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Marcha por la educación pública: los números detrás del reclamo de las universidades por más presupuesto

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Estudiantes, docentes y personal no docente de todos los niveles; egresados; organizaciones sociales; gremios y partidos políticos marcharán este martes con un libro en la mano, contra el ajuste del Gobierno de Javier Milei sobre el presupuesto universitario y en defensa de la educación pública.

Las movilizaciones se realizarán en distintos puntos del país y los convocantes proyectan que podría ser una protesta multitudinaria. El Ministerio de Seguridad, a cargo de Patricia Bullrich, advirtió que aplicará el protocolo antipiquetes para ordenar la circulación.

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“Convocamos a una gran demostración nacional el próximo 23 de abril, a realizarse en la Ciudad de Buenos Aires, en defensa de la educación y del sistema universitario público argentino. En conjunto con las representaciones docentes, no docente y estudiantiles. Toda la comunidad universitaria, toda la sociedad, porque el futuro está en juego. Todos los problemas que tenemos se resuelven con más educación”, planteó el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN).

Para el Gobierno, se trata de una marcha que no responde a un verdadero interés por la educación pública, sino a cuestiones políticas. “Es una movilización incentivada por la política”, dijo el vocero presidencial, Manuel Adorni. Para el ministro de Economía, Luis Caputo, es “un berrinche”.

Entre otros referentes de la oposición, se movilizarán Axel Kicillof, Sergio Massa, Máximo Kirchner y dirigentes de la UCR, la Coalición Cívica, el Frente Renovador y el FIT. En la previa a la marcha universitaria, muchos docentes dieron clases públicas en la calle.

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La respuesta al ajuste de Milei

En un intento por desactivar la marcha, el Gobierno anunció un incremento adicional del 70% en el presupuesto universitario de mayo, que se sumará al aumento del 70% el otorgado en marzo. Así, alcanzará $14.224.732.213 mensuales para el quinto mes del año. Además, convino en realizar una auditoría.

Según explicó Emiliano Yacobitti, vicerrector de la Universidad de Buenos Aires (UBA), el anuncio es para “subsanar el 25% del ajuste de los gastos de funcionamiento de las universidades”, que “representan solo el 10% del presupuesto universitario”, mientras que “el otro 90% son salarios, que siguen perdiendo un 35%, desde diciembre, comparados con la inflación”.

De acuerdo con un análisis realizado por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA), “el sueldo de febrero 2024 se ubicó 29% por debajo del de noviembre 2023 y 27% menor al promedio anual del año 2023″.

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Las cifras oficiales confirmadas por Adorni indican que el recorte en educación fue del 70%. Los informes privados coinciden en la magnitud del ajuste. Según la Asociación Argentina del Presupuesto y la Administración Financiera Pública (ASAP), las transferencias a universidades nacionales se redujeron 34,2% en términos reales el primer trimestre 2024 con respecto a igual trimestre 2023. Para CEPA, solo en marzo la baja del presupuesto fue del 61% comparado con el mismo mes del año anterior.

Ajuste presupuestario de las universidades (Gráfico: CEPA).
Ajuste presupuestario de las universidades (Gráfico: CEPA).

“En el primer bimestre del año, las transferencias a las universidades nacionales se ubicaron 28% por debajo del primer bimestre de 2023 y 23% por debajo del promedio de los últimos 6 años”, detalló el informe.

Dónde se realizarán las movilizaciones

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Si bien el punto central de la marcha será la Ciudad de Buenos Aires, habrá movilizaciones en todo el país, convocadas por más de 70 casas de altos estudios pertenecientes a las 24 jurisdicciones.

Cada provincia definió los puntos de los actos principales. En el centro porteño, las movilizaciones comenzarán a las 15:30 en el Congreso, desde donde marcharán hacia Plaza de Mayo. Allí, a las 18:00, está prevista la lectura de un documento.

La idea es no cortar ninguna calle. Concentrar el esfuerzo en que el trastorno para la gente que circula sea el menor posible”, dijo Yacobitti en diálogo con TN.

Cuáles son los reclamos

La consigna principal de la convocatoria es la defensa de la educación pública y contra el recorte de presupuesto en las universidades. Según el CIN, “la situación económica financiera que atraviesa el sistema universitario público es grave y necesita urgente respuesta por partes de los poderes del Estado nacional”.

Entre otros puntos, el CIN planteó preocupación por:

  • La falta de acuerdos paritarios;
  • El deterioro del sistema científico, tecnológico y de innovación;
  • La suspensión total de obras de infraestructura científica y universitaria en ejecución;
  • La no renovación del los sistemas nacionales de becas;
  • La eliminación del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID).

Leé también: El Gobierno frenó la apertura de cinco nuevas universidades creadas por ley a fines de 2023

Y reclamó:

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  • Priorizar la educación pública que nos iguala y hace libres, la formación universitaria de excelencia y la inversión en ciencia y tecnología y, consecuentemente, jerarquizar su asignación presupuestaria.
  • El derecho de las y los jóvenes de acceder, según su deseo y vocación, a la educación pública superior de excelencia, no arancelada y con ingreso libre.
  • Un sistema abierto que promueve la movilidad social y las transformaciones de nuestras comunidades, del que nuestras y nuestros graduados son su mejor expresión.
  • Que cualquier acuerdo que se promueva a nivel nacional priorice como central la cuestión educativa.



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Tras la salida de la Gendarmería Nacional, la Policía de la Ciudad desemabarcó en la villa 1-11-14

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Se trata de una zona caliente en el millonario negocio del narcomenudeo. Durante años, los vecinos de este barrio popular estuvieron a merced de los hermanos Fernando y Marco Estrada Gonzáles, más conocidos como Piti y Marcos, capo narcos que a fuerza de balas y terror ganaron el territorio en su disputa con otras organizaciones criminales. Hace 13 años y medio, la seguridad y las tareas de prevención en la zona conocida como villa 1-11-14 pasaron a estar a cargo de la Gendarmería Nacional, como parte del denominado Operativo Cinturón Sur. Hoy, los gendarmes le dejaron su lugar a personal de la Policía de la Ciudad.

Así lo informaron a LA NACION fuentes del los ministerios de Seguridad de Nación, a cargo de Patricia Bullrich, y de la Ciudad, conducido por Waldo Wolff.

“Era lo programado y acordado con el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Ya comenzaron los relevos en el territorio. La fuerza de seguridad porteño ya modula el número de emergencias 911″, explicó a LA NACION un colaborador de la ministra Bullrich.

Desde la cartera conducida por Wolff dijeron que la intención es continuar con la misma cantidad de uniformados que había desplegado la Gendarmería Nacional para controlar el territorio. Sin embargo, no se precisó el número exacto.

“Gendarmería Nacional ya hizo entrega de las instalaciones a las autoridades de la Policía de la Ciudad”, sostuvo, cerca del mediodía de hoy, a LA NACION una fuente al tanto de los detalles del traspaso.

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Además, Wolff recorrió esta tarde los puntos estratégicos de la villa 1-11-14 -rebautizada como Barrio Padre Rodolfo Ricciardelli-, explicaron desde la Ciudad.

Por el momento, no hubo información oficial sobre si la seguridad y las tareas preventivas van a estar a cargo de una unidad especial o si habrá una reasignación de oficiales que estaban en otros destinos dentro de la ciudad de Buenos Aires, que hoy cuenta con más de 26.000 uniformados activos.

“La Policía de la Ciudad se hará cargo de las tareas de prevención y protección de la 1-11-14 que, hasta ahora, estaba bajo la custodia de la Gendarmería Nacional. Hoy comenzó una transición de fuerzas y se mantendrá la cantidad de efectivos destinados a esta jurisdicción”, dijeron fuentes del Ministerio de Seguridad porteño.

Y desde Nación explicaron: “Fue un proceso acordado con Ciudad de varios meses. Fue gradual la salida de los gendarmes y hoy se retiraron los que faltaban”.

Tampoco hubo declaraciones respecto del traspaso. La ministra Bullrich estuvo en la provincia de Corrientes, donde en la ciudad de Ituzaingó inauguró el Paso Internacional Yacyretá.

“Hoy marcamos otro hecho histórico en la gestión del gobierno de Javier Milei porque apostamos al crecimiento de nuestro país, de su gente y su economía”, sostuvo en un acto donde estuvo acompañada del gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, y del ministro del Interior de Paraguay, Enrique Riera.

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Un plan de Cristina Kirchner y Nilda Garré

El denominado Plan Unidad Cinturón Sur había sido presentado por la entonces presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, y su ministra de Seguridad, Nilda Garré, en junio de 2011.

El programa de seguridad no solo contemplaba el despliegue de gendarmes en la villa 1-11-14, sino también de prefectos en las villas 21-24 y Zavaleta, en el límite de los barrios de Nueva Pompeya y Barracas. En total, eran 2500 uniformados de las fuerzas federales.

Además, la Prefectura Naval tenía a su cargo el patrullaje en Puerto Madero, desde su creación como un nuevo barrio en la ciudad.

Esto ocurrió hasta marzo de 2021, cuando la Prefectura le dejó su lugar a la Policía de la Ciudad en Puerto Madero, y, tres meses después, hizo lo propio en las villas.

El traspaso, en ese caso, se hizo después de un año de negociaciones entre el entonces vicejefe de Gobierno porteño (que tuvo a su cargo también el Ministerio de Seguridad) Diego Santilli y Sabina Frederic, que fue ministra de Seguridad de la Nación en la primera parte de la presidencia de Alberto Fernández.

En ese momento se había postergado el traspaso de las tareas de la prevención y patrullaje en el asentamiento en el Bajo Flores por una cuestión táctica, ya que se habían sucedido una serie de ajustes de cuentas en la guerra narco entre las bandas que operan en la zona.

En septiembre de 2021, cuando Aníbal Fernández asumió en lugar de Frederic, fue uno de los primeros temas que tuvo que definir. Estaba previsto que el traspaso quedara completado en noviembre de 2022, pero todo se retrasó hasta hoy.

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Submundo narco

En 2020, en los alegatos del juicio donde Marcos Estrada Gonzáles fue condenado a la pena única de 24 años de cárcel, el fiscal Diego Velasco sostuvo, como lo hizo en varias resoluciones cuando era juez federal, el ahora integrante de la Suprema Corte de Justicia bonaerense Sergio Torres, la venta de droga en la villa 1-11-14 estaba divida por turnos entre Marcos y Piti.

La banda narco, históricamente liderada por los hermanos Estrada Gonzáles, llegó a “facturar” entre 500.000 y 900.000 pesos cada 24 horas (cuando el dólar cotizaba muy por debajo del precio actual).

“En la villa 1-11-14 manda el que tiene el arma con el calibre más grande”, llegó a decir en un momento un detective judicial que investigaba una serie de homicidios en la zona del Bajo Flores vinculados la disputa.

La guerra narco en la 1-11-14 fue despiadada. Por ejemplo, en abril de 2022 hubo un doble crimen: Jhon Henry Sosa Farfán, más conocido como Chayanne o Loco e integrante de la banda liderada por Marcos, fue ejecutado por siete sicarios armados con pistolas calibre 9 y 45.

La otra víctima fue Julio César Huaris Pereyra, que acompañaba a Chayanne en el momento de la emboscada.

El ataque a tiros ocurrió tres días después de que el juez federal Ariel Lijo procesara con prisión preventiva a siete integrantes de la organización narco que opera desde la villa 1-11-14. “Un ajuste de cuentas vinculado al negocio narco”, había dicho un investigador.

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