Mientras todavía sigue sin resolverse qué suerte correrán las dietas cuando deban liquidarse a principio de febrero y ya haya vencido el “congelamiento” votado en agosto y que rige hasta el último día de este año, la vicepresidenta Victoria Villarruel ya habría decidido que el próximo dos de enero liquidará el proporcional de la “dieta trece” que crearon los senadores en abril último y que se convertirá en una suerte de aguinaldo que percibirán los miembros de la Cámara alta por primera vez en la historia.

Según un recibo al que tuvo acceso LA NACION, el período diciembre de 2024, que los senadores tendrán depositado en sus cuentas en de enero, contempla el pago “proporcional” de la dieta trece, ya que como la resolución fue votada por los senadores en enero, no se cumplió todavía un año completo desde su vigencia. Así, en total, la semana próxima los senadores recibirán un emolumento -remuneración adicional- que roza los 7 millones de pesos.

De acuerdo al ejemplo que pudo ver este diario, el extra que percibirían los senadores alcanzaría a los $2.459.000, es decir el 50% de los 4,9 millones de pesos en que se encuentra cotizada la dieta de los legisladores desde que dispusieron “congelarla” luego de que un nuevo aumento, producto del enganche que tenían con las paritarias legislativas, generó un escándalo público motorizado desde la Casa Rosada por Javier Milei. A este monto, hay que descontarle el 35% de Ganancias y sumarle $1.8 millón en concepto de gastos de representación, que no están alcanzados por el impuesto.

Mientras tanto, el tiempo corre y en la Cámara alta ya se anticipa un nuevo escándalo cuando el mes próximo deban liquidarse las dietas. Para esa fecha, ya habrá vencido la resolución votada en agosto que desenganchó los ingresos de los legisladores de los aumentos que reciben a través de paritarias los trabajadores legislativos. La medida dejará de regir el próximo 31 del corriente, por lo que su no aplicación recién se notará en los recibos de los senadores con la liquidación del mes de enero.

Pero hasta el momento no hay una posición unificada sobre cómo interpretar el final del congelamiento. En el entorno de Villarruel hay posiciones encontradas. Hay quienes aseguran que al vencer la medida la actualización es automática, por lo que el módulo que se usa de unidad de medida para calcular las dietas pasará de un valor de 1.838 a 2.225 pesos.

En otras palabras, la dieta fijada en 2500 módulos pasará a equivaler a un monto de $5.562.500. Sobre este total deberá aplicarse un descuento del 35% por Ganancias. A eso se sumarán $ 2.225.000 pesos por gastos de representación (1000 módulos) y $ 1.112.500 por desarraigo (500 módulos). En bruto, el recibo de un senador quedaría 8,9 millones de pesos.

Villarruel no interviene

Hasta el momento, Villarruel no quiere intervenir. Sostiene que así como fueron los senadores los que se fijaron sus dietas en abril último y fueron ellos quienes aprobaron, también en el recinto, el congelamiento de agosto, deberían hacer lo mismo ahora y tomar la decisión que quieran adoptar. En otras palabras, no quiere pagar el costo por una determinación que, sostiene, la excede ya que ella no es legisladora.

El problema es que cualquier determinación debería tomarse a mediados del mes próximo, para que el sector administrativo de la Cámara pueda ponerla en práctica en la liquidación de ese período; pero es muy difícil que el Senado pueda sesionar en enero, con la mayoría de sus miembros todavía de vacaciones. A esto se suma el hecho de que ante la primera sesión que celebre la Cámara alta el kirchnerismo pedirá que jure la entrerriana Stefanía Cora, la reemplazante del excluido Edgardo Kueider.

El ingreso de la entrerriana militante de La Cámpora no es un dato menor. Si Cora se sienta en su banca antes de la sesión preparatoria de febrero, el kirchnerismo quedará en 34 legisladores, a tan sólo tres senadores de tener mayoría propia en la Cámara alta, y podría arrebatarle el control administrativo y parlamentario del Senado a Villarruel.

La situación se presenta como una encerrona para la vicepresidenta, a cuyo despacho ya han llegado rumores de que la Casa Rosada tendría un acuerdo con Cristina Kirchner para avanzar con los cargos judiciales y la ampliación de la Corte Suprema y que el paquete incluiría la posibilidad de que una persona ligada a la expresidenta se quede con el control administrativo del Senado. Sería un duro golpe político para Villarruel.

Ante esta idea de mantener el recinto cerrado todo lo posible, algunos senadores han manifestado, tanto en público como en privado, diferentes posturas que buscan encontrarle una solución al problema y evitar, así, que la Cámara alta quede en el ojo de la tormenta por un nuevo aumento de las dietas de sus integrantes.

Pero las posturas no están unificadas. El presidente provisional del Senado, el libertario Bartolomé Abdala (San Luis), manifestó su intención de mantener las dietas congeladas. “Creo que no es un momento oportuno, pensando en el esfuerzo que está haciendo nuestro gobierno en reducir el gasto público”, señaló el legislador.

En ese sentido, dijo que en la bancada oficialista “hay una premisa” para evitar el aumento, aunque no pudo precisar cuál sería el camino a seguir. “Estamos hablando y tratando de ver cuál es el mejor mecanismo, si hay una vía administrativa será resultó así y si se necesita una sesión, será llevada adelante”, aclaró Abdala.

La vía administrativa sería una resolución firmada por Villarruel que mantenga el congelamiento del valor del módulo que sirve de base para el cálculo de las dietas. Pero, hasta ahora, la vicepresidenta se manifiesta renuente a aceptar ese camino. Tal vez, una alternativa sería que los presidentes de los diferentes bloques de la Cámara alta firmen una nota aceptando prorrogar la resolución de agosto hasta que el cuerpo vuelva a reunirse en el recinto y ahí definir una nuevo mecanismo para regular el ingreso de los integrantes del Senado.

Aunque en minoría, hay legisladores que sostienen que no hace falta hacer nada. Quienes sostienen esta teoría aseguran que el espíritu de la resolución adoptada en agosto fue desenganchar para siempre las dietas del valor del módulo que se modifica con cada nueva paritaria de los empleados legislativos. Sin embargo, esta postura es la que menos adeptos reúne por el momento.