POLITICA
Liberan al único detenido y avanza la identificación de los atacantes a TN y El Trece
La Justicia de la ciudad de Buenos Aires avanza en la investigación para identificar a los militantes y dirigentes camporistas que el martes a la noche atacaron violentamente la sede de Artear (una empresa de Grupo Clarín), donde funcionan TN y El Trece.
La Fiscalía de Flagrancia liberó a la única persona que la policía detuvo esa madrugada, Alberto Enrique Alejando Grasso Rivaldi, ya que las imágenes lo muestran «intrusando» la sede de TN y El Trece, junto a un grupo de 70 personas, pero «no se lo ve provocando daño en el establecimiento», dijeron fuentes del caso a Clarín.
«En ese caso, el delito sería violación de domicilio», que tiene una pena de seis meses a dos años de prisión, que es excarcelable, porque además esa persona no tiene antecedentes penales, explicaron las fuentes judiciales.
Grasso Rivaldi es un militante kirchnerista de Villa Ballester, empleado en la sede Barracas del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), desde el año 2013, cuando gobernaba Cristina Kirchner. Y el Gobierno ya anunció que lo va a despedir de su trabajo por el ataque contra la empresa del Grupo Clarín.
La causa judicial pasó este jueves de la Fiscalía de Flagrancia, que actuó durante las primeras 48 horas, a la Fiscalía N°13, que es la que estaba de turno el día que cometieron el ataque.
La nueva fiscal del caso pidió a la Policía de la Ciudad un reconocimiento antroposcopométrico de los militantes y dirigentes de La Cámpora que rompieron la reja de la calle Lima y llegaron hasta el interior de los pasillos del edificio, en el cual no sólo rompieron vidrios, puertas, equipamientos y premios Martín Fierro, sino que además atacaron a empleados y destrozaron los autos de periodistas e invitados que estaban siendo entrevistados en vivo en TN.
El ataque se produjo luego de que se conociera la confirmación de la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos para Cristina Kirchner, por parte de la Corte Suprema de Justicia.
«En base al informe donde se les identificó a cuatro personas con los videos de las cámaras de seguridad la fiscal pidió una comprobación científica, para lo que fue enviado todo al área de Antroposcospometría de la Policía Científica de la Ciudad», dijo una fuente con acceso a la causa judicial. Y añadió: «Se avanza en el proceso de reconocimiento. Ya identificaron a José Lepere, que es al primero que identificaron científicamente».
Lepere fue un alto funcionario camporista del gobierno de Alberto Fernández, de quien era su secretario de Interior, número dos del entonces ministro Eduardo “Wado” de Pedro. Se trata de un importante dirigente de La Cámpora en la provincia de Buenos Aires, quien además de haber sido funcionario durante los cuatro años del gobierno de Fernández, fue previamente cuatro años presidente del Concejo Deliberante de Almirante Brown y subsecretario general de la Presidencia, durante el último año de la presidencia de Cristina Kirchner.
Hasta ahora Artear identificó a cinco personas que atacaron la sede de TN y El Trece. Y todas eran militantes kirchneristas: Grasso Rivaldi, Lepere, Facundo Lococo, Ezequiel Pavón y Matías Federici.
Los otros tres atacantes identificados por Artear también son de La Cámpora: Facundo Lococo, exconcejal de la localidad bonaerense de Tres de Febrero, hasta 2023; Ezequiel Pavón, consejero en la Universidad de Tres de Febrero; y Matías Federici, director de Estadística Penitenciaria del Ministerio de Justicia bonaerense, bajo la órbita del ministro Juan Martín Mena.
«Una vez que la Policía de la Ciudad entregue el informe con el reconocimiento antroposcopométrico sabremos quienes son las personas identificadas por el ataque a la sede de Artear», dijeron las fuentes consultadas. Y agregaron: «Esto puede demorar unos 15 días, hasta que se conozcan las identidades en el expediente judicial y se empiece a citar a las primeras personas identificadas».
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POLITICA
El Gobierno repudió la designación de uno de los acusados por el atentado a la AMIA como líder militar iraní
El gobierno argentino repudió este domingo la designación al frente de uno de los principales cuerpos militares de Irán a un dirigente que está señalado como uno de los principales responsables por el atentado contra la AMIA, que en 1994 dejó en Buenos Aires 85 víctimas fatales y cientos de heridos.
Lo hizo a través de un comunicado que difundió en las redes sociales, en el que también criticó los nuevos bombardeos que el país islámico perpetró en las últimas horas contra Israel, ratificando así la posición ideológica adoptada por la gestión de Javier Milei.
“La Oficina del Presidente condena el vil ataque perpetrado por la República Islámica de Irán contra el Estado de Israel, mediante el lanzamiento masivo de misiles y drones dirigidos contra población civil”, comienza el texto.
Inmediatamente después, la Casa Rosada agrega que también “repudia la reciente designación de Ahmad Vahidi, uno de los principales imputados por el atentado a la AMIA que provocó la muerte de 85 personas, como Comandante de la Guardia Revolucionaria Islámica“.
Versiones periodísticas de Medio Oriente señalaron que Vahidi había sido designado provisoriamente al frente del cuerpo militar, luego de que su antecesor, Esmail Ghaani, fuera abatido en un exitoso y preciso operativo israelí unos días atrás.
Al respecto, el gobierno argentino señaló que “Vahidi, un militar con trayectoria vinculada a operaciones terroristas, tiene pedido de captura internacional y pesa sobre él, desde 2007, una alerta roja de Interpol por su presunta responsabilidad como autor intelectual del atentado a la Asociación Mutual Israelita Argentina».
“Según la investigación llevada adelante por el fiscal Alberto Nisman, Vahidi encabezó la mesa de decisiones que evaluó y aprobó la propuesta de atacar en suelo argentino en 1994, con el objetivo de enviar un mensaje político al mundo», indicó el Poder Ejecutivo.
Además, se recordó que “recientemente, la Unidad Fiscal AMIA solicitó la instrumentación del juicio en ausencia para que la Justicia argentina pueda avanzar en la investigación y el juzgamiento de Vahidi y otros responsables del atentado terrorista más letal de la historia del país».
“La memoria de nuestros 85 asesinados exige que los responsables rindan cuentas, sin privilegios ni amparos internacionales. La designación de Vahidi constituye una provocación inaceptable de la República Islámica de Irán hacia nuestro país y hacia todos los pueblos libres que defienden la vida y condenan el terrorismo”, cerró el comunicado.
Ghaani era uno de los principales nexos del régimen teocrático de Irán con el resto de las unidades terroristas que operaban en Medio Oriente y el resto del mundo. Sus instrucciones a Hezbollah y a Irán eran frecuentes tras la muerte de Soleimani en enero de 2020.
Como jefe de las Fuerzas Quds, una división de la Guardia Revolucionaria Islámica, tenía como especialidad la guerra asimétrica y operaciones de inteligencia militar y era responsable de llevar a cabo operaciones extraterritoriales.
Un mecanismo de lanzamiento instalado dentro de contenedores fue hallado y destruido en uno de los sitios atacados en el oeste de Irán, como parte de una serie de ataques aéreos realizados por la Fuerza Aérea de Israel contra la cúpula militar y la infraestructura de misiles balísticos del régimen iraní.
Según las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), estas operaciones se llevaron a cabo en las últimas horas con la asistencia de inteligencia precisa proporcionada por la división de inteligencia militar.
Los bombardeos destruyeron decenas de lanzadores, depósitos de misiles tierra-tierra y otras instalaciones militares asociadas al programa de misiles de Irán.
Además de Ghaani, gran parte de la cúpula militar iraní fue descabezada. Mohammad Bagheri, para muchos el militar más importante del régimen era Licenciado en Ingeniería, con un doctorado en Geografía Política y experto en inteligencia militar, era jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Irán desde el 28 de junio de 2016.
En un decreto, Khamenei designó al mayor general Seyyed Abdulrahim Mousavi como nuevo jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas iraníes. El mayor general Mohammad Pakpour asumió como comandante en jefe del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI), mientras que el mayor general Ali Shademani fue nombrado comandante del cuartel general de Khatam al-Anbia.
POLITICA
Un artículo del Código Penal abre una puerta para rehabilitar a Cristina Kirchner a ejercer cargos públicos en cinco años
La inhabilitación especial perpetua de Cristina Kirchner para ocupar cargos públicos podría no ser perpetua, ya que hay un artículo del Código Penal que abre una puerta para rehabilitarla en cinco años.
La norma prevé que se puede rehabilitar al condenado en cinco años, siempre y cuando tenga buena conducta, repare el daño y no sea condenada por nuevos delitos.
Hay un precedente de hace dos semanas dictado por la Cámara de Casación, por dos de los tres jueces que intervienen en el caso de Cristina Kirchner, en el que rehabilitaron a un exfuncionario de María Julia Alsogaray condenado por corrupción.
Cristina Kirchner fue condenada a seis años de prisión en la causa Vialidad y la Justicia le impuso la “inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos”.
El artículo 20 ter del Código Penal establece que el condenado a “inhabilitación especial”, como en este caso, “puede ser rehabilitado, trascurrida la mitad del plazo de ella, o cinco años cuando la pena fuere perpetua, si se ha comportado correctamente, ha remediado su incompetencia o no es de temer que incurra en nuevos abusos y, además, ha reparado los daños en la medida de lo posible”.
En el caso de Cristina Kirchner se le impuso inhabilitación especial, pero para recuperar sus derechos políticos debería a los cinco años peticionarlo y cumplir con buena conducta, no sumar nuevas condenas firmes, demostrar que se ha rehabilitado (remediado su incompetencia) o que no hay razones para que cometa nuevos abusos.
Además, el Código dice que para rehabilitarla debe haber reparado el daño, por ejemplo con un ofrecimiento económico.
Esto es así porque las penas a pesar de que se dicen perpetuas nunca pueden serlo porque implicaría una violación de los tratados internacionales de derechos humanos. Por eso, tienen un final, como en este caso lo indica el Código Penal.
Hay un precedente reciente del 3 de junio pasado, que si bien no aplica en su totalidad a Cristina Kirchner, es un ejemplo de la aplicación de este beneficio que otorga al condenado el Código Penal.
Se trata del caso de Gustavo Daneri, excoordinador general de Entel (que fue la empresa estatal telefónica de la Argentina), un estrecho colaborador de la exinterventora María Julia Alsogaray.
Daneri fue condenado en 2014 por administración fraudulenta en un caso de corrupción por la privatización de la extelefónica estatal Entel durante el menemismo. En 2016 le fijaron la pena de tres años de prisión en suspenso e inhabilitación especial para ocupar cargos públicos.
Daneri, con 75 años, pidió ser rehabilitado. Su defensa dijo que no pensaba ser funcionario, sin embargo, otras fuentes señalaron que aspiraría a un cargo en el gobierno nacional. El Tribunal Oral Federal lo rehabilitó porque entendió que no tenía antecedentes penales, tenía buena conducta, había “remediado su incompetencia” y además había ofrecido 6 millones de pesos para el Hospital Garraham, como una manera de reparar el daño cometido con su delito de corrupción.
El fiscal de ejecución penal Nicolas Czizik apeló esa decisión y entendió que no se lo podía rehabilitar. Por eso el caso fue revisado por los jueces de la Cámara Federal de Casación Penal. Intervino la Sala IV de la Casación, la misma que interviene en el caso de Cristina Kirchner, pero con otra integración.
En el caso Daneri votaron los jueces Mariano Borinsky y Gustavo Hornos (que entienden en el caso Vialidad) y Javier Carbajo.
Una mayoría integrada por los jueces Borinsky (autor del voto) y Carbajo decidió rehabilitar a Daneri. En cambio, Hornos se pronunció en contra.
Borinsky, en un fallo al que adhirió Carbajo, dijo que “teniendo en cuenta las particularidades del caso” correspondía otorgar lo que pedía la defensa. Señaló que el fallo que lo rehabilita “no presenta fisuras de logicidad (aplicación de la lógica) y constituye una derivación razonada del derecho vigente con ajuste a las particulares circunstancias de autos”.
“Los argumentos planteados por el representante del Ministerio Público Fiscal en su recurso demuestran una discrepancia valorativa y la existencia de una fundamentación que no comparte, que no alcanzan a acreditar el supuesto de arbitrariedad”, escribió el juez.
Mencionó que pasaron mas de cinco años de la fecha de la condena “sin que se constatare la comisión de un nuevo delito u otra circunstancia objetiva que permita realizar una prognosis negativa en cuanto a su eventual y futura incompetencia”, sostuvo. Y dijo que la pretensión del fiscal “solo se traduce en un ritualismo injustificado en detrimento del derecho al debido proceso que asiste a las partes”.
Claro que los casos Daneri y el de Cristina Kirchner, a priori, tienen sus diferencias. Dos de los jueces que resolvieron son los mismos que deberían decidir en una petición similar de la expresidenta, pero sus circunstancias no son las de Daneri.
Cristina Kirchner fue condenada por administración fraudulenta, al igual que Daneri, pero a seis años de prisión de cumplimiento efectivo, no de ejecución condicional.
La expresidenta, además, enfrenta al menos otros tres casos donde fue citada a juicio: Hotesur y los Sauces, la firma del Memorandum con Irán y la causa de los cuadernos de las coimas, que tiene fecha de inicio el 6 de noviembre.
Con lo que su escenario judicial no está despejado como para llegar a los cinco años sin una nueva condena firme y al mismo tiempo la norma prevé que el condenado debe haber “remediado su incompetencia”, es decir, debe haber asumido la responsabilidad del hecho por el que fue condenado.
En el caso de la expresidenta no solo no lo hace, sino que sostiene que los responsables de su situación son los medios y el “partido judicial”, como definió a los miembros del Poder Judicial que la juzgaron.
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