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POLITICA

Los jubilados somos atacados por el gobierno y los dirigentes sindicales no nos apoyan

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«Es inadmisible que no se otorguen beneficios con el dinero que los jubilados y los trabajadores aportan todos los meses. Toda la ciudadanía debería estar rechazando esta política», expresó Nora Biaggio, quien alertó sobre el impacto de las políticas de ajuste del gobierno en los sectores más vulnerables.

Biaggio aseguró que el gobierno de Javier Milei, con el apoyo de ciertos sectores políticos, está implementando medidas que afectan gravemente a los trabajadores y jubilados, mientras los dirigentes sindicales, como los de la CGT y la CTA, no convocan a acciones masivas para enfrentar esta situación. «El futuro de los trabajadores y jubilados es completamente negro», señaló, criticando la falta de respuesta de los sindicatos ante el ajuste.

Además, lamentó la pasividad de los dirigentes sindicales que no han convocado a paros efectivos, a pesar de los despidos masivos y la pérdida de derechos adquiridos. «Los sindicatos se han convertido en clubes y no en lugares donde los trabajadores podamos decidir», aseguró.

La dirigente del Plenario de Trabajadores Jubilados también destacó la creciente brecha entre las ganancias de las grandes empresas y las penurias de los jubilados. «Arcor, Serenísima, las grandes empresas tienen superganancias, pero los jubilados no pueden vivir con la pensión mínima», manifestó Biaggio.

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Como parte de su lucha, los jubilados se movilizaron en el PAMI central de la calle Corrientes 655 y en otras delegaciones del país para exigir la restitución de medicamentos, el fin de la intervención en el PAMI y la convocatoria a elecciones en la entidad. Además, convocan a una nueva protesta el 23 de diciembre en Plaza de Mayo, donde se realizará un acto de denuncia sobre la situación de los jubilados tras un año de gobierno de Milei.

«Vamos a seguir luchando por una recomposición de las jubilaciones, por la restitución de lo que nos han robado y por la moratoria para que los trabajadores en negro puedan jubilarse», concluyó Biaggio. (www.REALPOLITIK.com.ar)

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La Justicia limitó el alcance del impuesto a la riqueza impulsado por Máximo Kirchner

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El Tribunal Fiscal de la Nación dictó un fallo que excluye ciertos bienes del cálculo del “Aporte Solidario y Extraordinario” (ASE), más conocido como “impuesto a la riqueza”. La resolución se basó en un caso en el que un contribuyente cuestionó la inclusión de un fideicomiso “irrevocable” constituido antes de la entrada en vigencia de la ley 27.605, promulgada en diciembre de 2020.

El tribunal sostuvo que los bienes transferidos a un fideicomiso irrevocable no pueden ser incluidos en la base imponible del tributo, ya que el constituyente pierde el control efectivo de los mismos. Según el fallo, la ley no distingue entre fideicomisos revocables e irrevocables, pero únicamente los bienes sobre los cuales el contribuyente conserva algún tipo de participación o control deben ser gravados.

Carlos Heller, impulsor del impuesto a la riqueza

El impuesto, impulsado por los diputados Máximo Kirchner y Carlos Heller durante la pandemia, buscaba recaudar fondos para paliar los efectos del Covid-19. Sin embargo, generó controversias desde su implementación. En 2021, el ASE recaudó menos del 60% de lo proyectado y fue criticado por desalentar inversiones, llevando a que empresarios migraran hacia jurisdicciones como Uruguay.

El demandante basó su defensa en el principio de “capacidad contributiva” y el derecho de propiedad, argumentando que el fideicomiso irrevocable fue constituido en 2019, antes de la promulgación de la ley y fuera del “período de sospecha” definido por la normativa. El tribunal rechazará la hipótesis de maniobras elusivas, favoreciendo al contribuyente y dejando sin efecto el cobro del tributo por parte del fisco.

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El fallo también resalta las contradicciones de la reglamentación del ASE, que en su artículo 3 exige incluir bienes de fideicomisos o fundaciones privadas en la declaración de los contribuyentes. Este precedente podría abrir la puerta a nuevas impugnaciones sobre el impuesto polémico que, desde su origen, estuvo en el centro del debate económico y político.

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