La perpetuidad en sus cargos siempre fue un sello distintivo del sindicalismo argentino, cuyos líderes suelen permanecer en el poder durante tres, cuatro o cinco décadas. Sin embargo, en las últimas semanas surgieron tibios e inéditos indicios de renovación dirigencial en gremios poderosos que este año irán a elecciones e incluso en la CGT, que elegirá su nueva conducción en noviembre próximo.

Curiosamente, justo cuando una parte de la dirigencia política da señales de aferrarse a la reelección indefinida, como sucedió esta semana en que la Legislatura bonaerense aprobó un polémico proyecto en ese sentido, los sindicalistas, siempre criticados por tener garantizada su continuidad perpetua, comenzaron a dar inusuales pasos al costado.

No son demasiados como hablar de una tendencia, pero sí hay casos de importantes dirigentes que anunciaron que no seguirán en sus puestos y otros que analizan hacerlo y lo confirmarían en breve.

El ejemplo destacado es el de Héctor Daer: primero reveló en abril pasado a sus colegas que no seguirá otro mandato al frente de la CGT y luego, el 30 de mayo, se confirmó que no se presentará para ser reelegido en la Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina (ATSA) Filial Buenos Aires, que tendrá elecciones el 7 de agosto próximo.

El líder sindical se desempeña desde hace 9 años como titular cegetista y desde hace 24 años en ATSA. Al referirse al cierre de su liderazgo en la central obrera, Daer dijo: “Después de 9 años al frente de la CGT tenemos que generar un recambio”. Sobre su segundo renunciamiento, en su entorno hablaron sobre su sensación de “un ciclo cumplido”. Públicamente, sólo señaló: “Dejo la Secretaría General de @AtsaBsAs, pero no me bajo de la militancia”.

Aún así, la renuncia a su reelección no significa que también abandone la titularidad de la Federación de Asociaciones de Trabajadores de la Sanidad Argentina (FATSA), que lidera desde mayo de 2022: en la lista Celeste y Blanca del oficialismo que participará de los comicios de ATSA Buenos Aires, Daer figura como primer congresal, desde donde podrá ser reelegido en el cargo de secretario general de FATSA, cuyas autoridades se renovarán en 2026.

El candidato que sucederá a Daer es Javier Pokoik, secretario Gremial del sindicato desde hace 12 años, definido por quienes lo conocen como “alguien intelectualmente impecable y comprometido con una organización horizontal, con concepto de equipo”. Lo secundará Norberto Maschio, actual secretario de Prensa. Ambos se enfrentarán en las urnas a la Lista Bordó, de izquierda, liderada por César Latorre.

La decisión de Daer es toda una rareza en el sindicalismo argentino, donde sus líderes suelen permanecer largas décadas en el poder: según un relevamiento efectuado por Infobae, al menos 13 dirigentes gremiales llevan 30 años o más al frente de sus organizaciones; otros cuatro, 20 años o más; y media docena están en su cargo de secretarios generales más de una década.

El ranking de los más veteranos al frente de sus gremios lo encabeza Pedro Victorio Zambelletti, secretario general de la Unión Personal de Pinturas y Afines de la República Argentina (UPFPRA), quien asumió por primera vez en enero de 1974. En materia de permanencia en su puesto le sigue Jorge Sansat, con 49 años como líder de la Unión Personal Aeronavegación de Entes Privados (UPADEP).

El tercer lugar en el podio de supervivencia al frente de un gremio es de Amadeo Genta, del Sindicato Único de Trabajadores del Estado de la Ciudad de Buenos Aires (SUTECBA). De 87 años, el dirigente de los municipales porteños lleva 41 años consecutivos como secretario general. Asumió con el retorno de la democracia, en 1983, y negoció con las gestiones porteñas de todos los colores políticos. Genta irá por una nueva reelección en las elecciones de SUTECBA del 9 de octubre, y competirá con una lista opositora que encabeza Carlos Elías. Si vuelve a ganar, tendrá 91 años cuando finalice su nuevo mandato.

Donde habrá renovación es en el Sindicato Único del Personal Aduanero de la República Argentina (SUPARA): su titular, Carlos Sueiro, falleció este viernes, aunque ya había anunciado que no se iba a presentar en las elecciones que se harán el 13 de agosto, luego de permanecer 40 años en el cargo.

Su candidato a sucederlo es Daniel Mallotti, de 60 años, con 33 años de trabajo en la Aduana, 10 años como delegado y cuatro años como secretario de Organización de este gremio de 6000 afiliados. Todo indica que competirá contra dos listas opositoras: una es encabezada por Flavia Ojeda y otra, por Silvio Minisini, que llevará como candidato a secretario adjunto a Ricardo Echegaray, el controvertido ex jefe de la AFIP y de la Aduana del kirchnerismo.

Donde existe una situación incierta es en el Sindicato Único de Trabajadores de Peajes y Afines (SUTPA): en las elecciones de este año, su actual titular, Florencia Cañabate, se presentará para obtener un nuevo mandato, pero Facundo Moyano, su secretario adjunto, aún no decidió si la vuelve a acompañar o si se quedará fuera de la estructura del gremio.

El cronograma electoral del gremialismo seguirá el 22 de julio en el Sindicato de Petróleo y Gas de Río Negro, Neuquén y La Pampa, donde Marcelo Rucci, su actual titular desde 2021 luego de los 38 años de liderazgo de Guillermo Pereyra, buscará su primera reelección en una entidad estratégica porque tiene peso en Vaca Muerta.

El 7 de agosto será el turno de las elecciones en la Asociación Bancaria: Sergio Palazzo se presentará para una nueva reelección como secretario general, mientras que el 22 de septiembre se votará en la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina (UTHGRA), donde Luis Barrionuevo apostará a convalidar su liderazgo a nivel nacional y volverá a enfrentarse con Dante Camaño, titular de la seccional Capital del sindicato, quien anunció que también competirá por el mismo cargo que su ex cuñado.

Otros jefes gremiales que tendrán elecciones este año son Gerardo Martínez (UOCRA), en noviembre; Rodolfo Daer (Alimentación), aún sin fecha; Jorge Sola (Sindicato del Seguro), también en noviembre, y Sergio Sasia (Unión Ferroviaria), en diciembre.

Los primeros comicios sindicales de 2025 tuvieron lugar en mayo pasado en la Federación de Obreros y Empleados Telefónicos de la República Argentina (FOETRA), donde Claudio Marín fue elegido secretario general por el oficialismo. Hasta ese momento, en su condición de secretario adjunto, completaba el mandato de Osvaldo Iadarola, fallecido en 2022.

Donde se perfila una renovación más pronunciada será en la CGT, sobre todo en su cúpula: Daer ya anunció que no seguirá en el triunvirato y lo mismo tendría decidido otro cotitular, el barrionuevista Carlos Acuña (estaciones de servicio). Aún no se sabe qué tiene en mente Hugo Moyano sobre la continuidad o no de Octavio Argüello como cosecretario general. Hay quienes deslizan que el líder del Sindicato de Camioneros resignaría un lugar en la máxima conducción para promover a su hijo Jerónimo, de 25 años, como secretario de Juventud.

Aún no está definido si se mantendrá el triunvirato o se buscará un único titular, pero si sigue un esquema de poder colegiado suenan los nombres de “nuevos” dirigentes como Jorge Sola (Seguro), actual secretario de Prensa de la CGT; Maia Volcovinsky, secretaria adjunta de la Unión de Empleados Judiciales de la Nación (UEJN); Cristian Jerónimo (empleados del vidrio) y Daniel Vila (Carga y Descarga).

El otro espacio sindical de relevancia que cambiará de autoridades es la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT), que en octubre o noviembre deberá realizar un congreso para elegir al sucesor de su titular, Juan Carlos Schmid (Dragado y Balizamiento), quien ya anunció que no quiere seguir al frente de la poderosa entidad.

Hasta ahora, salvo contadísimas excepciones, los sindicalistas sólo dejaban su lugar de poder por problemas de salud, fallecimiento o en el raro caso de que perdieran las elecciones (algo poco usual porque todos saben cómo frenarle el paso a la oposición).

¿Habrá más dirigentes que llevan décadas en sus sillones de siempre y darán un paso al costado? Es lo que se considera más probable. Hay cuestiones vinculadas con la edad y la salud, pero, además, luego de 30 o 40 años de gestión, muchos dirigentes están sufriendo el “factor Milei”, es decir, el desafío de un gobierno que arrincona a los sindicalistas rompiendo el libreto que les sirvió para manejarse en el poder durante largas décadas y para contener a unas bases de trabajadores que hoy ya no logran decodificar.

Por eso esos inéditos indicios de renovación comienzan a perfilarse en esa corporación que hasta ahora parecía ajena a cualquier tipo de cambio. Ahora, el desafío será que los sindicalistas que toman la posta encarnen un modelo mejorado, adaptado a los desafíos del siglo XXI, y no terminen siendo una versión ligeramente remozada de la dirigencia de siempre.

Los gobernadores de todos los signos políticos empiezan a poner en actividad el grupo de Whatsapp en busca de articular políticas comunes frente a lo que entienden como un “ahorcamiento” de parte de la Casa Rosada.

Promesas incumplidas, escasez de fondos y un diálogo que no encuentra una solución a los principales reclamos animó a los mandatarios provinciales que empiezan a presionar con anuncios de proyectos de ley que, de aprobarse, dejarían al oficialismo sin posibilidades de veto en el Congreso de la Nación.

Hace pocos días atrás la totalidad de los gobernadores reunidos en el Consejo Federal de Inversiones firmó lo que podría convertirse en un proyecto de ley por el que cambian el modelo de distribución del componente para obras viales del impuesto al combustible y la forma de distribuir los Adelantos del Tesoro Nacional (ATN).

La medida apunta a romper el cerco que impuso la administración nacional a las transferencias a las administraciones provinciales de lo recaudado por el impuesto a los combustibles y a lograr un reparto menos discrecional de los ATN.

Este proyecto, que aún no fue ingresado al Senado de la Nación, está siendo redacatado por el bloque de Unión por la Patria a la espera de la orden de los jefes de los estados provinciales.

A esto se le sumó en las últimas horas la intención de un grupo de gobernadores del centro norte de avanzar con un proyecto de ley para tener tarifas eléctricas diferenciales en el verano.

Funcionaría en espejo a lo que se denomina “zona fría”: durante el invierno desde el sur de la provincia de Buenos Aires hasta Tierra del Fuego los usuarios residenciales tienen descuentos en las tarifas de gas de entre el 30% y el 50% con el objetivo de aliviar el impacto del consumo energético. Unos 13 gobernadores del norte van a insistir con el pedido de tarifa eléctrica diferencial durante el verano para hacer frente a las temperaturas extremas.

La iniciativa abarca a Catamarca, Chaco, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Misiones, Jujuy, La Rioja, Salta, Santiago del Estero y Tucumán, además de algunos departamentos de las provincias de Córdoba y Santa Fe.

El proyecto establece el financiamiento, vía un cargo adicional en las boletas del resto del país, de la reducción de los precios diferenciales de la energía, potencia y transporte, durante los meses de diciembre, enero, febrero y marzo de cada año.

Ambos proyectos generan malestar en la Casa Rosada porque implicaría una readecuación de los ingresos que tienen las arcas nacionales y un aumento del costo de la tarifa eléctrica.

Pero no solo por eso, sino que deja al Ejecutivo en una encerrona que no podrá sortear como vino haciendo hasta ahora. Si esto avanza en Diputados y en el Senado, los impulsores no solo cuentan con los votos suficientes para aprobarlo sino también para insistir en el recinto en el caso de que Milei lo vete.

“Todo está sobre la mesa y todo forma parte de la negociación. Las provincias estamos muy ahogadas, no tenemos fondos y las promesas del Gobierno se incumplieron. Guillermo Francos -el jefe de Gabinete- ayer dijo que tenían 68 obras en rutas y que ya se lleva devengados más de 100 mil millones de pesos, esto es realmente insuficiente. Todos los distritos tenemos problemas con las rutas nacionales y se están ‘comiendo’ los impuestos que son nuestros, entonces no pueden decir que estamos afectando el superávit“, señaló un gobernador de los que participó del encuentro del CFI.

Por el lado de los gobernadores del norte esta no es la primera vez que presentan el reclamo y enfrentan más escollos en el Parlamento. Sin embargo, apuntan a la necesidad frente a las temperaturas “extremas” que no solo afecta a los usuarios residenciales sino también a la producción.

“Necesitamos energía más barata porque tenemos que usar riego intensivo por las altas temperaturas para poder producir. Además, no puede ser que nosotros generamos la energía y cuando vuelve nos sale más caro”, explicó un jefe de estado provincial del norte del país.

Los jefes de Estado provinciales quieren avanzar lo más rápido que se pueda para no quedar metidos en las internas por las elecciones de medio término. El Gobierno avisa que no está dispuesta a ceder y apuesta a retrasar cualquier dicusión, por ejemplo a través de estrategias parlamentirias como retrasar el llamado a las comisiones de Presupuestos que controla en ambas cámaras.

El escenario para el oficialismo en el Congreso se complica aún más si se tiene en cuenta que en el Senado hay proyectos con media sanción que Milei ya dijo que iba a vetar: un aumento de 7,2% de las jubilaciones, la reapertura de la moratoria jubilatoria y emergencia en discapacidad.

El juez federal Daniel Rafecas, a cargo de la causa AMIA, resolvió que implementará un juicio en ausencia a los 10 acusados (libaneses e iraníes) por el atentado, que llevan décadas prófugos.

Se trata de exfuncionarios del gobierno iraní y miembros de Hezbollah, señalados como responsables de planificar y ejecutar el ataque terrorista del 18 de julio de 1994, que dejó 85 muertos y más de 150 heridos.

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La medida del magistrado, a pedido de la UFI AMIA, se toma en base a la nueva ley de juicio en ausencia, sancionada por el Congreso este año, que permite avanzar en procesos penales cuando los acusados eluden de forma sistemática a la justicia.

El fallo de Rafecas, que es apelable ante la Cámara Federal, sostiene que los acusados fueron declarados rebeldes hace años y, “a pesar de saber perfectamente que están siendo buscados”, nunca respondieron a los pedidos de extradición.

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La investigación apunta a que el atentado habría sido organizado desde las más altas esferas del régimen iraní, con apoyo logístico y operativo de Hezbollah en Argentina y en la Triple Frontera.

Con esta decisión, que rechazó todas objeciones de la defensa oficial frente al nuevo sistema, el tribunal busca que el caso avance hacia el juicio oral para evitar que los crímenes queden impunes y dar una respuesta judicial después de más de 30 años de espera.

Los 10 acusados fueron identificados como Alí Fallahijan, Alí Akbar Velayati, Mohsen Rezai, Ahmad Vahidi, Hadi Soleimanpour, Mohsen Rabbani, Ahmad Reza Asghari, Salman Raouf Salman, Abdallah Salman y Hussein Mounir Mouzannar.

Todos tienen alerta roja de Interpol y pedido de captura internacional desde 2006 pero que nunca fueron detenidos ya que Irán, el país de la mayoría, no extradita a sus ciudadanos. Muchos incluso son funcionarios en la actualidad.

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En estas tres décadas se realizaron dos juicios y hubo 145 imputados, de acuerdo a la información de la Unidad Fiscal AMIA. De ellos, solo 15 llegaron a juicio oral.

Según la base de datos de la UFI AMIA, se abrieron alrededor de 470 líneas de investigación. Surgieron muchas teorías, como que las bombas habían estado dentro de un volquete cerca al edificio o que las habían ingresado junto a materiales para una remodelación.

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Sin embargo, las pericias finalmente establecieron que el ataque se llevó a cabo con un coche bomba cargado de explosivos, para el que se utilizó una camioneta Renault Trafic blanca.

Recientemente, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado argentino por su responsabilidad y falta de investigación en el atentado terrorista.

AMIA, Terrorismo, Irán, Hezbollah, Atentado a la AMIA, Daniel Rafecas