POLITICA
Mensaje mafioso: el Señor del Tabaco amenazó a un periodista de Clarín
«Otra vez persiguiendo con mentiras viejas. Cobarde hijo de una gran puta. Ya no veremos las caras«. El mensaje lo envió este domingo a la 1.14 de la madrugada Pablo Otero, conocido como el Señor del Tabaco, a mi casilla de mail del diario Clarín. Lo hizo luego de que publicará una nota en la que se revela otra maniobra de su empresa, Tabacalera Sarandí, para intentar vender cigarrillos sin pagar impuestos. Horas después el propio Otero replicó su advertencia a través de un mensaje que publicó en su cuenta en la red social X, en el que -además de insistir con durísimas calificaciones hacia mi persona- acusó a Clarín de poner en marcha «una cacería» en su contra.
La maniobra de evasión difundida por este diario fue detectada por la ex AFIP, ahora llamada ARCA, que observó que entre los meses de octubre y diciembre de 2024, Tabacalera Sarandí «distorsionó» la información que debió entregarle al organismo sobre la cantidad de estampillas que recibió y utilizó para adherir en cada paquete de cigarrillos. Esas estampillas constituyen instrumentos de control y trazabilidad que utiliza ARCA para poder cobrar los impuestos de cada atado que se vende.
Para traducirlo. Otero y su empresa se quedaban con un stock extra de estampillas (por fuera de los radares) que podían usar para producir cigarrillos y venderlos sin pagar impuestos.
El ARCA, tras detectar la maniobra, lo sancionó. Le entregó sólo el 10% de las estampillas fiscales que pidió. Un golpe a su negocio paralelo. «A partir de lo expuesto y como resultado de la verificación permanente en planta que se desarrolla en la compañía, se detectó de manera temprana una distorsión en las cantidades de estampillas informadas y por tal motivo, sólo se le entregó el 10% (15,6 millones) de las que pidió (un total de 148,8 millones) entre octubre y diciembre del 2024», sostuvo el documento del ARCA que le impuso la sanción a la empresa de Otero.
Toda la información publicada por Clarín fue corroborada en base a documentos oficiales, fuentes judiciales y del mercado. Por eso llaman la atención los insultos y amenazas de Otero contra Clarín.
No es la primera vez que Otero amenaza o aprieta a medios y periodistas. En mayo pasado ya había enviado otro mail a este periodista luego de que publicará una maniobra similar con una supuesta falsificación de estampillas. También llevó adelante demandas personales contra otros periodistas.
Corredor de autos, una de sus pasiones, tiene una cuenta en redes sociales donde despotrica contra supuestas operaciones mediáticas.
Otero se hizo fuerte en el mercado por evitar durante seis años (de 2018 a 2024) el pago del impuesto mínimo al tabaco que era del 70% del valor del producto. Lo consiguió gracias a una serie de cautelares que le dieron en la Justicia magistrados mas que amigables. El empresario sostenía que ese tributo era inconstitucional y confiscatorio. El caso llegó a la Corte Suprema de Justicia, que el año pasado le ordenó pagar los impuestos. Hoy la Ley Bases, además, lo obliga a pagar el 73% de impuestos al tabaco.
Por los años que no pagó debe unos 5 mil millones de dólares, según datos relevados por el ARCA. Si define la Corte, debería pagarlos.
Los involucrados deberán declarar en febrero y la Justicia no descarta avanzar en una citación al dueño de Tabacalera Sarandí.
Las amenazas y nervios que empezó a dejar ver Otero quizá reflejen que su estrategia -que durante años funcionó- para no pagar impuestos está tambaleando.
El Gobierno de Javier Milei envió a Roma a su secretario de Culto, Nahuel Sotelo, con el objetivo de ponerse a disposición del Vaticano en todo lo relacionado a la salud del Papa Francisco, quien ya lleva 19 días internado en el Hospital Gemelli por una neumonía bilateral. Se trata de la primera acción tomada por el Ejecutivo desde que el Sumo Pontifice entró en internación, luego del mensaje de la vicepresidenta Victoria Villarruel, las declaraciones del jefe de gabinete Guillermo Francos y el vocero presidencial Manuel Adorni.
La noticia fue revelada a Clarín por el secretario de culto Sotelo, quien ya se encuentra en la capital italiana desde el pasado fin de semana, y asistió a una misa celebrada el domingo por la salud de Francisco. El funcionario afirmó que, más allá de que el presidente no haya mencionado una sola palabra sobre la situación del papa, está pendiente de la evolución que presenta la salud del pontífice.
El Papa Francisco volvió a sufrir dos episodios de insuficiencia respiratoria aguda
El viaje se produce en medio del misterio en torno a la posición del Gobierno en torno a la internación del Papa Francisco, pues el presidente no se refirió a la cuestión, mientras que, por ejemplo, Donald Trump, quien tiene sus diferencias con Jorge Bergoglio, expresó su deseo de que el jerarca de la Iglesia Católica se recupere prontamente.
Ese ruido en torno al silencio oficial hizo que el vocero presidencial Manuel Adorni dijera el miércoles pasado que “el presidente está al tanto de forma permanente de la salud del Papa” y añadió que “todos los que integramos el Gobierno rezamos por él y esperamos su pronta recuperación” además de aclarar que el secretario de Culto está en permanente contacto con la Santa Sede.
POLITICA
La desregulación de derechos de autor vuelve a poner en pie de guerra a los artistas con Javier Milei
Un tuit del ministro de Desregulación y Transformación, Federico Sturzenegger, bastó para despertar una oleada de reclamos de parte de numerosos artistas, especialmente músicos que ven vulnerados sus derechos de autor: el anuncio indica el fin de las denominadas “sociedades de gestión colectiva” que hasta ahora son las encargadas de monitorear y gestionar el uso de las obras artísticas registradas por sus creadores.
Entre estas se encuentran SADAIC, AADI y CAPIF para autores y compositores musicales, Argentores para autores de teatro, cine, televisión, radio y otras plataformas audiovisuales, SAGAI para actores y DAC para cineastas. Todas ellas contribuyeron a velar por la propiedad de las obras artísticas registradas frente al uso de terceros.
Según Sturzenegger, con esta decisión firmada tanto por el presidente Javier Milei como por los ministros Guillermo Francos (Interior) y Mariano Cúneo Libarona (Justicia) “liberamos a la cultura argentina del sistema de control estatal instaurado por el régimen de Onganía hace cincuenta años y que hasta la llegada del presidente Javier Milei nadie quiso o se animó a desarmar”.
El texto de la publicación por sí presenta una redacción confusa, lo cual duplica las sospechas de las verdaderas intenciones.
Con el nuevo decreto, los artistas deberán velar ellos mismos por la defensa de los derechos de autor y el cumplimiento del pago que les deben realizar por la utilización de sus obras. Algo que en los hechos es imposible y, por lo tanto, peligroso para la protección de las distintas creaciones que hasta entonces eran defendidas por estas sociedades de gestión colectiva. De fondo, todos sospechan lo evidente: esto beneficiará a los que usen obras ajenas y, al tener menos controles, podrán eludir el pago de derechos.
Naturalmente, las reacciones no se hicieron esperar y decenas de artistas salieron a responderle a Sturzenegger por medio de la misma red social X, ex Twitter. “Che, pero SADAIC es una organización privada, al igual que AADI”, le corrigió el músico Fer Blanco. “Quién te asesora sobre SADAIC? ¿El Dipy? Cómo se nota que no entienden una verga”, agregó el humorista Juan Faerman.
“Reverendo hijo de puta. Mentirosos. Están engañando a la gente que no sabe ni tiene idea de la seguridad que significa para nosotros tener una organización que nos ayude a recaudar nuestros derechos de autor. Es imposible hacerlo personalmente. Les importa nada”, tuiteó el músico Richard Coleman.
Por su parte, Ale Sergio (cantante de Miranda!), publicó: “No sé si se equivocan por desinformación o si se hacen los tontos porque quieren morder de todos lados. SADAIC es una sociedad creada y administrada para y por los compositores. Es privada. Y funciona. Se suponía que iban a defender la propiedad privada”.
En tanto, la actriz Ana Celentano ironizó: “Me re imagino a un montón de artistas usando su libertad para pelear por sus derechos individualmente frente a las multinacionales o a las empresas monopólicas. Dejen de mentirle a la gente, lo único que hacen es sacarle a los laburantes para beneficio de los mas ricos”. (www.REALPOLITIK.com.ar)
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CAPIF, Federico Sturzenegger, Mariano Cúneo Libarona, Juan Provéndola, SAGAI, El Dipy, Guillermo Francos, Javier Milei, SADAIC, Richard Coleman, Ana Celentano, Ale Sergio, Juan Faerman, Fer Blanco, AADI, Argentores, DAC
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La administración de Estados Unidos refuerza las medidas para acelerar la expulsión de ciertos migrantes. El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) implementó procedimientos que permiten deportaciones sin audiencia judicial. Pero, de acuerdo con especialistas, algunos migrantes están más expuestos a la remoción acelerada.
Quiénes son los migrantes que pueden sufrir una expulsión acelerada en EE.UU.
Un memorando interno reproducido por The Washington Post detalla la estrategia de la agencia por la cual más de un millón de migrantes admitidos bajo iniciativas de la administración Biden podrían ser deportados. Actualmente, revisan expedientes migratorios en busca de casos elegibles.
El grupo de abogados especializados en derechos migratorios, Zava Inmigration Law Group, publicó en su página web las características que tienen los migrantes que están más expuestos a sufrir una expulsión acelerada en Estados Unidos.
- Los migrantes sin documentos válidos pueden ser objeto de deportación acelerada.
- El ICE aplica este proceso a personas sin autorización legal para estar en el país.
- También son elegibles quienes no puedan demostrar permanencia continua en Estados Unidos por al menos dos años.
- Aquellos detenidos cerca de la frontera tienen mayor probabilidad de ser deportados. Esto se debe a que el gobierno de Estados Unidos desea evitar que se queden en el país sin los permisos correspondientes.
- Aquellas personas que posean antecedentes penales y que están siendo procesados por una infracción migratoria son más propensos a ser sujetos de expulsión acelerada.
- La administración intenta ampliar el alcance de este mecanismo para incluir más casos.
Qué es la expulsión acelerada en Estados Unidos
La expulsión acelerada es un proceso de deportación sin audiencia ante un juez de inmigración, según explican desde National Inmigration Law Center en su página web. Esta forma de deportación se introdujo en 1996 con la Ley de Reforma de Inmigración Ilegal y Responsabilidad del Inmigrante.
Anteriormente, los agentes solo utilizaban la deportación acelerada contra personas dentro de los 160 kilómetros de la frontera y dentro de los 14 días de su llegada.
Sin embargo, el gobierno de Donald Trump aseguró que ellos planean usar la expulsión acelerada en cualquier parte del país norteamericano contra cualquier persona indocumentada que no pueda demostrar que ha estado en Estados Unidos de manera continua durante dos años antes del arresto.
Cómo evitar una expulsión acelerada
Tanto los abogados de National Inmigration Law Center como de Zava Inmigration Law Group aseguran que conocer el estatus migratorio es clave para prevenir el proceso.
- Tener pruebas de residencia continua en el país norteamericano aumenta las posibilidades de evitar la deportación. Evidencias como recibos de alquiler, registros escolares o contratos laborales pueden ser determinantes.
- Además, aconsejan que los migrantes lleven consigo documentos que respalden su presencia en Estados Unidos mientras transitan por la calle.
- Los detenidos por ICE tienen derecho a permanecer en silencio frente a los agentes federales. Pueden no abrir la puerta de sus hogares, ni responder preguntas para evitar problemas legales.
- Quienes enfrenten una posible expulsión deben solicitar hablar con un abogado antes de firmar documentos. Un letrado especializado puede ayudar a solicitar ajustes de estatus o protecciones legales.
- Además, aseguran que expresar temor a regresar al país de origen puede abrir la posibilidad de solicitar asilo.
La expulsión acelerada es una medida en constante evolución. Las decisiones gubernamentales pueden cambiar los criterios y procedimientos. Es por eso que los abogados recomiendan que los extranjeros afectados busquen asesoramiento legal para conocer sus opciones. Las organizaciones especializadas en inmigración ofrecen información actualizada sobre derechos y protecciones.
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