El Gobierno oficializó este lunes la transformación de Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT) en una sociedad anónima, bajo la denominación de Carboeléctrica Río Turbio S.A., y habilitó la participación de capitales privados en su administración. La medida, dispuesta mediante un decreto del Poder Ejecutivo que se publicó esta medianoche en el Boletín Oficial, mantiene el control mayoritario del Estado Nacional, aunque allana el camino para una eventual privatización.

La flamante sociedad anónima estará bajo la órbita del Ministerio de Economía y absorberá la operación del yacimiento carbonífero, los servicios ferroviarios y portuarios asociados, y la usina termoeléctrica de Río Turbio. Según se desprende de la publicación oficial, identificada bajo el decreto 115/2025, el Estado retendrá el 95% de las acciones a través de la Secretaría de Energía, mientras que el 5% restante quedará en manos de la Secretaría de Minería.

Reducción de subsidios y reestructuración laboral

Uno de los principales objetivos de la reforma, que lleva las firmas de Luis Caputo (Ministro de Economía) y Guillermo Francos (Jefe de Gabinete) es reducir la carga que YCRT representa para el Tesoro Nacional. En ese sentido, se establece un plazo de 60 días para la presentación de un presupuesto 2025 que contemple una disminución progresiva de los aportes estatales, así como un plan de inversiones que garantice la operatividad del complejo minero y energético.

En el plano laboral, el decreto determina que los trabajadores de la empresa pasarán a regirse por la Ley de Contrato de Trabajo N° 20.744, lo que implica un cambio en las condiciones actuales de empleo. Además, en un plazo de 180 días deberá negociarse un nuevo Convenio Colectivo de Trabajo. A pesar de esta transición, el Gobierno aseguró que se respetarán los derechos adquiridos por los empleados.

El Estado absorbe pasivos y exceptúa a la empresa de controles administrativos

Como parte del proceso de transformación, el Estado Nacional asumirá la totalidad de las deudas acumuladas por YCRT hasta la fecha de conversión en sociedad anónima. Asimismo, el decreto establece que Carboeléctrica Río Turbio S.A. estará exceptuada de los procedimientos de contratación pública y normas administrativas, aunque seguirá sujeta a los controles de la Ley de Administración Financiera N° 24.156.

En diciembre, se conoció un informe lapidario de la Sindicatura General de la Nación sobre el funcionamiento de YCRT. Al cierre del tercer trimestre de 2024, YCRT tuvo un resultado económico negativo de $8728 millones pese a haber recibido fondos nacionales por $53.837 millones. Según la SIGEN, su déficit operativo fue de $62.565 millones en los primeros nueve meses del año. Según estimaciones del Gobierno, el déficit final de 2024 se ubicará entre los 80 y 100 millones de dólares.

Lugar para una eventual privatización

Si bien el decreto no implica una privatización inmediata, sí sienta las bases para que ello ocurra en el futuro. La Ley N° 27.742, aprobada recientemente, incluyó a YCRT dentro del listado de empresas estatales sujetas a privatización. En caso de que el Gobierno decida avanzar en la venta total o parcial de la compañía, deberá negociar previamente con la provincia de Santa Cruz. Con esta decisión, el Ejecutivo busca reducir el peso de la empresa sobre las cuentas públicas y hacerla más atractiva para la inversión privada, en un contexto de reestructuración del sector energético y de ajuste fiscal.