POLITICA
Mientras los gremios presionan contra el tope salarial, el Gobierno buscará señales de diálogo tripartito en la conferencia de la OIT

¿Cuándo estallará la guerra entre el Gobierno y la CGT por los topes a las paritarias que tanto trastornan a la dirigencia gremial? La sensación es que puede ser inminente, pero también que puede demorarse. Para la Casa Rosada, hay una apuesta política: si este domingo los libertarios ganan las elecciones porteñas, o al menos le ganan al PRO, Javier Milei está decidido a avanzar sin contemplaciones contra el sindicalismo. No sólo con el ajustado corsé salarial sino también con una nueva reforma laboral.
Es que el trofeo de arrebatarle a Mauricio Macri su bastión electoral será visto como la antesala de una sucesión de victorias que podrían sucederse en las elecciones nacionales de octubre. Y eso, obviamente, puede derivar en muchos más legisladores libertarios para sancionar las leyes que quiere el oficialismo, como esos cambios en el andamiaje legal del trabajo que hasta ahora resiste como puede la CGT.
En medio de este escenario, la paritaria del Sindicato de Comercio es un caso testigo para el Gobierno y para el gremialismo. La organización que lidera Armando Cavalieri superó la pauta oficial del 1% por mes -por primera vez desde que asumió Milei- y los funcionarios de La Libertad Avanza ya advirtieron que no lo homologarán.
Cavalieri se resiste a reformular el acuerdo del 5,4% trimestral (que algunos empresarios aseguran que llega al 9,6% en los bolsillos por el impacto de las sumas fijas en los sueldos) y asegura que los supermercados y los comercios se comprometieron a pagar igual el aumento, aunque en el sector empresarial aclaran que se abonará el incremento acordado aunque sólo a manera de anticipo.
Para el secretario de Trabajo, Julio Cordero, es todo un dilema. Sigue a rajatabla las directivas del Ministerio de Economía sin dejar de dialogar con los sindicalistas y, a la vez, de tratar de que acepten bajar los aumentos que se pasen del tope oficial.
En el caso de Comercio, ante el endurecimiento de Cavalieri, que ratificó la validez de su paritaria y desoyó una primera convocatoria de Trabajo para replantear el acuerdo, Cordero decidió no volver a citar al sindicato y a las cámaras a la espera de que baje la intensidad del conflicto y las partes accedan a dialogar sobre el polémico aumento.
En la Secretaría de Trabajo están convencidos de que el Sindicato de Comercio finalmente cederá, pero que lo hará de manera discreta y luego de que los trabajadores cobren el anticipo a cuenta del aumento acordado. Cerca de Cavalieri, en cambio, dicen todo lo contrario y advierten que resistirán la presión oficial para reformular el incremento del 5,4% trimestral (1,9% en abril, 1,8% en mayo y 1,7% en junio).
No serán los únicos, claro está. Varios sindicatos frenaron su reclamo de reapertura de las paritarias ante la amenaza de no homologación y analizan otras estrategias para que los salarios se recompongan frente a la inflación. Una de ellas es pactar aumentos de sueldos en forma mensual o bimestral y no trimestral como hoy, aunque descuentan que el Gobierno vetará ese esquema porque alimenta las expectativas inflacionarias.
Otros gremios no aflojan: Alimentación, por ejemplo, convocó para el viernes próximo a un plenario de delegados para analizar medidas en rechazo de “las paritarias pisadas y con un techo del 1%”, además de una marcha hasta la cámara del sector, en la avenida Córdoba al 1700.
En Economía apuntan a que la inflación ya no sea el parámetro para definir los aumentos salariales sino que sean una suerte de mínimo a partir del cual las empresas podrían disponer mejoras por mejor desempeño o productividad, siempre que estén en condiciones de hacerlo.
El funcionario libertario que explicitó la jugada oficialista fue el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger: ante los empresarios del CICYP, propuso que las negociaciones salariales se puedan negociar por regiones. “La Argentina tiene un arreglo salarial que es el mismo para todo el territorio nacional -consideró- y eso «le impone al mercado laboral una rigidez que no permite ni siquiera tomar en cuenta las condiciones regionales o de productividad”.
Para ir en esa dirección, aseguran en Trabajo, no habría que modificar las leyes vigentes, aunque son conscientes de que es casi imposible que los dirigentes sindicales quieran tocar el sistema actual de paritarias, por más que regionalizar o negociar por empresa puede ser la salida para no obligar a todos los empleadores a pagar un mismo aumento aunque no puedan hacerlo.
En el ala blanda del Gobierno imaginan que la alternativa para salir de esta encerrona es abrir una instancia de diálogo con sindicalistas y empresarios, justamente la opción que rechazan los oficialistas más duros, partidarios de pasar por arriba de quienes niegan las decisiones libertarias.
En el entorno de Cordero tienen un plan: aprovechar la conferencia anual de la Organización Internacional del Trabajo (OIT),que se hará en junio en Ginebra, Suiza, para que el secretario de Trabajo se siente con Martín Rappallini, titular de la UIA, y Gerardo Martínez, directivo de la CGT, para intentar consensuar una agenda de temas.
Como anticipó Infobae, Rappallini y Martínez mantienen contactos reservados en procura de acuerdos bilaterales sobre la modernización de las leyes laborales. “Sin perjudicar los derechos adquiridos de los trabajadores”, aclaran en las filas cegetistas para diferenciarse de los proyectos laborales del Gobierno, la UCR y el PRO.
Cerca del lago Lemán, en tierra suiza, puede hablarse más serenamente y con menos apego a los dogmas sobre los cambios laborales que impulsa la Casa Rosada, muchos de los cuales son los que quedaron congelados en el DNU 70.
La descentralización de las paritarias es un declarado objetivo que, con o sin ley, el Gobierno tiene en carpeta y que espera llevar adelante. Con el acuerdo de sindicalistas y empresarios, o sin él en caso de resistencia.
En la CGT, en medio de presiones de algunos sectores para concretar el cuarto paro general contra Milei, predomina por ahora la prudencia. Promueven que los reclamos contra los topes salariales se hagan por sector e ir escalando la intensidad hasta llegar a una medida más extendida.
La semana que viene habrá una reunión reservada de dirigentes cegetistas para evaluar la situación y definir una estrategia. En este cuadro de tensiones incide el componente electoral. No sólo porque los sindicalistas activan las negociaciones para conseguir lugares en las listas de candidatos que competirán en las elecciones nacionales de octubre, sino porque muchos están en campaña por los comicios de sus gremios y deben sobreactuar sus reclamos para lograr más votos de sus afiliados.
La tanda de decisivas elecciones sindicales de este año comenzó este jueves con la votación en FOETRA Buenos Aires, donde el oficialista Claudio Marín, un kirchnerista de la CTA en alianza con el peronismo, se impuso con el 69% de los votos ante dos listas trotskistas: la Granate y Blanca, del Partido Obrero, que logró el 24% de los sufragios y la Naranja, de Política Obrera, el 5%.
Ahora, la atención está puesta en otro test clave: acaba de oficializarse para el 7 de agosto la convocatoria a elecciones en la Asociación de Trabajadores de la Sanidad (ATSA) Buenos Aires, donde Héctor Daer buscará la reelección en el cargo que tiene desde 2001, luego de haber anunciado que no seguirá en la cúpula de la futura CGT.
Pocos dudan en Sanidad sobre su triunfo, pese que se enfrentaría a dos listas opositoras, pero la incógnita de estas horas es si será real la versión de que Daer sería candidato a diputado nacional por el PJ. Si fuera así, le tocará la difícil tarea de neutralizar los proyectos laborales que preocupan a la CGT, ahora con una dificultad adicional a la que tenía cuando ocupó su banca por el massismo: gobierna Milei.
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POLITICA
El PJ se organiza para el día después de que Cristina Kirchner vaya presa: cómo jugarán Massa, Kicillof, La Cámpora y los peronistas disidentes

Este miércoles será un día bisagra para el peronismo. Más allá de la épica que la militancia busca darle a lo que denuncia como una proscripción de la líder de la principal fuerza política opositora a Javier Milei, se hará efectivo el cumplimiento de la condena de Cristina Kirchner y el PJ se verá obligado a reorganizarse.
En ese contexto, los principales referentes del peronismo deberán definir cómo continuar con la presidenta del partido condenada a seis años de prisión e inhabilitación a ejercer cargos públicos de por vida.
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La sede del partido de la calle Matheu se transformó en el epicentro del debate político y en el lugar para la toma de decisiones, pero el manejo fino quedó en pocas manos.
Por ahora, Cristina Kirchner sigue digitando desde su departamento del barrio porteño de Constitución y dejó al senador formoseño José Mayans a cargo, pero otras figuras empezaron a tomar mayor relevancia, entre ellas surge Sergio Massa como el encargado de tomar la posta en este intento por reorganizar al peronismo.
El objetivo que se plantea es el de aprovechar la unidad del peronismo, que impulsó el fallo de la Corte Suprema de Justicia, para intentar saldar viejas y nuevas diferencias. Que lo logre dependerá de muchos factores, principalmente de la profundidad de la pelea entre Máximo Kirchner y Axel Kicillof.
Recambio obligado
Pese a que Cristina Kirchner se proponía este año electoral concentrar el poder en su cargo como presidenta del PJ, los tiempos judiciales se impusieron.
El peronismo deberá no solo definir quién la reemplazará como cabeza de lista en la Tercera Sección Electoral de la provincia de Buenos Aires, sino también cómo sostener la unidad.
De la reunión del viernes en la sede de Matheu participaron los intendentes Jorge Ferraresi (Avellaneda), Mario Secco (Ensenada), Julio Alak (La Plata), Mariano Cascallares (Almirante Brown), Fernando Espinoza (La Matanza), Andrés Watson (Florencio Varela) y Fabián Cagliardi (Berisso), que forman parte de la mesa chica de Kicillof en el Movimiento Derecho al Futuro.
Mientras que Fernando Gray (Esteban Echeverría) y Julio Zamora (Tigre), dos jefes comunales fuertemente enfrentados al kirchnerismo, y los gobernadores Raúl Jalil (Catamarca) y Osvaldo Jaldo (Tucumán) repudiaron el fallo de la Corte en sus redes sociales, y dirigentes como Guillermo Moreno y el propio Kicillof fueron a visitar a la expresidenta a su departamento de San José 1111.
¿Puede el peronismo sostener esa unidad? Con su liderazgo fortalecido, Massa junto a otros dirigentes trabaja en eso, acercando a los referentes enfrentados con el ala dura k. El principal territorio en disputa será el de la provincia de Buenos Aires, pelea que empezará el día después de que Cristina Kirchner empieza a cumplir efectivamente su condena.
Cuáles son los escenarios posibles para las elecciones bonaerenses
Hay pocas cosas en las que en todo el arco peronista hay coincidencias, una de ellas es que el PJ dividido pierde elecciones. Las seis votaciones que ya se realizaron este año lo confirman.
Pero con Cristina presa el escenario cambió y las opciones sobre la mesa de debate son varias. Por un lado, Juan Grabois planteó la abstención como herramienta para expresar disconformidad. Por ahora, quedó solo en esa postura.
Para Massa llamar a no votar no es una opción y apuesta a que el PJ salga fortalecido de la crisis a la que lo llevó el fallo judicial. En el Frente Renovador ya mencionan su nombre como reemplazante para la candidatura de la expresidenta, pero el tigrense avisó que anunciará su decisión la primera semana de julio y planteó la idea de ir con sello peronista puro para enfrentar a La Libertad Avanza.
Máximo Kirchner pivotea entre ambas opciones. Por momentos se acerca al planteo de Grabois, pero también cree que esa movida terminaría vaciando de peronistas el Congreso y allanando el camino de Milei para avanzar con reformas estructurales “en beneficio de las minorías poderosas”.
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Para Axel Kicillof no presentarse no es una opción. La de este año es una elección clave no solo para la conformación de la Legislatura bonaerense durante sus últimos dos años de mandato, sino fundamentalmente de cara a su carrera presidencial de 2027.
Por eso, está dispuesto a seguir dando la pelea por tener la lapicera en la confección de la lista y no aprovecharía la puerta que le dejó abierta la condena de Cristina Kirchner para dar marcha atrás con el desdoblamiento. Del otro lado, el líder de La Cámpora también se muestra inflexible en la negociación. En el medio, Massa intenta acercar posiciones, pero está claro que su posicionamiento es cada vez más cercano a los Kirchner.
cristina kirchner, PJ, Peronismo
POLITICA
Yamil Santoro pidió restricciones para la prisión domiciliaria de Cristina Kirchner y una legisladora K atacó su despacho
El legislador porteño Yamil Santoro presentó este jueves, como director de la Fundación Apolo, un pedido a la Justicia para que se le apliquen restricciones a la prisión domiciliaria de Cristina Kirchner. A raíz de la presentación, horas más tarde denunció que la diputada porteña K María Bielli ingresó a su despacho de la Legislatura junto a otras tres personas, quienes increparon a los integrantes de su equipo presentes y revolearon un monitor y sillas.
Con respecto a la presentación de la Fundación Apolo ante la Justicia, Santoro resalta que “la prisión domiciliaria debe ser una alternativa excepcional al encierro carcelario, no una instancia de impunidad lujosa”, por lo que “Cristina debería completar su condena en un domicilio común o en la cárcel, no en un inmueble de lujo pagado con erario público”.
“La prisión domiciliaria no es derecho, es un privilegio”, agregó el legislador porteño.
En diálogo con Infobae, el legislador indicó que la ex presidenta “no tiene vocación de resocialización y no está arrepentida como para estar en un contexto placentero y políticamente activa”.
En el escrito, que lleva también la firma de los abogados José Magioncalda, Nicolás Silvera e Ignacio Falcón, se subrayó que el inmueble donde se cumpla la pena debe reunir condiciones de control efectivo, evitando el uso de propiedades de alto valor simbólico o económico.
“Sería inadmisible que una condenada por corrupción cumpla su pena en una mansión, mientras la mayoría de los argentinos vive en condiciones de austeridad”, expresaron.
Entre las restricciones solicitadas en el texto, se destacan:
- Que el inmueble no supere los 30 metros cuadrados por persona que lo habite.
- Que, si se trata de un departamento en altura, no cuente con balcones.
- Que las visitas se limiten a un día a la semana, de 14 a 17, con un máximo de dos personas por vez.
- Que el domicilio se ubique a más de 500 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires y en localidades de menos de 100.000 habitantes.
Por otro lado, desde la Fundación Apolo advirtieron que, “dada la notoriedad pública de la ex presidente, su presencia en ciertos barrios podría generar alteraciones del orden público, con manifestaciones, concentraciones y operativos que afecten a los vecinos”.
Santoro denunció que una legisladora K atacó su despacho
Poco después de la presentación judicial, cuando Yamil Santoro aún se encontraba en las instalaciones de la Fundación Apolo, su equipo de trabajo en la Legislatura porteña denunció que fue atacado por la diputada porteña kirchnerista María Bielli y otras tres personas.
“La diputada kirchnerista María Bielli acaba de caer con una patota a mi despacho para vaya uno a saber qué fin. Revolearon muebles y amenazaron a mi equipo a los gritos. Son cavernícolas. Son el pasado. No vuelven más», posteó en X Santoro.
Consultado por Infobae al respecto, Santoro profundizó: «Revolearon muebles y me buscaban a mí, pero estaba en la oficina de la fundación. Revolearon las cosas y rescataron a tiempo a mi jefa de despacho. No sé qué hubiera pasado si me encontraban ahí, porque me estaban buscando a mí“.
El legislador anunció también que presentará una denuncia contra Bielli en la Legislatura para que la sancionen y la desplacen por lo sucedido.
Según relataron los presentes en el escenario de la violenta escena, la legisladora y su equipo irrumpieron a los gritos en el despacho de Santoro, insultándolo.
Además de haber tirado al suelo un monitor y una silla, afirman que uno de los colaboradores de la diputada abrió la puerta de la oficina personal de Santoro, que era a quien buscaban, pero no estaba allí.
“Pensamos que eran fanáticos, no una legisladora”, indicaron.
Imágenes captadas por cámaras de seguridad de la Legislatura porteña muestran el momento en que Bielli y sus acompañantes irrumpieron en el despacho de Santoro de manera agresiva.
POLITICA
Los detalles y recaudos del operativo especial que prepara el Gobierno para el traslado de Cristina Kirchner a Comodoro Py

El Gobierno prepara un operativo de seguridad especial para el traslado de Cristina Kirchner a Comodoro Py el miércoles. El Ejecutivo sostiene que implicará a las cuatro fuerzas federales y que escoltará a la expresidenta desde su departamento en Constitución hasta los tribunales para que se presente y comience a cumplir la condena de seis años de prisión. “Se están definiendo los últimos detalles”, expresan en Nación.
Según pudo saber TN, el Ministerio de Seguridad -que preside Patricia Bullrich- planea además aislar el perímetro de Comodoro Py para evitar disturbios. Una de las principales opciones que estudian es establecer un vallado en las principales inmediaciones -como el que aplican las fuerzas en las grandes movilizaciones al Congreso- con cortes parciales y un anillo externo de seguridad.
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La Casa Rosada asegura también que destinará unidades de la Policía Federal, Prefectura, Gendarmería y Policía Aeroportuaria para contener las movilizaciones que se concentrarán en la Ciudad de Buenos Aires. Los cercanos al presidente mantienen la postura de que intentarán aplicar el operativo antipiquetes para que el tránsito no se corte.
La orden de la mesa chica de Balcarce 50 a sus funcionarios es que no haya “show” con la detención de la exjefa de Estado y que no se filtren fotos del proceso en el que debe inscribir sus datos, como huellas dactilares y una foto carnet. “Le vamos a dar el trato que merece una expresidenta y vamos a respetar el proceso”, agregan en Nación.
Cristina Kirchner confirmó en sus redes que se presentará el miércoles en Comodoro Py para que el Tribunal Oral Federal 2 haga efectiva su detención. El Partido Justicialista la acompañará con una movilización y ya sumó las primeras adhesiones sindicales por parte de ATE, las dos CTA, UOM, La Bancaria y SMATA, que ya provocó cortes en la autopista Panamericana el día que se efectivizó la condena.
El Gobierno ya le presentó a la Justicia un lugar de detención del Servicio Penitenciario Federal (SPF) para la exmandataria en caso de que no le hayan aprobado la prisión domiciliaria una vez que se presente ante los tribunales federales. El documento que contiene la propuesta fue entregado este jueves en sobre cerrado por el Ministerio de Seguridad.
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Una de las posibilidades que la Justicia estudia es otorgarle la prisión domiciliaria a la exjefa de Estado antes de que asista a Comodoro Py e informárselo a través de un encuentro por Zoom entre las partes, con la presencia del juez del TOF 2, Jorge Gorini. La expresidenta expresó que el traslado a los tribunales significa un “desgaste innecesario” del Estado en su solicitud para que le autoricen a permanecer en su departamento durante los seis años de prisión.
La Casa Rosada coincide con lo planteado por la exmandataria y prefiere que no tenga que salir de Constitución, aunque asegura que mandará fuerzas federales para contener la movilización en caso de que se concrete. Un sector del oficialismo sostiene que buscarán sacar un rédito electoral si hay disturbios y tensión en las calles. “A la gente no le gusta que rompan todo y que corten las calles. Nos conviene”, agregan.
Gobierno, cristina kirchner, Comodoro Py
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