El Ministerio Público Fiscal tiene la responsabilidad de decidir si hay elementos de prueba suficiente para dar inicio a una investigación. En su definición es una institución que “promueve la justicia y la defensa de los intereses de la sociedad”. Sin embargo, a la fecha el 42% de sus cargos se encuentra vacante. Durante todo el año pasado el gobierno de La Libertad Avanza retuvo sin enviar al Senado 37 pliegos. Otro dato despierta inquietud: en los últimos cinco años, sólo se designaron cinco fiscales.

La Procuración General de la Nación es la que nuclea a todos los fiscales como también a las distintas unidades de investigación especializadas: desde lavado de activos, narcotráfico, delitos contra la administración pública, trata de personas, la UFI AMIA, entre otras.

Pese a la relevancia del MPF que en materia penal son quienes deciden si se inicia una investigación o no, de los 380 cargos un total de 160 se encuentran vacantes. Es decir: el 42% de los despachos carece de un fiscal titular.

Durante su discurso en la apertura de las sesiones legislativas el último sábado, el presidente Javier Milei informó que enviará al Senado para su tratamiento los pliegos para la cobertura de cargos de jueces, fiscales y defensores oficiales. Como dio a conocer Clarín, son 222 ternas que se remitirán, de las cuales 154 son de magistrados nacionales y federales, 45 de defensores y sólo 24 corresponden a integrantes del Ministerio Público Fiscal.

Aunque el Jefe de Estado pidió al Senado que “no politice” el tratamiento de los pliegos, fue el propio Poder Ejecutivo quien durante todo el año 2024 retuvo 37 pliegos correspondientes al Ministerio Público Fiscal y, cuando se envíen las ternas, remitirá a la Cámara Alta 13 menos de las que estaban concursadas con el correspondiente orden de mérito conformado.

Cuando se analizan las estadísticas, hay un número aún más inquietante: según fuentes de la Procuración General, durante los últimos cinco años sólo fueron designados cinco fiscales. A razón de uno por año, frente una vacancia del 42%.

El agravante es el proceso de cambio de sistema que se está impulsando: en doce provincias ya se puso en marcha, con sus falencias y reclamos de mayores recursos para garantizar el correcto funcionamiento, el denominado Sistema Acusatorio. Se trata de un sistema que deja atrás el adversarial que rige en la mayoría de las jurisdicciones de nuestro país. Pone al frente del procesos de investigación y de las decisiones adoptadas en ese marco, a los fiscales. Actualmente son los jueces los que dirigen el proceso y toman las decisiones, y tienen la potestad de delegar en los fiscales las investigaciones como no.

La oralidad en todo el transcurso del caso es otra de las particularidades del Sistema Acusatorio que mantiene al juez garante del proceso. Sin la burocracia reinante en muchos distritos, este nuevo modelo de justicia pretende dar mayor celeridad a los expedientes.

Fue uno de los temas destacados por el presidente Milei durante su discurso ante el Congreso. “La dificultad es continuar avanzando con la implementación del acusatorio sin dotar al MPF de los recursos necesarios, no sólo en materia de inversión para las instalaciones acordes, sino del recurso humano, es un modelo que demanda más fiscales y por ahora no se avanzó en la cobertura de cargos”, señaló una fuente judicial a Clarín.

Un dato: el Ministerio Público Fiscal había elevado al Ministerio de Economía una necesidad presupuestaria de 641.000 millones de pesos para este 2025, de los cuales fueron aceptados 454.807 millones.

A diferencia del Poder Judicial, que tiene el 30,5% de sus cargos sin cubrir, el Ministerio Público Fiscal puede designar fiscales auxiliares y secretarios que subroguen en las vacantes de los fiscales mientras se desarrolla el concurso.

En la actualidad, según las cifras oficiales de la Procuración General de la Nación, se encuentran en trámite 50 concursos que abarcan más de 80 vacantes. De todos modos, una vez que el proceso jurídico-técnico concluye, es la política la que tiene en sus manos el poder para que se proceda con las designaciones.

Las ternas son enviadas al Poder Ejecutivo que debe, a su vez, remitir todo al Senado para que desde la Comisión de Acuerdos se inicie con el recorrido parlamentario. Al igual que los jueces, los pliegos de los fiscales requieren de la aprobación de una mayoría simple del Senado.

La crisis actual que afronta la Procuración respecto a los cargos vacantes no tiene precedentes. A la hora de analizar las circunstancias que condujeron a este escenario, fuentes judiciales aseguraron a Clarín que fueron diversos los motivos.

Por una lado, se recordó que durante la gestión de Alejando Gils Carbó “hubo una modificación con los concursos que condujo a que se detuvieran los mismos por un año y que se deba retrotraer el reglamento. Además hizo que se hagan concursos para cubrir cargos que una vea designados, eran trasladados a otras jurisdicciones como ocurrió con Santiago del Estero, ese procedimiento quedó anulado por completo”, señalaron.

Otro asunto, no menor, que produjo una traba para cubrir ciertos cargos tiene que ver con el traspaso de la justicia nacional, de hecho gran parte de los despachos sin fiscales titulares corresponden a dicho fuero.

La crisis se acrecentó con el cambio del régimen jubilatorio que en plena pandemia impulsó el gobierno de Alberto Fernández, “lo que produjo que más de veinte fiscales se jubilen antes de lo que tenían contemplado para no perder ciertos beneficios del régimen especial”.

Si bien la pandemia también contribuyó a la sangría que vive el Ministerio Público Fiscal porque los concursos se frenaron durante un año, uno de los factores más influyentes es,una vez más, la política. “Es en esa instancia donde se traban todos las posibles designaciones que hay hace años en manos del Poder Ejecutivo, no sólo de la actual gestión”, indicaron fuentes judiciales a Clarín.