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POLITICA

Los objetivos que persigue Milei con la reestructuración de los servicios de inteligencia

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El Gobierno finalmente sacó a la luz el proyecto que viene elaborando desde el mismísimo día en que fueron echados el exjefe de Gabinete, Nicolás Posse, junto con el exjefe de los espías, Silvestre Sívori. La gestión de Javier Milei oficializó la creación de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) y le asignó una estructura de gran magnitud que dependerá del Presidente. La Casa Rosada pretende maximizar el potencial de los servicios con la creación de tres agencias especializadas y sumó una División de Asuntos Internos cuya misión, en los papeles, será prevenir el espionaje ilegal.

Las nuevas autoridades de la SIDE contemplarán desde la reincorporación de funcionarios retirados de los servicios hasta especialistas del mundo blockchain que hacen su primer paso en la función pública. No se descarta que una persona con experiencia en la justicia federal acceda a un puesto clave en la División de Asuntos Internos, el área crucial de la nueva estructura.

Lejos de querer quitarle músculo a los servicios, como quiso hacer el gobierno anterior, en la gestión de Milei aseguran que quieren darle más poder y mayor proyección internacional a la inteligencia argentina. De hecho, en las últimas horas, en la Casa Rosada mencionaban que en el último tiempo recibieron amenazas serias contra la seguridad del jefe de Estado –eso fue lo que meses atrás lo llevó a Milei a dejar de viajar en vuelos comerciales- y que por eso es necesario tener un seguimiento eficaz de todas las alertas, con una perspectiva geopolítica.

En el diseño de la nueva estructura, las misiones y funciones de la nueva SIDE trabajó activamente el estratega presidencial, Santiago Caputo, que en los hechos integra la cúpula del Gobierno junto a los hermanos Milei. Fue él quien eligió al nuevo titular de la secretaría, Sergio Neiffert, exsecretario privado y socio del otrora intendente de Malvinas Argentinas Jesús Cariglino. En la elaboración de la nueva estructura asesoró también el secretario de Asuntos Estratégicos de la Jefatura de Gabinete, José Luis Vila, que trabajó en la SIDE a principios de los 2000, fue funcionario de inteligencia en Washington y dejó los servicios con la llegada del kirchnerista Oscar Parrilli a la AFI.

Durante el proceso, además, habrían existido consultas informales al círculo íntimo de Antonio Stiuso, exdirector de Operaciones y exdirector de Contrainteligencia. Caputo habría mantenido más de un contacto con Lucas Nejamkis, colaborador todoterreno del exespía, para solicitarle asesoría. Tanto Stiuso como Nejamkis estaban en el exterior del país cuando fueron publicados los dos decretos en el Boletín Oficial con la creación de la nueva SIDE.

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Cuatro agencias

Las cuatro nuevas agencias dentro de la SIDE se llamarán: Servicio de Inteligencia Argentino (SIA), Agencia de Seguridad Nacional (ASN); y Agencia Federal de Ciberseguridad (AFC), todas monitoreadas por la denominada División de Asuntos Internos, que será el organismo de control de las tres anteriores.

“La división en cuatro áreas permite la eficiencia por especificación, siempre y cuando haya una buena integración. También inhibe que haya un hombre fuerte que controle todo y que pueda tener deformaciones. Impide que crezcan los servicios por fuera del control político del Gobierno”, dijo un funcionario de peso a LA NACION.

En la Casa Rosada señalan que lo más probable es que las cuatro agencias de muden del histórico sobre la calle 25 de Mayo, a metros de la sede de Gobierno. La idea todavía es incipiente: hay que buscar cuatro edificios que sean propiedad del Estado y que sean aptos en materia de seguridad para albergar a los agentes. En 25 de Mayo podría funcionar otro ministerio.

La SIA –hay quienes creen que las siglas no son casuales ya que la estructura está inspirada en la CIA de los Estados Unidos- se dedicará a la “recopilación de información estratégica alrededor del mundo” y a la “cooperación con agencias de inteligencia” internacionales “aliadas”. Allí fue nombrado Alejandro Walter Colombo, quien fue agregado de inteligencia en la embajada de Roma durante el menemismo, encargado del área internacional de la AFI durante la gestión de Mauricio Macri y fue titular del área de Relaciones Internacionales del Gobierno de la Ciudad.

En la Casa Rosada aseguran que su nombre fue arrimado por Vila, aunque se conoce que supo forzar lazos con la CIA y con el Mossad, claves para la gestión libertaria. Son vínculos que había forjado Posse -especialmente con la agencia norteamericana- y que hay que volver a reconstruir tras su salida.

Al frente de la ASN –el “FBI” local- fue nombrado Alejandro Cecati, excustodio de Macri (también fue custodio de Daniel Scioli y de Carlos Corach) y una persona con buen vínculo con Patricia Bullrich. En diciembre, la ministra de Seguridad lo había pedido como jefe de la Policía Federal cuando aceptó asumir en el gobierno libertario, pero Posse había intervenido con la designación de todas las cabezas de las fuerzas.

Dos comisiones del Senado tratarán mañana el proyecto de disolución de la ex SIDE y creación de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI)

La nueva SIDE tendrá injerencia directa sobre la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal (DNIC) que es la dependencia de inteligencia de las fuerzas de seguridad, ya que será la que autorizará su presupuesto. La DNIC es un área que, puertas adentro del Gobierno, Bullrich pidió fortalecer especialmente, dado que la considera clave en el combate contra el narcotráfico. La cúpula de la Casa Rosada no le abrió el juego a la ministra de Seguridad en el diseño de los nuevos servicios de inteligencia. Pero sí conversó con ella la designación de Cecati, de quien la ministra tiene una buena consideración.

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Al frente de la AFC –a cargo de prevenir ciberataques, al estilo de la NSA norteamericana- fue nombrado Ariel Waissbein, experto en criptografía y seguridad de la información que viene del mundo privado con experiencia en tecnología blockchain.

La clave de toda la estructura pasará por la cuarta dependencia, la División de Asuntos Internos, cuyo titular se mantiene en reserva. Según pudo saber LA NACION, no se descarta que allí sea nombrado alguien de la justicia federal. “Todavía tiene que consultarlo con su familia”, advirtió alguien al tanto del proceso.

En la Casa Rosada aseguraron: “La División de Asuntos Internos va a permitir que cualquier agente pueda denunciar que recibió una orden ilegal. Va a permitir combatir el espionaje ilegal porque ya no va a haber obediencia debida como era hasta ahora”.

De acá en más, Neiffert tendrá un complejo trabajo en materia de los recursos humanos. Los decretos que este martes publicó Milei lo facultan a “crear, integrar y poner en funcionamiento una Comisión Transitoria de Reencasillamiento del Personal Transferido” de la vieja AFI. También lo habilita a “aprobar un régimen para la incorporación de personal retirado de los organismos del Sistema de Inteligencia Nacional” con la condición de que puedan mantener sus jubilaciones o los retiros militares que gozaban esos exagentes.

Un funcionario opinó: “En el gobierno de Alberto Fernández había colapsado el sistema, se había perdido el sentido de la misión de la inteligencia nacional. En el gobierno de Macri se había perdido la confianza en la cadena de mandos. Hay que reconstruir todo desde menos diez”.

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POLITICA

Caso Seguros: por qué la causa contra Alberto Fernández por corrupción podría cambiar de juez

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El viernes a las 11 de la mañana la Cámara Federal de Apelaciones procederá al sorteo para cubrir el Juzgado Federal 11, donde se encuentra radicada la causa contra Alberto Fernández por presuntos hechos de corrupción, conocida como «Seguros». Hasta ahora, ese despacho fue subrogado por el juez Julián Ercolini, a quien el ex presidente recusó para que no continúe frente al expediente donde ya fue indagado.

El fallecido juez Claudio Bonadio era el titular del juzgado 11, cargo que, desde su muerte en 2020, el Consejo de la Magistratura aún no cubrió. Por ese motivo, es que se aplica la Ley de Subrogancias: otro magistrado cubre el despacho, percibiendo un 30% más de salario y durante un plazo de un año prorrogable por uno más.

Este viernes concluye la subrogancia que por sorteo -realizado de forma pública y con bolillero- tocó a Ercolini, luego de cuatro años cubriendo el juzgado 11 tras haber salido sorteado en dos oportunidades.

El vicepresidente de la Cámara Federal de Apelaciones, Eduardo Farah, firmó la resolución a través de la cual convoca al sorteo para cubrir el juzgado vacante.

En el juzgado federal 11 es donde está radicada la causa Seguros, y por ese motivo este viernes Ercolini podría dejar de tener la causa a cargo.

En noviembre pasado el ex Presidente fue indagado en el marco del expediente que analizó los 45 contratos que organismos estatales firmaron con Nación Seguros y en los que intermediaron 25 brokers.

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El ex Jefe de Estado está imputado por los delitos de administración fraudulenta en perjuicio del Estado y negociaciones incompatibles. Además, fueron indagados Héctor Martínez Sosa -quien se quedó con el 42% de los contratos- y su esposa, la exsecretaria presidencial María Cantero.

Al inicio de esta semana, ante el camarista Roberto Boico, Fernández reiteró su pretensión de apartar a Ercolini de la causa, por ser «un juez parcial» y que tiene la causa «para vengarse, tiene animosidad hacia mí, me quiere preso».

Boico debe resolver si hace lugar o no a este nuevo planteo de recusación. En la discusión anterior había resuelto confirmar al magistrado frente al expediente.

La novedad ahora es que si en el sorteo no sale nuevamente Ercolini, el caso de los Seguros quedaría en manos de otro juez de Comodoro Py.

En este expediente sólo quedaba pendiente una indagatoria de las 39 que se habían programado -al exdirector de Nación Seguros, Carlos Soria- y la misma se realizó este miércoles. De esta manera, sólo resta que se analicen todos los planteos formulados en cada audiencia y se resuelva la situación de los imputados: si se los procesa por los delitos atribuidos o si hay falta de mérito para sostener las imputaciones.

La causa

La primera de las piezas que se colocaron en la acusación que pesa sobre Fernández es un Decreto, el 823/2021. Fue el puntapié inicial del expediente penal que, fuera de la Casa Rosada, le valió la primera imputación por posibles hechos de corrupción.

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A criterio de los investigadores, ese decreto “vedó la posibilidad de realizar licitaciones públicas que fomenten la competencia y transparencia en torno a esas contrataciones”. Es uno de los ejes principales del expediente que instruye el juez Ercolini y sobre el cual deberá responder Fernández.

El juez responsabilizó a las 39 personas llamadas a indagatoria de “haber intervenido mancomunadamente en forma coordinada y funcional, aproximadamente entre el mes de diciembre de 2019 y el mes de diciembre de 2023, en un esquema de recaudación y distribución de fondos públicos por medio del irregular direccionamiento en la contratación e intermediación en seguros tomados por distintas reparticiones públicas en Nación Seguros”.

Para ello, varios de los nombrados, -detalló el magistrado- “con la connivencia de Alberto Fernández, habrían operado en la contratación de seguros de diversos entes estatales, y en especial a través de la intermediación de particulares y empresas entre dichos entes y la aseguradora Nación Seguros; como así también en la inclusión de empresas coaseguradoras por parte de ésta”.

Al analizar estos elementos, el juzgado sostuvo que la maniobra habría requerido de la “intervención intencional de funcionarios públicos de Nación Seguros y también de las distintas reparticiones estatales tomadoras de los seguros en cuestión”.

La maniobra que involucra más de 3.400 millones de pesos abonados por el gobierno de Alberto Fernández en concepto de comisiones a los brokers que intermediaron en los distintos contratos que el Estado firmó con Nación Seguros SA, contó con una pieza impensada: un grupo de cooperativas. Se estima que esa cifra equivaldría a más de 17 millones de dólares.

El amigo del ex presidente

Para el juzgado los intermediarios se habrían beneficiado con la percepción de importantes comisiones abonadas por Nación Seguros “como consecuencia de su designación por parte de las respectivas reparticiones públicas, a raíz del direccionamiento efectuado por los funcionarios interesados”.

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Pero se ponderó que especialmente todo redundó en beneficio de Martínez Sosa, cuya esposa María Cantero “poseía un lugar de privilegio, dado que era secretaria histórica de Alberto Fernández, luego devenida en secretaría presidencial) y sin que existieran procesos de selección alguno”.

En ese sentido la acusación sostiene que hubo un “direccionamiento indebido: las empresas y productores afines a Martínez Sosa, Castellón y Torres García pasaron a percibir más del 87% del monto abonado por Nación Seguros por las comisiones de las pólizas emitidas durante el período en que se habría desarrollado la maniobra”.

Sobre el broker amigo del ex presidente, Ercolini escribió “que a Martínez Sosa lo uniría una íntima y añeja amistad con Fernández, además de su relación con la secretaria presidencial Cantero, y habrían existido numerosos obsequios y préstamos de los miembros de la pareja para con el entonces presidente de la Nación, entre ellos dinero, joyas y el uso de inmuebles por parte de empleados de ambas partes”.

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