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Lijo va al Senado a defender su nominación a la Corte, no tiene las firmas para dictaminar y apuesta a un aval clave de Cristina

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Ariel Lijo se presentará este miércoles en el Senado para la audiencia pública en la que defenderá su nominación a la Corte Suprema de Justicia, con la certeza de que dependerá del apoyo de Cristina Kirchner para que su pliego llegue al recinto de la Cámara alta y sea aprobado por los dos tercios.

En la previa a la trascendental reunión, convocada para la 10, nadie anticipa su voto. «La situación de Lijo es como un poker complicado, nadie quiere mostrar una carta», sintetizó un importante senador con llegada a la vicepresidenta Victoria Villarruel, que puede ser clave en la negociación con el peronismo para allanar el camino al Gobierno, pese a que este martes cuestionó duramente la nominación del juez.

Los dialoguistas saben que sin la firma el kirchnerismo no se podrá avanzar con el dictamen de comisión y esa situación podría derivar en una fuerte incertidumbre. «Los que tienen que garantizar el dictamen son los libertarios y la oficialista Guadalupe Tagliaferri», deslizó, con tono de chicana, un importante senador peronista, que no perdona que nadie del Gobierno se haya acercado al bloque para negociar los pliegos.

A eso se suma bronca de los senadores de la oposición por las declaraciones de Javier Milei acusándolos de «traición a la patria» o «estafadores» por el intento de aumento de las dietas calentó aún más el ambiente en el Senado. Con el peronismo decidido a no firmar y la negativa de los radicales Pablo Blanco y Carolina Losada a acompañar al candidato del Gobierno es poco probable que se avance en lo inmediato con la firma del dictamen, ya que el oficialismo y los aliados tendrían el aval de 8 de los 17 legisladores que integran la comisión.

En el bloque de Unión por la Patria hay hermetismo como en la mayoría de los espacios que integran el Senado. Pero aún así trascendió que Juliana Di Tullio busca instalar a «una de las propias» para cubrir al menos una de las dos vacantes en la Corte, ya que a partir de diciembre dejará el tribunal el cortesano Juan Carlos Maqueda quien llega a la edad jubilatoria. La senadora cristinista lo deslizó en la cumbre del PJ que se hizo en La Rioja, donde aseguran que sumó el respaldo de las mujeres que integran el bloque.

Un dato a tener en cuenta es que de los 7 senadores del PJ que integran la comisión de Acuerdos, 5 son mujeres y todas responden a Cristina Kirchner. Por eso, tanto en el Gobierno como el mismo Lijo sabe que la clave para garantizar su llegada a la Corte es la ex presidenta. Y un dato que llamó la atención es que el kirchnerismo evitó hacer declaraciones duras contra la nominación de Lijo.

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Pero a las dudas que genera el peronismo, se suma el rechazo de Francisco Paoltroni y la duda de Juan Carlos Pagotto dentro de las filas libertarias. También se agregan el rechazo de Luis Juez y Carmen Alvarez Rivero, más el mensaje de Mauricio Macri definiendo como «un error» la nominación del juez federal. A esto se suma la incertidumbre generada por la falta de definición de la larretista Guadalupe Tagliaferri, presidenta de la comisión de Acuerdos, quien esperará hasta último momento sin frenar ni dilatar el trámite.

Victoria Villarruel ratificó su rechazo a la nominación de Ariel Lijo. FOTO: GUILLERMO RODRIGUEZ ADAMI.

Si algo le faltaba a Lijo para confirmar que su nominación a la Corte estaba complicada fue la declaración de Villarruel, quien en un encuentro con abogados no dudó en afirmar que «no ha sido la mejor elección». «Ha sido una candidatura que es controversial. Hubiéramos querido tener un candidato sólido y que nos represente y con la mejor sabiduría y rectitud posible. No creo que sea el caso», remató la vicepresidenta, que ya había hecho publicó su rechazo cuando se conocieron los candidatos del Gobierno.

La nominación de Ariel Lijo para la Corte depende en parte de las gestiones del viceministro de Justicia, Sebastián Amerio, quien responde al asesor presidencial, Santiago Caputo, y que deberá aprovechar los próximos días para acelerar la negociación con el peronismo si quiere tener los 48 votos para aprobar la propuesta del Gobierno.

Durante el período de apertura para impugnaciones y adhesiones, Lijo obtuvo 34 rechazos, un total de 13 apoyos y 1 observación, según los datos que se recibieron en la comisión de Acuerdos del Senado. En una etapa anterior de la participación ciudadana, habilitada por el Ministerio de Justicia, que conduce Mariano Cúneo Libarona, el juez federal cosechó 3.578 adhesiones y 328 impugnaciones.

En tanto, Manuel García-Mansilla, el otro candidato del Gobierno para la Corte, está citado para la audiencia pública del 28 de agosto. El académico recibió en un total de 5 adhesiones contra 22 impugnaciones. Al igual que Lijo también tuvo una observación. Previamente, en el período habilitado por el Ministerio de Justicia, había cosechado 3.129 avales y 110 observaciones.

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El Gobierno presentó en Diputados el proyecto para eliminar las PASO

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Este jueves, el Gobierno presentó en la Cámara de Diputados el proyecto de ley para eliminar las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), junto a una iniciativa que busca reformar el sistema de financiamiento de los partidos políticos. Ambas propuestas forman parte del plan de reformas impulsado por el presidente Javier Milei, quien busca reducir costos y simplificar los procesos electorales.

El oficialismo considera que las PASO son una herramienta innecesaria y costosa, calificándolas como “una encuesta millonaria”. El proyecto busca no solo eliminar las elecciones primarias, sino también reformar aspectos clave del financiamiento político para garantizar mayor transparencia y eficiencia en el uso de los recursos públicos.

Reforma electoral: el Gobierno busca eliminar las PASO a través de una ley que enviará al Congreso

El proyecto central, denominado Reforma para el fortalecimiento electoral, propone derogar las PASO con el argumento de que han dejado de ser útiles para los objetivos democráticos que originalmente perseguían. Según fuentes del oficialismo, su eliminación permitiría ahorrar millones de dólares que podrían destinarse a otras áreas prioritarias del Estado.

El texto destaca que “las PASO no cumplen un rol determinante en la representación democrática actual y su implementación supone un gasto público injustificado”. Además, plantea la posibilidad de que los partidos políticos retomen el control de sus mecanismos de selección interna, devolviéndoles autonomía en sus procesos.

Modificaciones al financiamiento político

En paralelo, el Ejecutivo presentó un segundo proyecto que introduce cambios en la Ley Orgánica de los Partidos Políticos. Entre las propuestas más destacadas, se busca incrementar el porcentaje de afiliados necesarios para la existencia de un partido político, pasando del 0,4% al 0,5% del padrón electoral.

Asimismo, el proyecto exige que los partidos nacionales tengan representación en al menos diez distritos, duplicando la cantidad mínima actual de cinco jurisdicciones. Según el Gobierno, estos cambios son necesarios para fortalecer las instituciones democráticas y garantizar una representación genuina.

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El PRO alertó sobre plan del Gobierno para eliminar las PASO

En cuanto al financiamiento, el proyecto propone reducir el aporte estatal a los partidos y reforzar los controles sobre los fondos privados destinados a las campañas electorales. La Casa Rosada argumenta que estas medidas responden a “la urgencia de garantizar un manejo responsable de los recursos públicos en un contexto económico crítico”.

Un debate con resistencias en el Congreso

La presentación del proyecto abre un nuevo frente de debate en el Congreso, donde el oficialismo deberá buscar apoyos para garantizar su aprobación. Los bloques opositores han manifestado posiciones divididas: mientras que algunos sectores, como el PRO, proponen transformar las PASO en optativas, otros rechazan su eliminación por completo.

La diputada María Eugenia Vidal presentó un proyecto alternativo que plantea modificaciones a las PASO, pero sin eliminarlas. Según Vidal, “las PASO pueden ser útiles si se aplican de manera más eficiente, pero deben dejar de ser obligatorias para los partidos”.

Por su parte, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, defendió la eliminación de las PASO argumentando que “su implementación solo genera costos innecesarios”. Según cifras oficiales, las elecciones primarias de 2023 representaron un gasto de 52 millones de dólares.

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