POLITICA
Maxi Abad busca quedarse con la UCR platense para ofrecerla como moneda de cambio a Milei
Aún con un gran acuerdo a nivel provincial, Maximiliano Abad, en el 2022, había puesto fichitas en dirigentes que movilizaron afiliados como el caso del ex diputado provincial y recordado Sergio Panella y otros dirigentes (el también recordado Luis Menucci), quienes decidieron hacerle frente a una lista mayoritaria de consenso integrada por Evolución (Martín Lousteau), Corriente de Opinión (Federico Storani), alfonsinistas de Miguel Bazze y un desprendimiento del grupo de “los turcos”, que encabeza el diputado provincial, Claudio Frangul.
Ahora Abad convoca y entiende que es posible aglutinar grupos -ni siquiera líneas partidarias- que sólo se reúnen para ser oposición al oficialismo que encabeza Pablo Nicoletti. Por lo pronto, en un documento reciente estos grupos opositores reclaman a viva voz una “reorganización” de la UCR, la vuelta a los principios de Leandro Alem y de Arturo Illia, con lo cual sugieren que no se estarían aplicando en la actualidad.
También llamó poderosamente la atención que en el documento que hicieron circular no hay ni una palabra, ni una sugerencia, ni una metáfora que advierta una postura opositora hacia la política económica liberal del presidente Javier Milei. Ni siquiera una referencia al recorte de derechos laborales establecidos por el tradicional y recordado dirigente Crisólogo Larralde en la constitución.
Con esta omisión, del lado del actual oficialismo partidario sospechan y hacen circular que este frente opositor, como traje a medida de Abad, surge para mostrar al radicalismo platense como un paquete “llave en mano” para ofrendar al gobierno libertario y negociar algunos cargos dispersos en listas electivas el año que viene.
El conglomerado opositor, según concluyen en el oficialismo partidario, surgiría de ciertos rencores por favores no recibidos, como es el caso de la pareja integrada por los ex concejales, Verónica Rivas y Walter Ronga. La primera de ellas decidió apartarse de la zona de confort que le significó la corriente de Miguel Bazze, cuando se enteró que no sería postulada para la reelección en el cuerpo deliberativo local.
A esta dupla se le agregaron como grupos a destacar los del reconocido referente en la tercera sección platense, Enrique “El Negro” Álvarez -en su momento muy cercano a Panella-, y el grupo “la séptima” que encabeza el ex concejal Guillermo Duva.
También piden pista el ex edil Fernando Gando -compartió período con Duva entre 2011 y 2013- su hijo Ignacio, de paso fugaz por una banca de concejal y el grupo “histórico” o “residual”, según se lo quiera calificar de “los turcos” que lideran Raúl Cadáa y el ex funcionario municipal Raúl Abraham.
A la hora de un mapa político local, cabe señalar que además de la presencia de Alvarez en la tercera, Fernando e Ignacio Gando (que dos años atrás curiosamente se enfrentaron) ahora hacen una cabecera de playa en la sección novena (barrio Mondongo y cercanías del bosque), mientras que Rivas y Ronga asoman como referentes en la sexta (norte de La Plata) y los “turcos” lideran y, es más, ganaron la quinta sección (los Hornos, Villa Elvira y alrededores).
Allí el dato novedoso es la incorporación de Duva al armado de Abad, quien ya invirtió más que esperanzas en el ex edil y gran concentrador de votos en la zona oeste de La Plata, correspondiente con localidades como Abasto, Melchor Romero, Las Quintas, La Granja y parte de Olmos.
Está bien precisado el concepto de incorporación porque dos años atrás y a expensas frustradas recompensas políticas, Duva decidió pasarse al armado de Nicoletti para garantizar un buen resultado en la séptima. Fue entonces que Nicoletti y sus aliados pudieron ganar con el 60 por ciento de los votos en toda la ciudad. Claro está que Duva no estuvo sólo y los votos de otro puntero importante como Miguel “Diente” Fernández fueron importantes a la hora del escrutinio interno. En tal sentido, habrá que ver de qué manera Nicoletti se enfrenta a Duva, quien es asistido por la reconocida dirigente Lorena Prieto, de mucho trabajo partidario en Romero y Abasto.
Vale recordar que la séptima aporta un treinta por ciento del padrón partidario platense, con lo cual quien allí gane con gran diferencia podría ganar el partido. No obstante, hay un proceso federativo mediante el cual también, cada una de las secciones aporta tres delegados a la constitución de la junta central partidaria. Por esta razón podría darse que en la séptima se gane y se pierda en secciones del casco urbano (primera, segunda, tercera y octava ) y, por tanto, tener un presidente con una presencia mayoritaria opositora en la junta central.
Al volver sobre Duva, cabe remarcar que es una pieza importante, pero no se reconoce como un líder de este diverso conglomerado de grupos como para postularse al frente del partido. Abad, por el momento, le confía un puesto de “gerente de producto” o armador de este juego.
Por esta razón, se busca quién podría postularse para el sillón de conducción del partido, en un tiempo de descuento importante, dado que el cierre de listas será el próximo seis de setiembre. (www.REALPOLITIK.com.ar)
ETIQUETAS DE ESTA NOTA
UCR, Federico Storani, Ignacio Gando, Leandro Alem, Raúl Cadáa, Sergio Panella, La Plata, Martín Lousteau, Claudio Frangul, Miguel Bazze, Raúl Abraham, Luis Menucci, Unión Cívica Radical, Maximiliano Abad, Miguel Fernández, Verónica Rivas, Crisólogo Larralde, Pablo Nicoletti, Arturo Illia, Lorena Prieto, Fernando Gando, UCR La Plata, Marina Sánchez Herrero, Javier Milei, Guillermo Duva, Enrique Álvarez, Walter Ronga
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POLITICA
El Gobierno eliminó una exigencia para habilitar centros y servicios de salud mental y adicciones
El Gobierno modificó el procedimiento para habilitar y fiscalizar instituciones, centros y servicios de salud mental publicado en diciembre del año pasado, pocos días antes de que finalizara la gestión de Alberto Fernández. A través de una resolución de las autoridades sanitarias, se eliminó una consulta vinculante con una comisión especial –que pasará a tener un rol consultivo– para agilizar esos trámites, de acuerdo con el texto publicado hoy en el Boletín Oficial.
“La resolución precedente (4107/23) provocaba demoras o imposibilidad de habilitaciones, ya que establecía que para la habilitación y fiscalización de los establecimientos debía realizarse una consulta vinculante con la Secretaría de Derechos Humanos”, señalaron desde el Ministerio de Salud. “Esta situación –continuaron– no se correspondía con lo establecido por la norma superior vigente, la Ley Nacional de Salud Mental 26.657. Por lo tanto, la modificación obedece no solo a ubicar la resolución acorde al artículo 34 [de la ley de salud mental], sino a efectivizar el procedimiento de forma eficiente y expeditiva”.
Por ese artículo de la legislación sancionada por el Congreso en 2010, la cartera sanitaria, como autoridad de aplicación, es responsable de fijar “en consulta con la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y con la colaboración de las jurisdicciones” los requisitos de habilitación y fiscalización de los servicios de atención de salud mental en el sector público, privado y las obras sociales.
Para el Gobierno, la Resolución 6155/2024 también adapta ahora esas tareas a la simplificación de procesos en el Estado prevista en la Ley Bases. “Adecua el procedimiento de habilitaciones de estos dispositivos [por los lugares de atención especializada] a fin de garantizar un procedimiento administrativo ágil, dinámico y diligente”, plantean en Salud. Y consideran, a la vez, que “fortalece la red de servicios” al crear “los dispositivos comunitarios necesarios”. La definición de esos servicios incluye la atención de las adicciones y a los equipos interdisciplinarios “para la continuidad de cuidados y la externación sustentable”.
Este conjunto de “normas mínimas” para la habilitación y el control de los establecimientos y los servicios de salud mental y consumos rige para los lugares de atención ambulatoria (consultorios o gabinetes, centros, hospitales de día con/sin internación o comunitarios, emprendimientos de inclusión sociolaboral y servicios de atención domiciliaria), dispositivos residenciales (con apoyo bajo, moderado o alto y estancia transitoria o prolongada) y lugares con internación (servicios de salud mental en hospitales, clínicas o sanatorios).
Dictamen consultivo
De acuerdo con la resolución de diciembre del año pasado firmada por la exministra Carla Vizzotti, el trámite de habilitación empezaba –como en la nueva resolución– con la solicitud de habilitación del administrador de la institución, centro o servicio vía la plataforma online de trámites a distancia oficial.
Pero si bien la autorización para funcionar también la tramitaba la Dirección Nacional de Habilitación, Fiscalización y Sanidad de Fronteras, dentro del Ministerio de Salud, la evaluación inicial de las solicitudes debía ser “en conjunto” con la Comisión Permanente de Trabajo y Asistencia Técnica para la Implementación de los Estándares de los Servicios de Salud Públicos y Privados. Ahora, de acuerdo con los fundamentos publicados en el Boletín Oficial, esa intervención deja de ser vinculante y pasa a ser consultiva cuando así sea requerida.
Esa comisión permanente de trabajo se formó por una resolución de 2022 con tres representantes designados por Salud y otros tres por la Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia. Quedaban exceptuados de su intervención solo los consultorios de salud mental, en cuya habilitación participaba únicamente la Dirección Nacional de Habilitación, Fiscalización y Sanidad de Fronteras.
Con la modificación publicada hoy, sus miembros intervendrán “en caso de que existan incongruencias con los estándares fijados” en un anexo de la resolución y a requerimiento de la Dirección Nacional de Abordaje Integral de Salud Mental y Consumos Problemáticos para “asistencia técnica, colaboración e intervención”.
En esos casos, una vez finalizada la inspección del lugar a habilitar, la comisión tendrá que emitir opinión “sobre el cumplimiento de los estándares normados” en 30 días hábiles para la administración pública a contar desde la llegada del expediente. Cumplido ese plazo sin esa opinión, regirá el silencio de la administración como en el resto de los procedimientos administrativos del Estado nacional.
Lo mismo se aplica para la fiscalización de los establecimientos y servicios de salud mental y consumos problemáticos, como lo define la nueva resolución, que reemplaza a la 4107 de diciembre del año pasado.
Antes, ese dictamen pasaba a la Dirección Nacional de Abordaje Integral de la Salud Mental y Consumos Problemáticos para remitir el expediente de nuevo a la Dirección Nacional de Habilitación, Fiscalización y Sanidad de Fronteras para continuar el trámite de habilitación.
“Esta nueva normativa promueve una respuesta adecuada por parte del Estado a la demanda de atención en materia de salud mental, lo que hace necesario avanzar en la habilitación de dispositivos y servicios acordes al modelo de abordaje basado en la comunidad, con el objetivo de alcanzar la inclusión socio-comunitaria de las personas y garantizar una atención de calidad, integral, interdisciplinaria, intersectorial y con enfoque de derechos”, argumentan en el ministerio a cargo de Mario Lugones.
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