El cabo de la Gendarmería Héctor Guerrero fue citado a declarar en indagatoria el próximo 2 de septiembre, acusado de haber disparado la granada antidisturbios que impactó en la cabeza del fotógrafo Pablo Grillo y le provocó graves heridas durante una marcha de jubilados.

La citación fue dispuesta por la jueza María Servini, que además decidió realizar la reconstrucción de lo ocurrido el 12 de marzo pasado, el día del disparo frente a la plaza del Congreso. Ese peritaje estará a cargo de la Policía de la Ciudad.

La jueza le prohibió a Guerrero salir del país.

Imágenes de los medios de comunicación mostraron que el disparo del arma antidisturbios fue casi en línea recta y que la granada disparada desde donde avanzaba la Gendarmería impactó en la cabeza del fotógrafo, que estaba agachado haciendo una toma.

Pero según el Gobierno, no hubo nada irregular en la actuación de los gendarmes. Horas después del hecho, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, dijo que se arrojó el proyectil “como dicen los manuales” e hizo un gesto como si el disparo hubiera sido a 45 grados, tal como se enseña de que debe ser.

La lesión dejó a Grillo -que trabaja como freelance– en grave estado. Estuvo internado durante casi tres meses en el hospital Ramos Mejía. De ese tiempo, pasó 55 días en terapia intensiva debido a las múltiples fracturas de cráneo y a la pérdida de masa encefálica que le generó el disparo.

El 3 de junio de 2025 fue dado de alta y trasladado al Hospital de Rehabilitación Manuel Rocca, donde continúa su recuperación.

Servini relató que la hipótesis es que el proyectil que provocó las lesiones sufridas por Grillo provino “del personal de la Gendarmería Nacional Argentina que se hallaba ubicado en la intersección de la avenida Yrigoyen y la calle Solís, más precisamente del cabo primero Jesús Héctor Guerrero”.

El escrito de la jueza dispone “la realización de una pericia de estilo a los fines de reconstruir el disparo que hirió de gravedad a Pablo Grillo el día 12 de marzo del año en curso, la cual será encomendada a la División Balística de la Policía de la Ciudad, dependencia que deberá designar los peritos/personal que llevarán a cabo tal peritaje y solicitar la colaboración a la División de dicha fuerza de seguridad que estime necesaria”.

Se pretende determinar la trayectoria del proyectil que impactó en la cabeza de Pablo Grillo desde su origen hasta el punto de impacto, su velocidad, la posición en la que se hallaba el arma al momento de efectuarse el disparo y el ángulo de salida del proyectil.

Se busca determinar si el proyectil impactó previo a herir a Grillo sobre otra superficie -como argumentó la ministra Bullrich- o no, y de haber sucedido, si aquella circunstancia le hizo perder o ganar velocidad o desviarse.

Además, el estudio pretende reconstruir la ubicación del fotógrafo al momento de recibir el impacto del proyectil y la del gendarme en ocasión de efectuar el disparo.

La querella aportó un análisis fotográfico de la secuencia del disparo que se realizó con la recopilación de material audiovisual de diversas fuentes. También, una reconstrucción por parte de los peritos científicos Rodolfo Guillermo Pregliasco y Martín Onetto, y el cineasta Alejo Fraile.

Ese estudio, presentado por los acusadores particulares, concluye que el disparo de la granada que impactó en la cabeza de Grillo fue “realizado de manera irregular, es decir con un ángulo de tiro horizontal”, en dirección al fotógrafo y sin que hubiera ningún rebote.

Según el informe, “no se trató de un incidente anómalo o extraordinario”, ya que las imágenes tomadas ese día mostraron muchos disparos por parte de distintos efectivos con idéntica modalidad.

En esta causa, a instancias del fiscal Eduardo Taiano, Servini pidió que el Ministerio de Seguridad le envíe “todas las actuaciones labradas a raíz del operativo desplegado por las fuerzas el día 12 de marzo” y todo el “marco normativo” que aplica al caso, como “protocolos y reglamentos”, además de la orden para poner en marcha el operativo.

Asimismo, solicitó que se especifiquen el tipo de “armamento no letal” que se utilizó ese día y las respectivas “guías de actuación” que regulan su manejo.

La granada que golpeó a Grillo, un instrumento diseñado para dispersar a los manifestantes, debió haberse lanzado de tal manera que su trayectoria dibuje una parábola pronunciada.

La denuncia que guía la investigación sobre los hechos es una de las dos que activó la Procuvin (Procuraduría de Violencia Institucional). Junto a ella tramitan otras actuaciones, como la denuncia que hizo la familia de Grillo.

El Congreso comunicó hoy al Poder Ejecutivo las tres leyes sancionadas en la sesión autoconvocada del Senado del pasado 10 de julio, iniciativas que el presidente Javier Milei prometió vetar aún antes de que fueran tratadas por las Cámara de Diputados.

El proceso se demoró once días, la mayoría de los cuales el expediente permaneció demorado hasta esta mañana en el despacho del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, en respuesta a un pedido del Gobierno para que el trámite legislativo se retrasara todo lo posible.

Se trata de las leyes que otorgan un incremento excepcional del 7% en las jubilaciones (Ley 27791), que prorroga por dos años la moratoria previsional que venció en marzo último (27792) y la declaración de emergencia en materia de asistencia pública a las personas con discapacidad (27793).

Ahora, la pelota está en el campo del Poder Ejecutivo, que deberá decidir el camino a seguir. Milei anticipó que las iba a vetar, pero el Gobierno también anunció que pensaba judicializar la sesión del Senado por considerarla inválida, ya que se concretó sin que mediara una convocatoria oficial de la presidenta del Senado, la vicepresidenta Victoria Villarruel.

La comunicación al Poder Ejecutivo se demoró once días como consecuencia de la demora de ambas cámaras en agilizar el trámite legislativo que corresponde ante la sanción de una ley y que contempla la firma de los presidentes de ambas cámaras parlamentarias antes de que el Senado, que además es la que le pone el número a las normas, pueda enviarlas al Gobierno.

La vicepresidenta remitió a Diputados las tres leyes el martes de la semana pasada.

Menem devolvió los expedientes recién en la mañana de este lunes, tras lo cual el Senado procedió a comunicárselo al Poder Ejecutivo.

Las leyes fueron sancionadas el jueves 10 de julio pasado en una sesión tan inédita como polémica, ya que fue celebrada a partir de una autoconvocatoria de los senadores impulsada por el kirchnerismo, pero también avalada por la mayoría de los gobernadores provinciales, enfrentados con la Casa Rosada ante la negativa de la administración libertaria a brindarles recursos.

De hecho, en la sesión también se aprobaron dos proyectos impulsados por los mandatarios que buscan coparticipar recursos que las provincias consideran propios y que, sostienen, el Poder Ejecutivo les viene retaceando con el objetivo de cumplir con su política de superávit fiscal.

Se trata de los Aportes del Tesoro Nacional y de lo recaudado por diversos fondos fiduciarios con asignación específica, como obras para vialidad y para subsidiar el transporte, entre otros. Las iniciativas fueron giradas a la Cámara de Diputados para su tratamiento.

La dura derrota legislativa del Gobierno se completó con la insistencia del Senado en la ley, vetada por Milei, que declara la emergencia en Bahía Blanca y otras localidades aledañas, destinando $200.000 millones para obras de recuperación de las zonas afectadas por la inundación de marzo último. En este caso, para que la norma quede firme la Cámara baja debería revalidarla con el apoyo de los dos tercios de los presentes.