumó Massot.

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Respecto de los cambios en la actualización de las jubilaciones, los legisladores dialoguistas reconocen que es mejor que la eliminación de plano de la fórmula de movilidad, aunque consideran que mantener el sistema actual hasta marzo repercutirá en los haberes previsionales. Así lo expuso Paula Oliveto Lago, parte del bloque de Pichetto, quien destacó a través de X que este cambio implicará condenar a los jubilados “a más pobreza y deterioro”.

En el radicalismo tampoco están satisfechos con las concesiones realizadas en el paquete de privatizaciones de empresas públicas. Se accedió a eliminar a YPF de compendio de 41 empresas, tal como plantearon los dialoguistas, pero de otras entidades claves que la oposición también quería excluir del listado -entre ellas Nucleoeléctrica, Banco Nación y ARSAT- se limitó a una privatización parcial, debiendo mantener el control de la empresa. Respecto de las otras 37 compañías, siguen “sujetas privatización” en bloque y no cada una de manera individual, como pide la oposición aliada. El Poder Ejecutivo aceptó, no obstante, que la Comisión Bicameral de Privatizaciones del Congreso realice un seguimiento de estos procesos. “El procedimiento es malo y no gusta que no pasen por el seno de ambas cámaras. La bicameral de privatizaciones en los 90s era un nido de corrupción”, recuerdan en el bloque UCR.

Tampoco cayó bien la insistencia del Gobierno en incorporar una parte de la reforma electoral, que incluye el limitado financiamiento público a los partidos políticos. En el radicalismo consideran que todo ese capítulo tendría que ser debatido en sesiones ordinarias, con más tiempo.

El senador Martín Lousteau, partícipe de las negociaciones

“Hay una técnica legislativa muy deficitaria. Dicen que van a aceptar los cambios, pero después copian lo mismo que escribieron en la propuesta original”, analizan en este mosaico de legisladores, perplejos ante la dinámica del oficialismo, que todavía no convocó al plenario de comisiones para emitir dictamen. El cronograma ideal para La Libertad Avanza (LLA) sería que se dictamine el martes y que la Ley Bases llegue el recinto de la Cámara baja el próximo jueves. Sin embargo, ante el voluminoso set de modificaciones que plantea el Gobierno muchos legisladores ven poco probable que este esquema se cumpla. Todo esto con la tensión del paro general convocado para el miércoles, donde las centrales gremiales mostrarán su poder de fuego al Presidente.





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Más del 30% de los beneficiarios de pensiones por invalidez laboral no se presentó a las auditorías

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El Gobierno nacional inició la auditoría sobre las Pensiones No Contributivas por Invalidez Laboral (PNCIL), con el objetivo de revisar más de un millón de subsidios en todo el país. La Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y el PAMI son un cargo del operativo, que busca garantizar el cumplimiento de los requisitos establecidos por la normativa vigente. Durante enero, se realizó un muestreo en la Ciudad de Buenos Aires que reveló diversas irregularidades, entre ellas que el 31,6% de los convocados no se presentó a la evaluación.

El relevamiento, realizado sobre 1.108 beneficiarios, también evidencia que el 16,6% de los casos no cumple con los requisitos para percibir la pensión, mientras que se detectan 20 bajas por fallecimiento o renuncia voluntaria. La auditoría se enmarca en el plan del Gobierno para reforzar los controles sobre las prestaciones sociales. En un operativo previo realizado en 2024, se revisó 22.417 pensiones y se encontró que el 80% de ellas no cumplía con los criterios establecidos. Además, se dieron de baja 212 beneficios que eran cobrados desde cárceles y otros 150 correspondientes a personas fallecidas.

El polémico gasto de Axel Kicillof en tratamientos de hormonización para personas trans

Para mejorar la transparencia en la asignación de las pensiones, el Gobierno identificó la falta de digitalización de los registros como un problema clave. Como parte del proceso de auditoría, se está implementando la digitalización de documentos y la revalidación de cada caso mediante evaluaciones médicas presenciales y controles documentales. “La normativa está nutrida de los baremos confeccionados por expertos en medicina legal-laboral”, indicaron fuentes oficiales sobre los criterios de evaluación.

El proceso de auditoría se desarrollará de manera progresiva durante todo el 2025 y contará con cuatro etapas principales: verificación documental, evaluación médica en territorio, análisis de datos por parte de ANDIS y resolución de cada caso. Se espera que en marzo el Gobierno presente un informe con los resultados nacionales, lo que permitirá determinar cuántas pensiones se mantendrán y cuántas serán suspendidas por incumplimiento de los requisitos.

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