La jueza federal María Servini es la jueza del poder y del peronismo. Tiene 87 años y hace más de tres décadas que es jueza federal con competencia electoral. Llegó al cargo en 1990, nombrada por el expresidente Carlos Saúl Menem. Servini tiene otra vez la llave para resolver la interna del Partido Justicialista (PJ), atravesado por una disputa entre Cristina Kirchner y el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela.

Servini tiene una conexión con el peronismo desde antes de llegar a ser jueza federal, ya que cuando era defensora oficial, le tocó asistir a Isabel Perón. En febrero de 1976, poco antes de ser derrocada por los militares, Isabel Perón firmó su ascenso a jueza de menores. Su último trabajo como defensora oficial fue representarla.

Huelgas y piquetes de un tiempo viejo

En el conflicto que debe actuar ahora, la junta electoral del Partido Justicialista impugnó la lista de Quintela para presidir el PJ. El candidato que pretende competir con la expresidenta apeló esa decisión ante la jueza Servini. La ley de partidos políticos (23.298) establece que en las elecciones internas partidarias la junta electoral actúa como juez y la Justicia Electoral de primera instancia (Servini) como apelación. Por eso su decisión es irrecurrible. Sin intervención de la Cámara Electoral. Distinto es si la justicia dispone la intervención del partido, algo que también ya ocurrió en la historia del partido y con Servini como jueza.

Fue con el menemismo que Servini estrechó sus lazos con el poder. Interlocutora habitual del exministro del Interior Carlos Corach, tenía charlas con quien fuera ministro de Menem, el mendocino Eduardo Bauzá. La marcó al fuego en los 90 el caso del Yomagate, donde fue la jueza que debió investigar a la exsecretaria de audiencias presidencial Amira Yoma, cuñada del presidente, por narcotráfico.

Un arrepentido español declaró que Yoma, con su entonces esposo, el sirio Ibrahim al Ibrahim, integraba una organización de narcotráfico, que lavaba dinero en la Argentina, donde llegaban valijas repletas de dólares. Servini, que compartía a la modista Elsa Serrano con Amira, buscó evitarle mayores disgustos a la familia presidencial. El juez español Baltzar Garzón había reclamado su detención y la jueza viajó a España. Las órdenes de Garzón para detener a Amira Yoma terminaron en la caja fuerte de su juzgado. Por esta causa solo fue preso un personaje secundario de la historia, Mario Caserta, condenado en 2003 por el entonces juez federal Jorge Ballestero a cinco años de prisión por ser el “organizador” de una asociación ilícita que blanqueó en el país dinero del narcotráfico.

Servini sobreseyó definitivamente a Amira en 1994, en una decisión confirmada por la Cámara Federal. Ibrahim al Ibrahim, seguía prófugo en Siria al igual que el cubano Mario Anello, quien se encargaba de despachar desde los Estados Unidos valijas adicionales en el equipaje de eventuales visitantes, que luego eran retiradas aquí por Caserta.

Servini enfrentó múltiples denuncias por la protección al menemismo en este caso, pero en todas zafó. Quienes la hicieron zafar del juicio político en 1991, antes de la existencia del Consejo de la Magistratura, fueron los diputados peronistas de la Comisión de Juicio Político de la Cámara de los Diputados, que eran mayoría.

Rechazaron la petición de la oposición para iniciar el proceso a la jueza Servini ante la acusación de los diputados del radicalismo contra la magistrada por instigar el falso testimonio, amenazas, falsedad de instrumento público y abuso de autoridad en la instrucción del expediente. Evitó la destitución, pero no se borró de la memoria colectiva su intento de proteger al menemismo.

En su actividad como jueza electoral, siempre tuvo contacto con los apoderados de los partidos políticos, pero era con Jorge Landau, un histórico del PJ, con quien mantenía una cálida relación de cercanía.

Sin embargo, a pesar de esta cercanía con el peronismo, tras la derrota de 2017, en abril de 2018, la jueza María Servini decidió intervenir el partido justicialista. Desplazó a José Luis Gioja y designó como interventor al sindicalista Luis Barrionuevo. El mundo sindical peronista es un planeta cercano para la jueza, que tiene buen vínculo y dialoga con Hugo Moyano.

Servini se mueve entre los pliegues del peronismo con habilidad. La medida cautelar había sido presentada por Carlos Acuña, dirigente del gremio de estaciones de servicio y legislador bonaerense del Frente Renovador de Sergio Massa. La principal conductora de ese espacio era la esposa de Barrionuevo: Graciela Camaño. Hoy, Camaño está separada del sindicalista y es su rival en el control del gremio de gastronómicos.

Hasta que la Cámara Nacional electoral resolvió en agosto de 2018 revocar la intervención judicial al Partido Justicialista Orden Nacional, que había dispuesto la jueza Servini. Los jueces de la Cámara Alberto Dalla Via y Santiago Corcuera dijeron que la intervención judicial de un partido político es una medida excepcional, que solo se justifica cuando se configura la violación de la ley o la carta orgánica, lo que no se verifica.

Señalaron que los argumentos de Servini fueron “solamente de carácter político y no jurídico” y si la razón de la intervención era que el PJ podría perder las elecciones de ese momento, entonces se deberían haber intervenido todos los partidos que integraron las cinco alianzas que no resultaron ganadoras en los comicios.

La intervención del PJ tiene muchos antecedentes. Cuando el 7 de septiembre de 2005 Servini intervino el partido conducido en ese momento por el duhaldismo, el entonces presidente Néstor Kirchner respondió ante quienes lo responsabilizaban de la decisión: “No fue una medida buscada por nosotros; tampoco la objetamos”. Servini se recostó en el kirchnerismo más cercano a Néstor. No fue así con Cristina Kirchner cuando en 2013 el Congreso aprobó la democratización de la justicia, con la elección popular de jueces y la jueza Servini frenó la iniciativa.