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Metalúrgicos alertan: “Si no transformamos el RIGI van a estar en peligro 300 mil puestos laborales”

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El proyecto de ley Bases encuentra resistencia en muchos sectores. Uno de ellos es el metalúrgico, que no ve con buenos ojos al denominado Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) dado que fomenta la adquisición de maquinaria importada que tendría como beneficio exenciones al ser ingresada al país.

“Nosotros hacemos informes interanuales donde vamos viendo la evolución del sector mes a mes y el informe de marzo indica una caída de 18 puntos interanual que es muchísimo. A su vez, tuvimos la información del INDEC donde se dieron datos de la industria que en su totalidad marcaba una caída de 21,2 por ciento”, inició Elio Del Re, presidente de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (ADIMRA).

En este sentido explicó que “estos datos son muy preocupantes y el sector metalúrgico está en un nivel de actividad, como para tener una idea y hacer una comparación, que se daba a la salida de la pandemia”.

“El proyecto de ley Bases tiene un capítulo que es el del RIGI que propone que todas las inversiones arriba de 200 millones de dólares tengan un tratamiento especial que les proporciona una exención impositiva en muchísimos rubros”, detalló el referente de los metalúrgicos.

Asimismo, ejemplificó lo que pasaría ante el nuevo régimen: “Supongamos que una máquina que se necesita para la explotación de Vaca Muerta es de la misma calidad y cuesta lo mismo en Argentina que en Estados Unidos, pero el RIGI hace que la máquina en cuestión sea más económica al ser comprada afuera del país que adentro por las exenciones impositivas que llegan al 40 por ciento del valor”.  

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“Esto es lo que les estamos diciendo que hay transformar o modificar porque si no lo transformamos el RIGI como está escrito hoy se van a perder o van a estar en peligro más de 300 mil puestos laborales”, afirmó Del Re con una notable preocupación por el futuro de la industria y de los puestos de trabajo que podrían perderse si los senadores aprueban el actual proyecto.

“Creo que este proceso que estamos viendo tiene una velocidad increíble porque hace cinco meses atrás estábamos peleando para tener insumos y producir y hoy peleamos por tener mercado que nos hace transformar. Nosotros somos pro inversión, pero con la inclusión de la industria nacional porque cuando no hay trabajo es muy difícil que algo funcione”, concluyó. (www.REALPOLITIK.com.ar) 

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Al igual que con CFK, se oficializó la quita de la jubilación de privilegio de Amado Boudou

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El Gobierno oficializó este viernes la quita de la jubilación de privilegio del ex vicepresidente Amado Boudou, quien percibía $6.814.272 mensuales. La decisión se formalizó a través de una resolución del titular de la ANSES, Mariano de los Heros, en el marco de una política para anular las asignaciones especiales de ex funcionarios condenados por la Justicia.

La Casa Rosada fundamenta la medida en la Ley 24.018, que regula las pensiones vitalicias, y en el artículo 53 de la Constitución Nacional, argumentando que estas asignaciones son incompatibles con el “mal desempeño” demostrado por sentencias judiciales firmes. En 2020, la Corte Suprema confirmó la condena de Boudou por la causa Ciccone, lo que lo convirtió en el primer vicepresidente en ser sentenciado por corrupción.

El Gobierno oficializó la quita de la jubilación y pensión de privilegio a Cristina Kirchner

El Ejecutivo anticipa posibles acciones judiciales por parte de los afectados, como Boudou y Cristina Kirchner, a quien también se le revocó su pensión y jubilación. La defensa jurídica de estas decisiones recaerá en el Procurador General del Tesoro, Rodolfo Barra. En el Gobierno consideran que las condenas por delitos en el ejercicio de la función pública son razón suficiente para retirar estos beneficios, incluso sin un juicio político formal.

Según el texto de la resolución, la jubilación de privilegio debe estar vinculada a una conducta ejemplar durante y después del ejercicio del cargo. “La asignación de privilegio resulta jurídicamente incompatible para quien haya cometido un delito en perjuicio del Estado Nacional”, detalla el documento.

Desde sectores críticos se cuestiona la validez de la medida, argumentando que la ausencia de un juicio político impediría retirar la pensión. Sin embargo, el Gobierno insiste en que las condenas judiciales por corrupción son prueba suficiente de una “conducta deshonrosa” incompatible con estos beneficios.

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