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POLITICA

Macri volvió a señalar a Karina y denunció que el gobierno de Milei no mejoró en el ranking de corrupción

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En plena campaña de las elecciones porteñas que tendrán lugar este 18 de mayo, el expresidente Mauricio Macri volvió a señalar a la secretaria general de la presidencia, Karina Milei, por la falta de acuerdo electoral entre Pro y La Libertad Avanza. Además, denunció que el gobierno de Javier Milei “no subió ni un sólo lugar en el ranking” de Percepción de la Corrupción.

Al ser consultado sobre por qué LLA y Pro no llegaron a una alianza para los comicios de la ciudad de Buenos Aires -distrito gobernado por el partido amarillo desde hace 17 años- el extitular del Ejecutivo apuntó, como en varias ocasiones, contra la hermana del Presidente: “Es por una decisión de Karina. No hay otra explicación. Tuvimos la generosidad inédita en la historia argentina de haber bancado los trapos en 2023 ayudando a fiscalizar, bancando en 2024 cada vez que estaban al borde de la hiperinflación, ¿cómo no vamos a tener la generosidad de ir juntos?“.

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En ese contexto, aseguró que desde “el día uno” Pro estaba dispuesto a entablar alianzas en los distintos distritos. “Queremos ayudar a sacar el país adelante. No creíamos que era una prioridad [para LLA] pelear en la Ciudad. Hay muchos lugares para trabajar y pusieron la energía donde no hacía falta. Reflexionemos sobre lo que pasa cuando uno no cuida lo que tiene”, marcó Macri en una entrevista para El Observador, acompañado por su candidata para las elecciones porteñas, Silvia Lospennato.

Fue tras eso que achacó al Gobierno por estancarse en el Índice de Percepción de la Corrupción, un ranking internacional que mide el nivel de corrupción en cada sector del Estado. “Todas las cosas que hicimos estos años han sido con transparencia. Tomamos la presidencia [en 2015] y subimos en el ranking de libertad y transparencia. Con Alberto Fernández (2019-2023) cayó y hoy gobiernan hace un año y no subieron ni un lugar. Empiecen a barrer por casa», aseveró el expresidente.

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POLITICA

El Gobierno se reunirá con la UTA y empresarios del transporte para desactivar el paro de colectivos

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El Gobierno volverá a reunirse este lunes 5 de mayo con la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y las cámaras patronales de transporte público urbano en el marco de una nueva audiencia con la mira puesta en destrabar el conflicto salarial y evitar así el paro de colectivos en el AMBA anunciado para el martes 6 de mayo.

La nueva instancia de negociación será encabezada por la Secretaría de Trabajo, y se produce en medio de los cambios en la cartera de Transporte. Este jueves, el Ejecutivo desplazó a Franco Mogetta como titular, y en su lugar puso a Luis Pierrini.

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El Gobierno desplazó a Franco Mogetta de la Secretaría de Transporte

La última reunión entre las partes gremial, empresarial y gubernamental tuvo lugar el 30 de abril pasado y pasó a un cuarto intermedio debido a la falta de avances. En ese punto fue cuando la UTA lanzó la medida de fuerza.

Posturas divergentes

Desde la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (Aaeta) aseguraron que quieren evitar cualquier tipo de conflicto y que, en ese sentido, el ofrecimiento de aumento salarial es del 6% para el periodo febrero-junio más sumas no remunerativas.

El presidente de la patronal, Luciano Fusaro, dijo que el gremio UTA quiere un ajuste por inflación desde enero: “Hoy, el salario es de $1,2 millones. Con lo cual si agregamos un ajuste por IPC excede las posibilidades económicas de las empresas“.

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La UTA anunció un paro nacional de colectivos por 24 horas

Desde el gremio que conduce Roberto Fernández rechazaron esos argumentos: “Es absurdo seguir escuchando propuestas que avasallan nuestra dignidad y sin precedente alguno. ¿Adonde pretenden ir? Ofrecer una reestructuración salarial de seis meses a pagar en tres meses para adelante, sin tan siquiera llegar al 1% mensual”.

Frente a la postura de la cámara empresarial, el sindicato que nuclea a los choferes quiere elevar el salario básico de $1.200.000 actuales a $1.700.000.

Reunión clave el lunes

Este lunes, el Gobierno se volverá a reunir con UTA Y Aecda con el objetivo de alcanzar un acuerdo y evitar el paro de colectivos. El encuentro tendrá lugar desde las 14 y se hará por videoconferencia.

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Colectivos,Gobierno,Paro de colectivos,UTA

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POLITICA

Se multiplican las denuncias por los manejos de los fondos del PAMI en delegaciones del país

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POSADAS. El abogado Adrián Nuñez, titular de La Libertad Avanza en Misiones, fue denunciado este viernes ante la Justicia Federal, acusado de pedirle a funcionarios políticos de las delegaciones de PAMI y ANSES, aportes del 10% de su sueldo para supuestamente financiar la actividad partidaria.

La denuncia en Misiones se suma a otras acusaciones en delegaciones del PAMI en Santa Cruz, La Pampa y Chaco, en torno a supuestos desvíos de fondos para fines políticos o licitaciones cuestionadas.

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El jueves, como reveló , la obra social de los jubilados anunció que iniciará una investigación interna sobre las compras y contrataciones de las delegaciones. Un comunicado del organismo advirtió que se tomarán medidas para que las oficinas de PAMI en las provincias dejen de ser “una caja negra al servicio de la política”.

En Misiones, el productor agropecuario y afiliado libertario, Samuel Doichelle, presentó este viernes en la fiscalía federal de Posadas la denuncia a título personal.

“Queremos que Nuñez renuncie como presidente de La Libertad Avanza”, dijo a LA NACIÓN Doichelle, quien junto a otros simpatizantes y afiliados, vienen reclamándole al jefe del partido local lugares en las listas. Además lo acusan de tener una postura complaciente con el oficialismo provincial, el espacio que gobierna Misiones desde hace casi 25 años: el Frente Renovador de la Concordia.

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Las pruebas presentadas por Doichelle incluyen capturas de pantalla de chats donde Mario Pérez Miranda, quien se presentaba como secretario de Nuñez, les solicitaba los aportes a una cuenta bancaria común. También mostró algunos comprobantes de transferencias.

Pérez Miranda, además, presentó algunas actas internas donde los damnificados le pidieron a Nuñez que dejara de exigir esos aportes partidarios. Los pagos se llegaron a realizar durante al menos 2 o 3 meses, según pudo saber . Para Nuñez, fue “un malentendido entre privados”.

“En marzo tuvimos una reunión junto a algunos afiliados de LLA para conversar en torno a un suceso que estaba generando malestar; durante la jornada dialogamos dimos cierre a la misma reafirmando que se trató de un malentendido entre privados”, le dijo Nuñez a LA NACIÓN.

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“Aún así, el partido dio intervención al Tribunal de Disciplina para que evaluara las conductas de los afiliados y la investigación se encuentra en curso”, agregó.

Adrián Nuñez, de LLA de Misiones

LA NACIÓN se contactó también con Pérez Miranda, quien se excusó de hacer comentarios. “Cuando me decida hablar sobre el tema, lo voy a hacer”, afirmó.

Otras figuras denunciadas por Doichelle incluyen a la secretaria del partido y titular de la oficina de la Anses Eldorado, Nelli Guerrero; Samantha Steckler, directora del PAMI-Posadas y Cristian Sanabria, otro miembro de la conducción de LLA en la tierra colorada.

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En una carta interna a las autoridades del partido a la que accedió LA NACIÓN, un grupo de afiliados que ya estaban enfrentados a Nuñez exigieron que se dejara de reclamar los pagos.

Una nota interna de los funcionarios de PAMI y Anses, a los que se les exigía el aporte del 10% de su sueldo. Ya en febrero, reclamaban que se dejara sin efecto esa práctica.

El 8 de junio serán las elecciones provinciales donde se renovará la mitad de la Cámara de Diputados de Misiones. Será el primer comicio desde la irrupción de Javier Milei con sus sorprendente triunfo en las PASO de 2023, con candidatos libertarios “puros”.

En Misiones, Milei ganó en las PASO, en las generales del 22 de octubre y en la segunda vuelta del 13 de noviembre, todo sin poner un pie en la provincia ni llevar un solo candidato propio a legislador.

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Desde ese entonces, el oficialismo misionero busca la forma de neutralizar o dividir a esta fuerza que sorprendió a todos y estaba oculta para los analistas y estrategas.

Adrián Nuñez, el elegido por Karina Milei para armar LLA en Misiones, donde el actual Presidente arrasó en las 3 elecciones de 2023, sin poner un pie ni tener un candidato.

Ese apoyo libertario podría disputarle el poder por primera vez en más de 20 años a la Renovación, cuya pata fundamental para imponerse en las elecciones es fragmentar y dividir a una oposición que nunca articula una alternativa potente.

Nuñez llegó a ser ungido en persona por Karina Milei y Adrián Menem en una visita a Posadas el 28 de diciembre pasado. Pero el vínculo fuerte de Nuñez con los libertarios es a través de Lule Menem, según dicen allegados a La Libertad Avanza.

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Según consultas que realizó , el aporte de empleados que fueron designados políticamente en oficinas de reparticiones nacionales como Anses o PAMI, no es nuevo.

Algunos defienden esta práctica y explican que es una forma de financiar a la actividad política de un espacio, y el pedido se hace solamente a esos funcionarios que fueron designados por su filiación partidaria.

La Pampa

Otro de los capítulos de esta saga se dio en la provincia de La Pampa, en donde la Libertad Avanza está quebrada internamente en al menos tres facciones.

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Una apoderada del partido en la provincia, Victoria Rambud, que calificó la interna libertaria de “cachivache”, acusó públicamente a un vocal libertario, Julio Jamad, de recaudar en su cuenta bancaria personal un porcentaje de los sueldos de empleados del PAMI.

“Básicamente lo que acá sucedía es que una persona solicitaba fondos a funcionarios y esos fondos eran depositados a su CBU”, dijo Rambud, en alusión a Jamad, ante medios locales.

Jalal admitió haber recibido transferencias en su cuenta, pero, según dio a entender en una entrevista con el canal 2, siempre fueron en carácter de aportes voluntarios para el partido.

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Estaba consensuado: tenemos que bancar la sede, tenemos que bancar la actividades. ¿Cómo hacemos?”, argumentó. Respecto al método elegido, justificó: “Hay funcionarios que están en las localidades, es muy difícil viajar a recaudar”.

El jefe del PAMI en La Pampa es Luciano Ortiz, titular de La Libertad Avanza en la provincia. Fue designado por el jefe del PAMI a nivel nacional, Esteban Legúizamo. La interna libertaria le costó que Karina Milei buscara correrlo de la conducción en la provincia, cuando, en un intento de reordenarla, nombró a Juan Pablo Patterer como cabeza del partido. La justicia, sin embargo, hizo caer esa designación en febrero y Ortíz volvió a ocupar la presidencia.

Esteban Leguizamo, director del PAMIPAMI

Otro escándalo estalló en la sede del PAMI de Santa Cruz. Allí, Sergio Torres trabajó cuatro meses al frente de la filial de Caleta Olivia y era el principal referente de La Libertad Avanza en el norte de la provincia. Sin embargo, fue echado luego de que denunciara a las autoridades locales del PAMI. Su denuncia fue radicada la justicia provincial y federal. En La Libertad Avanza argumentan que lo despidieron por haber dejado acéfala la oficina para asistir a un recital en Buenos Aires.

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Torres acusa a su exjefe político y actual director ejecutivo del PAMI Santa Cruz, Jairo Guzmán, de haberle exigido que obligue a una médica designada en el PAMI a pagar un aporte partidario. Torres se negó por considerarlo que se trataba de un delito. La médica trabajó un día y renunció. Si bien el exfuncionario reconoció que aportaba a los fondos partidarios el 10% de su sueldo, aseguró que fue en forma voluntaria y no estaba dispuesto a obligar a otro que lo haga.

Tras la partida de la médica, Torres asegura que lo “frezaron” y decidió presentar el caso ante Esteban Leguizamo, director nacional del PAMI. Dijo que ni Leguizamo ni otros dirigentes nacionales le prestaron atención.

Tras volver de Buenos Aires fue despedido e hizo pública su situación. “Yo lo conté en una conferencia de prensa donde me respaldaron los centros de jubilados de Caleta Olivia, presenté una denuncia por cohecho ante el juzgado provincial N°2 de Caleta Olivia y también en la justicia federal, donde declaré por cinco horas, pero no me volvieron a llamar”, afirmó Torres a .

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Torres se fue de La Libertad Avanza, volvió a trabajar en un comercio familiar y fundó Vientos de Libertad Santa Cruz. Con la nueva fuerza política mantiene el ideario libertario, pero fuera de LLA.

Por su parte, Jairo Guzmán, a quien apuntan con la denuncia, afirmó a que Torres fue despedido por ausentarse de la oficina que concentra todas las urgencias y trámites de la zona norte. “Todo está en manos de la justicia y se va a tener que probar absolutamente todo lo que se buscó tergiversar”, aseveró.

En el PAMI tienen información también de denuncias en el Chaco y otros puntos del país. En Mendoza, de acuerdo con fuentes de la obra social consultadas por , no hubo denuncias públicas de cobros de aportes partidarios ni licitaciones sin contratación. Sin embargo, explicaron a que está en curso una investigación en los sectores de compras sobre las licitaciones, por los valores que se estipulan. “Se está poniendo el foco sobre los precios inflados, y que siempre son los mismos proveedores. De hecho, son muy marcadas las dificultades burocráticas para que ingresen nuevos acá en Mendoza”, señalaron desde el organismo.

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Con la colaboración de Martín Boerr, Mariela Arias, Federico González del Solar y Pablo Mannino


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POLITICA

Un sector de familiares de víctimas de la AMIA se opuso al juicio en ausencia contra iraníes y libaneses

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El juez Daniel Rafecas recibió las opiniones de la mayoría de las partes de la causa por el atentado a la AMIA y en las próximas semanas estará en condiciones de decidir si acepta el pedido del fiscal de aplicar el juicio en ausencia contra iraníes y libaneses acusados por el ataque.

En declaraciones a Clarín, Rafecas aclaró que la audiencia convocada para el 29 de junio con las partes «no tiene que ver» con ese sensible tema sino con «el proceso para acerca a todas las partes la documentación de la AMIA» que la SIDE archivó en el pasaje Barolo. «Es para cumplir con acuerdos internacionales«, dijo Rafecas que subroga el juzgado 6.

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El fiscal Basso, la querella del abogado Tomás Farini Duggan, quien representa los familiares de las víctimas del ataque Luis Czyzewski y Mario Averbuch y los abogados de la DAIA y la AMIA avalaron la realización del juicio en ausencia con el debido nombramiento de defensores oficiales y el resto de los derechos para los acusados. Czyzewski y Averbuch representan al sector mayoritario de familiares de los 85 muertos.

Sin embargo, Diana Wassner, integra la asociación Memoria Activa, Laura Alché, viuda de Ginsberg y miembro de APEMIA, y Juan Degtiar -otro familiar- se opusieron al juicio en ausencia con distintos argumentos.

En un escrito, Wassner dijo que sus “objeciones se sustentan en la historia y en los problemas concretos de la causa AMIA”. En estas condiciones, es razonable pensar que el “juicio en ausencia” puede utilizarse, en realidad, como un instrumento para convalidar, a cualquier precio, la “versión oficial””. Por eso, “es entendible el temor de que solo se pretenda utilizar al “juicio en ausencia” para cerrar la causa AMIA sin profundizar la investigación”, agregó Wassner.

A su turno, la viuda de Ginsberg, dijo que “nos encontramos ante un proceso penal que pese a tener más de 30 años de «investigación» no ha producido prueba concreta en torno a la hipótesis central, esto es la responsabilidad de Irán y Hezbollah. Es más, existen pruebas que controvierten y complejizan la tesis de la UFI AMIA”.

Además, el juicio en ausencia “excluye además en forma arbitraria toda determinación fehaciente respecto de la existencia o ausencia de responsabilidades del Estado Argentino no solo en el encubrimiento sino en el atentado en sí mismo, hipótesis investigativa que hemos exigido con sobrados fundamentos y que al presente continúa sin respuesta”, agrego la dirigente de APEMIA.

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Por su parte, Juan Degtiar, explicó que “no negamos la responsabilidad de los individuos señalados por el Ministerio Público, ni mucho menos. Mas aún, compartimos muchas de las sospechas señaladas en la acusación. Pero somos conscientes que esas sospechas no resultan suficientes si no se sostienen en pruebas concretas”.

En marzo, el titular de la Unidad Fiscal de Investigación del atentado contra la sede de la AMIA, Sebastián Basso, solicitó al juez federal Daniel Rafecas la aplicación de la Ley 27.784, que incorporó a la legislación procesal la posibilidad de realizar juicios en ausencia respecto de aquellos imputados que fueron declarados rebeldes.

Esta medida le permitirá a la justicia argentina avanzar en la investigación y el juzgamiento del atentado terrorista cometido con motivos de odio racial o religioso el 18 de julio de 1994 en la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) y de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA), que causó 85 víctimas fatales, lesiones gravísimas, graves y leves en perjuicio de al menos 151 víctimas y numerosos daños materiales.

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En concreto, en línea con los dictámenes emitidos por la UFI AMIA el 25 de octubre de 2006 y el 20 de mayo de 2009, el fiscal federal Basso requirió el juzgamiento de Alí Fallahijan, Alí Akbar Velayati, Mohsen Rezai, Ahmad Vahidi, Hadi Soleimanpour, Mohsen Rabbani, Ahmad Reza Asghari, Salman Raouf Salman, Abdallah Salman y Hussein Mounir Mouzannar, aunque aún nunca se hayan presentado ante las autoridades judiciales locales.

En esas oportunidades la UFI AMIA había argumentado que el atentado fue ejecutado por la división armada y clandestina de la organización de origen libanés Hezbollah, con autorización, directivas y financiamiento de quienes por entonces se encontraban a cargo del gobierno de la República Islámica de Irán y de la representación diplomática de ese país en la Argentina.

El fiscal Basso marcó que el nuevo procedimiento especial de juicio en ausencia —previsto en el artículo 431 ter, inciso a, del Código Procesal Penal de la Nación, incorporado por Ley 27.784— puede ser aplicado en la causa, ya que el atentado contra la sede de la AMIA ha sido declarado en reiteradas instancias judiciales como un crimen de lesa humanidad y, como tal, susceptible de ser encuadrado bajo el artículo 7° del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, aprobado por ley 25.390 e implementado por ley 26.200, uno de los supuestos previstos para la aplicación del nuevo instituto.

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Todos esos imputados fueron declarados rebeldes y tienen conocimiento de la existencia del proceso en su contra, pero nunca se han presentado ni acatado los requerimientos de las autoridades judiciales argentinas. Respecto de ellos se han solicitado capturas internacionales y sus correspondientes extradiciones a fin de lograr su comparecencia en el país, sin que hasta el momento se hayan obtenido resultados positivos. Por lo cual, se cumplen los requisitos para la aplicación de esta herramienta procesal en el caso.

En un dictamen de 63 páginas al que accedió Clarín, el fiscal dijo que «en lo que respecta a la decisión, implementación y ejecución del atentado contra la sede de la AMIA, este Ministerio Público Fiscal considera que las personas identificadas en los acápites que anteceden deben responder penalmente —sea como autores o partícipes— en orden al delito de homicidio calificado por odio racial o religioso y por haber sido cometido mediante la utilización de un medio idóneo para causar peligro común en perjuicio de 85 víctimas fatales».

En tanto, en lo relativo «al patrocinio y/o, pertenencia y/o colaboración con una banda armada, se los debe considerar coautores en los términos previstos por los arts. 45 y 210 bis del Código Penal, más el agravante debido al fin discriminatorio, tal como lo prevé el art. 2° de la ley 23592».

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En 2013, Cristina Kirchner dio un giro de 180 grados en la política exterior argentina y firmó el Memorándum de Entendimiento con Irán que creaba una “comisión de la verdad” antes de que los iraníes acusados declararan ante el fiscal de la AMIA Alberto Nisman.

Sin embargo, Nisman -antes de ser asesinado- denunció en enero de 2015 a Cristina y ex funcionarios de su Gobierno por encubrimiento de los iraníes que solo querían que cayeran las alertas rojas de Interpol que les impiden viajar por el mundo sin ser detenidos. La ex presidenta a fin de este año enfrentar un juicio oral por la denuncia de Nisman.

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