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Manuel García-Mansilla le envió una dura carta al Senado y sostuvo que retrasaron todo el proceso de designación

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El ex juez de la Corte, Manuel García-Mansilla, presentó este jueves un escrito en el Congreso en el marco del expediente que dio lugar al tratamiento y posterior rechazo de su pliego. Con duras críticas al Senado el abogado indicó que se “hablaron falsedades e irregularidades reglamentarias” y sostuvo que el Senado retrasó todo el proceso de designación.

Una semana después de haber renunciado al cargo que asumió en comisión tras la firma del Decreto 137/2025 por parte del presidente Javier Milei, Manuel García-Mansilla presentó un escrito de 35 páginas, al que accedió Clarín, en la Cámara Alta donde fue rechazado su pliego con 51 votos.

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Uno de los primeros aspectos a los que se refirió el abogado fue a las objeciones planteadas por algunos senadores “a mi aceptación del nombramiento en comisión como juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación mediante el decreto 137/25, me veo en la obligación de realizar algunas aclaraciones necesarias para preservar la verdad de los hechos y la integridad del proceso constitucional”, expresó.

En este sentido, desmintió que él haya dicho que nunca asumiría por Decreto. Su explicación fue la siguiente: “manifesté ese día, en respuesta a una pregunta específica de la senadora Anabel Fernández Sagasti, fue una reflexión en retrospectiva sobre el decreto 83/15, dictado en 2015. Allí dije que no hubiera aceptado un nombramiento en comisión y aclaré que esa reflexión la hacía “con el diario del lunes”.

Entonces, ahondó en esta línea argumental y dijo que durante la audiencia, hizo una consideración política e institucional “sobre ese contexto puntual de 2015, no una declaración sobre la improcedencia general de las designaciones en comisión. De hecho, así lo interpretaron los propios senadores presentes en participaciones posteriores en la audiencia”.

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Entiende que el Decreto 137 que firmó el presidente Milei, fue un proceso “público, transparente y contó con el cumplimiento de todos los pasos legales que exige la normativa vigente, inclusive la participación de la ciudadanía (cosa que tampoco había ocurrido en 2015)”.

“El nombramiento en comisión constituye una herramienta legítima que evita prolongar artificialmente el funcionamiento incompleto de la Corte Suprema, que tiene una de las vacantes hace tres años y medio”, indicó García-Mansilla.

Retraso del Senado

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El 23 de febrero el presidente de la Corte, Horacio Rosatti, le tomó juramento a Manuel García-Mansilla. El abogado dijo que al momento de aceptar el nombramiento en comisión, habían transcurrido seis meses desde la Audiencia. Durante ese período:

Fue cuando apuntó contra el Senado al sostener que la Cámara Alta “no trató los pliegos ni en sesiones ordinarias ni en extraordinarias mientras la Corte Suprema continuaba funcionando con una integración reducida”.

De todos modos, hasta que le tomaron juramento a Manuel García-Mansilla el máximo tribunal con la actual integración de tres miembros, resolvió más de 2.000 casos.

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“La interpretación forzada de una frase aislada de mi exposición, desconociendo las múltiples aclaraciones y matices que expresé en la audiencia, constituye una tergiversación inaceptable de la posición que expresé en la Audiencia”, se defendió el abogado.

“Graves inconsistencias”

A lo largo del escrito el jurista criticó los dictámenes emitidos. Dijo que tanto el suyo como el del juez federal Ariel Lijo,

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“Contienen graves inconsistencias, tanto en su fundamentación como en su redacción”.

El dictamen firmado por los senadores Martín Lousteau y Guadalupe Tagliaferri “recorta expresiones de mi Audiencia para sostener que habría actuado por “presiones” y por un supuesto “beneficio personal” nunca precisado. Esta interpretación no solo es infundada, sino que ignora que respondí abiertamente cada pregunta, sin ocultar mis posiciones ni mis eventuales dudas”.

Lo paradójico es que el propio dictamen reconoce que se firma “para posibilitar su tratamiento en el recinto”, aunque en su parte resolutiva afirma: “El Senado presta su acuerdo al Presidente de la Nación para designar Juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, al Dr. Manuel García Mansilla”, explicó el abogado.

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También criticó el dictamen del bloque Unión por la Patria, suscripto por siete senadores.

“Ppresenta una versión parcial de lo que dije en la Audiencia. Cinco de sus firmantes lo hacen “en disidencia total”, oponiéndose incluso a comunicar la decisión al Poder Ejecutivo, algo meramente procedimental. Las otras dos firmas están “en disidencia”, sin especificar con qué parte del dictamen. Esta ambigüedad vulnera también el Artículo 123 decies del Reglamento del Senado, que exige dictámenes fundados”, añadió.

Estas contradicciones -continuó diciendo García-Mansilla-, “no son un mero tecnicismo: afectan la seriedad del procedimiento, erosionan la institucionalidad y podrían sentar un precedente negativo para futuras audiencias, especialmente por haber utilizado como fundamento exclusivo para el rechazo una tergiversación y manipulación de una respuesta”.

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Ese precedente disuadirá a futuros candidatos a ser abiertos a la hora de responder para evitar que les paso algo similar.

Al finalizar la carta dijo: “A ningún Senador se le ocurrió, en el momento de la Audiencia, que yo estuviera asumiendo un compromiso futuro sobre una hipótesis que no fue planteada ni imaginada por nadie en ese momento y que, seis meses después, se concretó por otras vías”.

Sobre ese punto entendió que “No se puede atribuir engaño a quien respondió con honestidad, atendiendo al contexto de cada pregunta y con la convicción de que la Constitución debe leerse completa”

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Los gobernadores reciben llamados de la Casa Rosada y el Congreso, pero proyectan seguir jugando en bloque

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“Están preocupados. Nos empezaron a llamar en privado y no soltaron a ladrar a los trolls en las redes”. Con esa frase, un gobernador que se anotó entre los dialoguistas con la Casa Rosada describió en las últimas horas la forma en que la administración de Javier Milei reaccionó ante el cachetazo político que sufrió la semana pasada en el Senado, donde los gobernadores articularon un frente común que unió a representantes de la mayoría de las provincias.

Para el bloque de los gobernadores, la preocupación que atribuyen a la gestión libertaria se expresa en repentinos llamados telefónicos de funcionarios que no participaron de las conversaciones. Por caso, del ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, quien había delegado los contactos en el secretario de Hacienda, Carlos Guberman. O el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, en cuyo recinto sucederán las próximas batallas.

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Fuentes cercanas a Caputo consultadas por este diario negaron que el ministro de Economía haya llamado a gobernadores para hablar específicamente de los temas en conflicto, pero afirmaron que tiene contacto con varios de ellos y que dialoga sobre asuntos de gestión. No obstante, su aparición en el teléfono -luego de algunas semanas- coincide con el intento del Gobierno nacional de recuperar los puentes con las provincias que se cayeron con la votación en el Senado.

También, según pudo corroborar en la Casa Rosada, volvió a tomar contacto con las provincias el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, como parte de un operativo para aceitar el vínculo con los gobernadores con el objetivo de conseguir los votos para sostener el veto presidencial al aumento jubilatorio. “Guillermo tiene una cabeza sensata, por eso es bueno mantenerlo como interlocutor”, dijo uno de los mandatarios provinciales consultados.

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, en su último paso por el Senado, justamente el escenario donde los gobernadores le propinaron un golpe político a la Casa RosadaSoledad Aznárez –

Sin embargo, la recepción de los llamados de la Casa Rosada y el Palacio de Hacienda no significa que los gobernadores estén dispuestos a retirar los proyectos que fueron aprobados en el Senado, para recuperar los fondos de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y las partidas que les corresponden del impuesto a los combustibles líquidos. En ese punto, según deslizó uno de ellos, parece no haber vuelta atrás, lo que se ratificaría en la próxima reunión de mandatarios.

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De hecho, la semana que viene los gobernadores pondrá la fecha de la nueva cumbre que tendrá lugar en el Consejo Federal de Inversiones (CFI), en Buenos Aires. Ahí volverán a verse las caras mandatarios que estuvieron identificados con Juntos por el Cambio, peronistas que negociaron con la Casa Rosada y otros que, como Axel Kicillof y Gildo Insfrán, no tienen contacto alguno con los libertarios. Se trata de una amalgama que no se une por el amor, sino por el espanto.

Un ejemplo de esto es que los gobernadores que se sentaron a escribir los proyectos aprobados en el Senado fueron Rogelio Frigerio (Entre Ríos), quien fue ministro del Interior del gobierno de Mauricio Macri; y Sergio Ziliotto (La Pampa), un peronista que integra la conducción nacional del PJ que encabeza Cristina Kirchner. Esa confluencia, inesperada para los libertarios, hizo que en las últimas horas se intensificaran contactos reservados desde Buenos Aires a las provincias.

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, es uno de los que llama por estas horas a los gobernadoresFabián Marelli

Entre los gobernadores comentan, por lo bajo, que la Casa Rosada ya hizo un intento de armisticio con dos mandatarios norteños y otro patagónico, pero en los mensajes que cruzan en el foro que comparten Whatsapp el clima sigue siendo favorable a mantener los reclamos en el Congreso. Están seguros de que podrán avanzar con el reparto de los ATN y los fondos del impuesto a los combustibles, y que incluso tendrán los números para afrontar un veto.

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Pero no son tan determinantes, salvo el grupo que comulga con el PJ y sus aliados, con Gerardo Zamora (Santiago del Estero) como el gobernador con más predicamento entre sus pares, en que puedan sostenerse los aumentos en las jubilaciones y la moratoria previsional, que son banderas del kirchnerismo y la izquierda en el Congreso. Pese a ello, la desgastada relación con la Casa Rosada hace que -más allá de los colores políticos- sigan pensando en jugar en bloque.

A tal punto que uno de ellos, consultado por , proyectó incluso que se puede formar un frente político-electoral entre gobernadores a partir de 2026, con la formación de bloques en Diputados y el Senado que representen a las provincias. En ese sentido, los gobernadores que están “cansados” del presidente Milei también consideran la posibilidad de enfrentarlo juntos en 2027, cuando el primer mandatario tendrá la posibilidad de competir por su reelección.

Rogelio Frigerio y Sergio Ziliotto, redactores de los proyectos aprobados por el SenadoPrensa

En la sede del poder nacional señalaron que no se esperan novedades en lo inmediato y evaluaron que las conversaciones pueden extenderse por las próximas dos semanas. En los pasillos de la Casa Rosada admitieron que hay diálogo con los gobernadores, aunque descartaron que haya algún tipo de cumbre en el correr de esta semana y hasta ponían en duda la posibilidad de que Francos se cruce con algunos de ellos en el cocktail que este jueves tendrá lugar en La Rural.

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La presencia de Francos allí no está confirmada aún, pero quienes conocen de cerca al funcionario adelantaban que en caso de ir -invitado por Nicolás Pino, el presidente de la SRA- y que haya una eventual foto allí con alguno de los mandatarios provinciales, eso no significaría algo en especial. “Guillermo es una persona sumamente institucional, todos los contactos o encuentros que haya serán por esa vía: la institucional”, dijeron fuentes de la Casa Rosada.

Francos es una de las personas que mantienen los puentes con los gobernadores. “El Gobierno está conversando permanentemente con ellos. No veo que tengamos que hacer nada que no hagamos habitualmente”, dijo en las últimas horas. Pero admitió que se está “negociando en un clima de momento electoral”. Con algunos, como Alfredo Cornejo (Mendoza) hay buena sintonía, pero en otros casos, como el de Gustavo Valdés (Corrientes), la relación se enturbió.

Con la colaboración de Cecilia Devanna

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Un diputado libertario presentó un proyecto para eliminar la Ley de Talles: “Populismo legislativo”

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El diputado provincial Guillermo Castello, del bloque La Libertad Avanza, propuso eliminar la ley 12.665, conocida como “ley de talles”, que exige a comercios de indumentaria femenina para adolescentes ofrecer una gama completa de tamaños basados en medidas antropométricas. Según su proyecto, la normativa vigente “encarece los precios y establece sanciones absurdas” para los comercios afectados.

Castello calificó a la ley como un ejemplo de “populismo legislativo contrario a toda lógica y al más básico sentido de igualdad y libertad”. Cuestionó su alcance limitado —aplica solo a mujeres adolescentes— y remarcó las dificultades que afrontan los comercios cuando los proveedores no fabrican todos los talles exigidos.

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La iniciativa forma parte de un amplio “paquete desregulador” que incluye 190 proyectos destinados a reducir regulaciones consideradas obstáculos para la inversión, la generación de empleo y la competitividad. Entre otras medidas, se busca eliminar registros laborales y requisitos de etiquetado, entre otras disposiciones provinciales.

Críticas desde organizaciones vinculadas a la salud y diversidad advierten que derogar la norma podría dificultar el acceso a ropa adecuada para la mayoría de los cuerpos argentinos y promover la exclusión. Estudios revelan que el 69 % de las personas enfrentan dificultades para encontrar talles adecuados, lo cual estaría vinculado a prácticas de gordofobia institucionalizada.

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Castello pidió a sus colegas avanzar con una legislación “moderna” que evite imposiciones arbitrarias al mercado. “MENOS REGULACIONES = MÁS LIBERTAD”, concluyó.

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“La libertad arrasa”: estos son los números de la encuesta que compartió Javier Milei

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“Los argentinos de bien entendieron que la riqueza se genera y no se imprime“, afirmó el presidente Javier Milei al compartir los datos que arrojó una encuesta de opinión pública sobre su Gobierno. “En octubre las urnas hablarán. La libertad arrasa”, vaticinó.

A través de su cuenta de X, el mandatario compartió una publicación de Manuel Adorni, en la que el portavoz aseguró que “la gente sigue creyendo en lo que eligió en la última elección presidencial”, al tiempo que indicó que le “resulta increíble que la vieja política siga insistiendo”.

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La encuesta que compartió Adorni y replicó Milei corresponde a un relevamiento de la empresa de consultoría Opinaia. Los encuestadores formularon una serie de enunciados y le preguntaron a la gente qué opinaba al respecto.

A fines de mostrar una tendencia, los encuestados debieron responder con tres opciones: “Muy de acuerdo”, “bastante de acuerdo”, “bastante en desacuerdo”, “muy en desacuerdo” y “no sabe”.

Consultados acerca de si “es necesario hacer una reducción del gasto público”, 34% respondió “muy de acuerdo”, 29% “bastante de acuerdo”, 14% “bastante en desacuerdo”, 14% “muy en desacuerdo”, y 9% “no sabe”.

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A la premisa “el déficit fiscal es el origen de las crisis económicas argentinas”, 26% dijo estar “muy de acuerdo”, 31% “bastante de acuerdo”, 11% “bastante en desacuerdo”, 14% “muy en desacuerdo”, y 19% “no sabe”.

En el tercer enunciado, “estoy dispuesto a hacer un esfuerzo económico para que el país salga adelante”, el 30% sostuvo que está “muy de acuerdo”, 28% “bastante de acuerdo”, 11% “bastante en desacuerdo”, 21% “muy en desacuerdo”, y 10% “no sabe”.

Finalmente, a la cuarta pregunta de si “es necesario reducir la cantidad de trabajadores del Estado para corregir la economía y terminar con la inflación”, 30% se mostró “muy de acuerdo”, 24% “bastante de acuerdo”, 16% “bastante en desacuerdo”, 20% “muy en desacuerdo”, y 10% “no sabe”.

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Encuesta de Opinaia que compartió Milei

La encuesta sumó los porcentajes de las personas que se mostraron “muy de acuerdo” con “bastante de acuerdo”; “bastante en desacuerdo” con “muy en desacuerdo”; y descartó los encuestados que dijeron no saber sobre los temas propuestos.

En la primera consigna, hubo una diferencia de 35 puntos entre las personas de acuerdo (63%) por los que estuvieron en desacuerdo (28%). En la segunda, 32 puntos distanciaron las opiniones de los encuestados: 57% estuvo de acuerdo, mientras que 25% en desacuerdo.

En el tercer postulado, la discrepancia se ubicó en 26 puntos. 58% de los consultados estuvo de acuerdo y 32% en desacuerdo. En la cuarta y última idea, la disparidad fue de 18 puntos: 54% de acuerdo y 36% en desacuerdo.

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