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Los fiscales generales de Comodoro Py pronostican un “funcionamiento deficiente” del sistema acusatorio sin los recursos necesarios

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Los fiscales generales de la Cámara Federal de Casación Penal le enviaron una nota a su jefe, el Procurador General de la Nación, Eduardo Casal, en la que le pronosticaron “un deficiente funcionamiento del servicio de justicia” con nuevo sistema procesal, que les da más protagonismo, si no cuentan con los recursos necesarios.

La nota de tres carillas, a la que accedió , firmada por los fiscales Raúl Pleé, Javier de Luca y Mario Villar, sostiene que están de acuerdo con la implementación del nuevo sistema acusatorio, pero que corre riesgo de fracasar si no se lo dota de personal y de recursos materiales.

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Cada vez que tuvo oportunidad, Casal ya le hizo saber al ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, que para que el nuevo sistema funcione es necesario que se les otorgue personal y equipamiento.

El fiscal Raúl Pleerodrigo-nespolo-10977 –

El Ministerio de Justicia anunció que el 11 de agosto pondrá en marcha este mecanismo en la justicia federal de Comodoro Py 2002, pero los jueces tiene sus reservas y los fiscales, aunque lo apoyan, dicen que no van a dejar que les echen la culpa del fracaso del sistema, si es que no les dan más recursos.

En este oficio, los fiscales generales señalaron que apoyan este nuevo sistema acusatorio, pero que “su implementación exige una preparación que incluye no solo la capacitación que se ha venido realizando, sino recursos humanos y materiales, sin los cuales el funcionamiento adecuado y conforme las expectativas puede verse comprometido”.

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Javier de Luca, fiscal ante la Casación
Archivo

“La experiencia de cinco años de funcionamiento del nuevo código en una jurisdicción indica que la implementación es dependiente de la realidad de cada región y de las características de la delincuencia predominante en ella”, advierten.

Y señalan que lo que pasa en Salta y Jujuy con causas con pocos imputados, más simples, difiere de la complejidad de los expedientes de Comodoro Py o del fuero Penal Económico, con múltiples acusados, casos penales con peritajes complejos, casos de criminalidad económica, lavado de dinero y asuntos que requieren otra dinámica.

Mario VillarFaculta de Derecho, UBA

“Nuestra experiencia −dijeron los fiscales− indica que, a diferencia de la mayoría de las causas originadas en Salta y Jujuy −referidas a hechos simples con intervención delictiva limitada a pocos intervinientes−, la expectativa de su implementación en la jurisdicción que comprende la Capital Federal y algunos partidos de la provincia de Buenos Aires (hasta hoy, fueros penal federal y penal económico), donde se procesan casos de mayor complejidad, dificultad probatoria y múltiples protagonistas −por ejemplo, delitos contra la administración pública y económicos−, permite pronosticar un deficiente funcionamiento del servicio de justicia, en caso de ponerse en marcha el nuevo sistema sin la provisión de los recursos correspondientes”.

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Agregaron que se debe tener en cuenta que la “escasa capacidad física y de adaptación tecnológica” de los edificios de Comodoro Py 2002 y el vecino de Av. de los Inmigrantes 1950, donde funcionan los fueros federal y penal económico, y además, conviven otros juzgados, defensorías y fiscalías .

Los fiscales dijeron que hacen falta oficinas para las “unidades fiscales” diseñadas en el nuevo Código, “mesas de entradas para denuncias”, “lugares de atención al público, tanto víctimas del delito o quienes actúen como denunciantes o querellantes”, además de “recursos técnicos como equipos de computación interconectados conectados de manera segura, y con la capacidad de almacenamiento necesaria, dado que el proceso ya no será más escrito, sino todo mediante audiencias que deberán ser registradas en los respectivos videos”.

Un fiscal contó a que con el sistema en marcha en Salta y Jujuy no da abasto la capacidad de almacenamiento de los videos de las audiencias, que es el único respaldo, ya que desaparece el expediente de papel.

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“Se requerirán cajas de seguridad, equipos para realizar determinados peritajes o análisis de la prueba, trabajadores sociales, expertos en cuestiones contables y financieras”, pidieron los fiscales.

“Advertimos las necesidades edilicias, la asignación de personal y de los medios técnicos y tecnológicos”, señalaron y explicaron que hoy hay cinco personas del Poder Judicial por cada una del Ministerio Público Fiscal, lo que es un despropósito tratándose de que es un sistema donde la carga del trabajo está en las fiscalías.

“Todas estas son condiciones previas a la implementación de la novel normativa, ya que sin ellos las dificultades para el MPF para cumplir los plazos legales y lograr una respuesta rápida y eficaz se vería seriamente comprometida”, señalaron.

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El sistema penal acusatorio es un modelo que se caracteriza por la oralidad, la publicidad, la contradicción y la inmediación.

En este sistema, la fiscalía es el responsable de investigar los delitos y acusar a los responsables. La defensa tiene el derecho a contradecir la acusación y presentar pruebas en contrario. El juez, en audiencias públicas, actúa como un árbitro, garantiza la imparcialidad del proceso y dicta la sentencia.

Desaparece el expediente y hay audiencias orales y públicas para resolver cada incidencia, lo que exige la presencialidad de jueces y fiscales o auxiliares fiscales en cada audiencia y la inmediatez de las resoluciones.

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Este sistema acusatorio ya está en vigor en Salta y Jujuy desde 2019 y, este año, el Ministerio de Justicia extendió su implementación a Mendoza, Rosario, Santa Fe, General Roca, Comodoro Rivadavia y Mar del Plata. Ahora se pondrá en marcha en Comodoro Py 2002.

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A los que tenían precio ya los compraron, acá queda gente con valores

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En medio de los cortocircuitos y negociaciones con La Libertad Avanza (LLA) para alcanzar un acuerdo en territorio bonaerense, el expresidente Mauricio Macri criticó a los integrantes del PRO que se pasaron a las filas libertarias, a quienes consideró que «tenían precio» y «ya los compraron». Aunque al mismo tiempo aclaró que no se trató del «núcleo más importante de dirigentes valiosos».

«Lo que tenemos por delante es un acuerdo institucional. Nosotros vamos a poner todo lo mejor que tenemos desde el PRO y ellos tienen que poner lo mejor que tienen dentro de La Libertad Avanza. Me da la sensación de que todos los que tenían precio, ya los compraron», apuntó Macri contra aquellos dirigentes del partido amarillo que se pasaron a las filas libertarias.

Durante una actividad junto al intendente Guillermo Montenegro (General Pueyrredón) y el titular del PRO bonaerense Cristian Ritondo, el exmandatario sentenció: «Lo que hay acá no es gente con precio, es gente con valores. Lo otro es un camino que nosotros no recomendamos, pero de golpe alguno de ellos cree que puede tener algún tipo de éxito. Yo no creo que sea el núcleo más importante de dirigentes valiosos que tiene este espacio«.

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«El Presidente trabaja con su entorno y a ese entorno le delegó la posibilidad de negociar acuerdos y sumar fuerzas. Con ese entorno es que habla semanalmente Cristian (Ritondo). Veremos cuál es el resultado. Lo importante para todos los bonaerenses es que nosotros tenemos una vocación absoluta de sumar para terminar con las ideas populistas que tanto daño han hecho. En nuestro caso, cuenten con que vamos a hacer lo imposible para darles una propuesta que les genere más entusiasmo», subrayó.

En esa línea, el referente del partido amarillo se refirió a la posibilidad de concretar un acuerdo con LLA antes de que venza el plazo para la presentación de alianzas en la provincia de Buenos Aires, que será a mitad del próximo mes. «Si hay vocación y generosidad de las partes, el tiempo existe», aseveró.

«Lo importante es que pongamos un proyecto de país por arriba de todos los intereses particulares, esa es la gran diferencia ¿Discutimos un proyecto de país o un proyecto de poder? Si discutís un proyecto de poder no hay tiempo que te alcance y no vas a llegar a un acuerdo», argumentó.

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En esa línea, el exmandatario pidió «poner las buenas ideas por delante de los intereses particulares de cada uno» para llegar a los acuerdos necesarios para «tirar todos juntos del carro del progreso que hace falta para que nos sigamos teniendo jubilados cobrando la mínima ni empleados que están bajo la línea de la pobreza».

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Buscan modificar la integración de la Auditoría General de la Nación para terminar con la acefalía del organismo

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La Auditoría General de la Nación (AGN) quedó acéfala y en el Senado están dispuestos a tomar la crisis como una oportunidad para modificar el organismo que depende del Congreso y que tiene por misión controlar la ejecución del presupuesto por parte de la administración pública nacional.

A pesar de que se vencieron los mandatos de todos los auditores sin que hayan sido renovados, el jefe del bloque kirchnerista del Senado, José Mayans (Formosa), presentó un proyecto que busca ampliar de seis a ocho el número de miembros de la AGN, sumando un representante más por cada cámara legislativa, y reducir a cuatro el mandato de ocho años que tienen en la actualidad los integrantes del organismo,

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La idea es compartida a medias por el Gobierno que, a través de dos legisladores peronistas aliados del interbloque Las Provincias Unidas, Carlos Espínola (Corrientes) y Juan Carlos Romero (Salta), auspicia otra iniciativa para modificar el perfil de la AGN. En este caso, el proyecto se limita a achicar el mandato de los auditores a cuatro años, en sintonía con el texto impulsado por el kirchnerismo. Las negociaciones comenzarían después del tradicional parate legislativo de semana santa.

El colegio de auditores está conformado por siete miembros, tres de ellos designados por el Senado y e igual número por la Cámara de Diputados. El otro integrante es el presidente de la AGN, que es elegido por el principal partido opositor según los establece la Constitución Nacional. Con el cambio de Gobierno, la cabeza del organismo quedo en manos del peronista porteño Juan Manuel Olmos.

Con el final del mes de marzo vencieron los mandatos de los representantes elegidos por la Cámara alta, por lo que la AGN se quedó sin auditores. Esto es así porque quienes habían sido elegidos por Diputados abandonaron la entidad en abril del año pasado, cuando caducaron sus mandatos por la negativa del presidente de la Cámara baja, Martín Menem, a nombrar sus reemplazantes ante la imposibilidad de poner a un miembro nombrado por el oficialismo.

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Desde el bloque de Unión por la Patria aseguran que la idea tiene el visto bueno de Cristina Kirchner y que pretenden avanzar con la reforma antes de nombrar a los nuevos representantes del Senado. Le quitaron dramatismo a que la AGN hoy se encuentre sin auditores en el hecho de que aspiran a alcanzar un acuerdo con el oficialismo y sus aliados para modificar la integración.

José Mayans presentó un proyecto para ampliar la AGNHernán Zenteno

Sostienen que si avanzan con los nombramientos de los nuevos representantes los cambios en el organismo no podrán ponerse en práctica hasta dentro de ocho años, ya que asumirían con la actual ley y tendrían derechos adquiridos para hacer valer el mandato que contempla la normativa vigente.

Desde el oficialismo sólo coinciden en acotar a la mitad la duración del mandato de los auditores. Los argumentos son coincidentes con los que se escuchan en Unión por la Patria: ocho años es mucho tiempo, lo ven como un exceso, y suman a eso el hecho de que cobran sueldos superiores al de senadores y diputados que son, en definitiva, quienes los nombran.

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Sin embargo, en la Casa Rosada no estarían de acuerdo con sumar un representante más por cada cámara parlamentaria, a pesar de que con la ampliación se verían beneficiadas las terceras fuerzas legislativas, ya que la reforma abriría la puerta para que la Libertad Avanza pueda nombrar a un representante en la AGN y destrabaría una de las causas esgrimidas por Menem para bloquear el funcionamiento del organismo.

La situación de acefalía de la AGN fue motivo de discusión en la Comisión Mixta Revisora de Cuentas, cuerpo legislativo que tiene a su cargo analizar y dictaminar los informes que elabora el cuerpo de auditores, y envió antes de fin de marzo sendas notas a los presidentes de ambas cámaras, Victoria Villarruel (Senado) y Menem (Diputados), pidiéndoles que convoquen con urgencia a los jefes de bloques para definir las nuevas designaciones.

Según confiaron fuentes peronistas del Senado, la reforma que impulsa el kirchnerismo tendrían el visto bueno del diputado Miguel Pichetto, presidente de la Comisión Mixta Revisora de Cuentas.

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Por lo pronto, y en virtud de una delegación de facultades decidida ante la inminencia de la acefalía, Olmos ejercerá las facultades administrativas de la AGN hasta tanto el Congreso designe nuevos auditores y se subsane la situación de la falta de quórum necesario para que sesione el colegio de auditores.

Lo cierto es que la situación de parálisis que afronta la AGN preocupa a parte de la oposición, ya que a partir de este año están previstas varias auditorías sobre la gestión de Javier Milei, entre ellas las tan publicitadas por el Gobierno a las universidades nacionales, al haberse cumplido ya el primer año de ejercicio y de ejecución presupuestaria de su administración.

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Por la muerte del papa, la Legislatura bonaerense postergó el debate sobre la suspensión de las PASO

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La muerte del papa Francisco obligó a la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires a reprogramar el tratamiento de la suspensión de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO).

El debate, que estaba previsto para este miércoles, se trasladó para la semana próxima, mientras que en la sesión de hoy el único tema será rendir homenaje a la figura del pontífice, quien murió el lunes en Roma a los 88 años.

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El proyecto para suspender las PASO ya cuenta con la media sanción del Senado bonaerense, en una votación atravesada por internas dentro del peronismo. Pese a que el Poder Ejecutivo había impulsado una ampliación de los plazos electorales de este año, el texto aprobado en la Cámara alta dejó fuera ese pedido. La presidenta del bloque Unión por la Patria, Teresa García, justificó la decisión señalando que en años electorales “no se puede estar modificando permanentemente fechas, decretos y leyes”.

En paralelo, la Junta Electoral bonaerense volvió a solicitar por escrito a los legisladores que actualicen los plazos de la ley electoral, como había hecho antes del tratamiento en el Senado, pero nuevamente sin mayores resultados. Aun así, en la Cámara alta el proyecto fue aprobado con más de dos tercios de los votos. Más allá del rechazo de los bloques de izquierda, el oficialismo apuesta a replicar la votación del Senado la semana próxima.

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La iniciativa de suspender las PASO se destrabó luego de que Cristina Kirchner bajara la indicación al bloque peronista de acompañar el proyecto de Kicillof y desistir del condicionamiento de elecciones concurrentes. En el entorno del gobernador preocupa que no se hayan incorporado modificaciones sobre los plazos, y creen que podría complicar el cumplimiento del calendario.

Si avanza la iniciativa, como todos prevén que sucederá, en la provincia de Buenos Aires se votaría solamente dos veces este año: el 7 de septiembre a los candidatos a legisladores provinciales, y el 26 de octubre para cubrir las bancas de diputados nacionales que se renuevan el 10 de diciembre.

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Una vez que Diputados sancione la suspensión de las PASO, comenzará la etapa de negociaciones dentro del peronismo bonaerense, donde deberán acordar las listas legislativas. Los tres grandes actores serán Kicillof, Cristina Kirchner y Sergio Massa. Cada espacio designará a sus representantes técnicos para discutir la integración de las nóminas.

Con ocho secciones electorales a cubrir, la disputa principal se centrará en los lugares con reales chances de ingresar a la Legislatura, donde reside gran parte del poder político provincial. Desde el círculo del gobernador plantean que, tras reunir a más de 40 intendentes bajo el Movimiento Derecho al Futuro, Kicillof debería controlar al menos el 50% de las candidaturas. Además, otros sectores también reclamarán su espacio: gremios, movimientos sociales e intendentes esperan que la distribución sea equitativa, apuntando a un esquema de tercios.

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