La Municipalidad de Rosario, a través de su alcalde Pablo Javkin, querellante en la causa que investiga dos lotes de fentanilo de uso clínico contaminado asociado a la muerte de más de 50 pacientes, presentó ayer documentación que vincula a varias de las personas a las que el juez Ernesto Kreplak les inhibió sus bienes y les prohibió salir del país por considerarlos sospechosos por la producción y venta del medicamento adulterado a través del Laboratorio Ramallo y HLB Pharma.

El funcionario ya había denunciado presuntos “nexos narcos” entre los empresarios Ariel García Furfaro y Jorge Manuel Salinas los ex socios del laboratorio rosarino Apolo que estalló el 27 de junio de 2016 por sobrecalentamiento en una caldera con mantenimiento deficiente. Los directivos de Apolo, entre los que figuraban Marcelo Ferré, Jorge Gómez, Ariel García Furfaro y su hermano Damián y Marcela Vozza fueron acusados de “estrago culposo agravado y lesiones graves culposas”, ambos en concurso ideal y en carácter de autor. El laboratorio figura en la causa conocida como el “triple crimen de General Rodríguez” por el tráfico de efedrina a cárteles mexicanos.

Apolo llegó a acuerdos individuales para resarcir a los cinco vecinos heridos y los propietarios de viviendas afectadas por la onda expansiva de la explosión del Laboratorio Apolo. El 20 de mayo de 2019, el juez Hernán Postma avaló un acuerdo entre los imputados y suspendió el juicio a prueba contra los acusados Gómez y Ferré, a quienes se les impuso una probation insólita: una vez por semana debían concurrir a realizar tareas de limpieza en el Museo Justicialista ubicado en San Nicolás.

Los otros imputados, como Ariel y Damián García y Vozza, fueron sobreseídos al aplicarse el “criterio de oportunidad”. Otro dato llamativo de la resolución judicial, fue que el abogado Ariel García Furfaro era el representante legal del mismo Museo Justicialista de San Nicolás. En la presentación judicial, Javkin opinó que, si en su momento la Justicia hubiese investigado en profundidad los hechos, quizás los empresarios farmacéuticos no hubiesen podido adquirir los laboratorios vinculados a la elaboración y venta del fentanilo contaminado. Apolo tenía expedientes abiertos en la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) por irregularidades en la fabricación de medicamentos. Salinas también estaba imputado en una causa por contrabandear suero desde Paraguay al laboratorio Apolo.

Es el mismo Salinas que fue procesado por fraude al PAMI, junto a otros empresarios, por desviar más de 21 millones de pesos -unos siete millones de dólares de entonces- mediante facturas truchas y contratos irregulares. La denuncia la realizó Graciela Ocaña, la ex titular de ese organismo y ex ministra de Salud de Cristina Fernández de Kirchner.

El intendente de Rosario recordó en la presentación como querellante ante el juez Kreplak que varias de las personas vinculadas a la causa que investiga “han tenido contacto con personas que hoy están condenadas por narcotráfico, como Mario Segovia, el denominado ‘Rey de la Efedrina’”. “La información relevada por esta parte permite confirmar que varios de los involucrados en la causa por la explosión del Laboratorio Apolo, a la cual estaban vinculados Ariel García Furfaro, su hermano Damián y Jorge Salinas, integran o han integrado los órganos societarios de las empresas responsables del producto contaminado que dio origen a esta investigación. De hecho, se verificaría una continuidad estructural, comercial y operativa entre Laboratorio Apolo y los laboratorios implicados en esta causa, HLB Pharma y Laboratorios Ramallo. Las personas jurídicas involucradas han mantenido activos registros de producción farmacéutica, sin interrupción significativa, y se encontraban habilitadas por autoridades competentes al momento de producir el fentanilo distribuido a efectores públicos, entre ellos el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez de esta ciudad”, se sostiene en el escrito presentado ante Kreplak. El magistrado aceptó a la Municipalidad de Rosario como querellante.

En diálogo con Infobae, el alcalde de Rosario dijo que los dueños de HLB Pharma y Laboratorios Ramallo SA “tienen vínculos con el narcotráfico”, y solicitó que se investiguen posibles desvíos de la sustancia al mercado ilegal.

Javkin recordó que, en abril de 2016, dos meses antes de la explosión de la caldera del Laboratorio Apolo había logrado nuevamente la habilitación para producir e importar efedrina ya que habían denunciado la pérdida del certificado que lo habilitaba. En la causa judicial a la que accedió este medio, y que motorizó Ocaña se destaca que:

• Apolo tenía habilitación para importar y manipular sustancias controladas, como la efedrina, pero carecía de capacidad real de producción farmacéutica a escala. Eso generó sospechas de que actuaba como pantalla para desviar esos químicos al mercado ilegal.
• Según la investigación judicial, Apolo importó grandes cantidades de efedrina, mucho mayores a las necesarias para elaborar medicamentos legales, y no pudo justificar su destino.
• El nombre del laboratorio apareció en los documentos de la causa por el triple crimen de General Rodríguez. El 13 de agosto de 2008, en un descampado de esa localidad de la zona oeste del Conurbano bonaerense fueron encontrados asesinados Sebastián Forza, Damián Ferrón y Leopoldo Bina, estaban vinculados a una red de desvío de efedrina desde Argentina hacia carteles mexicanos.

• La explosión en 2016 que destruyó sus instalaciones fue inicialmente considerada un accidente, y así quedó plasmado en el expediente; sin embargo, Javkin lo interpreta como un intento de encubrimiento o sabotaje, para eliminar evidencia clave del caso de la efedrina.

Las vinculaciones de García y Salinas

En la presentación judicial de ayer, la Municipalidad de Rosario aportó documentación oficial que vincula de manera concreta a los empresarios con al menos tres sociedades santafecinas.

• Apolo SA: sus responsables y/o quienes aparecen en los informes societarios como accionistas, tendrían vinculación directa y personal con los directivos de las firmas Ramallo y HLB Pharma Group SA, dichos datos surgen de los registros públicos.
• En la Municipalidad de Rosario Apolo SA tramitó oportunamente una habilitación bajo el rubro: depósito de soluciones parenterales. “Inicio de actividades: 01/10/1999; permiso de habilitación N° 3444/2011. Vencido el 20/05/2016. Certificado de habilitación de Laboratorios Apolo SA permiso N° 3925/2011 de fecha 09/06/2011. Legajo N° 51096/16 de trámite de renovación de habilitación de Laboratorio Apolo SA suscripta por Marcela Vozza. Pedido libre multa del laboratorio firmado por Jorge Salinas en su carácter de apoderado, y acta de asamblea de aprobación de balances -2010,2011 y 2012- de fecha 3 de septiembre de 2013. Firmada por los accionistas Jorge Manuel Salinas y Ariel García Furfaro», informaron.

• Alfarma SRL (inhibida en sus bienes por el juez Kreplak) de titularidad de Furfaro, involucrada en la causa bajo examen, cuenta con registros de operaciones en la ciudad de Rosario. En efecto, surge de nuestros sistemas informáticos que el laboratorio “Alfarma SRL, fue titular de un permiso de habilitación cuyos detalles se enuncian a continuación: rubro Droguería. Inicio de actividades 01/10/2007. Permiso de habilitación N° 1098/2019 – VENCIDO EL 10/05/2024. SOLICITUD DE RENOVACIÓN Nº 2463/2024 en trámite.
• Droguería ABC 1 SA, es una sociedad que tiene objeto vinculado a las de las sociedades investigadas y que además contaba con habilitación municipal y cuyo accionista es el Furfaro, lo que da cuenta de que el Sr. García Furfaro, fue directivo y/o titular de al menos 3 sociedades vinculadas a la actividad en la ciudad de Rosario más allá de la sustitución o modificación de las razones sociales.

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Tras la desactivación temporal de octubre pasado por diversas irregularidades y, pese a haber prometido una solución que nunca llegó -según deslizó su entorno en ese entonces-, la vicepresidenta y titular del Senado, Victoria Villarruel, cerró de manera definitiva el jardín de infantes de la Cámara alta. Ni 10 años duró el establecimiento.

A fines de julio de 2015, el ex vicepresidente kirchnerista Amado Boudou -luego condenado por corrupción- inauguró el “Jardín del Bosque” junto a quien era ministro de Educación en ese momento, Alberto Sileoni, y los entonces senadores Juan Manuel Abal Medina (Frente para la Victoria) y Alfredo Martínez (Unión Cívica Radical). Vale destacar que, entre el también ex ministro de Economía y Villarruel pasaron las administraciones de la macrista Gabriela Michetti y la propia Cristina Kirchner.

“La Presidenta Cristina lleva adelante la tarea de reparar un pasado horrible, construir el presente y sembrar el futuro para todos. Hoy estamos terminando esta etapa de gobierno con la sensación de que tenemos un presente juntos y también un futuro”, dijo Boudou durante el acto realizado en 2015 sobre su ex compañera de fórmula, hoy con prisión domiciliaria.

En octubre pasado, Villarruel decretó el cierre temporal. La resolución suspendió todo tipo de actividad otorgó a los 72 padres de los menores que concurrían a la institución una licencia especial hasta el 31 de diciembre. Esto generó una insólita situación debido a que en dicho lote se encontraba la actual senadora santacruceña Natalia Gadano. La legisladora aún no respondió a Infobae en cuanto a si hizo uso de la opción para no cobrar el último aumento salarial en las dietas para el pleno de la Cámara alta, hoy en $9,5 millones en bruto.

Según se comunicó en aquella ocasión, la decisión se sostuvo “en un informe elaborado por la Dirección de Obras y Mantenimiento y acompañado por las actas de inspección de la Dirección General de Fiscalización y Control de Obras de la Agencia Gubernamental de Control del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.

En el texto se destacó que “el ‘Jardín Del Bosque’ no cumplía con la normativa correspondiente a la Unidad Ejecutora de Escuelas Seguras, UERESGP”. Entre las irregularidades mencionadas aparecen problemas con “el plano de instalaciones contra posibles incendios (porque no declara los usos y ocupaciones real de todo el edificio y las instalaciones contra incendio solo abarca planta baja y 1er piso)”.

Por otra parte, no se respetaba “con el Plan de autoprotección (no incluye a todo el edificio en un simulacro de evacuación ni a la totalidad de los ocupantes)”; y el edificio era compartido y se requería “independizar el funcionamiento de los diferentes usos (también funciona un centro de capacitación de APL, Asociación del Personal Legislativo)”.

En cuanto al último punto, se trata nada menos que del principal gremio del Congreso, que comanda desde hace largos años el kirchnerista Norberto Di Próspero. La resolución de Villarruel encomendó a la Dirección General de Administración la elaboración de un plan de acción para la subsanación de las observaciones edilicias informadas, respecto del inmueble afectado a la Guardería y Jardín Materno Infantil.

Un reciente decreto presidencial de la titular de la Cámara alta dejó claro que “la Dirección de Obras y Mantenimiento evaluó distintas propuestas con la intención de acondicionar el inmueble citado a la normativa vigente”, aunque “el área concluyó que su readecuación no resulta posible por sus condiciones de base” y que “no existiendo la posibilidad de reabrir allí la guardería ni habiendo otra finalidad para el inmueble en cuestión que lo torne útil para el H. Senado, corresponde proceder a su devolución”.

En tanto, en otro decreto se responde de forma afirmativa a los pedidos de APL y de Diputados para la donación de diferentes bienes patrimoniales. Según el caso, se trata de sillas de comer, sube y baja caballito doble, pizarrones, mantas didácticas, mesas y sillas de caño, minipelotero, camillas y practicunas, entre otros puntos.