POLITICA
Maximiliano Abad compite con Rodrigo de Loredo para ver quién es más cercano a los libertarios
La situación sitúa a Maximiliano Abad en una suerte de equiparación con el jefe del bloque radical de la Cámara de Diputados de la Nación, Rodrigo De Loredo, para ver quién fortalece más el vínculo con la Casa Rosada para agregar el vagón radical a una eventual alianza con La Libertad Avanza y con aquello que despectivamente describen algunos radicales como “los despojos del Pro”.
El legislador cordobés, claro está, hizo muy bien los deberes en cuanto a mostrar empatía con los sectores libertarios en sus distintas incursiones mediáticas, tolerando que se le pregunte y repregunte sobre cómo aceptó, siendo radical, un virtual congelamiento de haberes a los jubilados y que él sólo conteste que son efectos colaterales de un plan para que no vuelva el kirchnerismo y su inflación.
De Loredo tuvo muy buenas perfomances y, con excepción de alguna votación en defensa del presupuesto universitario, fue por demás complaciente con gran parte del DNU 7023 y la famosa ley Bases.
Quien viene presentando muy buenas credenciales para competir con De Loredo con un perfil “Pro Libertario” es Maximiliano Abad, sobre todo a partir de su última participación en el debate para resolver la expulsión del senador por Entre Ríos, Edgardo Kueider, el hombre de los 200 mil dólares sin declarar y sobre cuyo origen dicen que hay que preguntar en cercanías de la Casa Rosada.
En esa sesión Abad votó junto con cuatro senadores del Pro para defender a Kueider de la expulsión, aún en la condición de “flagrancia” del delito que se le imputó, esto es ser descubierto con una valija con una fuerte cantidad de billetes norteamericanos sin declarar.
Justamente, es la “flagrancia” la que habilita a votar en favor de una expulsión por inhabilidad moral, dado que las sospechas también se ciernen sobre el origen de los fondos que no tendría relación con el pago de la dieta legislativa.
Abad fundamentó su votación en una postura por demás garantista al señalar que tenía dudas sobre la configuración delictiva que diezmó la imagen de Kueider y que había que esperar la sustanciación de otras acciones, como la causa penal que se abrió en el juzgado federal de San Isidro a cargo de Sandra Arroyo Salgado.
Sin embargo, desde distintos sectores radicales que no comulgan para nada con su óptica, le remarcaron la “flagrancia”, algo que, en buen romance, significa “agarrar con las manos en la masa” a alguien, por ejemplo, con una suma de dinero que está muy por encima del promedio que podría disponer la mayoría de los mortales.
Uno de los dirigentes bonaerenses que estuvo muy activo en redes y medios para descargar munición gruesa contra Abad fue el exdiputado nacional, Federico Storani, quien resaltó, en su rosario de críticas que “fue realmente penosa y para la antología del llanto la votación realizada por el senador por la Unión Cívica Radical bonaerense y aún titular del comité provincia, Maximiliano Abad, quien apoyó la permanencia de Kueider en sus funciones» y que esto supone su inclinación hacia “una relación carnal con La Libertad Avanza y con el Pro”.
La postura de Abad en el senado respecto de Kueider tampoco habría caído nada bien entre sus aliados de su más inmediato entorno en el radicalismo bonaerense, al menos en las segundas líneas y en la militancia de sectores tales como quienes siguen a Daniel Salvador, Gustavo Posse y el exdiputado nacional Carlos Fernández.
Estos últimos sustentaron la campaña del ex intendente de Trenque Lauquen, Miguel Fernández, para el Comité Provincia, en una elección que aún sigue pendiente en segunda instancia tras un fallo favorable del juez federal Alejo Ramos Padilla.
En las próximas semanas se podrá determinar aún más la dimensión de esta actitud de Abad en el recinto de la cámara alta y en qué medida esto afectó sus relaciones con sus correligionarios en un comité provincia que dejará de conducir a la brevedad. (www.REALPOLITIK.com.ar)
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UCR, Casa Rosada, Federico Storani, Alejo Ramos Padilla, Gustavo Posse, Daniel Salvador, Sandra Arroyo Salgado, Entre Ríos, Cámara de Diputados de la Nación, Unión Cívica Radical, Maximiliano Abad, Edgardo Kueider, Miguel Fernández, Carlos Fernández, Rodrigo de Loredo, La Libertad Avanza
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POLITICA
Patricia Bullrich anunció el regreso del Servicio Cívico para jóvenes que no trabajan ni estudian
Patricia Bullrich anunció este martes el regreso en 11 ciudades argentinas del Servicio Cívico destinado a jóvenes de 18 a 24 años que no trabajan ni estudian. Se trata de un programa que la ministra de Seguridad implementó en 2019 durante su paso por esa cartera, a través del cual se buscará entregarle a ese universo de personas “herramientas y capacitación laboral y educativa”.
Es, al menos, lo que la funcionaria de Javier Milei destacó en sus redes sociales. “Vamos a sacar a los jóvenes de las calles y alejarlos del delito y la droga”, advirtió, en una publicación en la red social X que vistió con un video donde se la ve firmando una serie de documentos junto a, entre otros, la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello.
El texto de Bullrich, además, aclaró que convocará a los jóvenes de ese rango etario “para brindarles formación en disciplina, respeto y valores”, y que el trabajo se llevará a cabo “de la mano de la Gendarmería Nacional y en colaboración con el Ministerio de Capital Humano”. “
Se trata, indicó la ministra de Seguridad, de “una alternativa concreta para que puedan retomar sus estudios, acceder a un trabajo y construir un futuro con orden y oportunidades reales”. La adhesión, en este marco, será de carácter voluntario.
En definitiva, es una especie de reedición del programa que concibió el gobierno de Mauricio Macri en julio de 2019, apuntando a jóvenes de 16 a 20 años que no podían estudiar y tampoco trabajaban, y que finalizó en diciembre de ese mismo año.
La resolución 598/2019 del Ministerio de Seguridad, que llevó la firma de Bullrich, estableció que el Servicio Cívico nacía “como una herramienta para brindar oportunidades de formación a los jóvenes a través de los valores democráticos y republicanos, que suponen compromiso cívico para que conozcan sus derechos y sus responsabilidades, sus capacidades y potencialidades personales».
Años antes de esa normativa, el «Servicio Cívico Voluntario» había sido debatido en el Congreso. El proyecto fue presentado por Julio Cobos cuando era vicepresidente de Cristina Fernández de Kirchner y contaba con el aval de la entonces Presidenta. El dirigente mendocino buscaba llevar a nivel nacional algo que había implementado en su provincia, durante su gobernación.
La iniciativa daba terminalidad educativa y formación en oficios en algunas en instalaciones militares y de la Fuerza Aérea que estaban en desuso. Después de la pelea por la 125, el Gobierno K ninguneó el proyecto, que fue re-impulsado por la UCR en la Cámara Alta y obtuvo media sanción a fines de septiembre de 2010.
El «Servicio Cívico Voluntario» de Cobos naufragó luego en Diputados donde nunca se trató.
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