En las últimas semanas, la licitación pública 9/24, publicada en el Boletín Oficial a pedido de la Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires, dirigida por Alberto Sileoni y aprobada por el gobernador Axel Kicillof, ha generado una fuerte controversia. La adjudicación, que proponía un gasto superior a los 4.000 millones de pesos en muebles escolares, desató denuncias de irregularidades y favoritismos en favor de un grupo empresarial con antecedentes de acuerdos opacos con el gobierno provincial.

El pliego licitatorio, un diseño a medida

Minutos después de la publicación de la licitación, diversas empresas del sector presentaron impugnaciones debido a la aparente direccionalidad del proceso. De acuerdo con los denunciantes, las especificaciones técnicas de los muebles exigidos eran inusualmente detalladas, con requisitos de materiales y diseño que solo una empresa podía cumplir.

Este tipo de práctica no es nueva en la administración pública bonaerense: mediante la confección de pliegos con requisitos extremadamente específicos, se busca restringir la competencia y garantizar que la adjudicación termine en manos de un proveedor previamente seleccionado.

Posposición y respuesta oficial

Ante la presión de las impugnaciones, el gobernador Axel Kicillof optó por posponer la licitación y evaluar las quejas. Sin embargo, el análisis resultó ser una mera formalidad: tras casi quince días de «revisión», el gobierno publicó una circular en la que ratificaba las mismas especificaciones técnicas controversiales. En otras palabras, se tomó el tiempo para responder las impugnaciones sin realizar ninguna modificación sustancial.

Una maniobra en las sombras

Uno de los aspectos más llamativos de la licitación fue la ausencia de la empresa que tradicionalmente ha ganado este tipo de contrataciones en la provincia y que ha sido denunciada por su cercanía con el gobierno. «Es algo casi inédito. Se presentan en todas las licitaciones del rubro, especialmente en La Matanza, donde ganan sistemáticamente», explicó uno de los empresarios afectados a REALPOLITIK.

A pesar de esta ausencia, los denunciantes señalan que la maniobra se llevó a cabo de todas formas. La clave residía en la cláusula que establecía la adjudicación conjunta de dos renglones: el primero, con un presupuesto elevado, y el segundo, con especificaciones que reducían drásticamente la competencia.

La empresa Tamecas SRL, señalada en impugnaciones previas como vinculada al grupo beneficiado en otras licitaciones, presentó una oferta desmesuradamente alta por el primer renglón, asegurándose que otra compañía lo ganara. Luego, ofertó un precio muy competitivo por el segundo renglón, garantizando su adjudicación y, por ende, la de ambos renglones.

«Básicamente, inflaron el precio del primer renglón para que no fuera adjudicado a ellos, pero aseguraron ganar el segundo, y se quedaron con los dos, a un precio mucho mayor del que corresponde», denunciaron empresarios del sector. En total, se calcula que el sobreprecio que la provincia tendrá que pagar por la polémica maniobra ascienda a más de 1.200 millones de pesos. Mucho, demasiado, para una gestión que naufraga en la emergencia económica.

Implicancias económicas y legales

Esta situación ocurre en un contexto en el que el gobernador Kicillof ha declarado que la provincia está en emergencia económica. Sin embargo, los hechos sugieren que se continúa permitiendo la pérdida de miles de millones de pesos a través de procesos administrativos irregulares.

Las cláusulas restrictivas no solo limitan la transparencia y la competencia, sino que además encarecen artificialmente los costos para la provincia. Este esquema de licitaciones direccionadas se ampara en regulaciones que dificultan la impugnación de pliegos y procesos licitatorios, obligando a los oferentes a pagar garantías millonarias para presentar sus quejas, garantizando así la impunidad de las irregularidades.

La licitación 9/24 no es un caso aislado, sino una muestra más de un sistema de contrataciones públicas opaco que ha beneficiado a ciertos grupos económicos con conexiones políticas. Mientras Kicillof insiste en que la provincia atraviesa una crisis financiera, se continúa con prácticas que facilitan la malversación de fondos públicos.

Es fundamental que la ciudadanía y los organismos de control exijan transparencia en los procesos de contratación pública para evitar que estas maniobras sigan drenando recursos destinados a la educación y otros sectores clave de la provincia. Solo con mecanismos de fiscalización eficaces y la voluntad política de erradicar estas prácticas se podrá garantizar un uso eficiente y honesto de los fondos públicos. (www.REALPOLITIK.com.ar)

COMENTÁ / VER COMENTARIOS