POLITICA
Martín Menem no resuelve el conflicto con Marcela Pagano y persiste la irregularidad en la Comisión de Juicio Político
La puja por el control de la estratégica Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados sigue vigente dentro del bloque libertario y amenaza con volver a detonar en las próximas sesiones. No hubo cambios: Marcela Pagano sostiene su rebeldía y se reconoce como presidenta del órgano en contra de la voluntad de Martín Menem y Karina Milei. El conflicto podría volver a exponer al oficialismo en un tema que le resulta urticante: el caso $LIBRA.
Sin los votos para iniciar un proceso contra el Presidente, el kirchnerismo aprovechará la irregularidad de la Comisión para exigir la normalización de sus autoridades, vociferar la necesidad de investigar la responsabilidad de la cúpula del Gobierno en el criptoescándalo y profundizar la interna oficialista. Un festín que la oposición podría celebrar cuando el recinto de Diputados vuelva a abrirse, posiblemente el próximo martes.
Unión por la Patria, los radicales de Democracia, parte de Encuentro Federal y la Izquierda quieren sesionar con la mira puesta en $LIBRA. Pretenden tratar la interpelación a funcionarios y la creación de una comisión investigadora, iniciativas que ya cuentan con despacho de comisión. Si avanzan con esta idea, la Cámara de Diputados podría abrirse en la antesala del tercer paro general de la CGT a la administración de Milei.
El Gobierno cavó su propia fosa. Desde abril pasado, Menem se benefició de la parálisis: no reconoció a Pagano como titular de la Comisión de Juicio Político, una atribución propia de su rol como presidente de la Cámara, e impidió también que la jefatura la ejerza un opositor duro. Ganó tiempo. Evitó cualquier actividad en el órgano legislativo que tiene la potestad de iniciar un proceso acusatorio contra el binomio presidencial, los ministros y los jueces de la Corte Suprema de Justicia.
Pero la explosión del escándalo que involucró a Javier Milei y su entorno más cercano en la promoción de la meme coin investigada por la Justicia nacional y de los Estados Unidos como una presunta estafa le arrebató la tranquilidad al riojano. El control de esa Comisión es determinante para blindar a la cúpula del Gobierno de una pesquisa parlamentaria que podría estirarse hasta el final del mandato libertario. Con Pagano en el medio, Menem perdió el manejo de los tiempos de la Comisión y se convirtió en presa fácil para la oposición. La diputada libertaria, que permanece en el bloque oficialista, se convirtió en una dirigente inmanejable después de que Karina Milei le bajara el pulgar y la corriera del centro de la escena.
En el oficialismo aseguran que trabajan para resolver el conflicto y mantienen el supuesto plan de acción bajo un riguroso hermetismo. Buscan dejar atrás los gritos, forcejeos e insultos que protagonizaron los miembros de su bloque en las últimas dos sesiones. Pero en la vereda opuesta, Pagano asegura que nadie la llamó.
El diálogo entre Menem y Pagano está roto. Se quebró definitivamente cuando la diputada acusó al presidente de la Cámara de “fascista” y le recordó que ella solo respondía a Milei. En el bloque le imputan a la experiodista la filtración de chats en los que Menem arengaba a su tropa en la previa de la sesión en la que se aprobó el DNU que habilitó la firma de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Por la proliferación de roces y pases de factura, emergió la opción de un mediador.
Oscar Zago entró en escena. El exoficialista y actual jefe del Movimiento de Integración y Desarrollo (MID) en Diputados mantiene un buen vínculo con Pagano. Los unió el vacío de sus colegas, tras el veto de Karina Milei. Con vaivenes, Zago funciona hoy como un comodín del Gobierno en Diputados, al que acude cuando la situación se complejiza. Como en el caso de Pagano.
Al líder del MID le pidieron que interceda en la puja con la diputada rebelde, pero se negó. Ya transitó por ese terreno cenagoso: la última vez que tomó parte terminó eyectado como jefe del bloque oficialista.
Menem también acudió a otros referentes de la oposición moderada para “componer” el vínculo después de las sesiones que terminaron en escándalo. Recibió la misma respuesta. “El problema está en tu bloque, resolvé tu interna”, le dijeron al riojano, que por ahora no acusó recibo.
La Secretaría de Obras Públicas dio inicio a la primera etapa de la obra de renovación de veredas en la avenida Montevideo, uno de los corredores comerciales más transitados de Berisso. El tramo intervenido va desde calle 7 a calle 8, aunque el plan anunciado contempla trabajos hasta calle 17, en ambas manos.
Según lo informado oficialmente, la obra incluirá la remoción total de las veredas existentes, nivelación del suelo y la colocación de nuevas baldosas con un diseño unificado, en concordancia con las ordenanzas municipales vigentes. También se prevé la incorporación de espacios verdes y la conservación de los árboles existentes, además del retiro de cartelería y estructuras deterioradas que afecten la estética urbana.
Sin embargo, el anuncio no estuvo exento de cuestionamientos. Comerciantes de la zona, si bien celebran la intervención por considerarla necesaria, expresaron su preocupación ante la falta de información clara sobre los tiempos de obra y la coordinación para evitar perjuicios en la actividad diaria.
Desde el Municipio afirmaron que se “tomarán todas las medidas necesarias” para garantizar el normal funcionamiento de los locales durante la ejecución, aunque por el momento no se ha dado a conocer un cronograma detallado ni un plan de trabajo específico que contemple, por ejemplo, la circulación de personas con movilidad reducida o el acceso alternativo a los comercios durante las demoliciones.
Esta intervención se da en un contexto en el que la ciudad busca poner en valor su espacio público, aunque con antecedentes recientes de obras demoradas o mal ejecutadas que aún generan desconfianza en parte de la comunidad.
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POLITICA
El Municipio de Villa La Angostura no puede recuperar un camping que fue usurpado por mapuches
El Municipio de Villa La Angostura sostiene la puja judicial para recuperar un camping a orillas del lago Correntoso, usurpado por la comunidad Paicil Antriao. La defensa de los acusados elevó una queja ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) para revertir un fallo que ordena la restitución del lugar al Ejecutivo local.
La comunidad mapuche Paicil Antriao figura en múltiples expedientes judiciales en los que se la acusa por usurpación. Uno de los conflictos es el que mantiene con Villa La Angostura, que pretende recuperar la posesión de un camping ubicado en el lago Correntoso, aunque el vaivén judicial provocó un incómodo stand by en la causa.
Los acusados permanecen en el lugar, pero no lo pueden explotar comercialmente. El municipio que conduce Javier Murer quiere recuperar el control para ejecutar obras de readecuación y hacerlo operativo, nuevamente.
La Justicia neuquina avaló los planteos de la querella. Ordenó, en dos ocasiones, la restitución del predio a la comuna angosturense, aunque la defensa de la comunidad agota todas las instancias judiciales posibles para perpetrarse en el sitio. “Este sitio nos pertenece por arraigo ancestral”, aseguran los mapuches.
La dilación del conflicto tiene varios almanaques en su haber. Murer aseguró que el municipio avanza con el trámite judicial para restituir las tierras al municipio aunque el último recurso elevado por la comunidad congeló cualquier avance sobre el predio.
El expediente está en despacho de la Corte. Pero en paralelo, la Cámara de Apelaciones de Neuquén debe definir la competencia del juzgado que interviene en el caso, el de Junín de los Andes o el de Villa La Angostura.
Una vez que se expida, el desalojo podría ejecutarse, más allá del recurso elevado ante la Corte. “Ese recurso (queja) no suspende la ejecución de la sentencia, hasta tanto el máximo organismo judicial no abra la queja, que por ahora permanece en despacho”, indicaron fuentes del municipio.
La CSJN podría rechazar el planteo mapuche o hacer lugar al mismo y solicitar el envío del expediente para analizarlo y dictaminar. “Debemos entender los tiempos de la Justicia”, sostuvo el jefe comunal, en diálogo con Infobae.
El lago Correntoso está ubicado a unos 4 kilómetros del centro de la localidad, en un sitio paradisíaco. Sin embargo, a partir del conflicto, los turistas no pueden acampar allí ni acceder a los servicios.
A principio de año, el intendente elaboró un borrador para otorgar a la comunidad la posibilidad de administrar el lugar, por tiempo determinado y bajo estrictas exigencias. El objetivo era otorgar a los visitantes la posibilidad de hacer uso del lugar. Sin embargo, la iniciativa quedó trunca. La sociedad local le hizo saber al jefe comunal su disgusto con el plan.
Luego el mandatario local apoyó el fallo del Tribunal Superior de Justicia de Neuquén (STJ) que ordenó el desalojo, aunque el último recurso – aún en trámite – ante la Corte, frenó la restitución del lugar a manos estatales.
En abril de 2024, la Justicia neuquina reconoció que la comunidad tiene arraigo ancestral con quienes fueron dueños de las tierras, aunque mencionaron también que luego la cedieron a la comisión de fomento que luego se convirtió en municipio.
Hugo Montes y Sofía Antriao, dos de los integrantes de la comunidad, fueron concesionarios del camping, pero cuando expiró el contrato y debían restituirlo al municipio, se atrincheraron bajo el argumento de su preexistencia ancestral.
Las tierras habían pertenecido años atrás a Víctor Antriao, integrante de la comunidad, quien luego rubricó la cesión a la administración local.
El argumento del grupo es la controvertida ley 26.160 y el inconcluso relevamiento territorial previsto en esa norma. El Superior Tribunal de Justicia de Neuquén echó por tierra el recurso de los mapuches e incluso también desestimó por falta de pruebas el argumento invocado de propiedad ancestral.
El argumento que emplea la defensa de la comunidad fue vetado por el presidente Javier Milei, lo que favoreció el planteo comunal y complicó el reclamo mapuche.
La comunidad fue reconocida por el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) en junio de 2027 aunque el relevamiento territorial que encabezó ese organismo nacional quedó pendiente y no fue rubricado.
Según Luis Virgilio Sánchez, abogado de la comunidad, “el relevamiento está terminado, pero falta la firma del INAI para oficializarlo. Quieren desalojar antes de que el INAI diga que es ocupación tradicional y ancestral”.
Sánchez planteó que el apuro por ejecutar el fallo responde a una coyuntura política, que en estos tiempos, con el cambio de época que propone el presidente Javier Milei, favorece a la Municipalidad de Villa La Angostura.
El camping del lago Correntoso está ocupado desde 2011 por los Paichil Aintriao. El pedido de reivindicación ancestral fue rechazado por el TSJ ya que no pudieron acreditar esas pruebas.
“Con el cambio de gobierno y un contexto de avance contra los derechos indígenas, buscan desalojar antes de que el INAI confirme la titularidad comunitaria. Si lo hacen después, incluso ganando el juicio, el municipio tendría que restituir las tierras”, sostuvo.
El abogado también cuestionó la imparcialidad del TSJ, y aludió a posibles presiones políticas: “Busamia (vocal del TSJ) comenzó a hablar del fallo en los medios antes de dictarlo. Lo recusé, pero salió justo cuando la comunidad había terminado el relevamiento. Esto es claramente político”.
POLITICA
Axel Kicillof le requirió a la Junta Electoral de la provincia que avance con los comicios desdoblados
LA PLATA.- El gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, publicó en el Boletín Oficial la convocatoria a elecciones provinciales para el 7 de septiembre. En el mismo decreto, requirió a la Junta Electoral iniciar acciones conducentes para organizar y fiscalizar todo el escrutinio de unos 14 millones de electores, una tarea maratónica sin antecedentes para ese cuerpo colegiado.
El inmenso operativo de todos los comicios bonaerenses estuvo históricamente a cargo del Juzgado Federal con competencia electoral N°1 en función de que las elecciones provinciales se celebraron desde el regreso de la democracia en simultáneo con las nacionales.
La última vez que se celebró una elección legislativa en provincia desdoblada de la elección nacional fue en 1948. “La última elección en Provincia de Buenos Aires en la que se desdoblaron las elecciones para diputados nacionales y legisladores provinciales fue la de 1948- precisó Silvia Ferreyra, investigadora del Conicet-. El gobernador de la provincia era Domingo Mercante”.
“Dos años después- en 1950- también de manera separada, la provincia eligió Gobernador y Vice”, aseguró Lisandro Sabanés periodista especializado en comunicación política. “Desde entonces siempre las elecciones provinciales fueron concurrentes con las nacionales”.
La Junta Electoral de la provincia de Buenos Aires, a cargo del presidente de la Suprema Corte de Justicia, tuvo desde entonces, hasta ahora, el despliegue de las votación de extranjeros y de personas privadas de libertad, una población que no supera al 5 por ciento del total del padrón.
Atento a este cambio sin antecedentes, Kicillof requrió a la Junta Electoral de la provincia de Buenos Aires “la adopción de las medidas conducentes para el desarrollo de las elecciones generales relativas a la presente convocatoria, mediante el dictado de los actos reglamentarios, complementarios o aclaratorios que resulten necesarios, en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales”.
Se trata de todo un operativo que supone la compra y distribución de más de 40.000 urnas, despliegue de boletas y padrones, de condicionar unos 20.000 centros de votación y organizar el operativo con el Correo y las fuerzas federales de seguridad, más el repliegue, el escrutinio definitivo y fiscalización de las denuncias por fraude.
La Junta ya tiene entre sus funciones formar y depurar el registro de electores, designar autoridades de mesa, juzgar la validez de las elecciones y diplomar a los ciudadanos que resulten electos. Pero no tiene antecedentes como organizador de la logística en territorio, excepto en lo que hace a la proclamación de los gobernadores, legisladores, concejales y concejeros.
Kicillof llamó a elecciones anticipadas para renovar 23 senadores titulares y 15 suplentes; 46 diputados titulares y 28 suplentes; 1097 concejales titulares y 706 suplentes más 401 consejeros escolares e igual número de suplentes para renovar la representación de la provincia de Buenos Aires.
Argumentó que “mediante el artículo 144 inciso 7° » de la Constitución se confiere al gobernador la atribución de convocar al pueblo de la provincia a todas las elecciones y que la Ley Nº 5.109 en su artículo 66 dispone que la convocatoria para toda elección será hecha por el Poder Ejecutivo con no menos de sesenta (60) días de anticipación a la fecha que se señale para el comicio y expresará en su caso el número de senadores o diputados a elegirse en cada sección, y el de concejales o consejeros escolares con sus respectivos suplentes que deberá elegir cada distrito electoral.
Este argumento jurídico ya fue rebatido por el kirchnerismo, que arroga a la Legislatura la potestad de fijar la fecha de elecciones en virtud del artículo 83 de la Carta Magna provincial. Un nuevo debate está abierto: ¿puede modificarse la fecha de los comicios provinciales por ley?
Kicillof mandó también un proyecto de ley para suspender las primarias (PASO). Bajo el mismo esquema, un grupo de legisladores kirchneristas buscará introducir en esa ley un artículo para convocar a elecciones concurrentes el 26 de octubre a pesar de que están convocadas por decreto del Poder Ejecutivo para el 7 de septiembre.
En tanto, Kicillof argumento que “corresponde a este Poder Ejecutivo adopte las medidas conducentes al normal desarrollo del proceso eleccionario, en concordancia con la normativa vigente en la materia y en ejercicio de las facultades conferidas por la Constitución provincial y por la Ley Electoral de esta jurisdicción”.
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