La reciente denuncia de Fabiola Yáñez contra el ex presidente Alberto Fernández ha provocado una nueva oleada de pedidos en Córdoba para que el gobernador Martín Llaryora destituya a Martín Gill, ministro de Cooperativas y Mutuales, quien enfrenta imputaciones por violencia de género.

En marzo, la fiscalía de Instrucción del Segundo Turno de Villa María, bajo la dirección de Juliana Companys, solicitó la elevación a juicio de la causa en la que el ministro está acusado de lesiones leves calificadas por el vínculo y violencia de género por parte de su ex pareja, Lourdes Astudillo.

Gill ha mantenido su inocencia frente a las acusaciones, reiterando su defensa ante la fiscalía y desafiando el pedido de juicio, que aún no ha sido confirmado.

La semana pasada, tras conocerse la denuncia contra Fernández, varios legisladores opositores volvieron a exigir la renuncia de Gill y pidieron al gobernador que actúe al respecto.

El bloque del Frente Cívico presentó un pedido de informes para que se esclarezcan casos de violencia de género dentro del poder ejecutivo, lo que llevó a algunos opositores a insistir en la necesidad de que Gill sea apartado de su cargo.

Nancy Almada, legisladora del Frente Cívico, subrayó la gravedad de mantener en funciones a un funcionario procesado por violencia de género: “Cualquier persona en el ámbito privado que enfrente una denuncia de esta magnitud sería inmediatamente removida de su puesto. Gill debería ser apartado hasta que su situación se aclare”.

Lourdes Astudillo y Martín Gill.

Por su parte, Viviana Martocci, también del Frente Cívico, argumentó que la permanencia de Gill en el cargo es una señal de impunidad: “El gobernador debería exigir su renuncia si realmente quiere mostrar su compromiso con la lucha contra la violencia de género”.

Alejandra Ferrero, presidente del interbloque de Juntos por el Cambio, coincidió en que Gill debería ser removido de inmediato: “El gobierno debe predicar con el ejemplo. Declaman la lucha contra la violencia de género, pero no la practican”.

En abril, el legislador Gregorio Hernández Maqueda había solicitado un juicio político contra Gill tras conocerse su imputación, aunque la propuesta no logró el respaldo necesario.

LA PALABRA DEL OFICIALISMO

Dentro del oficialismo, el tema ha sido discutido en privado, prevaleciendo la idea de la presunción de inocencia. “Se trata de una denuncia en el ámbito privado, y aún no se ha confirmado la elevación a juicio. No hay razón para pedir su renuncia”, comentó una fuente cercana al Centro Cívico.

Algunos funcionarios han acusado a la oposición de politizar el caso y han defendido la decisión de no exigir la renuncia de Gill. “Esto es pura politiquería de la oposición”, declaró un dirigente oficialista.

No obstante, entre algunas legisladoras oficialistas, especialmente aquellas comprometidas con la lucha contra la violencia de género, ha surgido malestar por la situación, aunque respetan la decisión del ministro.

En un debate reciente en la Legislatura, Julieta Rinaldi, del oficialismo, fue aplaudida por sus pares al insistir en que “los violentos deben caer, sea quien sea”.

En tanto, desde el entorno de Gill se ha optado por el silencio, afirmando que el ministro se ha presentado ante la Justicia y que aún no hay novedades sobre la elevación a juicio de la causa. (www.REALPOLITIK.com.ar)

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