En busca de un apoyo legislativo que le permita robustecer la gobernabilidad de su administración y avanzar en la sanción del Presupuesto 2025 y otras iniciativas de tono reformista, Javier Milei comparte este lunes una cena en la quinta presidencial con cuatro gobernadores filo-peronistas del Norte Grande que vienen manteniendo un diálogo fluido con el Ejecutivo pero que, más allá de la camaradería propia de la cita, también le llevaron reclamos particulares, como por ejemplo, las demoras en la ejecución de la obra pública.

Acompañado por su su hermana Karina, por el jefe de gabinete Guillermo Francos -que fue el encargado de la convocatoria- y por el asesor Santiago Caputo, el Presidente recibe en el Quincho de Olivos con los gobernadores Gustavo Sáenz (Salta), Raúl Jalil (Catamarca), Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Hugo Passalacqua (Misiones), cuyos diputados fueron clave para que el oficialismo consiguiera los votos para bloquear el intento de la oposición de sumar los dos tercios y rechazar el veto a dos leyes propiciadas, según el tamiz libertario, por los «degenerados fiscales»: la actualización de la fórmula jubilatoria y la que reforzaba el financiamiento a las universidades nacionales.

Todos cooperaron -con ausencias, abstenciones y votos- para blindar la anulación de Milei a dichas normativas. Ahora el Gobierno busca colaboración para avanzar en la discusión de la ley de Presupuesto y del denominado proyecto Hojarasca, que elimina unas 70 regulaciones «obsoletas». Pero el Presidente, además, anticipó que en caso de que se apruebe la reforma a la Ley 26.122 de DNU, la vetará, por lo que nuevamente necesitaría más de un tercio de los diputados para sostener esta decisión.

Con este telón de fondo, el jefe de Estado compartía una comida con los cuatro mandatarios. El catamarqueño Jalil llegó dispuesto a «escuchar y pasar un rato de camaradería». A diferencia del asado que Milei prodigó «a los “87 héroes” que lo acompañaron en la Cámara baja en el rechazo a la reforma jubilatoria, en esta ocasión los invitados no tienen que pagar por lo consumido. El tucumano Jaldo, por lo pronto, llegó «sin tarjeta y sin plata pero con muchos pedidos».

Más allá del buen dialogo con la Casa Rosada, los caciques provinciales, por lo bajo, vienen quejándose de ciertos incumplimientos en los esquemas de transferencia de obra pública a sus distritos y del financiamiento de proyectos con recursos federales. Passalacqua, por caso, insistió en que su provincia hasta agosto tenía un rojo de $182 mil millones, la mayor parte por un injusto reparto de la Coparticipación, por lo que pide que Misiones sea compensado «con la terminación de las obras» que el distrito «no puede ni le corresponde» concluir.

El cónclave se produjo, además, en el marco de las disputas internas en el Partido Justicialista. Cristina Kirchner, de hecho, había cuestionado a los gobernadores peronistas que colaboraron, a través de los diputados que les responden, para sostener el veto al financiamiento educativo y a los que acusó de realizar un «verdadero transfuguismo político»,

Al catamarqueño Jalil le adjudicó la decisión de la diputada Fernanda Ávila, ex secretaria de Minería durante el gobierno anterior, de quedarse en su despacho y no bajar el recinto, lo que quitó chances de concretar una mayoría parlamentaria que anulara la manda presidencial.

Jaldo, en tanto, había prestado ayuda para blindar el veto al aumento jubilatorio y cosechó sumó reproches por los tres votos de los diputados tucumanos que engrosaron los 84 afirmativos que se anotó el oficialismo en el debate por las universidades. El salteño Sáenz, por su parte, también aportó una sorpresiva ausencia, mientras que Passalacqua, a instancias de su jefe político -Carlos Rovira-, dispuso la abstención de sus cuatro diputados en relación a esta última normativa.

Ahora los mandatarios provinciales buscan vender caro ese apoyo teniendo en cuenta los futuros debates parlamentarios y la intentona opositora para restringir el uso de los decretos presidenciales. En el Gobierno aclararon que, con excepción del 60% del gasto previsto para jubilaciones y prestaciones sociales, sobre el resto del Presupuesto estará abiertos a cambios. La definición del contenido de los anexos, que contienen los proyectos de obra pública que la Nación está dispuesta a solventar en 2025, resultará fundamental durante estas negociaciones.