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Maqueda se refirió al posible fallo en la Causa Vialidad y explicó las tres opciones que tiene la Corte

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En medio de crecientes rumores sobre un inminente pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia en la causa Vialidad, el exministro del alto tribunal, Juan Carlos Maqueda, rompió el silencio y trazó un panorama claro sobre el estado actual del expediente que involucra a la expresidenta Cristina Kirchner.

El exjuez, que se jubiló en 2023 tras más de una década en la Corte, descartó que la situación judicial de Cristina pueda considerarse una proscripción y señaló que el caso “transita los carriles normales del procedimiento judicial”.

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Además, advirtió que los tiempos de la Corte “no están condicionados por el calendario electoral” y que Cristina Kirchner “se adelantó con una estrategia política” al hablar de persecución antes de que exista un fallo definitivo.

“La Justicia tiene sus propios tiempos para encontrar certeza en el tratamiento de una causa. No tiene nada que ver con los tiempos electorales. Esa es una especulación natural que se hace en la política y en el periodismo, pero no tiene sustento en lo jurídico”, sostuvo Maqueda en una entrevista con radio Mitre.

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Juan Carlos Maqueda, exjuez de la Corte Suprema de la Nación. (Foto: NA)

Consultado sobre los pasos concretos que puede seguir la Corte en este caso, Maqueda detalló tres escenarios posibles.

El primero, explicó, sería que el tribunal coincida con el dictamen del procurador general, quien pidió elevar la pena de Cristina a 12 años de prisión por considerarla jefa de una asociación ilícita. En ese caso, el expediente volvería a la Cámara de Casación para que resuelva en función de ese pedido.

La segunda opción que manejan los supremos es recurrir al artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial, que habilita a rechazar recursos sin fundamentos sólidos o, en este contexto, confirmar la sentencia sin más trámite. “Ese camino implica una resolución rápida y es aplicable cuando se considera que no hay cuestiones federales relevantes para tratar”, puntualizó Maqueda.

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Como tercera alternativa, el exministro planteó que si la Corte considera que el caso plantea una cuestión constitucional, el análisis sería más profundo y requeriría un tratamiento más extenso. “Cuando una causa es calificada como federal, se evalúa con otros criterios y eso suele extender los plazos. Pero eso no implica ni demora irregular ni intencionalidad política”, aclaró.

Maqueda también se refirió a la estrategia política desplegada por la exmandataria en los últimos meses. “Cristina generó una expectativa política y se adelantó a cualquier cosa que pueda expresar la Justicia. Dio por sentado un fallo que aún no existe. Los otros candidatos esperan una fecha para saber si se presentan. Ella, en cambio, ya instaló una candidatura basada en la idea de proscripción”, señaló.

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Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti estarían próximos a definir la situación procesal de Cristina Kirchner. (Foto: NA)
Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti estarían próximos a definir la situación procesal de Cristina Kirchner. (Foto: NA)

La causa Vialidad, que investiga el direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz durante los gobiernos kirchneristas, fue ratificada por la Cámara de Casación Penal, y ahora depende de la decisión de la Corte para quedar firme. Si el máximo tribunal convalida la sentencia, la expresidenta quedaría inhabilitada para ejercer cargos públicos y podría enfrentar una condena efectiva.

En ese sentido, Maqueda recordó que para que el fallo tenga validez deben coincidir al menos tres de los actuales integrantes de la Corte: Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti. “Si no están los tres votos, se debe convocar a conjueces”, explicó.

El exjuez también desestimó que el proceso judicial tenga motivaciones políticas: “Obviamente en la política se objeta todo, y ya se está hablando de proscripción. Pero esto no tiene nada que ver con una decisión política, sino con el funcionamiento habitual del sistema judicial”.

Por último, remarcó que el caso avanza sin irregularidades y que no hay demoras fuera de lo habitual. “La causa ingresó por la mesa de entradas, pasó por la Secretaría y fue elevada al procurador. Ahora está en manos del Tribunal, que decidirá según corresponda. No hay nada fuera de lo común en ese proceso”, concluyó.

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Corte Suprema de Justicia, Vialidad, cristina kirchner

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La denuncia de un “complot policial” abrió otro frente de conflicto entre Kicillof y el Gobierno, en el inicio de la campaña

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La denuncia del gobierno bonaerense de un supuesto “complot policial” orquestado por el candidato que encabeza la lista de La Libertad Avanza en la Tercera Sección Electoral, el ex comisario Maximiliano Bondarenko, abrió un nuevo frente de conflicto entre Axel Kicillof y la administración de Javier Milei.

El choque de ambos sectores confirmó que las próximas elecciones, lejos de discutir cuestiones provinciales entre líderes y dirigentes locales, estará inevitablemente nacionalizada, por la disputa entre el modelo libertario y el peronista, y atravesada por la cuestión de la seguridad.

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En las primeras horas del jueves, Infobae confirmó que 24 policías bonaerenses había sido removidos de sus cargos por una denuncia anónima -que fue corroborada por investigaciones preliminares- que los vinculaba al ex comisario en planes políticos para reformar la Policía Bonaerense y hacer una profunda purga en la máxima jerarquía de la fuerza.

El ministro de Seguridad de Kicillof, Javier Alonso, detalló que había descabezado a la Policía Ecológica por un supuesto intento de “golpe al comando institucional”, organizado por efectivos ligados a Bondarenko, un ex comisario que ingresó a la política tras un pedido de licencia que le fue otorgado.

“Hicieron esto porque no creían que íbamos a ser capaces de descabezar a todos los involucrados. Los policías saben que no pueden hacer actividades políticas con recursos provistos por el Estado para sus funciones y mientras están en funciones. Violaron la ley”, explicó a este medio una alta fuente de la administración de Kicillof.

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Luego de conocida la decisión, la ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, intervino en la polémica y cargó con dureza contra el mandatario bonaerense. “El inútil de Kicillof cesantea a 24 policías solo porque cree que apoyan a Maximiliano Bondarenko. ¿La causa? Ninguna. Pura persecución política (…) El Gobernador toma partido: siempre a favor de los delincuentes, mientras los bonaerenses están cada vez peor”, afirmó.

Lo hizo por redes sociales, pero luego convocó al candidato libertario a una reunión en la sede del Ministerio, para darle todo su respaldo y renovar la exigencia de que los efectivos sean reincorporados.

Esa intervención confirmó la intención del gobierno de Milei de confrontar de manera decidida contra Kicillof y también de instalar a la seguridad como uno de los temas centrales para la campaña de La Libertad Avanza. Bullrich, que suena como posible candidata a senadora nacional por la ciudad de Buenos Aires para las elecciones del 26 de octubre, tendrá un perfil alto de cara a los comicios del 7 de septiembre, donde la Casa Rosada apuesta a vencer al peronismo en su casa matriz.

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“Kicillof, además de ser un inútil, odia a la Policía y está del lado de los delincuentes, esa es mi lectura. Ellos no son capaces de poner a un policía de candidato”, sostuvo la funcionaria tras la reunión con Bondarenko, quien llegó junto al armador y presidente de LLA bonaerense, Sebastián Pareja.

El ministro Alonso y el gobernador Kicillof (foto archivo)

Tanto el ex comisario y cabeza de la lista libertaria por la Tercera Sección Electoral -que tiene más de 5 millones de votos y concentra más del 30% del total del padrón- como Bullrich aseguraron que los efectivos removidos eran camaradas y amigos que habían compartido un “asado” y desvincularon la reunión de cualquier cuestión política.

Sin embargo, a última hora, el gobierno de Kicillof dejó trascender parte de las pruebas que había sido investigadas que indicaban la existencia de algo más que un asado. En concreto, se difundieron capturas de pantalla de chats de un grupo de WhatsApp que informaban sobre reuniones y planes de reforma de la Policía Bonaerense. También, en las computadoras se hallaron cartas con membrete de La Libertad Avanza dirigidas a intendentes peronistas pidiendo informes sobre cuestiones de seguridad.

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El ex comisario Bondarenko y la ministra Bullrich

“No es como lo dicen, la Policía de la provincia de Buenos Aires es una familia, hay un sentido de pertenencia con sus compañeros. Nos juntamos a comer un asado, simplemente eso fue. Dio la casualidad que después de ese asado me nombran candidato”, fue la versión que dio Bondarenko.

Y agregó: “Lo que hace Kicillof con la Policía hace años que es una cacería de brujas”.

El gobernador bonaerense, que fue informado el miércoles sobre las alternativas dela investigación, se mantuvo al margen de la polémica, pero respaldó la actuación de su ministro de Seguridad: “Para mí lo que hay que decir simplemente es que hay normas, hay leyes y hay que respetarlas. Nada más que eso”, manifestó.

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El tema de la seguridad, sobre todo en la Tercera Sección Electoral, es una de las principales preocupaciones de la gente, de acuerdo a todos los sondeos de opinión pública. Bondarenko, que hasta el episodio de este jueves tenía un bajo perfil y era desconocido para la mayoría de los bonaerenses, deberá enfrentar a la ex intendenta de la populosa La Matanza, Verónica Magario, mientras que el actual jefe comunal, Fernando Espinoza, confrontará con la libertaria Leila Gianni.

“Con esta acusación ridícula y la sanción a los 24 policías nos hicieron un favor. Nos aliviaron el trabajo de tener que instalar a Bondarenko como candidato”, aseguró anoche uno de los operadores libertarios que trabajaron en el diseño de las listas de candidatos.

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La concejala de Quilmes procesada por el ataque a la casa de Espert viajó a Suiza por un Congreso de la ONU

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Eva Mieri, presidenta del bloque peronista en el Concejo Deliberante de Quilmes y referente del kirchnerismo local, viajó a Ginebra, Suiza, para participar de un congreso sobre Derechos Humanos organizado por Naciones Unidas (ONU), a pesar de estar procesada por lanzarle caca al frente de la casa del diputado José Luis Espert.

Mieri, que podría quedar al frente del municipio de Quilmes si la intendenta Mayra Mendoza asume como legisladora provincial, fue procesada la semana pasada por varios delitos vinculados al escrache ocurrido el 28 de febrero en la localidad de Acassuso.

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Según el fallo de la jueza Sandra Arroyo Salgado, se le imputan los delitos de “atentado contra el orden público”, “amenazas agravadas”, “incitación al odio por razones políticas”, “falsificación de la numeración de un objeto registrado” (por las patentes tapadas de los vehículos usados) y “malversación de caudales públicos”.

El episodio incluyó el lanzamiento de caca frente a la casa del dirigente libertario, la colocación de un pasacalle con la leyenda “Acá vive la m… de Espert” y la distribución de panfletos que decían “Con Cristina no se jode”. Parte de esa acción se realizó, según determinó la Justicia, con una camioneta del municipio de Quilmes y un vehículo particular con patentes cubiertas.

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El posteo de un funcionario del ministerio de Seguridad, en X.

Mieri fue detenida durante 13 días en el penal de Ezeiza y recuperó la libertad el martes pasado, tras un fallo de la Cámara Federal de San Martín. Los camaristas Néstor Barral y Alberto Lugones consideraron que la concejala entregó voluntariamente su teléfono celular y que no contaba con antecedentes penales, por lo que ordenaron su excarcelación. Fue la jueza Sandra Arroyo Salgado, a cargo de la causa, quien autorizó su salida del país.

La participación de Mieri en el “Encuentro de Gobiernos Locales y Derechos Humanos”, organizado por la ONU en el Palacio de las Naciones de Ginebra, fue difundida en redes sociales por la cuenta oficial de United Cities, una de las organizaciones convocantes, y replicada por el funcionario del Ministerio de Seguridad Fernando Soto.

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“La concejal Eva Mieri, investigada por tirarle caca a Espert, después de ser excarcelada se fue al ‘Encuentro de Gobiernos Locales y Derechos Humanos’ de la ONU”, escribió en su cuenta de X Soto, un dirigente del riñón de la ministra Patricia Bullrich. Mieri, que participó junto a otros funcionarios, académicos y expertos de todo el mundo, no difundió la actividad en sus redes.

En la causa también fueron procesados Iván Díaz Bianchi, empleado del Hospital Cetrángolo, y la funcionaria bonaerense Alesia Abaigar. La jueza sostuvo que existió “una agrupación, al menos transitoria”, que actuó con el objetivo de “alarmar y/o amedrentar al diputado Espert y su familia”.

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Arroyo Salgado aseguró que Mieri y Abaigar fueron quienes “organizaron y planificaron” el escrache, y remarcó la gravedad de que lo hayan hecho en su rol de funcionarias públicas.

En el celular de Abaigar, según consta en el expediente, se encontraron conversaciones sobre la logística del ataque, incluyendo detalles sobre la vestimenta, el traslado y la convocatoria de personas.

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La magistrada había rechazado inicialmente la excarcelación de ambas, al considerar que existía riesgo de fuga y posibilidad de obstrucción a la investigación. Fundó su decisión en que Mieri presentó un teléfono sin datos y en la posición jerárquica de Abaigar, lo que —según su criterio— podría haber dificultado la pesquisa.

En su resolución, Arroyo Salgado concluyó: “Estamos ante dos funcionarias y un empleado público que, más allá del partido por el que militen, deberían enarbolar la bandera de la democracia, el respeto y la igualdad. Por el contrario, según surge de la causa, participaron u organizaron un hecho que atenta contra el orden público”.

José Luis Espert, Quilmes, mayra mendoza

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La Justicia de Santa Cruz habilitó a Cristina Kirchner a votar, a pesar de la condena por corrupción

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La jueza federal subrogante de Río Gallegos, Mariel Borruto, dictaminó que la normativa que inhabilita para votar a personas condenadas por delitos con penas mayores a tres años resulta inconstitucional, incluso si se trata de delitos de corrupción. En consecuencia, ordenó mantener a Cristina Fernández de Kirchner como electora activa en el padrón de Santa Cruz, lo que faculta teóricamente su voto en las elecciones del 26 de octubre.

Según el fallo, “privar el derecho a votar infringe los estándares de nuestro más alto tribunal”, y las disposiciones cuestionadas no cumplirían con los criterios de “legalidad, necesidad y proporcionalidad” establecidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Por ello, la jueza dispuso que la expresidenta pueda votar, aunque siga inhabilitada para postularse como candidata, en sintonía con la condena del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°2 por la causa Vialidad.

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La dura respuesta de Cristina Kirchner al futuro embajador de Estados Unidos en Argentina

La resolución contradice directamente la doctrina de la Corte Suprema de Justicia, que ratificó en junio de 2025 la condena de seis años de prisión e inhabilitación perpetua para Cristina Kirchner por corrupción en la causa Vialidad, además de ratificar su inhabilitación política. Aunque la jurisprudencia de la Cámara Nacional Electoral sostiene que prohibir el voto a condenados es inconstitucional, usualmente se exceptúan quienes enfrentan delitos contra la administración pública —como es el caso de Fernández de Kirchner.

En la práctica, el fallo tiene un componente más simbólico que real: Fernández de Kirchner cumple prisión domiciliaria en Buenos Aires y no podría trasladarse a Santa Cruz para emitir su voto. Aun así, su figura política mantiene peso en el escenario electoral nacional, donde continúa movilizando bases frente al gobierno de Javier Milei.

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