POLITICA
Lousteau y Abad llegan a un acuerdo para cogobernar la UCR en la provincia
LA PLATA.-Martín Lousteau y Maximiliano Abad llegaron a un acuerdo para cogobernar la UCR en Buenos Aires, tras meses de disputas internas y judiciales.
El acuerdo pone la mira en la estrategia del partido para las elecciones 2025: en particular, la postura que tendrá la UCR ante una eventual alianza entre PRO- La Libertad Avanza, que se presenta como probable en la provincia.
Los dos sectores radicales ya tienen invitaciones para sumarse a la alianza que buscan cerrar Cristina Ritondo y Sebastián Pareja, para ir en un frente en común para enfrentar a Axel Kicillof.
De todas formas, la resolución, que involucra a las 27 intendencias que gobierna la UCR, deberá ser consensuada entre los distintos sectores del radicalismo.
El anuncio del cogobierno se hizo este viernes mientras transcurría el Foro de Intendentes Radicales, que se realizó en Tandil para unificar su estrategia electoral. Esa postura luego se llevará a Convención de la provincia.
Los alcaldes pidieron participar en el organismo de co-gobierno y representación directa de las decisiones sobre alianzas.
De este modo, de cara al futuro, las autoridades de las dos listas que compitieron en las elecciones internas de la Unión Cívica Radical (UCR) de la provincia de Buenos Aires hicieron una tregua en la disputa judicial que los enfrentó tras las elecciones partidarias del 6 de octubre de 2024.
No es sólo una apuesta la unidad, pese a las diferencias. También se trata de conservar y poner en valor el poder territorial dado que el radicalismo es el segundo partido con mayor representación en los 135 municipios de la provincia. Sólo superado por UP con 88. Muy por encima de PRO que gobierna en 14 municipios y de LLA que administra tres comunas, al igual que el vecinalismo.
El acuerdo se selló con la participación del Comité Nacional, encabezado por Martín Lousteau, y el Comité Provincia, liderado por Maximiliano Abad, se estableció un esquema de conducción compartida y equitativa que se mantendrá vigente hasta que se resuelva la elección partidaria en la justicia, con un plazo máximo fijado para el 31 de octubre de 2025.
El acuerdo, firmado este viernes, prevé la creación de un Comité de Contingencia y una Convención de Contingencia, cada uno compuesto por diez miembros, distribuidos de manera igualitaria: cinco representantes de Unidad Radical y cinco de Futuro Radical.
El Comité de Contingencia será presidido por Miguel Fernández, mientras que la Convención de Contingencia será presidida por Pablo Domenichini, es decir dos de los sectores que se enfrentaron en las urnas, en una elección que se judicializó sin resolución definitiva.
Esta estructura compartida se mantendrá hasta que la Justicia se expida definitivamente sobre el resultado de las elecciones internas, garantizando así la estabilidad y el respeto a las instituciones partidarias. De esta forma, los espacios tendrán, a través de la representación de apoderados, la responsabilidad de acordar las definiciones del partido en términos electorales para 2025
“Tenemos la oportunidad de construir juntos un partido más fuerte”, afirmó Pablo Domenichini, del sector de Lousteau, quien destacó la importancia de mantener la unidad del partido en este contexto.
En tanto, Miguel Fernández, aliado a Abad, aseguró que “este acuerdo nos sirve para dejar de lado las diferencias. La importante cantidad de intendentes, legisladores, dirigentes y militantes que acompañaron nuestra propuesta en la elección de octubre nos pedían un esfuerzo para tratar de solucionar esta situación”.
Parte de la interna fue, justamente, porque el sector de Abad estuvo más proclive a acordar junto con el PRO con LLA. En cambio, el otro sector buscó mantener una identidad autónoma. O re crear Juntos por el Cambio como una opción de centro. La unidad anunciada hoy supone que ninguna de las partes se pueda “llevar” el sello a una alianza sin consenso mayoritario.
POLITICA
Una funcionaria clave de Donald Trump llegará este domingo a Argentina para reunirse con Javier Milei y Patricia Bullrich
Este domingo llegará a Argentina Kristi Noem, la secretaria del Homeland Security, el departamento de Seguridad de Estados Unidos. Clave en la administración de Donald Trump, la funcionaria norteamericana tiene previsto reunirse con el presidente Javier Milei y con la Ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.
Noem es quien encabeza la lucha contra los inmigrantes irregulares en su país y está a cargo de la detección y deportación de los mismos, que es uno de los principales pilares de la gestión Trump y es ejecutado por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza.
En sus redes sociales, la funcionaria destaca de manera constante su lucha contra la inmigración ilegal. De hecho, en su cuenta de X tiene fijada una publicación de mediados de febrero de este año en la que anuncia «una campaña publicitaria multimillonaria a nivel nacional e internacional que advierte a los inmigrantes indocumentados» para que abandonen su país de inmediato, “o se enfrentarán a la deportación y la imposibilidad de regresar a Estados Unidos”.
“Esto sirve como una fuerte advertencia a los inmigrantes indocumentados criminales para que no vengan a Estados Unidos. Si lo hacen, serán perseguidos y deportados. Gracias, Donald Trump, por asegurar nuestra frontera y poner a Estados Unidos primero”, concluye aquel mensaje de la responsable de la seguridad interior del gigante norteamericano.
Según trascendió, Noem estará en Argentina desde el domingo 27 de julio hasta el martes 29.
No solo se reunirá con Milei, a quien conoció cuando el Presidente viajó a recibir un premio en Mar-a-Lago, sino que también lo hará con Patricia Bullrich, quien tenía planeado ir este año a verla a Estados Unidos, pero debió cancelar su plan por la muerte del papa Francisco y el viaje de la comitiva presidencial para despedir al Pontífice en El Vaticano.
La ministra argentina intentará ponerse al tanto de los detalles de las distintas políticas implementadas por su par estadounidense, sobre todo en lo que tiene que ver con los controles fronterizos, preocupación que comparten ambas administraciones.
Kristi Noem fue congresista republicana, lideró la Legislatura de Dakota del Sur entre 2007 y 2011, tuvo un paso por la Cámara de Representantes entre 2011 y 2019 y ese año asumió como gobernadora del estado de Dakota del Sur. El 25 de enero de este año asumió su cargo al frente del Homeland Security con mano dura, especialmente sobre los inmigrantes.
Este año, Argentina recibió las visitas de varios funcionarios del gobierno de Donald Trump. En abril, estuvieron en estas tierras el secretario del Tesoro, Scott Bessent, y el jefe del Comando Sur de los Estados Unidos (SOUTHCOM), Alvin Holsey. Al mes siguiente, arribó también el secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr.
El futuro embajador de EEUU en Argentina dijo que buscará limitar la presencia de China y elogió a Milei
Peter Lamelas, designado por Donald Trump como próximo embajador de Estados Unidos en Argentina, presentó su nominación este martes ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado estadounidense. En su discurso de presentación, marcó algunas de las que serán sus principales tareas en el país, enfatizando la limitación de la presencia de China, Irán, Nicaragua y Venezuela, a quienes identificó como actores que buscan socavar los valores democráticos.
“De ser confirmado, me mantendré firme contra la influencia maligna de potencias adversarias en la región, ya sean actores ambiciosos o regímenes autoritarios como Cuba, Venezuela, Nicaragua, China, Irán y otros que buscan socavar los valores democráticos. Creo que nuestra relación entre Estados Unidos y Argentina será un ejemplo brillante para el resto de Latinoamérica”, marcó Lamelas.
En su discurso, el próximo embajador resaltó que Estados Unidos observa con atención la proyección de China en América Latina, particularmente en sectores estratégicos como energía, tecnología y recursos minerales.
Así, señaló que una de sus funciones como embajador será contrarrestar la presencia del Partido Comunista Chino (PCCh), procurando que las inversiones y los intercambios económicos beneficien en primer lugar a empresas estadounidenses y se limiten las alianzas con aquellos actores que no comparten los principios occidentales.
En uno de los segmentos de su disertación, Lamelas confió que Trump le solicitó “que trabajara con su amigo Javier para construir una relación aún más sólida» entre ambos países.
“Juntos alcanzaremos una grandeza sin precedentes”, agregó, marcando que Estados Unidos “puede aprender mucho de Milei” y de sus tareas “para sacar adelante a su país”.
Asylum / Immigration / Refugees,North America,Government / Politics,OCHOPEE
POLITICA
Federico Sturzenegger dijo que trabaja para reformar la Justicia: “El sistema judicial es el último reducto de la casta”
En su paso por La Rural, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, dijo que trabaja para reformar la Justicia. “El sistema judicial es el último reducto de la casta”, afirmó. El ministro relató: “Estoy estudiando qué ha hecho la Revolución Francesa con el sistema judicial”. Advirtió, no obstante, que no planea aplicar “todos los métodos de la revolución francesa”.
En las últimas horas, sus dichos encendieron las alarmas de constitucionalistas y entidades del mundo del derecho.
Sturzenegger criticó a la Justicia el miércoles, en una exposición en la que cuestionó una medida cautelar que frenó un decreto que desregulaba el cabotaje marítimo. Fuentes del Ministerio de Desregulación se negaron hoy a precisar si Sturzenegger tiene en carpeta un proyecto concreto de reforma de la Justicia, pero ratificaron que está estudiando la Revolución Francesa.
Consultado por por las declaraciones del ministro, el presidente de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, Andrés Basso, afirmó “que el rol constitucional que tiene el Poder Judicial en un sistema republicano de gobierno, como el que nos rige, es justamente actuar como contrapeso de los otros poderes del Estado”.
“Se trata de un sistema democrático de frenos y contrapesos que tiene como finalidad evitar la concentración excesiva de poder en un solo órgano. Esa división de poderes resulta esencial en un Estado de Derecho”, agregó.
“Ante decisiones judiciales que no se compartan, las mismas deben ser recurridas por los mecanismos y formas establecidas en la normativa vigente”, advirtió el magistrado.
El constitucionalista Pedro Caminos fue uno de los primeros en reaccionar a las declaraciones de Sturzenegger. En su cuenta de X, afirmó: “[Sturzenegger] Está a media cuadra de mandar un proyecto de ‘democratización de la justicia’ al Congreso”.
El plan de “democratización de la Justicia” fue un paquete de reformas que impulsó el kirchnerismo en 2013, que en gran medida fueron declaradas inconstitucionales. Una de las iniciativas consistía en limitar las medidas cautelares contra el Estado.
“La referencia del ministro a la Revolución Francesa en el contexto de su crítica al Poder Judicial es, como mínimo, ambigua y preocupante”, dijo la jueza María Eugenia Chapero, presidenta Red de Mujeres por la Justicia, en diálogo con .
“Es cierto que la Revolución trajo valores fundamentales como la igualdad ante la ley, el acceso a una justicia laica y la eliminación de privilegios estamentales. Pero también sabemos que durante el período del Terror, ese mismo proceso derivó en un colapso del debido proceso y en el uso de la justicia como herramienta de persecución política. No todo lo que vino con la Revolución fue justicia”, advirtió la jueza.
Sturzenegger criticó puntualmente el fallo de la jueza del Trabajo Viviana Dobarro, que le provocó un nuevo revés judicial al Gobierno al suspender los efectos de una docena de artículos del decreto de necesidad y urgencia 340/2025, una norma firmada en mayo por el presidente Javier Milei y su gabinete que reformaba el cabotaje marítimo, permitiendo el uso de barcos extranjeros y tripulación extranjera en aguas argentinas.
“Nos pusieron una cautelar que paró la reforma, impulsada por la única empresa que había quedado haciendo cabotaje. Lograron básicamente pararnos, por ahora”, desafió el ministro.
En ese marco, reflexionó: “El sistema judicial es interesante. Resulta ser el último reducto de la casta. Ósea vos tenés privilegios que vas sacando. A veces los sacás con un decreto simple, no estoy hablando de un DNU. Y el sector privado se siente afectado en su derecho entonces va, listo, pide una cautelar y saca una cautelar”.
“Por eso estoy estudiando qué ha hecho la Revolución Francesa con el sistema judicial. Porque imagínense que la Revolución Francesa cuando llegó tenían un sistema judicial que a los nobles los trataba diferente [que] a la gente común”, dijo, y sumó con ironía: “Vamos a ver de avanzar sin usar todos los métodos de la revolución francesa”.
“No sé a qué se refería el ministro Sturzenegger”, afirmó el constitucionalista Sebastián Guidi. “Si quiso hacer un chiste acerca de decapitar jueces, desde ya me parece de mal gusto”, agregó.
“Asumo, sin ironía, que el ministro no podía estar refiriéndose al periodo conocido como ‘el Terror’, donde se instauró un ‘tribunal revolucionario’, sino a la filosofía jurídica de la revolución francesa: la ley la tiene que hacer el pueblo, a través de la asamblea, y los jueces tienen que ser ‘la boca que habla las palabras de la ley’. Los jueces no pueden gobernar”, dijo.
“Esa idea sigue dando vueltas hoy y muchos objetan que la Justicia obstaculice decisiones del Congreso, ya que éstas tienen una mayor legitimidad democrática por ser producto de la deliberación del órgano que representa a la voluntad popular. Lo paradójico es que, en este caso, se trataba de un DNU”, completó Guidi.
340/2025,Conforme a
POLITICA
Diputados: el acuerdo entre el PRO y el Gobierno en PBA redefine el apoyo al veto a la emergencia para Bahía Blanca
La ciudad de Bahía Blanca sigue adelante en el proceso de reconstrucción luego de la catástrofe que sufrió por las inundaciones. Y puede que ese proceso le cueste más.
El acuerdo entre La Libertad Avanza y el PRO para las elecciones en la provincia de Buenos Aires cambiará el equilibrio de fuerzas dentro de la Cámara de Diputados de cara a la vuelta a la discusión de los vetos presidenciales. Y el primero de ellos será la ley de emergencia para la ciudad del sur de la provincia de Buenos Aires.
La ley que vetó el presidente Javier Milei que establece una ayuda de 200.000 millones de pesos para Bahía Blanca y que además dirigía partidas a la localidad de Coronel Rosales, ya tiene media sanción en el proceso de insistencia del Senado de la Nación y será uno de los primeros temas a resolver en agosto cuando vuelva el período de sesiones ordinarias en Diputados.
La ley se aprobó en Diputados por 153 votos a favor, 32 en contra -en su gran mayoría libertarios- y hubo 71 ausentes. Pero en esos votos positivos hubo 15 que aportó el bloque del PRO, 19 ausentes y hubo un solo voto del bloque en contra.
Entre los que votaron a favor están Cristian Ritondo y Diego Santilli, los dos que llevaron adelante las negociaciones con Karina Milei para el acuerdo bonaerense. También votaron de manera afirmativa Martín Ardohain, Héctor Baldassi, Gabriela Besana, María Florencia De Sensi, Alejandro Finocchiaro, Silvana Giudici, Martín Maqueyra, Gerardo Milman, Javier Sánchez Wrba, María Sotolano, Patricia Vasquez, María Eugenia Vidal y Martín Yeza.
Pero ahora empieza la campaña y hay un acuerdo electoral. Tres fuentes del bloque amarillo confirmaron que, a pesar de haber acompañado originalmente al proyecto de ley, ahora irán en sentido contrario y apoyarán el veto presidencial.
Esto quedó esclarecido por parte del presidente del bloque, Cristian Ritondo, quien dijo en una entrevista al canal de streaming Carajo señaló que “no sé si nosotros tenemos que obligar cómo tiene que gastar el Ejecutivo. El Gobierno va a aclarar cuánto viene gastando, pero nosotros no le vamos a decir cómo lo tiene que gastar”.
Ritondo no fue el único que señaló que ahora acompañarán el veto presidencial. Milman, Giudici, Finocchiaro, Yeza; son algunos de los que ya avisaron que irán en sentido contrario a su voto original.
“No se habló internamente” señaló una de las fuentes consultadas que acompañará el veto. Pero la misma fuente dijo que “sería ilógico votar la insistencia después del acuerdo electoral, por eso por lo menos entre 10 y 12 de los 15 cambiarán su voto”.
El acuerdo se puede extender a las listas para las elecciones nacionales. Así lo hacen saber varios dirigentes del PRO y de LLA y esto también impacta en ese grupo de 15 diputados amarillos. De ese total, 8 terminan su mandato el 10 de diciembre.
Esto cambia la relación de fuerzas dentro del recinto a la hora de insistir con la norma, ya que la oposición necesita reunir los dos tercios de los presentes para poder aprobarlo. En la votación original sumó 153 con los 15 del PRO que ahora no los tiene, por lo que necesita recuperar parte de los 71 ausentes, de los que 19 fueron amarillos. Entre los 52 restantes necesita tener 46 votos favorables -si es que todos están presentes- para lograr la aprobación de la insistencia.
“Nosotros no tenemos seguro los 87 para bloquear la insistencia pero no estamos lejos, tenemos alrededor de 80″, explicó un hombre fuerte del bloque libertario en la Cámara Baja. “Ellos -por la oposición- están mucho más lejos que nosotros para conseguir los dos tercios por lo que no creo que se arriesguen a ir al recinto con este tema”, agregó.
Según el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, en su último informe de gestión, de los $ 200.000 millones que había destinado el Ejecutivo nacional solo se ejecutó la mitad y estuvieron destinados únicamente a las familias afectadas y no al recupero de la infraestructura.
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