En medio de una semana clave para la disputa entre las provincias y el Gobierno nacional por los fondos federales, intendentes de todo el país se reunieron hoy en la Cámara de Diputados para reclamar la restitución de partidas que, según denuncian, la Nación retiene de forma indebida. El foco está puesto en tres ejes: los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), los fondos fiduciarios para obra pública y el impuesto a los combustibles líquidos, que debería financiar el mantenimiento de las rutas.

La reunión fue convocada por el diputado cordobés Juan Brügge, presidente de la Comisión de Asuntos Municipales, aunque no pudo llegar a tiempo para presidirla por demoras en los vuelos. En su lugar estuvo Carolina Yutrovic, de Unión por la Patria. La iniciativa de esta cumbre, según señalaron los participantes, se gestó en mayo, durante la conformación del Consejo Federal de Intendentes (Cofein) en Tucumán. Se da como parte de una estrategia coordinada con los gobernadores que empujan en el Senado una ofensiva legislativa por los mismos reclamos.

Aunque fueron convocados más de veinte jefes comunales de capitales provinciales, las condiciones climáticas impidieron la llegada de varios. Estuvieron presentes, entre otros, los intendentes Pablo Javkin (Rosario), Marcos Castro (Viedma), Raúl Jorge (San Salvador de Jujuy), Rossana Chahla (San Miguel de Tucumán), Juan Manuel García (Machagai, Chaco) y Norma Fuentes (Santiago del Estero). También el vice intendente de Puerto Madryn, Martín Ebene. Hubo representantes de las municipalidades de Río Grande (Tierra del Fuego) y Río Gallegos (Santa Cruz).

“En algún momento hay que poner un límite. La Nación es una aspiradora de recursos. No se trata de un orden fiscal, sino de acumular deuda que después alguien va a tener que pagar”, dijo Javkin a .

El intendente rosarino acusó al Gobierno nacional de recaudar con impuestos que impactan directamente en los municipios, pero sin reinvertir en servicios. “El impuesto al débito y crédito, el IVA que pagamos los municipios, el impuesto a los combustibles líquidos. Todo eso se queda en la Nación”, agregó.

Desde Santiago del Estero, Fuentes reclamó inversiones básicas para garantizar la producción y el transporte: “¿Cómo se va a sacar la producción si no tenemos rutas?”, planteó. En la misma línea, el intendente de Machagai (Chaco) describió la situación de colapso social que enfrentan los municipios: “Somos la caja de resonancia donde la gente viene a pedir lo que le falta. Pasajes, transporte, ayuda directa”. Y advirtió: “La disolución de Vialidad es una tragedia para nosotros. Se esfuerzan por destruir lo que hizo grande a este país”.

El Cofein reúne a intendentes de distintas fuerzas -UCR, PJ, PRO y partidos provinciales- con vínculos directos con los gobernadores que lideran la ofensiva legislativa en el Senado.

Entre los convocados estuvieron Julio Alak (La Plata), Daniel Passerini (ciudad de Córdoba), Gustavo Saadi (Catamarca), Roy Nikisch (Resistencia), Damián Biss (Rawson), Eduardo Tassano (Corrientes), Rosario Romero (Paraná), Jorge Jofré (Formosa), Raúl Jorge (San Salvador de Jujuy), Luciano di Nápoli (Santa Rosa), Armando Molina (La Rioja), Ulpiano Suárez (Mendoza), Leonardo Stelatto (Posadas), Mariano Gaido (Neuquén), Marcos Castro (Viedma), Emiliano Durand (Salta), Susana Laciar (San Juan), Gastón Hissa (San Luis), Pablo Grasso (Río Gallegos), Juan Pablo Poletti (Santa Fe), Walter Vuoto (Ushuaia) y Bruno Cipolini (Roque Sáenz Peña).

El temario de la reunión giró en torno al impacto del retiro del Estado nacional de las inversiones públicas que históricamente se financiaban con recursos federales. Los intendentes plantearon la necesidad de revisar la distribución del impuesto a los combustibles líquidos y apoyaron los proyectos que los gobernadores buscan instalar en el Senado, que obligarían a coparticipar esos fondos y a distribuir los ATN en forma automática.

También se evaluó impulsar una propuesta para eximir del IVA a las contrataciones municipales vinculadas a obras y servicios públicos. “No tenemos ninguna posibilidad de descarga del IVA”, se quejó Javkin, al referirse a los sobrecostos que enfrentan los municipios al financiar infraestructura básica.

A su vez, Brügge impulsa una reforma para redistribuir el impuesto a los combustibles: propone que el 43,29% vaya a las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el 25,47% al Tesoro Nacional, el 28,69% al Sistema de Seguridad Social y el 2,55% al transporte público. El objetivo, según el legislador, es “recomponer el esquema federal” y garantizar la equidad territorial frente al desfinanciamiento.

El movimiento de los intendentes no es aislado: acompaña el impulso de los gobernadores, que esta semana buscarán avanzar en el Senado con dos iniciativas clave. Una establece que los ATN se distribuyan de forma automática como parte de la masa coparticipable. La otra elimina los fideicomisos creados por decreto y establece reglas claras para la coparticipación del impuesto a los combustibles líquidos.

La tensión con el Gobierno nacional también se hará visible en el plano simbólico este martes por la noche, durante el acto oficial por el Día de la Independencia en Tucumán. Solo tres mandatarios -el anfitrión Osvaldo Jaldo, el catamarqueño Raúl Jalil y el salteño Gustavo Sáenz- confirmaron su presencia junto a Javier Milei. El resto de los gobernadores, incluidos los dialoguistas, declinaron asistir por tener actividades ya pautadas en sus provincias.

El faltazo mayoritario -en el mismo lugar donde hace un año 18 mandatarios firmaron el frustrado Pacto de Mayo- opera como un nuevo gesto de distanciamiento. Aunque aseguran estar dispuestos a dialogar, los gobernadores sostienen que el dinero que reclaman “le pertenece a las provincias” y no afecta el equilibrio fiscal.

En este contexto, el Congreso se convierte en escenario de una ofensiva política coordinada. En el Senado, los gobernadores marcan el paso. En Diputados, sus intendentes replican la presión. La estrategia funciona como una pinza legislativa para forzar la redistribución de fondos que, denuncian, el Gobierno nacional concentra sin ley ni consenso.

El juez en lo Penal Económico Pablo Yadarola pidió a los Estados Unidos los videos del despegue del avión del amigo del Gobierno Leonardo Scatturice, ya que está en duda el lugar desde donde partió la aeronave.

No es el único misterio que pretende revelar el magistrado, que hizo lugar a la mayoría de las medidas de prueba solicitadas por la fiscalía. Por caso, la identidad y las comunicaciones de la funcionaria de la Aduana que habilitó un carril especial para que los pasajeros y tripulantes del jet privado no fueran revisados; los vehículos y empleados involucrados en la descarga; los controles sobre la bodega del avión, y hasta las razones por las que la ANAC no tenía registros de los movimientos del jet de Scatturice. Una suerte de vuelo “fantasma”. Todo eso, además de autorizar que se vuelva a tomar el testimonio de los pilotos, uno de los cuales trabajó para el expresidente Alberto Fernández.

Oficialmente, se registró que el jet privado partió desde Fort Lauderdale, en Florida, pero podría haberlo hecho desde Opa-locka, otro aeropuerto de ese estado.

Según la declaración general de vuelo, la aeronave provenía del aeropuerto KFLL-Fort Lauderdale, Florida, Estados Unidos. Sin embargo, en mensajes de WhatsApp enviados por el piloto al personal de la empresa Royal Class, que fueron aportados en el expediente judicial por esa compañía, indicaba que la aeronave provenía y regresaría el 12 de marzo al aeropuerto de Opa-locka (KOPF).

Por su parte, la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA) aportó la faja de progreso de vuelo y mensajes AMHS, que contienen información relativa al plan de vuelo y su trayectoria, de los cuales también se desprende que la aeronave habría provenido de Opa-locka (KOPF).

Este detalle es clave porque habla de los controles que se realizaron sobre el equipaje al salir de los Estados Unidos, uno de los argumentos que la empresa de Scatturice esgrimió para asegurar que el equipaje fue controlado al partir.

Para aclarar esas dudas, el juez −dijeron fuentes judiciales a − pidió los videos del despegue de la aeronave. Asimismo, se pidieron nuevas declaraciones testimoniales a los pilotos. Uno de ellos, Juan Pablo Pinto, fue el piloto de Alberto Fernández que protagonizó el vuelo rasante sobre Aeroparque con el que bautizaron en 2023 al flamante avión presidencial ARG-01.

El fiscal Claudio Navas Rial pidió investigar quién ordenó dejar pasar las valijas del avión de Scatturice sin que las revisaran. Y el juez Yadarola avanzó para individualizar a los funcionarios de la Aduana que permitieron el ingreso del equipaje sin sobresaltos y en particular a una mujer que, según un testigo, recibió un celular de la pasajera Laura Belén Arrieta.

Navas Rial habló en su dictamen de “inconsistencias significativas”, entre las que destacó “omisiones en los controles de equipaje al momento del arribo; ausencia de registros que acrediten la trazabilidad del equipaje; deficiencias en el registro migratorio de tripulantes y pasajeros; falta de documentación que acredite la inmovilización, resguardo e inspección del contenido de la aeronave; ausencia del registro del vuelo en las bases de datos estatales correspondientes; y dudas respecto del aeropuerto de procedencia declarado”.

Asimismo señaló que hubo una “instrucción externa que habría condicionado el desarrollo de los procedimientos previstos” para revisar a los pasajeros del avión que aterrizó el 26 de febrero en Aeroparque.

En ese dictamen, el fiscal pidió que se individualicen los funcionarios que acompañaron a los pilotos y a Laura Belén Arrieta, la ejecutiva de la empresa OCP Tech que bajó del avión como única pasajera.

El avión ingresó con José Luis Donato Bresciano y Pinto como pilotos y Arrieta como pasajera. Se sumó un cuarto ocupante a la salida, Víctor Germán Du Plooy, quien había arribado previamente al aeropuerto de Ezeiza en un vuelo comercial. Se trata del Corporate Business Manager de OCP Tech, la empresa de Scatturice que hace un mes abrió oficinas en Puerto Madero como parte de su política de expansión. Todos los empleados trabajaban para Scatturice desde hace un año.

Navas Rial, tras reconstruir la llegada del avión, el recorrido de los pasajeros y las valijas, y destacar que se anotaron cinco bultos, cuando en realidad bajaron 10 de la aeronave, destacó que no se revisaron.

Las valijas pasaron por un canal paralelo sin ser objeto de controles. “Este tratamiento diferenciado -justificado en la inexistencia de alertas activas sobre el grupo, según lo manifestado por el jefe de División- y en presencia de tecnología operativa disponible, plantea interrogantes sobre el fundamento de la selectividad aplicada”, dijo Navas Rial.

Y agregó que “la omisión de revisión contrasta con el control ejercido de manera regular e inmediata sobre todos los demás pasajeros en condiciones aparentemente similares”, destaca el dictamen.

“El registro fílmico evidencia que, mientras una cantidad considerable de personas se encontraban en el hall de Aduana, siendo sometidos al control de equipaje mediante escáner, la pasajera y los dos tripulantes del vuelo privado fueron los únicos en beneficiarse de un criterio de selectividad que derivó en un procedimiento diferenciado. Este hecho se produjo ante la mirada de los funcionarios encargados del control, que no solo presenciaron la situación, sino que además facilitaron activamente el acceso exclusivo del grupo, mientras los demás pasajeros eran conducidos por los carriles de control correspondientes”, dice el fiscal.

La fiscalía quiere identificar a todos los vehículos que intervinieron en el arribo del avión, en particular dos camionetas color negro, pertenecientes a Royal Class; una camioneta tipo traffic que podría pertenecer a la PSA; una camioneta a la Dirección General de Aduanas y dos o tres camionetas que se aproximan y se retiran de la aeronave. La fiscalía quiere saber quiénes iban a bordo para llamarlos a declarar.

Teniendo en cuenta la discrepancia entre los cinco bultos declarados oficialmente, Navas Rial sugirió además que vuelvan a declarar ambos tripulantes y el chofer del vehículo identificado como “Michi”, que estaba al servicio de Laura Belén Arrieta.

En su requerimiento de instrucción, el fiscal tuvo acreditada “la discrepancia entre los cinco bultos declarados oficialmente en el Formulario de Declaración General y las imágenes de la PSA que muestran más de diez bultos”.

También pidió al juez “identificar al personal de la empresa Royal Class que intervino en la operación de arribo, en especial a las dos personas que, según se desprende del análisis de las imágenes, trasladaban los bultos (posibles maleteros), así como a los dos agentes que habrían acompañado a la pasajera y la tripulación durante todo el procedimiento, tanto en pista como en el hall de Aduana”.

Además, quedaron en el avión dos valijas, que se declararon como equipaje en tránsito, que llamaron la atención del fiscal.

El avión permaneció en tierra hasta volver a despegar hacia París, previa escala en Tenerife. La fiscalía quiere saber qué “normativa vigente aplicable al momento de los hechos y en la actualidad, en relación con la permanencia de aeronaves en el territorio argentino” y las normas sobre “control de aeronaves en hangares privados”.

Hay, dijo Navas Rial, inconsistencias en la información de Migraciones: “Se advierten inconsistencias en los registros migratorios correspondientes a los dos tripulantes (José Luis Donato Bresciano y Juan Pablo Pinto) y a los dos pasajeros (Laura Belén Arrieta y Víctor Germán Du Plooy). En particular, los datos consignados por la Dirección Nacional de Migraciones indican como destino de salida “Estados Unidos”, cuando en realidad la aeronave partió con destino final París, realizando una escala intermedia en Tenerife, y recién retornó a EE.UU. el día 12 de marzo, hecho que sí surge de documentación incorporada a la causa.

En cuanto a las “inconsistencias en registros migratorios”, el fiscal pidió que Migraciones “proceda a la rectificación urgente de los datos incorrectamente consignados en el sistema migratorio”.

El fiscal enumeró las siguientes irregularidades: