Apenas unas horas después de la sanción de los cambios en el régimen de protección de glaciares, el gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, presentó la primera ofensiva judicial contra la nueva ley. Se trata de una acción de amparo colectivo por el que solicita declarar la inconstitucionalidad y nulidad absoluta de la reforma, junto con una medida cautelar para suspender su aplicación en todo el país.

La demanda fue presentada ante la Justicia Federal de Santa Rosa y fue firmada de manera conjunta por el gobierno pampeano, la Universidad Nacional de La Pampa, la Asociación Civil Asamblea por los Ríos Pampeanos y la Fundación Chadileuvú (Fuchad).

Los demandantes sostienen que la ley aprobada esta madrugada por la Cámara de Diputados introduce cambios regresivos en la protección ambiental y vulnera derechos constitucionales.

En el escrito judicial se solicita que se declare la “inconstitucionalidad, inconvencionalidad y nulidad absoluta de la Ley Nº 27.804”, al considerar que la reforma “introduce reformas regresivas al régimen de presupuestos mínimos contenido en la ley de glaciares” y lesiona derechos colectivos de raigambre constitucional, como el derecho al ambiente sano y al acceso al agua.

Además, reclaman la suspensión inmediata de la norma hasta que haya una sentencia definitiva. Argumentan que permitir su aplicación mientras se discute su validez podría generar “daños ambientales graves e irreversibles”. Según plantean, la nueva legislación habilita actividades “susceptibles de alterar ecosistemas” y aseguran que eso introduce un riesgo concreto para el ambiente “cuya recomposición podría resultar extremadamente compleja, cuando no directamente imposible”.

Hasta esta madrugada, la ley de glaciares sancionada en 2010 confería una protección total sobre el ambiente glaciar y periglacial por considerarlo reserva estratégica de recursos hídricos y proveedor de agua para las cuencas hidrográficas. El Instituto de Nivología y Glaciología (Ianigla) ya inventarió casi 17.000 cuerpos de hielo a lo largo de la Cordillera de los Andes y las islas del Atlántico Sur.

La nueva ley, en cambio, establece que esa protección regirá “hasta tanto” las provincias que contienen glaciares comprueben, mediante estudios técnicos más profundos, qué áreas cumplen con esa función hídrica y cuáles no. Las zonas en las que se verifique que no son reservas de agua se podrán sacar del inventario del Ianigla y habilitar allí proyectos productivos, hasta ahora prohibidos.

El eje del planteo judicial es que los cambios vulneran el principio de presupuestos mínimos ambientales previsto en el artículo 41 de la Constitución Nacional. Para los demandantes, el nuevo esquema rompe el estándar uniforme de protección que debe fijar la Nación.

La demanda sostiene que el estado nacional tiene la obligación de garantizar “un piso uniforme de tutela que de ninguna manera puede quedar librado a determinaciones variables o fragmentarias de cada jurisdicción”, especialmente cuando se trata de bienes ambientales interjurisdiccionales como los sistemas glaciares y las cuencas hídricas.

“La Pampa no posee glaciares en su territorio, pero depende de manera directa de los procesos hidrológicos que se originan en regiones cordilleranas que alimentan, entre otros, la cuenca del río Colorado y otros sistemas históricamente conflictivos para la provincia”, explican los demandantes en el texto.

En ese sentido, el escrito afirma que la reforma configura una regresión normativa, ya que -señala- reduce el nivel de protección establecido por la ley vigente sin una justificación constitucional suficiente.

Otro de los puntos centrales del amparo es la crítica al proceso legislativo que derivó en la sanción de la reforma. Los demandantes sostienen que se violaron los estándares de participación pública previstos en el Acuerdo de Escazú.

Según la presentación, las audiencias públicas convocadas en el Congreso “se configuraron como instancias meramente formales, carentes de toda eficacia real y sustantiva”, pese a que cientos de miles de ciudadanos se inscribieron para participar.

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, presentó este jueves un plan de viviendas para familias de clase media y policías durante un acto en el barrio de Parque Chacabuco. El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires indicó que los recursos del Instituto de la Vivienda (IVC), antes destinados a la urbanización de barrios populares, se utilizarán para facilitar el acceso a la propiedad mediante obras y créditos hipotecarios.

La iniciativa proyecta la construcción de 379 hogares en un plazo de tres años. Las construcciones se distribuirán en Villa Soldati, Constitución y Parque Chacabuco, barrio donde se utilizará un terreno sobre avenida La Plata que perteneció al IVC y estuvo ocupado por más de 20 años.

“Con la plata que antes se destinaba a regalar viviendas en las villas, vamos a construir nuevas para familias de clase media y para policías”, dijo Macri. El funcionario calificó el estado previo de los predios como “una muestra del abandono”.

El edificio de Parque Chacabuco se ubicará junto al Centro de Salud y Acción Comunitaria (CeSAC 42). Contará con nueve pisos y 53 departamentos de diversas dimensiones. La obra incluirá un parque interno, cocheras y salones de usos múltiples. En Villa Soldati se edificarán 190 inmuebles. En Constitución se prevén 136 departamentos. En total, se destinarán $13.171 millones para este proyecto.

Según informaron fuentes oficiales, la política crediticia del Banco Ciudad fija condiciones especiales para la policía: los uniformados podrán acceder a préstamos en UVAs con una tasa fija del 7% anual, con una cuota que no superará en ningún caso el 25% de los ingresos netos del solicitante o de su grupo familiar.

El GCBA destacó que, de los 30.587 efectivos que integran la fuerza de la Ciudad, solo 5350 viven en la Capital Federal, mientras que otros 25.237 residen en la provincia de Buenos Aires.

Para el resto de los porteños, el gobierno de la Ciudad subsidiará dos puntos de la tasa de interés (previamente del 9,5%) para que el valor final se ubique en un 7,5% más UVAs.

El Banco Ciudad dispuso créditos para la primera casa por un monto máximo de 150 millones de pesos, mediante líneas de financiamiento que tienen un plazo de devolución de 20 años y alcanzan a empleados en relación de dependencia, autónomos y monotributistas.