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POLITICA

Los chats que comprometen a Alberto Fernández en la causa por los Seguros

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En el marco de la causa que investiga el desfalco al Estado nacional a través de contratos con aseguradoras privadas, que involucra a Alberto Fernández, se conocieron las pericias realizadas a los teléfonos celulares de la secretaria privada del ex presidente, María Cantero y su esposo Héctor Martínez Sosa, principal acusado.

Dentro de las más de 400 capturas de pantalla que existen en el expediente, se puede ver como se tejió la trama para quedarse con contratos millonarios con el Estado, a través de Nación Seguros SA, haciendo uso de la cercanía con el ex líder del Frente de Todos.

Causa de los seguros: la Justicia allanó las oficinas y domicilios del broker amigo de Alberto Fernández

“Lo llamé a Claudio para recuperar los seguros de allí”, dice Martínez Sosa en uno de los diálogos a los que accedió el juez Julian Ercolini, como parte de la causa. Al parecer el broker se refiere a un supuesto contrato en la provincia de Mendoza.Eso es para nuestra PYME?”, pregunta Cantero. “Todo suma para tu PYME Gatin”, responde su esposo.

En otro de los chats, con fecha del 12 de diciembre de 2019, a días de la asunción del Alberto Fernández, Cantero escribe a su marido: “Hoy le voy a reforzar que ponga a nuestro amigo en Pcia y en Nación”, se refiere al directorio de Provincia y Nación Seguros.

Tres meses después, hay una conversación sobre uno de los directores puestos en Nación Seguros: Sebastián Díaz Bancalari. “Son de los nuestros”, escribe la secretaria del Presidente. “Diaz Bancalari es el hijo del Negro seguro es un buen tipo. Pero lo importante es Pagliano que responde a Alberto”.

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Las conversaciones confirman que Cantero fue participe directa de los negocios de su marido, haciendo uso de su cercanía e influencia en el poder. A pesar de que el propio Alberto declaró: “Dudo que ella haga una cosa así; si lo hizo, no lo avalo; ninguno te va a decir que pedí por alguien; yo lo dudo, pero no puedo garantizar que ella no haya hecho una cosa así; si fue así, se extralimitó”, con la pericia telefónica, queda en evidencia el uso de sus influencias.

 

POLITICA

Al igual que con CFK, se oficializó la quita de la jubilación de privilegio de Amado Boudou

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El Gobierno oficializó este viernes la quita de la jubilación de privilegio del ex vicepresidente Amado Boudou, quien percibía $6.814.272 mensuales. La decisión se formalizó a través de una resolución del titular de la ANSES, Mariano de los Heros, en el marco de una política para anular las asignaciones especiales de ex funcionarios condenados por la Justicia.

La Casa Rosada fundamenta la medida en la Ley 24.018, que regula las pensiones vitalicias, y en el artículo 53 de la Constitución Nacional, argumentando que estas asignaciones son incompatibles con el “mal desempeño” demostrado por sentencias judiciales firmes. En 2020, la Corte Suprema confirmó la condena de Boudou por la causa Ciccone, lo que lo convirtió en el primer vicepresidente en ser sentenciado por corrupción.

El Gobierno oficializó la quita de la jubilación y pensión de privilegio a Cristina Kirchner

El Ejecutivo anticipa posibles acciones judiciales por parte de los afectados, como Boudou y Cristina Kirchner, a quien también se le revocó su pensión y jubilación. La defensa jurídica de estas decisiones recaerá en el Procurador General del Tesoro, Rodolfo Barra. En el Gobierno consideran que las condenas por delitos en el ejercicio de la función pública son razón suficiente para retirar estos beneficios, incluso sin un juicio político formal.

Según el texto de la resolución, la jubilación de privilegio debe estar vinculada a una conducta ejemplar durante y después del ejercicio del cargo. “La asignación de privilegio resulta jurídicamente incompatible para quien haya cometido un delito en perjuicio del Estado Nacional”, detalla el documento.

Desde sectores críticos se cuestiona la validez de la medida, argumentando que la ausencia de un juicio político impediría retirar la pensión. Sin embargo, el Gobierno insiste en que las condenas judiciales por corrupción son prueba suficiente de una “conducta deshonrosa” incompatible con estos beneficios.

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