Después de 14 años de espera se conformó el juzgado federal de primera instancia en Puerto Iguazú, Misiones. Uno de los epicentros del narcotráfico, el contrabando y la trata de personas del Cono Sur no contaba con uno. Fue creado por ley en 2011, pero recién fue puesto en funcionamiento por la Corte Suprema hace unos días. Además, aguardaba para ocupar su lugar el flamante magistrado, que fue designado una semana antes de que dejara el gobierno Alberto Fernández. El 28 de noviembre de 2023, Marcelo Cardozo, quien era juez de Instrucción en Posadas, fue confirmado para el puesto a través del decreto 643/23.

En una decisión sin precedentes en los últimos 30 años, la Cámara de Misiones ordenó que los otros jueces federales le transfieran las causas en trámite en su competencia, lo cual podría dar lugar a planteos de violación del juez natural. Sin embargo, nada de esto es el problema principal. Lo es que sobre Cardozo pesan múltiples denuncias por narcotráfico, venta ilegal de divisas, lavado de dinero y pagos de coimas, entre otros delitos.

habló con tres presuntas víctimas y denunciantes, que compartieron tanto los documentos presentados ante la Justicia, como las pruebas aportadas. Otros, que prefirieron mantener su identidad reservada, relataron situaciones similares en contexto de causas que tramitaron en su anterior juzgado. Este medio trató de comunicarse con Cardozo, pero no recibió respuesta.

Dos de sus denunciantes son sus primas hermanas. Una de ellas, Vanesa Giselle Aguirre, trabajó en su juzgado desde febrero de 2024. Ella asegura haber tomado “conocimiento directo de prácticas de corrupción judicial”. Vanesa afirma haber presenciado la “libertad otorgada a cambio de dinero en efectivo”, el “encubrimiento de homicidios” y “pagos de coimas por parte de la policía para cubrir delitos cometidos en comisarías”. Adicionalmente, relata haber sido testigo del “ingreso de fajos de billetes a oficinas judiciales”. Florencia Aguirre, quien se convirtió en influencer en redes sociales al intentar exponer los abusos en la provincia, también trabajó con su primo y dijo que hay “expedientes y pruebas de Cardozo dando libertad a asesinos a cambio de plata y donde mueren los únicos testigos”.

Las denuncias también apuntan a un patrón de abuso de poder sexual dentro del juzgado de Cardozo. Florencia denunció ante la Oficina Anticorrupción la “venta ilegal de dólares” por parte del juez de Puerto Iguazú.

Otro caso que involucraría a Cardozo es el de Adrián Borda, imputado en el crimen de la maestra Lucía Maidana de 2013. Florencia Aguirre relata que “Borda le pagó 30 mil dólares a Cardozo en el mes de mayo” por su liberación, y de esa suma, Cardozo le dio a ella $100.000. Posteriormente, en julio, Walter Velázquez, alias “el Chinito”, el único testigo en el asesinato de Maidana, “se ‘suicidó’” en circunstancias sospechosas.

Otro denunciante, José Alegre Da Silva, también apunta a Cardozo en relación con el narcotráfico y la usurpación de tierras. José es dueño de unas cinco hectáreas en el barrio Punta Alta de Garupá, de frontera con Paraguay. Da Silva denunció a Cardozo por narcotráfico y mostró en la Justicia y a este medio fotos de los móviles del juzgado en su propiedad, por la que, presuntamente, pretendían pasar “porquerías” a Paraguay.

José relata que, con el fin de aprovechar la frontera de su tierra, Cardozo ordenó un desalojo masivo en 2022 que destruyó sus casas. José ya había sido sobreseído en una causa anterior por usurpación de su terreno y contaba con una restitución de su inmueble de forma efectiva, pero Cardozo mantuvo una medida cautelar por cuatro años que le prohibía tocar su propiedad, permitiendo que la “mafia” avanzara. Además, poco antes del desalojo, la nieta de José fue secuestrada. Relata que en ese momento, Héctor González, una persona presuntamente asociada a Cardozo, apareció con $2millones, queriendo comprar la propiedad.

El domicilio de Florencia Aguirre y su hermana Vanesa fue allanado en noviembre de 2024 (sin orden judicial, según Florencia). Según lo denunciado por ellas en los tribunales de Comodoro Py, Cardozo se acercó a Vanesa y le advirtió: “Sabía lo que estaba pasando, hablá con tu hermana para que deje de hacer videos contando lo que pasa en Misiones, porque las consecuencias pueden ser peores”.

Florencia, de hecho, ha tenido que interponer un hábeas corpus preventivo fuera de Misiones (se encuentra viviendo en Corrientes) ante el temor de ser detenida o agredida al regresar a la provincia, solicitando que su pedido no sea remitido a Misiones por la “corrupción existente” y el vínculo de Cardozo con el fuero federal. Su causa tramita en Ciudad de Buenos Aires.

Da Silva, por su parte, relata que su propio abogado fue contactado por un juez amigo de Cardozo, quien le sugirió que firmara “la mitad de la propiedad para que lo dejen en paz”. José relata que ha sido víctima de violencia extrema, incluyendo la muerte de sus vacas y agresiones físicas, de las cuales tiene fotografías que lo muestran golpeado fuertemente en la cabeza y cara.

Durante casi tres horas, el Consejo de Mayo se reunió este lunes por segunda vez en la Casa Rosada, con la mira puesta en uno de sus principales objetivos: la reforma laboral. Para eso, además de los miembros habituales del órgano, se sumó por primera vez el secretario de Trabajo, Julio Cordero.

La próxima reunión será el 20 de agosto y en el medio, según indicaron fuentes oficiales a , cada uno de los consejeros trabajará con sus asesores para llevar avances al próximo encuentro.

La reforma laboral es una de las consideradas “de segunda generación” que la administración libertaria se plantea para los próximos dos años de gestión. Las otras dos son las tributaria y previsional, que quedarían para 2027. Para todas ellas, el Gobierno confía en tener una mayor robustez parlamentaria, luego de las elecciones legislativas de este año.

En reforma la laboral, para el Gobierno es una de sus principales preocupaciones poder pasar cada vez más trabajadores del sector informal al formal.

La idea del Consejo de Mayo, donde reina el hermetismo sobre lo que van analizando, es tener un trabajo acabado para presentar el próximo 15 de diciembre. El objetivo es lograr consensos para avanzar con esos y otros proyectos de ley que el Gobierno se focaliza, fundamentalmente, en poder lograr a partir del año próximo.

El encuentro estuvo presidido por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos. Al igual que el primer encuentro, el mes pasado, estuvieron los consejeros designados: el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger; el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo; la senadora Carolina Losada; el diputado Cristian Ritondo; el secretario general de la Unión Obrera de la Construcción, Gerardo Martínez; y el presidente de la Unión Industrial Argentina, Martín Rappallini. También asistieron la secretaria Técnica del Consejo, María Cecilia Domínguez Diacoluca; y Agustina García de Cecco, del Ministerio de Desregulación.

Mientras que Sturzenegger lleva adelante la columna vertebral del proyecto, tanto Martínez como Rappallini, dos terminales relevantes del mundo laboral, tendrán una muy fuerte incidencia en la etapa de las discusiones del tema.

“La síntesis va a salir el 15 de diciembre. Los temas que estamos abordando son todos los temas que ya están acordados en el Pacto de Mayo”, dijo al salir Ritondo. “Vamos avanzando en cada uno de los temas, a veces vienen especialistas, pero la síntesis y cada cosa, cada reunión es, si se quiere, la disparadora del tema donde seguimos trabajando durante el mes que no nos vemos acá con asesores, en el caso mío con otros diputados, con otros proyectos. El 15 de diciembre ustedes van a tener el resultado de todas estas reuniones y del Consejo de Mayo”, completó.

Ritondo no se refirió al contenido de la reforma, dada la decisión de mantener bajo un fuerte hermetismo el tema, pero aseguró que no hubo una presentación de Cordero sobre las reformas. “Fue mucho más la parte de la representación de la UIA y de la CGT de miradas de distintas cosas que tienen que ver no solamente con la reforma laboral como se conoce, sino que tiene que ver con muchas cuestiones que hagan a mayor empleo, mayor formalidad en el empleo”, relató.

“Son reformas de segunda generación que se van a poder lograr con un Congreso afín”, destacaron en el Gobierno sobre las reformas que vienen. “La idea es empezar a darles forma y contenido a esas reformas”, completaron.

Entre los puntos acordados en el Pacto de Mayo, al que en 2024 suscribieron 19 gobernadores, figuran desde la inviolabilidad de la propiedad privada y el equilibrio fiscal innegociable pasando por el compromiso de potenciar la educación inicial, primaria y secundaria, la alfabetización plena, la reducción del gasto público en torno al 25% del PBI; la reforma tributaria que reduzca la presión impositiva; la laboral que promueva el trabajo formal; y la previsional que le dé sustentabilidad al sistema y respete a quienes aportaron.