En un contexto nacional marcado por la paralización total de la obra pública, el gobernador Axel Kicillof decidió avanzar con una de las intervenciones más esperadas en el oeste bonaerense: la renovación de la Ruta 40, una arteria estratégica que conecta a los municipios de Merlo y Marcos Paz. El anuncio fue encabezado por el intendente de Merlo, Gustavo Menéndez, junto al ministro de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia, Gabriel Katopodis.

El proyecto contempla una renovación integral del corredor: ensanche de calzada, instalación de luminarias, semáforos, señalización y mejoras en las alcantarillas. Todo apunta a reducir los tiempos de viaje y, sobre todo, mejorar la seguridad vial de miles de vecinos que utilizan esta vía cada día.

“Esta obra, que comienza en el límite con Marcos Paz y termina en el campus de la Universidad Nacional del Oeste, será una realidad en pocos meses. Va a permitir a nuestros vecinos transitar con más velocidad y mayor seguridad”, afirmó Menéndez, quien no dejó pasar la oportunidad para cuestionar al Ejecutivo Nacional por la falta de apoyo.

“El Gobierno Nacional tiene paralizadas el 100% de las obras. Por eso, el agradecimiento enorme es al gobernador Axel Kicillof, que en este momento tan difícil decide seguir apostando a obras que generan desarrollo y trabajo”, sostuvo el jefe comunal.

Además, Menéndez anticipó que la zona impactada por la obra recibirá inversiones, destacando su potencial como corredor comercial e industrial, especialmente por su conexión con la autopista Presidente Perón, otra obra clave hoy detenida por decisión del Gobierno Nacional.

Por su parte, Katopodis destacó que “este tramo de la Ruta 40, que hace 20 años era una vía de poco tránsito, hoy se transformó en una avenida urbana que necesita adaptarse al crecimiento de la región. Esta es una apuesta clara del gobernador Kicillof para motorizar el desarrollo bonaerense”.

En el anuncio también participó el intendente de Marcos Paz, Ricardo Curutchet, acompañado de funcionarios y vecinos que celebraron el relanzamiento de esta obra fundamental para la conectividad y el crecimiento de la región.

La fiscalía recurrirá ante la Corte Suprema de Justicia la sentencia que absolvió a los empresarios Cristóbal López y Fabián de Sousa por la retención ilegal del impuesto a los combustibles de su empresa Oil.

En paralelo, el extitular de la AFIP Ricardo Echegaray, condenado por esa causa a 4 años y 8 meses de cárcel por fraude al favorecer a los empresarios con un plan de pago especial, planteó ante la justicia que también debe ser absuelto, porque entiende que el caso está prescripto.

Esta causa se inició con una investigación de que reveló que la empresa Oil retuvo de manera ilegal 8000 millones de pesos en impuesto a los combustibles y que usó ese dinero para generar préstamos entre las firmas del Grupo Indalo para capitalizarlas.

En ese momento, hace unos diez años, aquel monto equivalía a unos 1000 millones de dólares.

En el juicio oral, que terminó en diciembre de 2021, el voto mayoritario fue de los jueces Fernando Machado Pelloni y Javier Ríos, que se pronunciaron por absolver a los dos empresarios. En disidencia, por la condena de todos, votó Andrés Basso.

La Cámara de Casación confirmó el 23 de octubre del 2023 la absolución de López y de su socio. Ese fallo de la Cámara de Casación fue de los jueces Diego Barroetaveña y Daniel Petrone.

Los jueces concluyeron que la petrolera de López y De Sousa se había beneficiado del permiso ilegal que les dio Echegaray para pagar la duda. Además, el tribunal ordenó recalcular la pena que había sido impuesta a Echegaray, al entender que el cómputo estaba mal hecho.

Tras la apelación del fiscal Mario Villar, el caso llegó a la Corte Suprema que ordenó dejar sin efecto las absoluciones y dictar un nuevo fallo.

La expresión de la Corte fue dura, pues había considerado que la absolución de López y De Sousa resultaba “arbitraria”, tanto por “dogmática”, como por “fragmentaria”. Era un mensaje severo hacia los jueces que habían absuelto a los empresarios.

La causa volvió a Casación, esta vez con otra integración y a pesar de lo que dijo la Corte, los empresarios fueron absueltos otra vez. Ahora fueron los jueces Alejandro Slokar y Mariano Borinsky los que volvieron a absolver a López y De Sousa. Guillermo Yacobucci votó con una sonora en disidencia.

Los argumentos de Slokar, que fue funcionario del gobierno de Néstor Kirchner, fueron que “no logró demostrar que existió un entramado delictivo entre privados y funcionarios públicos para obtener recursos del Estado en beneficio propio”. Dijo que no se probó un tratamiento preferencial a Oil Combustibles SA por parte de la AFIP, a pesar de que Echegaray fue condenado.

Y Borinsky argumentó que el caso estaba prescripto por el paso del tiempo, a pesar del carácter de Echegaray de funcionario.

El Código Penal establece, en su artículo 67, que la prescripción se suspende en los casos de delitos cometidos en el ejercicio de la función pública y Echegaray no dejó de ser funcionario en todos estos años. Pero Borinsky interpretó que ahora Echegaray no tiene una jerarquía tal como para incidir en el curso de esta causa y por eso no se aplica la regla del Código Penal.

Yacobucci rechazó ambos argumentos y dijo que “López y De Sousa recibieron, a través de su empresa, un tratamiento privilegiado, irregular y, por sobre todo, ilegítimo por parte de AFIP y de su titular de aquel momento, que les permitió beneficiarse de un modo indebido en desmedro del erario público, lo que da sustento a su condena en los términos en los que la acusación postuló“.

La fiscalía de Villar presentó un recurso extraordinario contra la nueva absolución que ahora fue nuevamente rechazado por Slokar y Borinsky, con la disidencia de Yacobucci.

Por eso es que Villar presentará la semana próxima un recurso de queja para que la Corte Suprema vuelva a intervenir y haga cumplir su sentencia que postuló que se deje sin efecto la absolución de López y De Sousa.

En el resquicio se coló Echegaray, que ya estaba condenado. Como se discute aún el monto de la pena que le fue impuesta, esta semana hubo una audiencia en Casación presidida por el juez Barroetaveña.

Allí, Echegaray se defendió, pero cuando concluyó su alocución ante el fiscal Villar, casi a escondidas y para que no pudiera responderle, presentó por escrito un pedido de absolución para que se considere que su caso prescripto. Usó el mismo argumento que había planteado Borinsky: que no era un funcionario, sino un empleado, aunque de mayor jerarquía.

El asunto en cuanto a la condena de Echegaray quedó por resolverse y está en manos de Petrone, Barroetaveña y Javier Carbajo. Y las absoluciones de López y De Sousa volverán a estar ahora en los estrados de la Corte para que haga cumplir su fallo, y se las deje sin efecto.