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POLITICA

Lijo presentó un descargo en el Senado por las críticas que recibió tras ser postulado para la Corte Suprema

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En medio del escenario complicado para el Gobierno para aprobar su pliego, el juez federal Ariel Lijo respondió con un escrito ante la comisión de Acuerdos del Senado las impugnaciones por presuntas irregularidades en expedientes judiciales a su cargo. También lo hizo Manuel García Mansilla. Ambos candidatos a la Corte Suprema presentaron los descargos este domingo, en la fecha límite para hacerlo, en un adelanto de los argumentos que expondrán en las audiencias públicas.

Incluso por senadores libertarios como Francisco Paoltroni, Lijo fue cuestionado en la causa de la consultora The Old Fund, a cargo de Alejandro Vanderbroele -señalado como testaferro de Amado Boudou-, por una presunta maniobra para favorecer al gobernador Gildo Insfrán al declararse incompetente y remitir el expediente a la Justicia Federal de Formosa.

Según publicó La Nación, Lijo reconoció que tomó la decisión “a partir de un planteo de la defensa” y alegó que la medida fue tomada “con control de de la Cámara de Apelaciones que por otra parte afirmó la indudable incompetencia territorial de esta sede de la ciudad de Buenos Aires y declinó la competencia a la Justicia Federal de la provincia”.

Sobre la causa AMIA, Lijo aseguró que los cuestionamientos le provocaron “un gran pesar” en tanto consideró que el juzgado a su cargo cumplió una “gran labor” y ponderó la elevación a juicio oral al ex juez federal Juan José Galeano, los fiscales Eamon Müllen y José Carlos Barbaccia, Hugo Anzorreguy -ex titular de la SIDE-, Rubén Beraja -ex presidente de la DAIA- y el abogado Víctor Stinfale, entre otros.

En cuanto a las impugnaciones vinculadas a la causa Correo Argentino, sobre las presuntas irregularidades en el acuerdo durante el gobierno de Mauricio Macri por la deuda de la empresa familiar del ex presidente -luego revocado como consecuencia del escándalo-, el candidato propuesto por Javier Milei al máximo Tribunal consideró que “se encuentran sesgadas y vinculadas con la proyección mediática del caso”.

“La complejidad y cantidad de maniobras económicas denunciadas implicó el análisis técnico por parte de expertos de diferentes disciplinas e instituciones y la producción de un gran volumen documental”, buscó fundamentar la demora en el trámite de la causa, y argumentó que el expediente pasó por la Corte entre 2019 y 2023.

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Como contó Clarín, en la previa a las audiencias públicas -Lijo deberá presentarse el 21 de agosto y una semana después lo hará García Mansilla-, el oficialismo no tiene por el momento un panorama allanado en cuanto a las firmas para obtener el dictamen para avanzar con el pliego del juez federal, una condición necesaria para llevar la postulación al recinto.

La Comisión de Acuerdos tiene 17 miembros, por lo que se necesitan nueve votos a favor para el despacho de mayoría. La preside la larretista Guadalupe Tagliaferri, que por ocupar ese lugar no adelantó su posición, y la integran senadores que no acompañarían como Beatriz Avila (PRO) y los radicales Pablo Blanco y Carolina Losada. En Unión por la Patria, a la espera de que el Gobierno inicie una negociación, aguijonearon con que la obligación de conseguir el dictamen será del oficialismo y transmitieron dudas sobre si tendrá las firmas.

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POLITICA

Masacre de pingüinos en Punta Tombo: «Se trató de un daño ambiental irreparable»

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Lucas Michelaud, asesor legal de Greenpeace, explicó en detalle las circunstancias del caso. La Regina fue acusado de destruir nidos de pingüinos y flora nativa en su propiedad privada, lindante a la reserva natural Punta Tombo. Este hecho ocurrió entre el 10 de agosto y el 4 de diciembre de 2021, cuando el ganadero utilizó una retroexcavadora para alterar el terreno y destruir más de 2 mil metros cúbicos de flora nativa. «La sentencia va a estar en los próximos días, nosotros como parte acusadora pedimos cuatro años de prisión efectiva», afirmó el abogado.

Michelaud explicó que la propiedad de La Regina, conocida como Punta Clara, se encuentra en una zona de alta fragilidad ecológica y forma parte de un ecosistema protegido, «es una zona de reserva UNESCO de biosfera Patagonia Azul, de importancia internacional para las aves, como el pingüino magallánico». A pesar de la importancia de la zona, el productor ganadero siguió adelante con la destrucción de nidos de pingüinos y la remoción de plantas en una época crítica para la fauna local.

El abogado agregó que el daño causado no sólo fue físico, sino también temporal, afectando a los pichones y los huevos de los pingüinos, que en ese período estaban comenzando a eclosionar. «Lo hizo en la etapa crítica, donde los pichones ya tienen menos de un mes de vida o los huevos están comenzando a eclosionar», detalló el abogado. Este acto fue realizado con una retroexcavadora de 8 mil kilogramos, lo que provocó la destrucción de miles de nidos.

La Regina argumentó que su intención era dividir el campo entre familiares y mejorar su propiedad. Sin embargo, Michelaud subrayó que el daño fue intencional y que el uso de maquinaria pesada en esa zona no fue una simple mejora. «Esto no fue una mejora en su propiedad, fue un proceso de fuerte antropización en el ecosistema», dijo, remarcando que los métodos empleados no eran los adecuados para el tipo de trabajo que el productor planteaba.

La defensa de La Regina trató de desmentir la fecha de los hechos, pero la acusación presentó pruebas contundentes para refutar esta versión. Michelaud explicó: «Nosotros logramos probar que los hechos ocurrieron entre el 26 de noviembre y el 4 de diciembre, a través de imágenes satelitales proporcionadas por un cartógrafo de la National Geographic». Estas pruebas confirmaron la destrucción del ecosistema en el tiempo exacto señalado por la acusación.

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Una de las acciones más graves de La Regina fue la construcción de un alambrado electrificado que dificultaba el acceso de los pingüinos a su hábitat natural. «Puso un alambrado de seis hilos, algunos a 15 o 20 cm de altura, impidiendo que los pingüinos puedan transitar», relató Michelaud. Este alambrado no sólo obstruía el paso de la fauna, sino que también fragmentaba el hábitat natural de los animales, lo que generaba un impacto negativo en su reproducción.

El caso de La Regina es un ejemplo claro de cómo la propiedad privada no otorga el derecho a destruir los ecosistemas y la fauna que habitan en ellos. «El dominio sobre el terreno no da la titularidad sobre el ecosistema», destacó el letrado, quien subrayó que este juicio se centró en la defensa del ambiente, más allá de los derechos sobre la propiedad.

La condena a La Regina es un paso importante en la lucha por la protección del medio ambiente en Argentina, enviando un mensaje claro sobre la importancia de la conservación de los ecosistemas. «La sentencia es histórica porque es la primera vez que se condena por daño agravado en un caso de esta naturaleza», concluyó Michelaud. (www.REALPOLITIK.com.ar)

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