POLITICA
Martín Ocampo y la polémica por los presos detenidos en la Ciudad de Buenos Aires: “No hay voluntad política del gobierno nacional de resolverlo”

Martín Ocampo, exministro de Seguridad de la Ciudad y actual procurador de la Ciudad de Buenos Aires, criticó al gobierno nacional por la problemática de los detenidos en las alcaidías porteñas: “No hay voluntad política del gobierno nacional de resolverlo”.
“Las fugas tienen que ver con una acción que la policía no tendría que estar haciendo, que es hacer de servicio penitenciario”, estableció Ocampo sobre las fugas de presos en la ciudad, en la edición matutina de Infobae en Vivo, con la conducción de Gonzalo Sánchez, Carolina Amoroso, Ramón Indart y Cecilia Boufflet.
En este sentido, Ocampo recordó su paso por la cartera de seguridad porteña: “Fui ministro cuando (Patricia) Bullrich era ministra de seguridad nacional y estaba a cargo del servicio penitenciario. No tuvimos un solo problema con los detenidos”.
“La Argentina tuvo un proceso errado durante mucho tiempo llamado delegacionismo, que significa que llega el funcionario político y le dice a las fuerzas de seguridad que la seguridad es de ellos y que se ocupen. A partir del 2016, el ministerio de seguridad debe tener un alto rol en cuanto al diseño, instrumentación y control de políticas de seguridad”, recordó.
A su vez, reflexionó sobre su tiempo como ministro y en la política de la creación de la Policía de la Ciudad. También comentó sobre el cambio en el enfoque de la seguridad pública bajo su gestión. Y revisó la administración actual: “Hoy se fue perdiendo la idea de ese modelo. Se fue hacia un modelo más de autogestión policial”.
Las estadísticas y las políticas de seguridad
Por otro lado, Ocampo expresó: “La Ciudad de Buenos Aires es la ciudad menos violenta de toda América y una de las menos violentas del mundo. Es tres veces menos que París y cuatro veces que Montevideo”.
La definición la brindó en referencia con los datos publicados por el Ministerio de Seguridad de la Nación, que indicaron que la tasa de homicidios dolosos para el primer trimestre de 2025 es un 9,6% inferior al año anterior. También se detalla que en 2023, el índice por cada 100 mil habitantes es de 4,4% y el año pasado, de 3,8%.
“Los homicidios dolosos y el robo de autos son los únicos dos delitos que el sistema de registro de seguridad pública son certeros”, esclareció. En este punto, el exministro señaló que estos avances no son mérito del gobierno nacional, sino que refieren a una tendencia histórica de mejora en la seguridad del país desde 2015. Y agregó: “Los homicidios son parte de la política de seguridad pública de una provincia. El Ministerio de Seguridad de la Nación recopila todos los datos”.
Sobre los motivos de la baja del índice de homicidios dolosos, estableció que mayormente se deben al trabajo realizado por el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, en relación con su intervención contra “las mafias vinculadas con el narcotráfico o el narcomenudeo”.
“El otro dato tiene que ver con las políticas de género. El gobierno se ufana de haber sacado el Ministerio de la Mujer, pero son las provincias las que las llevan adelante y en las provincias estas políticas no se desarticularon”, añadió Ocampo. E indicó que si mejoraran las políticas sobre la violencia contra la mujer en la provincia de Buenos Aires, “la baja de homicidios sería aún más baja”.
Sin embargo, el exministro finalmente resaltó: “El éxito de la política del gobierno nacional, en cuanto al crimen en términos de seguridad, tiene que ver con el buen dato que tienen sobre los delitos vinculados a la trata, que son delitos federales”.
La entrevista completa a Martín Ocampo
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POLITICA
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POLITICA
En sintonía con LLA, los senadores del PRO también rechazaron el aumento salarial que generó polémica

Los senadores del PRO rechazaron aumentarse el sueldo, en medio de la polémica que generó el aumento de la dieta parlamentaria, cuyos haberes están enganchados a los de los empleados legislativos. Lo hicieron a través la nota fue presentada a la presidenta de la Cámara Alta, Victoria Villarruel.
“En un contexto donde millones de argentinos hacen un esfuerzo enorme, creemos que la dirigencia debe estar a la altura y dar el ejemplo con señales claras de compromiso con la realidad del país”, indicaron los legisladores a través de un comunicado.
La polémica surgió luego de que se conociera que los senadores percibirán más de 9,5 millones de pesos argentinos (aproximadamente USD 10.000) el mes próximo, tras la actualización de sus dietas.
Villarruel optó por desvincularse de la controversia y firmó el decreto 344/25, que habilitó la adecuación de los salarios, pero dejó en manos de cada senador la posibilidad de aceptar o rechazar el aumento. Así, al igual que el PRO, La Libertad Avanza ya anunció que rechazará el incremento.
“A nosotros nos votaron para devolver a la Argentina al sendero de la grandeza y, para ello, los primeros que tenemos que poner el hombro somos los funcionarios y legisladores”, afirmaron los legisladores libertarios en el comunicado oficial.
A su vez, los senadores del bloque Provincias Unidas presentaron un proyecto para donar al Garrahan el aumento de sus dietas. La iniciativa establece que la donación será voluntaria y que los recursos se utilizarán para la compra de insumos y equipamiento.
El sistema de enganche salarial fue reactivado en abril de 2024, cuando oficialismo y oposición acordaron en secreto un nuevo esquema y lo aprobaron en el recinto. Desde entonces, los haberes de los senadores se componen de 2.500 módulos —la misma referencia utilizada para los empleados del Congreso—, un adicional de 1.000 módulos por gastos de representación y 500 módulos extra por desarraigo. Con la actualización del valor del módulo a $2.376,04, el monto total a percibir supera los $9,5 millones en bruto. Solo cuatro senadores no reciben el adicional por desarraigo.
En abril de 2024, los legisladores también sumaron una dieta adicional a las 12 existentes, con el argumento de “compensar” el aguinaldo. La única excepción fue Alicia Kirchner, quien optó por mantener su jubilación al ingresar a la Cámara alta.
Durante el segundo semestre de 2024, tras una nueva paritaria, los senadores decidieron congelar sus haberes hasta el 31 de diciembre de ese año. Al finalizar ese plazo, la responsabilidad de una nueva decisión recayó sobre Villarruel, quien extendió el congelamiento hasta el 31 de marzo, advirtiendo que sería la última vez que tomaría una medida de ese tipo y que, en adelante, la resolución debería surgir de los propios bloques en una sesión.
En su momento, el propio presidente Javier Milei cuestionó el aumento salarial de los senadores. En 2024, señaló: “Los sueldos del Poder Ejecutivo se encuentran congelados desde el 10 de diciembre (2023). No hubo aumento de sueldo para Ministros, Secretarios o Subsecretarios. Tampoco para mí, que además renuncié a mi jubilación de privilegio. ¿Por qué? Porque esta administración entiende que el esfuerzo lo tiene que hacer la política, no la gente trabajadora que paga los impuestos».
“Cobrar 9 millones de pesos en este contexto es más que una burla, es traición al pueblo trabajador. Una vez más, la casta política se niega a soltar sus privilegios mientras el pueblo sufre las consecuencias”, planteó.
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POLITICA
El fallo contra Cristina genera mayor apoyo que rechazo y se observa como un detonante de conflictos
El fallo de la Corte Suprema de Justicia que confirmó la condena contra la expresidenta Cristina Kirchner por el caso Vialidad cosecha más apoyos que rechazos, según estimó la consultora Opina Argentina en una encuesta que puso en marcha el mismo día en que se conoció la decisión del máximo tribunal.
El 55% de los encuestados por la consultora respondió que está de acuerdo con “el fallo que deja firme la condena por corrupción sobre Cristina Kirchner”; el 43% dijo estar en desacuerdo, y un 2% optó por no contestar afirmar que no tiene “opinión formada”.
El estudio incluye un análisis según la orientación del voto en el que se concluyó que están de acuerdo con la condena el 96% de los votantes de Juntos por el Cambio, el 88% de los que eligieron a La Libertad Avanza, y solo el 5% de los que apoyaron en las urnas a Unión por la Patria.
Por fuera de la determinación de la Corte en sí, los números para Cristina Kirchner son más negativos. El 57% la consideró “culpable” de hechos de corrupción, “más allá del fallo”. Un 37% indicó que es “inocente”. El 6% de los encuestados eligieron no contestar.
Para la mayoría, la prisión confirmada para la expresidenta puede derivar en consecuencias negativas. Ante la consulta “¿Usted cree que el fallo que condena a Cristina Kirchner va a generar conflictos sociales importantes?“, el 52% respondió que sí; el 41%, que no, y el 7% no contestó.
Las consecuencias para al Gobierno, estimaron los encuestados, serán neutras. Un 46% consideró que el fallo “ni beneficia ni perjudica” a la administración del presidente Javier Milei. Un 28% opinó que es beneficioso y un 22%, que es perjudicial para el Gobierno. El 4% escogió la opción “No sabe o no tiene opinión formada”.
El estudio se realizó los días 10 (cuando se conoció el fallo de la Corte) y 11 de junio, entre 2020 casos de todo el país, y tiene un margen de error de +/- 2,1%.
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