Cuando Jorge Bergoglio todavía no era el papa Francisco, desde su condición de arzobispo de Buenos Aires se metió en una áspera situación en uno de los municipios del Gran Buenos Aires que gobernaba con mano de hierro uno de los denominados “barones del conurbano”. En 2007, fue a dar misa a Merlo, por entonces bajo el mando del intendente Raúl Othacehé, con el fin de brindarle su apoyo al sacerdote Miguel “Pancho” Velo, que había sufrido ataques del oficialismo municipal. Nueve años más tarde, en el Vaticano, recordó el episodio en una charla con el actual intendente, Gustavo Menéndez, a quien le preguntó si “la mafia” del exjefe comunal no lo jorobaba.

El 6 de junio de 2007, Bergoglio fue a oficiar misa en Merlo, como un gesto de respaldo al sacerdote Pancho Velo, que era blanco de ataques de grupos vinculados a Othacehé (que gobernó Merlo entre 1991 y 2015). Velo era sacerdote de una parroquia en Pontevedra. El por entonces arzobispo de Buenos Aires presidió la ceremonia en una plaza, frente a la iglesia. Lo hostigaron militantes del peronismo local.

“¿La mafia de Othacehé no lo joroba?“, le dijo el Papa a Menéndez en la Plaza San Pedro, en un encuentro en abril de 2016. El intendente quería hablarle del ”Pacto de San Antonio de Padua», un acuerdo que impulsaban distitos jefes comunales para difundir los postilados de la encíclica papal Laudato Si, pero Francisco le reiteró el tema. “Me preocupaba tu caso por la mafia esa. Yo lo sufrí en carne propia cuando tuve que ir un día a defender a un cura, a Pancho. Fui ahí para frenarlo a Othacehé”, recordó. Todo trascendió en un video del fugaz encuentro del Papa y el intendente en la plaza.

El sacerdote Velo contó a el 22 de abril de 2016, luego de que se difundiera el mensaje de Francisco a Menéndez, los aprietes de los que era objeto. “Nuestra postura siempre fue pastoral, evangélica. Sufrimos volanteadas, panfletos con descalificaciones, diciendo que yo era un comunista, que pasaba droga. También hubo amenazas y algún juicio que vino por medio de difamaciones”, planteó.

Al recordar el espaldarazo que le brindó Bergoglio, el padre Velo señalaba, en ese mismo artículo, que “él sabía que en la comunidad estábamos siendo atacados y maltratados”. Y contó cómo se gestó la visita del futuro Papa: “Me llamó para ver cómo estaba, para darme su apoyo y acompañarnos. Surgió de él la posibilidad de venir a celebrar una misa. En ese momento yo estaba en Merlo pero todavía pertenecía a la Arquidiócesis de Buenos Aires, entonces él, como mi obispo, quiso estar presente y acompañarnos”.

“Nosotros no nos enfrentamos con Othacehé; intentamos reflexionar sobre la realidad con una mirada crítica. A veces, eso no gusta”, señalaba en 2016 el padre Velo.

La sala VI de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo desestimó un pedido del Gobierno para intervenir la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (Uatre). El 4 de febrero pasado, a través de la Secretaría de Trabajo, la gestión de Javier Milei pidió avanzar sobre el gremio de los ruralistas después de una serie de impugnaciones al proceso electoral y tras revelarse irregularidades en el manejo de la obra social y un supuesto pedido de coimas a empresarios agrícolas.

La Uatre es liderada desde fines de 2022 por José Voytenco, un dirigente chaqueño vinculado al PJ. Llegó al poder del gremio ruralista después de las muertes de Gerónimo Venegas y Ramón Ayala. En la elección le ganó por apenas un punto a Pablo Ansaloni, hoy diputado nacional de La Libertad Avanza y uno de los que impulsaron las impugnaciones en contra de Voytenco.

El argumento oficial para pedir la intervención de la Uatre es que Voytenco excluyó del congreso que eligió a las autoridades a diferentes seccionales. La decisión fue tomada por el secretario de Trabajo, Julio Cordero, a partir de una presentación que hizo Claudio Aquino, el director de Asociaciones Sindicales, el área que regula la vida interna de los sindicatos.

“Se evidencia que dicho evento [el congreso en el que se eligieron autoridades] se llevó a cabo soslayando la suspensión dispuesta, incumpliendolas resoluciones estatales, afectando la gobernabilidad del sindicato y la validez de las decisiones adoptadas en el mencionadoCongreso. Que esta autoridad de aplicación no ignora la autonomía de las organizaciones sindicales para darse sus instituciones,establecer sus procesos electorales y tomar todas las decisiones propias de la vida sindical, la que debe ser respetada aultranza por los poderes públicos por tratarse de una manifestación esencial del principio de libertad sindical, pero ello debearmonizarse con la garantía que la Autoridad Laboral debe otorgar al respeto al principio de democracia sindical”, argumentaron Cordero y Aquino en la resolución 2025-50, dispuesta hoy.

El pedido de Cordero recayó en la Sala VI de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, que resolvió por unanimidad desestimar el pedido del funcionario. Los jueces que intervinieron fueron Carlos Pose, Gabriela Alejandra Vázquez y Manuel Diez Selva.

“Entiendo que la petición estatal resulta improcedente: nos encontramos dentro de un campo disciplinario donde rige el principio de libertad sindical (art. 4º ley 23.551) y, en consecuencia, una solicitud como la intervención resulta solo viable sólo si se acreditase fehacientemente el peligro en la demora y la verosimilitud del derecho invocado”, argumentó Pose con su voto.

“La autonomía sindical como derivación del principio de libertad sindical constituye la facultad de autodeterminación de la asociación gremial en lo relativo a su constitución y funcionamiento. Esta potestad, encuentra basamento en la garantía de organización sindical libre que consagra el art. 14 bis, Constitución Nacional y en el Convenio 87 de la OIT que declara el derecho de los trabajadores a redactar sus estatutos y reglamentos administrativos, elegir libremente sus representantes, organizar su administración y actividades así como formular su programa de acción, debiendo las autoridades públicas abstenerse de toda intervención que tienda a limitar este derecho o a entorpecer su ejercicio legal”, señaló Vázquez. Y agregó: “En otro orden de ideas, y sin que implique en modo alguno avalar ni adelantar juicio acerca de la legitimidad de las decisiones adoptadas por las autoridades de la Uatre, la lectura de las presentaciones de la causa, tanto la de la cartera laboral como la de la Uatre, y aún la de los terceros que solicitan ser tenidos por parte revelan que existe una clara disputa entre afiliados y dirigentes, y entre éstos y las autoridades y, como regla, la intervención judicial no puede constituirse en el remedio para dirimir este tipo de controversias”.

Diez Selva, en tanto, avaló brevemente y sin mucha argumentación que compartía los fundamentos de sus dos colegas.

En paralelo a este expediente, Voytenco afronta una denuncia en la Justicia por presunta asociación ilícita y lavado de dinero. Además, Osprera, la obra social del gremio, está bajo intervención de la Superintendencia de Servicios de la Salud, que reveló tras una auditoría que la prestadora adeuda $97.899 millones al 31 de octubre de 2024 y advirtió sobre “posibles maniobras fraudulentas en la gestión anterior”.