Mariano Llorens es el presidente de la Cámara Federal porteña, el tribunal que revisa los fallos de los jueces de primera instancia en Comodoro Py, donde se investigan y se juzgan los casos más sensibles para el poder político.

Pese a las dudas y críticas exteriorizadas por diversos actores judiciales, Llorens se muestra entusiasmado con el nuevo Código Procesal y es optimista respecto a su implementación en la justicia federal de la Capital, fechada por el ministro de Justicia, Mariano Cuneo Libarona, para el 11 de agosto.

“Será un aterrizaje suave”, augura, haciendo uso de una expresión que tomó de un colega. Reconoce, sin embargo, que la falta de recursos materiales, que los fiscales pusieron de resalto durante las últimas semanas, puede generar alguna dificultad al inicio. “Hay que cumplir la ley y ponerse manos a la obra”, contrapone. Sostiene que la justicia federal de la Capital está en condiciones de afrontar el cambio y que la reforma puede contribuir a reducir la distancia entre la gente y los jueces.

“Si hay algo positivo en el sistema acusatorio –remarca– es que la Justicia empieza a tener un rostro visible ante la ciudadanía. Nuestro desafío es poner las cosas en orden para que el sistema funcione para la gente; se trata de lograr que la sociedad vuelva a creer en nosotros”.

Como presidente del tribunal, Llorens decide sobre cuestiones relativas a la administración de los recursos, define de manera unipersonal las disputas por competencias entre juzgados, e integra, junto a otros presidentes de Cámaras Federales, la lista de conjueces para cubrir eventuales huecos en una Corte Suprema que continúa funcionando con tres miembros.

En las últimas semanas, su agenda estuvo dominada por reuniones preparatorias de cara al 11 de agosto. La última fue este miércoles por la mañana, junto al vicepresidente de la Cámara, Eduardo Farah, y jueces de primera instancia. En la reunión, los únicos ausentes fueron Ariel Lijo y María Servini.

–¿En qué condiciones está Comodoro Py para recibir al sistema acusatorio?

-El Poder Judicial es, dentro de las áreas del Estado y de los poderes de la República, lo más profesional, capacitado y preocupado que hay. Desde los jueces hasta los empleados, nos exigimos capacitación permanente. En ese contexto, pensar en que nosotros no estamos preparados para una reforma legislativa es una locura.

–Las dudas no parecen pasar por la profesionalización de jueces y fiscales, sino por los recursos materiales. Fiscales de todas las instancias plantearon sus dudas al respecto.

-Sí. Eso es una discusión que tiene que darse sentados en una mesa, pensando en la mejor forma de poder implementar este sistema. Yo hablo desde el Poder Judicial, no tengo la realidad inmediata del Ministerio Público, aunque conozco y he hablado con muchos, incluso críticos. Nosotros [los jueces] nos hacemos cargo de esas demandas también y nos ponemos a disposición para sentarnos a charlar soluciones concretas a problemas reales. [Pero] La estadística indica que, desde el año 2019, cuando empezó a implementarse este sistema acusatorio, el Ministerio Público empezó a funcionar con las mismas dudas y las mismas críticas, y sin embargo, funcionó. En la mitad del país funciona.

–Los fiscales advirtieron que la implementación, en el estado actual de cosas, puede ser deficitaria…

-Es posible que no sea perfecta. Eso se soluciona con una sola actitud, que es sentarse a trabajar las soluciones. Los que vivimos ya varias transformaciones y varias implementaciones de cambios de la legislación nos damos cuenta de que son muy fáciles, por lo menos en mi caso. Lo ideal sería que todo esté implementado con todos los recursos a disposición. Eso no va a pasar, creo yo, pero porque, además, no hay dinero; los recursos son escasos. Es necesario ir a prueba y error. No estamos construyendo una nave espacial y tenemos todo a la mano: recursos humanos hay; materiales, los poquitos que hay, y recursos intelectuales y de creatividad, los mejores. El aterrizaje de este sistema en el fuero –en todos los fueros– va a ser suave.

–¿Cómo afectan las vacantes a la Justicia en general y a Comodoro Py en particular? ¿No debió haberse comenzado por allí?

–El tema de las vacantes es un problema, por supuesto. Es una decisión del poder político y del Parlamento cómo resolverlo. Eso genera también mucho estrés, genera una recarga laboral en nosotros, en el resto, porque la verdad, no hay ninguna oficina judicial ni área del sistema judicial que no esté cubierta. Obviamente, está cubierta por subrogantes, por personas que reemplazan, que tienen que compartir su función con otra función. Esto es más trabajo. Pero uno no podría plantearle a la sociedad que trabajar más es un problema. Es cierto que necesitamos cubrir vacantes. No es cierto que no estemos capacitados para abordarlas.

¿Nos gustaría que fuera distinto? Sí, nos gustaría que todas las vacantes estuvieran cubiertas mañana. Y hay que abogar por eso. Pero no advierto ninguna situación de colapso por esa cuestión en lo inmediato.

–¿En qué medida el acusatorio en Comodoro Py puede impactar en la imagen que la opinión pública tiene de la Justicia, que es entre mala y muy mala, según la encuesta que se tome?

-No creo que la ley cambia realidades. Tiene que ver con nosotros mismos, la actitud que nosotros tenemos que mostrarle a la gente para mostrarle un cambio a la sociedad. Somos funcionarios. Necesitamos que la gente crea en nosotros. Tenemos un modelo de designación judicial que se basa en la confianza. Y esa confianza que nos dan cuando nos dan el acuerdo [del Senado] y nos designan, es una confianza que nosotros debemos honrar todos los días.

–Hay fallos y comportamientos, cuanto menos cuestionables, que parecen horadar esa confianza.

-Creo que muchos de esos cuestionamientos no tienen que ver con los fallos en sí mismos, sino con nuestra propia imagen, con el poder que nosotros tenemos, que no está representado en la autoridad que debemos tener hacia la sociedad. Eso es un desafío a reconstruir. Soy consciente de eso. Puedo asegurar que una enorme mayoría de jueces del país, fiscales, defensores oficiales, funcionarios, secretarios, trabajan denodadamente, honestamente y con convicción, no por dinero. Con lo cual, es necesario empezar a reconstruir esa autoridad a partir de mostrar lo que nosotros hacemos. Y si algo tiene bueno el sistema acusatorio es que la Justicia empieza a tener un rostro frente a la gente. Nuestro desafío es poner las cosas en orden como para que el sistema funcione para la gente, es hacer que la gente nos vuelva a creer.

–Con la postulación de Ariel Lijo a la Corte, Comodoro Py estuvo en el foco de la atención pública. La Cámara avaló el pedido de licencia extraordinaria del juez y sufrió un revés por partida doble, de alguna manera, por el rechazo de la Corte y del Senado…

–No, yo no lo veo así. Nosotros tomamos una decisión consensuada de hacer lugar al pedido que él nos había hecho, canalizando su pedido hacia la Corte para que decidiera. ¿Qué es lo que nosotros decidimos? Elevar a la Corte el pedido, independientemente de lo que nosotros opináramos. Yo creo que el pedido de licencia le correspondía, porque él no estaba ocupando dos cargos a la vez.

–¿En Comodoro Py no había cierta expectativa por su llegada a la Corte?

–No, no lo pondría en esos términos. Sí, había una expectativa favorable –y creo que estaba compartida por todos los fueros– de que fueran jueces los que ocuparan lugares en la Corte.