También la política es una milonga de magnates, donde triunfan y claudican milongueras pretensiones. El aviso presidencial de que terminará con el cepo y su hijo putativo, el impuesto PAIS, despertó células dormidas. Ese tributo es hoy el segundo en magnitud de recaudación y vence a fin de año. Que tenga fecha de vencimiento es hoy una quimera, pero les da contexto a otros movimientos para cubrir pérdidas.

La semana que pasó, la Oficina de Presupuesto del Congreso emitió un informe sobre el costo fiscal de un proyecto para que el impuesto al cheque se coparticipe. El 100% de ese tributo tiene una afectación específica a la ANSES, mientras que el proyecto bajo estudio propone reducir esa afectación al 50%, integrando el restante 50% a la masa coparticipable.

La pelea por la coparticipación del impuesto al cheque ha sido un planteo de muchos gobernadores. El proyecto más trajinado es el que firmaron en diciembre pasado varios senadores. Entre ellos había dos que asumieron como gobernadores de sus provincias: Alberto Weretilnek e Ignacio Torres, de Río Negro y Chubut respectivamente. Son del lote de mandatarios que se oponen a una reposición lisa y llana del impuesto a los salarios, que figura en el paquete de leyes que debe dictaminar este miércoles la cámara alta.

El proyecto tuvo 45 votos sobre los 47 que necesitaba para el debate. Votaron en contra el radical Víctor Zimmerman, que había firmado la iniciativa en diciembre pasado, y la senadora Andrea Cristina, que sucedió a Torres en la banca. Zimmerman dijo que prefería un tratamiento en comisión. Cristina se disculpó.

El gobernador Torres, que representó a la Patagonia rebelde el jueves pasado ante el Papa Francisco, se enojó en aquel momento: «Esto no puede volver a pasar porque el proyecto de la coparticipación del impuesto al cheque es muy importante para Chubut”. Torres sigue pensando lo mismo.

Cuando vuelva este lunes de su viaje se enterará de que el senador Ezequiel Atauche, presidente de la Comisión de Presupuesto, es quien pidió a la OPC el informe que pone de nuevo en carrera la coparticipación del impuesto. Ese informe calcula que la modificación propuesta implicaría una pérdida de recursos para el ANSES del 0,77% del PIB en 2024.

En contraste, verían incrementados sus recursos el Tesoro Nacional (0,30% del PIB), el conjunto de las provincias (0,45% del PIB), el Fondo de ATNs (0,01% del producto) y el Poder Judicial de la Nación (0,01% del PIB). O sea, más plata para las provincias, pero también más plata para la Nación.

Coparticipar el cheque es una promesa incumplida por el gobierno anterior a los mandatarios, que debía cubrir la pérdida por la baja del impuesto a las ganancias. Era un compromiso de Sergio Massa candidato, que no pudo cumplir. Sí le cumplió Massa a Milei, apenas ganó las elecciones, al asegurar mediante una resolución de la Subsecretaría de Ingresos Públicos que el impuesto PAIS regiría hasta el fin de 2024. En los pliegos del acuerdo con el FMI, el organismo pide que ese impuesto cese el 24 de diciembre. Está cuestionado por varios países en la Organización Mundial de Comercio

Según algunos, hubo otros compromisos, como el que cerraron para que el Congreso no aprobase el presupuesto 2024. Milei asumió sin presupuesto, prorrogó el de 2023 y se liberó de las restricciones para disponer de las partidas. Es una de las herramientas que aplica para el ajustazo que le permite decir que tiene superávit fiscal.

La pirotecnia mileísta, tan atractiva para la TV que lo siguió en su periplo cordobés con más interés que a la cadena nacional, no alcanza para esconder las preocupaciones en el oficialismo y la oposición ante lo que pueda salir del Congreso en las próximas horas. Ya está dicho que el gobierno entrega todo lo que le piden con tal de que la ley de Bases y la reforma fiscal tenga dictamen este miércoles en el Senado.

El paquete es objeto de bordados legislativos de una fineza inusual. El oficialismo confía en que tendrá un dictamen de mayoría en el plenario de comisiones del miércoles. Tiene los votos justos, porque en la integración de las comisiones el lote de “Los 39” senadores no cristinistas logró tener dos votos más en su favor.

Ese armado enojó a la bancada peronista de Mayans y es el motivo de que los dos bloques que tiene en la cámara hayan decidido que no darán quórum para ninguna comisión, ni el voto favorable para ningún proyecto del oficialismo. Con esos dos votos de ventaja y alguna picardía ingeniosa el gobierno puede logar la mayoría.

Lo ayudará que Martín Lousteau, del bloque radical, haya avisado que presenta dictamen propio. Si lo hace reducirá la base de cálculo para que el gobierno tenga mayoría. Es la capacidad que tienen los legisladores o los bloques «bisagra». Son los más valiosos en un país empatado por donde se lo mire. Es lo que vale una mano alzada, aunque sea a medias.

Lousteau, funámbulo, cobra por todos lados. Se diferencia del gobierno, pero le cumple al facilitarle el dictamen –se lo debe, porque la Nación volcó fondos en universidades como la UBA o Río Tercero–. Pero lo más importante es que se convierte en el árbitro de la cámara de Senadores.

El compromiso lo tiene oficialismo y oposición este martes en Diputados. Las comisiones de Educación y Presupuesto y Hacienda tienen que tratar varios proyectos vinculados con el financiamiento de la educación que la Nación le ha retirado a las provincias. La fecha se fijó al votarse, por 152 votos, un emplazamiento en la sesión especial del martes pasado.

Fue una derrota del gobierno, que lo último que necesita es que le pongan los temas de educación en la pantalla. Este emplazamiento salió por la suma de votos de los bloques amigables y el cristinismo. Rodrigo de Loredo, jefe del bloque radical, negoció con el cristinismo el quórum para aquella sesión del martes, a cambio de que se le pusiera día y hora a lo que se discutirá este martes que viene.

El interés del peronismo, que tiene 99 bancas firmes, más las que le puede sumar la izquierda, es tener un dictamen que obligue al gobierno a reponer los dineros para mejorar los salarios de docentes de las provincias, que figuraban en el llamado FONID (Fondo de Incentivo Docente).

El gobierno cerró esa canilla apenas asumió y desde diciembre pasado no les envía una moneda. Para los gobernadores es un cañonazo, que se suma al recorte de otras partidas, y para el gobierno significaría un costo altísimo que pondría en peligro cualquier proyecto de mantener el déficit cero. Reponerlo, además, sería una derrota en la batalla cultural del oficialismo, que entiende que las asignaciones especiales del presupuesto son tóxicas y que la educación es una cuestión de las provincias.

Esos fondos vienen desde 1998, cuando el gobierno de Carlos Menem impuso, por ley, el impuesto docente que se alimentaba de los gravámenes a la venta de vehículos. Se identificaba el pago con una oblea que ya ha desaparecido. Hasta entonces, los gobiernos consideraban que la educación era una cuestión provincial.

Tanto era así, que la legendaria carpa blanca de los sindicatos docentes se instaló en la Plaza del Congreso, no en Plaza de Mayo. Significaba que el reclamo de ayuda federal era una presión sobre el Congreso y los gobernadores. Aquel impuesto fue letal para la administración de Fernando de la Rúa. Una de las primeras decisiones, apenas asumió, fue entregar a las provincias una suma que algunos calcularon en USD 400 millones para que los sindicatos levantasen la carpa.

A ese gasto, y al impuestazo de José Luis Machinea, se le atribuye que aquella administración naciera ya quebrada. Bajo diversas formas, ese impuesto fue prorrogado año a año, dentro y fuera de los presupuestos.

Rogelio Frigerio, el gobernador que más sabe de finanzas públicas, dijo: “Es poca plata con relación a otras cosas y lo menos defendible. Además, que Nación les pague a los empleados provinciales la plata que quiere y como quiere no es muy federal. A mí que me den la mía y yo la invierto como quiero”.

Frente a eso, el peronismo, justifica la injerencia nacional en estos temas con la tarea de los sindicalistas del área, como el preceptor Baradel o Hugo Yasky, diputado de UxP, sindicalista de la CTA, que tiene más horas de vuelo haciendo protestas que dando clase.

Los gobiernos no peronistas intentaron sacar a la Nación de la discusión salarial con los docentes. Bajo la gestión de Mauricio Macri, lo primero fue disolver la paritaria nacional. Pero, aun así, su gobierno no pudo eliminar esta ayuda a las provincias para mejorar los salarios de los docentes. La gestión Milei, que se inspira también en una agenda educativa que deslinde a la Nación, no renovó el FONID que ahora el peronismo busca que continúe.

Los bloques de La Libertad Avanza, el PRO, Hacemos-Pichetto y la Coalición Cívica creen que poner a la Nación de nuevo a financiar sueldos docentes provinciales no es lo mejor, aunque la necesidad exista. Dedicaron el fin de semana a discutir las condiciones para enfrentar al peronismo en el plenario del martes próximo. Esperan que los gobernadores den una señal sobre si están en condiciones de asumir los reclamos docentes, de manera que su posición contra el FONID tenga sustento federal.

Estos contactos entre diputados de los bloques amigables con los gobernadores se precipitaron el domingo, e ilustran lo que harán en la comisión. Ninguna de las bancadas tienen proyectos cerrados para esta cuestión, pero nadie está entusiasmado con darle la razón al cristinismo, que sí busca que se vuelvan a financiar sueldos docentes desde la Nación.

La UCR quedó en medio del fuego por el acuerdo que hizo su presidente de bloque, De Loredo, con el peronismo de Germán Martínez. Fue un trueque: vos me das número para el martes (pasado) y yo te voto el emplazamiento para lo que vos querés, que se reponga el FONID. Este pacto conmovió a la cámara y justificó el duelo de garrotazos que se cruzaron el diputado cordobés con el macrista Alejandro Finocchiaro.

Este acusó a De Loredo de insistir durante esa sesión en pedir el emplazamiento para temas que ya tenían fecha por parte de las comisiones. Finocchiaro preside Educación y José Luis Espert Presupuesto. Los dos habían llamado ya a las comisiones para discutir Universidades (fue el jueves pasado) y la de este martes.

La discusión fue hiriente no sólo para los dos legisladores. Finocchiaro trató a De Loredo de mentiroso y de no cumplir su palabra. «Esta es una sesión ridícula, ignominiosa, desprolija y grave», se quejó. Y mencionó el pacto con el peronismo.

Dijo así: «El verdadero objetivo del kirchnerismo, al apoyar esta sesión, no es el presupuesto universitario, sino emplazar el tema para que se trate el FONID. El FONID es un mal concepto, porque es dinero en negro, que deben pagar los gobernadores y nunca el Estado Nacional. Además, produce en las arcas del Estado Nacional, que el kirchnerismo ha dejado vacías, un déficit fiscal de entre 1 y 1,4 billones de pesos. El kirchnerismo, con este tipo de cosas, busca de modo irresponsable que este gobierno se vaya. El kirchnerismo hoy, señor presidente, está en el límite del sistema democrático».

De Loredo respondió que Finocchiaro había sido un mal ministro de Educación de Macri, y que quería la sesión de este martes porque no le cree nada al gobierno. En este punto De Loredo replica lo que hace Lousteau en el Senado: se diferencia del oficialismo, se identifica con su electorado, que se siente comprometido con la agenda educativa, en particular de las universidades.

También le da una identidad que su bloque en Diputados no tiene, porque está divido con el del Senado, donde el presidente de la UCR no vota junto al bloque de su partido. La mirada de De Loredo está fijada en su agenda cordobesa. Compite con Luis Juez por el espacio electoral de 2027. Juez está abrazado a Milei, a quien cultiva hasta en esa intimidad a la que acceden muy pocos. De Loredo tiene que hacer un movimiento mayúsculo para empardarle con algo, y el tema educación le rinde.

Los expertos en el tema ponen en duda este financiamiento nacional como un sistema efectivo. Jaime Correas, ex ministro de Educación (Director General de Escuelas) de Alfredo Cornejo en Mendoza, sostiene que «es una pésima herramienta de financiamiento, es en negro y no cambia el salario de ningún docente significativamente. Teniendo en cuenta la mala información en general del sistema, se prestó siempre para irregularidades y para mandar dinero a las provincias amigas. Un ‘dineroducto’ de plata discrecional. Cristina de Kirchner lo congeló en los últimos años de su gestión y Macri lo multiplicó por cuatro como un modo de poner dinero rápido en el bolsillo de los docentes».

Correas, que ejerció la máxima autoridad educativa en Mendoza, que además tiene uno de los sistemas mejor calificados del país, recuerda: «Oí al propio Juan Carlos Tedesco en Pizzurno decir en una mesa del Plan Decenal que había que dejar morir el FONID congelando la cifra, y trabajar el salario docente de otro modo para arreglarlo de una vez. Y que el FONID era distorsivo para eso”.

El peronismo ha sido siempre centralista. Está en su ADN y en su léxico sobre la primacía de lo nacional sobre lo federal. El no peronismo es descentralizador. Esta diferencia de fondo le da interés a la disputa de esta semana. El debate sobre si la Nación debe pagar sueldos docentes o tener paritarias en el palacio Sarmiento -sede de la Secretaría respectiva- tiene mucha andadura en los últimos años.

Los gobiernos se meten porque les da protagonismo: aparecen con soluciones a un problema transversal de todas las clases sociales y de todos los partidos. Pero huyen del asunto cuando la falta de soluciones se convierte en un pasivo irremediable. Es lo que le ocurre al actual gobierno. Es un debate que lleva más de 25 años, cuando nació el impuesto docente que inspiraron Jorge Rodríguez y Susana Decibe, ministros de Menem. Querían terminar con la carpa blanca halagando a las provincias. Era en 1998, cuando aquel gobierno buscaba la tercera reelección de Menem o, en todo caso, un triunfo de Eduardo Duhalde