Matías Yofe expresó su preocupación por la falta de acción judicial y la complicidad de actores políticos en la protección de esta dupla. «Nosotros venimos denunciando a Claudia Pombo y Jorge D’Onofrio desde 2020. Claudia no podía asumir como presidenta del Concejo Deliberante porque tenía una condena por malversación de fondos públicos, pero eso no detuvo su nombramiento. Incluso, esta condena en primera instancia nunca avanzó en las siguientes instancias judiciales», aseguró el dirigente.

La historia de Pombo incluye su rol como responsable del Registro Automotor Nro. 2 de San Miguel, donde fue hallada culpable de desviar fondos recaudados para uso personal. La sentencia dictada incluyó una pena de dos años y medio de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer funciones públicas. Sin embargo, esto no impidió su ascenso político.

«Es inaceptable que una persona con antecedentes de este calibre ocupe un cargo público tan importante. Desde la Coalición Cívica hemos pedido repetidamente que se aparte del cargo mientras la Justicia se expida, pero no hay respuestas», enfatizó Yofe.

El caso ha escalado con denuncias recientes que incluyen irregularidades en la gestión de fotomultas y la Verificación Técnica Vehicular, donde empresas vinculadas al Frente Renovador aparecen involucradas. Según Yofe, estas maniobras representan «una trama de poder destinada a apropiarse de lo público».

Amenazas y presiones

La lucha por exponer estos hechos no ha sido fácil para quienes han denunciado a la dupla. Yofe relató haber recibido amenazas e intimidaciones que incluso lo obligaron a mudarse de su hogar por seguridad. «Cuando uno decide pelear contra mafias, sabe que enfrenta riesgos. Han intentado asustarnos, pero seguimos adelante porque creemos en la Justicia», expresó.

La complicidad política y la justicia inmóvil

Yofe también criticó la falta de acción de los 24 ediles del Concejo Deliberante de Pilar, quienes continúan respaldando a Pombo pese a su condena. «La eligieron como presidenta por unanimidad, sabiendo de su historial. Eso los convierte en cómplices», afirmó.

Por su parte, la Justicia parece inmovilizada. La causa original contra Pombo está bajo la jurisdicción del Tribunal Oral Nro. 2 de San Martín, pero no ha avanzado. Las nuevas investigaciones, relacionadas con irregularidades más recientes, están a cargo del fiscal Álvaro Garganta y el juez Adrián González Charvay. Este último, según denuncias, tendría vínculos de amistad con el intendente de Pilar, Federico Achával, lo que plantea dudas sobre la imparcialidad del proceso.

¿Un cambio a la vista?

A pesar de la inacción judicial, Yofe se mostró esperanzado en que la verdad finalmente salga a la luz. «Estamos ante la posibilidad de cerrar una etapa muy oscura en la provincia de Buenos Aires. La Justicia debe actuar para que estos personajes rindan cuentas», concluyó. (www.REALPOLITIK.com.ar)

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