En la polémica de los médicos recién recibidos que supuestamente compraron exámenes para ingresar a las residencias, el Gobierno eligió, primero, tomar medidas paliativas para descubrir a los estudiantes infractores, pero finalmente decidió iniciar, también, una investigación interna para detectar responsabilidades en el Estado por la presunta filtración de las preguntas. También presentarán una denuncia penal, con el mismo objetivo. En paralelo, apuntaron contra la Ciudad de Buenos Aires por la toma del examen, pero en la sede de Uspallata se deslindaron de cualquier culpa.

Hasta ayer, como era de esperarse, el Gobierno no había hecho un mea culpa por la venta de los exámenes, ni había iniciado una búsqueda de responsables en las filas propias. En cambio, desde que se conocieron las denuncias por medio de información periodística, el martes, el ministro Mario Lugones ordenó anunciar que los estudiantes con las mejores notas tendrían que rendir nuevamente.

En un principio no se inició una investigación interna para detectar el origen de las irregularidades, y la oposición empezó a reaccionar. Por caso, el jefe del bloque de la Coalición Cívica en la Cámara de Diputados, Maximiliano Ferraro, le pidió al Ejecutivo que presente evidencias sobre estos incumplimientos.

Anoche, fuentes oficiales informaron a este medio que ayer se inició una auditoría para encontrar a los trasgresores, sean de la Universidad de Buenos Aires (UBA) o del propio ministerio. También, que presentarán una denuncia pena la semana que viene, cuyos detalles se preparan pero todavía no se informaron.

El objetivo de la auditoría será detectar si hubo una filtración del examen, es decir, de las preguntas. “El sumario interno es para ver si la filtración salió desde acá”, dijeron fuentes oficiales. Eso mismo le pedirán que investigue a la Justicia. “La UBA nos envió la carta que recibieron los médicos que rindieron, donde hablaban de supuesta compra de preguntas. Necesitamos que la Justicia determine eso”, agregaron.

No investigarán el proceso de la toma del examen, a pesar de que también fue cuestionado. De hecho, en la Nación se deslindaron de cualquier culpa en ese terreno, y dijeron que esa instancia le correspondía a la Ciudad.

“Si no se hizo lo suficiente, o se miró para otro lado, no nos corresponde. No sabemos si la Ciudad tenía camaras, y no se sabe si se puede hacer algo, porque quizá se pueda ver que una persona fue cinco veces al baño, pero eso no constituye un delito”, dijeron. En la sede del gobierno porteño negaron rotundamente el señalamiento: “CABA sólo presta el Parque Roca, el resto le corresponde a la Nación”, sostuvieron.

Por ahora, mientras se inicia la investigación, tomaron medidas para detectar a los responsables entre los estudiantes de las supuestas compras de exámenes. El Gobierno ordenó que 268 médicos -es decir, todos aquellos que sacaron entre 86 y 100 puntos- se van a tener que presentar a dar un nuevo examen. Y el día que lo hagan, tendrán que justificar la nota promedio que obtuvieron al final de su carrera, que se comparará con la del examen de residencias.

Las medidas inmediatas de Lugones generaron una fuerte reacción de rechazo de los estudiantes que sacaron notas dentro de ese rango, al punto de que un grupo, indignado, se reunió para protestar en la puerta de la Facultad de Medicina, ayer por la mañana, contra la obligación de repetir el examen nuevamente. Eran principalmente aspirantes de la UBA que obtuvieron los mayores puntajes – varios, con diploma de honor- y expresaron su rechazo a rendir nuevamente. El Gobierno se vio obligado a salir a explicar.

Lo hizo a través del vocero presidencial, Manuel Adorni, que usó la segunda transmisión de su programa oficial “fake,7, 8″: adelantó cómo será la evaluación y aseguró que el objetivo es “hacer justicia” frente a posibles fraudes. Según dijo, para calmar las aguas en una relación complicada contra los médicos, el nuevo examen de residencias será oral y se respetará la nota original a quienes aprueben. Pero hasta anoche los profesionales seguían manifestando su indignación.

Por lo pronto, sin denuncias formales, ni de oficio, ante la Justicia, desde la oposición, el jefe del bloque de la Coalición Cívica en Diputados, Maximiliano Ferraro, le pidió al Ejecutivo que presente evidencias sobre estas irregularidades.

Por lo pronto, el Gobierno unificó posiciones en torno al caso. Después de meses de tensiones y días de cruces y silencios sugestivos, las partes del oficialismo se encolumnaron detrás de un enemigo en común designado: los estudiantes extranjeros.

Milei marcó el rumbo al replicar, con los habituales insultos, el video de un debate en la señal TN entre un médico argentino y uno ecuatoriano. “Estallido dentro de los pobres cerebros wokes domésticos. La situación de los exámenes que se sospechan adulterados son parte del parásito mental “equidad, diversidad e inclusión” y es divertido ver cómo les dinamita al nacionalismo berreta de cotillón… Fin”, tuiteó el Presidente de la Nación.

Después se sumaron los libertarios de Las Fuerzas del Cielo, también en redes. Muchos de ellos se habían mantenido casi sin opinar desde el sábado de cierre de listas, o se habían dedicado a la interna. Intervinieron de lleno y con la habitual virulencia en el tema controversial que calza con sus premisas sobre los estudiantes extranjeros en el país.

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En medio de grandes expectativas sobre posibles anuncios para el campo, el presidente Javier Milei dirá presente hoy en la inauguración oficial de la 137° Exposición Rural en el predio de la Sociedad Rural Argentina (SRA), en el barrio porteño de Palermo. El mandatario estará acompañado por ministros del Gabinete nacional y hablará bajo la mirada atenta de productores y referentes del sector. El acto comenzará a las 11.

La presencia del Ejecutivo nacional en la exposición intensifica el debate sobre la eliminación del impuesto a las exportaciones de los productos agropecuarios. El futuro de las retenciones, un tributo que históricamente fue motivo de conflictos entre el campo y el Estado, será lo más esperado por el campo en el discurso del jefe de Estado. La semana pasada, Milei mantuvo un encuentro con la Mesa de Enlace, en el que reiteró que las retenciones están “en la mira” del Poder Ejecutivo.

El presidente reconoció que la situación fiscal actual limita la posibilidad de avanzar con rapidez en la reducción de alícuotas, pero ratificó su compromiso de que este será el próximo impuesto que buscará disminuir para el sector productivo. Según relató Andrea Sarnari, titular de Federación Agraria, el jefe de Estado aseguró que la próxima rebaja será “definitiva y no transitoria como ha sido hasta ahora”. Por su parte, Nicolás Pino, titular de la Sociedad Rural Argentina, confirmó que ese compromiso fue el mensaje que se llevó la Mesa de Enlace tras la reunión.

En los días previos al evento de hoy, circularon versiones sobre la posibilidad de que el Banco Central habilite la suscripción de Bopreal, títulos en dólares emitidos por la autoridad monetaria, para los productores agropecuarios que hayan pagado retenciones en los últimos años.

El antecedente inmediato de una rebaja temporal de retenciones para soja y maíz, vigente desde fines de enero hasta el último día de junio, alimentó la esperanza de una extensión de la medida.

No obstante, el Gobierno decidió restablecer las alícuotas a 33% para los granos de soja y 12% para maíz, mientras que el trigo y la cebada mantuvieron un esquema reducido hasta marzo de 2026. Esta decisión reavivó el reclamo de los productores, que consideran que la presión fiscal sobre los granos constituye el principal obstáculo para el desarrollo del sector.

Por su parte, la Bolsa de Comercio de Rosario proyectó que el aporte del agro en divisas para 2025 alcanzará los USD 32.070 millones, una cifra levemente superior a la de 2024 gracias a un mayor volumen exportado, que compensaría la caída de los precios internacionales.

El informe de la entidad detalla que durante el primer semestre del año ingresaron USD 18.100 millones, equivalentes al 56% del total proyectado, una proporción superior al promedio de los primeros semestres de los últimos 15 años.

Los presentes en el acto de hoy

Al jefe de Estado lo acompañarán la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el ministro de Economía, Luis Caputo, como así también el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri. Aunque en la SRA confirmaron la presencia de la vicepresidenta Victoria Villarruel, la titular del Senado aún no oficializó su lugar en el palco. El que sí estará presente será el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri.

Fuentes oficiales aclararon que las invitaciones se realizaron como se hizo el año pasado, cuando Milei estuvo en primera fila al lado del titular de la entidad madre del campo, Nicolás Pino, el jefe de gobierno y la titular del Senado. Fue la última vez que se los vio a los tres juntos sonrientes, cuando todavía el vínculo político no había escalado al punto que está hoy. En el último Tedeum por el 25 de Mayo, el primer mandatario esquivó el saludo de ambos.

Si bien en el Gobierno aclararon que son invitaciones que se envían por protocolo, en esta oportunidad ocurrirá en un momento especial: el presidente volvió a cargar contra la vicepresidente, durante el discurso del 10 de julio en la Bolsa de Comercio de la ciudad de Buenos Aires como así también el último 22 de julio en la Derecha Fest, un evento libertario celebrado en la ciudad de Córdoba.

“La primera ley de la política es ignorar la primera ley de la economía… y vaya que de esto los populistas saben, ¿o caso semanas atrás no votaron un gasto de 17 mil millones de dólares? Y la bruta traidora dijo que lo iba a financiar con 30 millones… Sugiero que antes de hacer chicanas aprendan a sumar dos más dos», afirmó el presidente, sin nombrar a Villarruel.

El acto comenzará con el ingreso del Regimiento de Granaderos a Caballo General San Martín y luego arribará el Presidente al predio de Plaza Italia. Después se entonarán las estrofas del Himno Nacional Argentino para dar lugar al discurso de Nicolás Pino, titular de la SRA que, a su vez, antecederá a la palabra de Milei. Finalizadas las intervenciones, se realizará el tradicional desfile de los grandes campeones y la exhibición de maquinaria agrícola.

Desde la organización del evento, se confirmó además la presencia de ministros, gobernadores, legisladores, miembros del Poder Judicial y del cuerpo diplomático.

Pino abrirá la jornada con un extenso discurso en el que repasará los compromisos asumidos por el jefe de Estado respecto a la eliminación del impuesto a las exportaciones de los productos agropecuarios.

Además, el dirigente dedicará un tramo a elogiar las distintas producciones, desde la agricultura y la ganadería hasta las economías regionales, y abordará la reciente reforma del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), solicitando que la entidad continúe aportando conocimiento científico y una gestión eficiente al campo.

“Por demora del Congreso no hemos podido constituir la Comisión. Diputados envió a los integrantes; el Senado tiene los suyos, y ya van casi dos años de mora y me comentan que el bloque oficialista está pidiendo no constituirla por esa sensación de temor que a veces tiene el Poder Ejecutivo a que el Congreso funcione plenamente”, expresó el senador Juan Carlos Romero el pasado 26 de junio, durante la última visita del Jefe de Gabinete, Guillermo Francos. La declaración del legislador salteño, aliado del oficialismo, expone la tensión institucional que rodea el proceso de privatizaciones impulsado por el Gobierno y la parálisis de la comisión bicameral encargada de su seguimiento.

En este contexto, el Ejecutivo acelera su plan de privatización de empresas públicas, una estrategia que responde tanto a la escasez de dólares prevista para el segundo semestre como al aumento de las importaciones y a los compromisos asumidos con el Fondo Monetario Internacional. Según información a la que accedió Infobae, el Gobierno decidió avanzar con rapidez en la venta de activos estatales, amparado en la autorización ya otorgada por el Congreso de la Nación. Y esto quedó establecido esta última semana con las publicaciones realizadas en el Boletín Oficial en donde habilitó los procesos de venta de activos.

El proceso privatizador abarca actualmente a Intercargo, Corredores Viales, AySA, Enarsa, Belgrano Cargas y las represas del Comahue, con la intención de licitar estas empresas antes de que finalice 2025. A este grupo se suman otras compañías incluidas en la Ley Bases, como Nucleoeléctrica, Yacimientos Carboníferos Río Turbio y Trenes Argentinos.

La Agencia de Transformación de Empresas Públicas, bajo la dirección de Diego Chaher, lidera el proceso. Chaher confirmó que “todas están en un grado de avance”, aunque anticipó que el llamado a licitación se realizará recién hacia fin de año.

El control parlamentario de estas privatizaciones depende de la comisión bicameral Especial de Reforma del Estado y del Seguimiento de Las Privatizaciones (Ley 23.696), un órgano que lleva años sin funcionar. Desde la estatización de las empresas públicas, la comisión perdió sentido operativo y, pese a los reclamos de la oposición y la voluntad declarada del gobierno de Javier Milei de avanzar con las privatizaciones, sigue sin estar activa.

En diciembre del año pasado, el presidente del bloque Unión por la Patria, Germán Martínez, envió una carta al titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, solicitando la conformación de la comisión. En una nota fechada el 30 de diciembre, Martínez instó a Menem a avanzar con las bicamerales que cuentan con resolución de presidencia, pero que aún no se han constituido, entre ellas la de privatizaciones. Martínez declaró a Infobae: “No hay nada, reclamé por carta y varias veces en el recinto, pero no tenemos novedades”.

Según la web de la comisión, solo resta que la presidencia del Senado designe a los legisladores de la Cámara Alta en representación de Unión por la Patria. Desde el bloque que lidera José Mayans aseguran que “hace tiempo” enviaron los nombres de los senadores que ocuparán ese rol, pero aún no fueron nombrados por Villarruel.

Hasta el momento, los senadores designados son Juan Carlos Romero (Cambio Federal), Juan Carlos Pagotto (LLA), Eduardo Vischi (UCR) y Carlos Espínola (Unidad Federal), mientras que permanecen vacantes dos lugares para UP. Por la Cámara de Diputados, los representantes son Diego Santilli (PRO), Facundo Correa Llano (LLA), Pablo Cervi (Liga del Interior), Victoria Borrego (CC), Ana María Ianni (UP) y Florencia Carignano (UP). La comisión aún no eligió autoridades, un paso que debe concretarse en la primera reunión para que pueda comenzar a operar.

El reclamo por la conformación de la comisión no proviene únicamente de los bloques kirchneristas. El propio senador Romero, identificado con el oficialismo, insistió en la necesidad de ponerla en marcha. Desde los bloques opositores, la responsabilidad se atribuye a los presidentes de ambas cámaras. Un senador de UP afirmó: “Son Menem y Villarruel los que tienen que poner en marcha esto y no lo hacen mientras el Ejecutivo nos mete decretos privatizadores todos los días”.

La función de la comisión no consiste en garantizar ni controlar el resultado de las privatizaciones, pero sí representa un canal institucional para que el Congreso reciba información relevante. Los legisladores pueden solicitar datos sobre los oferentes y el cumplimiento de los contratos, y la comisión puede emitir dictámenes no vinculantes que permiten al Parlamento tomar conocimiento de los actos administrativos relacionados con las privatizaciones.

Esto toma relevancia desde el momento en el que desde varios bloques empezaron a criticar los primeros movimientos.

Desde el bloque de UP en diputados surgieron las primeras críticas. La legisladora Victoria Tolosa Paz presentó un proyecto de declaración en donde señala que Aysa “es una empresa clave para el desarrollo de nuestro pueblo. Cumple una función esencial para la salud de las familias que viven en CABA y en 26 municipios del AMBA, casi 15 millones de personas”.

El proyecto, junto a su colega Sabrina Selva y el acompañamiento de una treintena de diputados del bloque, rechaza los decretos de privatización de Aysa “por la contravención del Convenio Tripartito aprobado por la Ley 26.221 y en perjuicio de las disposiciones del Decreto 304/2006, ratificado por la Ley 26.100″.

Pero no solo el bloque K criticó la decisión de vender el 90% del paquete accionario. El diputado de Encuentro Federal, Nicolás Massot, también se mostró disconforme con el proceso. “No puede ser. En la direccionada y fallida licitación de la hidrovia, se prohibía competir a empresas controladas por estados extranjeros por ser un recurso estratégico. Seguramente esto sólo se trate de otro error, como $Libra y las valijas de la aduana”, escribió en su cuenta de X con una foto de un artículo de LPO cuyo título es “La empresa de agua de Israel asociada con Filiberti y Sielecki, los elegidos de Milei para quedarse con AySA”.

“Lo relevante acá no es de dónde sea la empresa, sino que cuando conviene direccionar una licitación prohibiendo empresas estatales extranjeras lo hacen (hidrovía) y cuando conviene no hacerlo no lo hacen (Aysa). Todo a medida”, se explayó el diputado de EF.

En la oposición quieren que sea rápido, en el oficialismo buscarán dilatarlo. La presión política sobre la conformación de la comisión bicameral se reactivará tras el receso de invierno, cuando los legisladores enfrenten el avance del Ejecutivo en las autorizaciones para privatizar Aysa, Intercargo, Corredores Viales, Enarsa, Belgrano Cargas y las represas del Comahue.