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Milei avanza en las provincias, pero de a poco

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Aunque todo depende del vaso que se mire y de la mitad que se privilegie para sacar conclusiones sobre la primera ronda de elecciones provinciales del año, lo cierto es que para el Gobierno fue todo ganancia si se compara con iguales comicios de 2023. A pesar de que las listas libertarias fueron derrotadas en tres de las cuatro contiendas de ayer.

El oficialismo libertario empezó a hacer pie en territorios donde solo la figura de Javier Milei había penetrado con éxito en las elecciones presidenciales de hace dos años, al margen del ranking de ganadores y perdedores por número total de votos en cada distrito. Más aún, en la mayoría de las provincias en las que se votó ayer ni siquiera había tenido listas locales.

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La Libertad Avanza logró, así, progresar en tres de las cuatro provincias en las que se votó. Aunque va de a poco, sin el estrépito y la disrupción del propio Milei en las presidenciales.

En este escenario, uno de los resultados más resonantes es el batacazo en la capital salteña, aunque en el plano provincial el mileísmo haya sido finalmente derrotado.

El fenómeno unipersonal de hace dos años empieza a tener un carácter más plural con visos de fuerza nacional y arraigos provinciales.

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Esa es la parte del vaso que Milei y los suyos ven y muestran llena, para salir anoche a brindar hasta embriagarse. Para reivindicar a la hermanísima Karina en su rol de armadora política, contra los consejos del supergurú Santiago Caputo. Lo hizo anoche en X el propio Presidente, reivindicándola como el único “jefe”. Y para maltratar, aún más, a sus contradictores. Se aconseja beber con moderación. Ningún triunfo está asegurado ni las diferencias internas se han saldado.

Las proyecciones (ahora como en 2023, aunque en sentido contrario) pueden resultar engañosas. Para las elecciones nacionales de octubre todavía falta mucho. Pero los indicios no deben ni pueden ser eludidos. Y estos han sido innegablemente positivos para los libertarios. Así como negativos para el PJ y los macristas.

Los opositores, por su parte, podrán decir, con una buena cuota de razón, que las franquicias locales de LLA todavía están lejos de lograr la performance que obtuvo hace dos años el titular de la compañía, a título individual, cuando en el balotaje presidencial Milei se impuso con porcentajes aún superiores al promedio nacional del 56% en tres provincias (Jujuy, Salta y San Luis) de las cuatro en las que ayer hubo comicios para elegir legisladores provinciales y concejales.

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La curiosidad mayor estuvo en Chaco, la única de estas provincias donde el libertario fue derrotado por Sergio Massa el 19 de noviembre de 2023. Ayer, el oficialismo nacional pudo festejar un triunfo, aunque como furgón de cola del radicalismo, que es el oficialismo provincial.

No es un dato menor que esa sociedad se haya concretado merced a las urgencias del erario chaqueño y a la discrecional distribución de los recursos nacionales que hace la administración mileísta. Palo y zanahoria con los que se relaciona con los gobernadores según se comporten en el Congreso los legisladores nacionales que les responden.

Un crédito para pagar sueldos otorgado al gobernador Leandro Zdero días antes del cierre de listas fue la llave para que se concretara esta singular alianza contra natura entre herederos de otro Leandro (Alem) y de Murray Rothbard, en la que los libertarios obligaron a dejar afuera a los macristas. Billetera nacional mata alianzas locales.

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La otra conclusión irrefutable y muy inquietante para el sistema democrático es que en las cuatro provincias hubo récord de caída de participación, como ya había ocurrido en las elecciones para convencionales de Santa Fe, hace un mes.

La comparación resulta negativa no solo con las elecciones de 2023, en las que se elegían cargos ejecutivos y siempre generan mayor asistencia, sino que también hubo menor participación que en las legislativas provinciales de 2021, cuando aún estaban vigentes restricciones y secuelas de la pandemia y la cuarentena del Covid-19. En casi todas, la caída supera los seis puntos. Ayer cuatro de cada diez electores no concurrieron a las urnas aunque en toda la Argentina el voto sigue siendo obligatorio.

Los números indican que la ola de caída de compromiso y hasta de regresión democrática que afecta a todo el mundo no se ha revertido en la Argentina con la llegada al poder de un nuevo espacio salido de la periferia de la política, encabezado por quien se jactaba de ser un outsider que venía a renovar la dirigencia y terminar con la vieja geografía del poder. Otro llamado de atención, al que la dirigencia no parece encontrarle solución. Si es que lo escucha.

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En esa desafección se combina, según los observadores de cada provincia, una dosis de enojo o malestar tanto con los gobiernos provinciales como con el gobierno nacional. Todavía muchas demandas asoman irresueltas y la oferta no parece alimentar ilusiones de solución en los votantes, con el riesgo que eso implica para el sistema democrático y la legitimidad de los representantes.

La nueva caída en la participación, que viene sosteniéndose en las últimas tres elecciones y que en el plano nacional alcanzó un récord en 2023 resalta por contraste con la robustez que sigue mostrando el sistema político de un vecino que cada vez se diferencia más. Ayer, en las elecciones departamentales de Uruguay, la participación superó el 80%.

La crisis de representación y liderazgo que muestra la política argentina tiene su contracara al otro lado del Río de la Plata, donde los partidos políticos y el compromiso cívico siguen gozando de buena salud.

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La alternancia democrática en el poder uruguayo, una sucesión de administraciones con resultados positivos y escasos escándalos, más una virtuosa renovación dirigencial dentro de los partidos tradicionales son diferencias nucleares con lo que sucede acá. Por ahora, ahí sigue sin haber lugar para excentricidades, en el más amplio sentido del término. Y no es solo cuestión de escalas.

Más allá de particularidades locales, lo ocurrido en las cuatro provincias argentinas también hay que analizarlo bajo la premisa de que cada vez más los gobernadores se aferran a defender su poder local y se independizan de la dinámica política nacional y de la suerte de sus propios partidos en ese plano. Prefieren entablar una conveniente relación transaccional con el ocupante de turno de la Casa Rosada. El desarrollo de algunos proyectos extractivistas en algunas provincias podría profundizar más ese desacople.

Esa realidad exacerba una práctica habitual en las elecciones de mitad de período, en las que los mandatarios provinciales suelen hacer alianzas superestructurales para sumar sellos, pero retienen el control de la conformación de las listas o ser parte del armado de espacios rivales, a los que proveen de candidatos que luego en la Legislatura sumarán sus votos a las iniciativas del oficialismo.

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Milei lo comprobó en 2023 y lo padeció en el último año y medio en varias provincias y en el Congreso. Esta vez no fue la excepción. Habrá que ver si los nuevos legisladores no oficialistas de cada provincia logran alterar el statu quo o si para los barones provinciales, expertos en gatopardismo, son cambios para que nada cambie. Una vez más.

De cualquier manera, los resultados de ayer agregan aún más interés y expectación a las cruciales elecciones porteñas que se celebrarán el domingo próximo, en las que el mileísmo pretende y necesita bastante más que competir dignamente.

Para dimensionar la relevancia de lo que viene basta con decir que los electores habilitados para votar ayer en las cuatro provincias representan el 8,7% del padrón nacional, mientras que los porteños que podrán sufragar son el 7,1% del total del país.

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Eso explica mucho la importancia que se les asigna, aunque no tanto como la repercusión mediática y las consecuencias políticas que de por sí tendrán los comicios porteños en el proceso de reconfiguración en que se encuentra el mapa nacional.

El futuro de las tres principales fuerzas políticas hoy existentes (libertarios, peronistas y macristas) ya se empezó a jugar, pero tendrá un desafío crucial el próximo domingo. Sobre todo para el macrismo, que pone en juego su bastión y que ayer fue un mero actor de reparto.

No es casualidad que al frente de la campaña libertaria se pusiera Javier Milei y que Mauricio Macri haya hecho lo mismo con la de Pro para terminar de nacionalizar la contienda y darle un cariz de batalla final.

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El escándalo que produjo el sorpresivo y aún no explicado rechazo al proyecto de ley de ficha limpia en el Senado agitó la campaña porteña ante la instalación de la sospecha de algún tipo de acuerdo entre el Gobierno y el kirchnerismo.

El sustento a ese presunto pacto que le dio el mandamás misionero, Carlos Rovira, a quien sirven los dos senadores que torcieron la balanza, hace que todas las encuestas estén siendo revisadas. La nula reacción del Gobierno ante la defección de los misioneros y la versión que dejó correr Rovira frente al airado ataque a Pro y a su primera candidata y principal impulsora de la ficha limpia, Silvia Lospennato, acrecentaron suspicacias.

Los centenares de tuits y retuits que solo en las últimas 24 horas subió Milei con nuevas agresiones (que solo se superan a sí mismas) contra el periodismo por contar los hechos y subrayar inconsistencias en el relato oficialista muestran el grado de incomodidad que provocó la caída de ese proyecto que tiene un alto consenso ciudadano. También resalta su incapacidad para acallar el escándalo.

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El cierre de la campaña porteña se prevé así muy agitado. Aún más después de estos resultados en lo que los libertarios avanzaron en las provincias, aunque sea de a poco. Pero todavía sin poder contar con un territorio propio.


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El PRO presentó un proyecto en Diputados para que se investiguen las causas del escándalo del corte de luz

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El PRO presentó un proyecto en Diputados para que se investiguen las causas del escándalo del corte de luz en el cierre de listas para las elecciones legislativas bonaerenses.

El jefe del partido en provincia de Buenos Aires, Cristian Ritondo, pidió el esclarecimiento de las interrupciones del servicio eléctrico en La Plata. El dirigente advirtió que “afectaron directamente a las sedes institucionales involucradas”.

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Los cortes derivaron en la prórroga del plazo para las inscripciones, de última hora del sábado a la tarde del lunes, lo que benefició al peronismo, que ganó tiempo y logró llegar a un acuerdo en medio de fuertes internas entre el kirchnerismo duro, el massismo y el sector que responde al gobernador Axel Kicillof.

El jefe de bloque del PRO en la Cámara Baja presentó un proyecto de resolución en Diputados para que se investiguen los cortes de luz registrados en La Plata durante el cierre de listas electorales. “Estos apagones impidieron el normal desarrollo del proceso electoral y afectaron directamente a las sedes institucionales involucradas», señaló Ritondo.

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“Los bonaerenses merecen elecciones transparentes y sin maniobras que generen sospechas. No vamos a parar hasta saber la verdad. Los atropellos tienen que terminar en la Provincia», enfatizó el legislador, al anunciar la iniciativa.

En paralelo, el presidente del bloque del PRO en la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires, Matías Ranzini, presentó un pedido de informes con el mismo objetivo: esclarecer los hechos, determinar si hubo avisos previos, identificar posibles responsables y garantizar que no se repitan situaciones que pongan en riesgo la transparencia electoral.

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Fernando de Andreis, Guillermo Montenegro, Mauricio Macri y Cristian Ritondo en un encuentro del PRO en Mar del Plata. (Foto: X @deAndreis)

El proyecto nacional impulsado por el PRO solicita al Organismo de Control de Energía Eléctrica de la Provincia de Buenos Aires (OCEBA) y al Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) que informen las causas de la interrupción del servicio, si se iniciaron investigaciones y qué medidas se prevén para fortalecer la infraestructura eléctrica.

“El hecho resulta llamativo, no solo por el horario del corte, sino por las zonas afectadas, que coinciden con las instituciones claves del proceso electoral», advirtió Ritondo.

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El proyecto presentado en el Congreso Nacional fue acompañado por los diputados Alejandro Finocchiaro, Florencia de Sensi, María Sotolano, Martín Yeza, Silvia Lospennato, Silvana Giudici, Fernando Iglesias, Alejandro Bongiovani, Sabrina Ajmechet, José Núñez, Martín Ardohain, Javier Sánchez Wrba, Marilú Quiroz, Laura Rodríguez Machado, Martín Maquieyra, Sergio Capozzi, Nancy Ballejos y Patricia Vázquez, entre otros.

Los cuestionamientos al peronismo por el apagón no solo llegaron del PRO. Durante el fin de semana, tanto Javier Milei como varios funcionarios nacionales pusieron en duda el origen del corte y sugirieron que pudo haber sido una maniobra deliberada para favorecer el cierre de listas del PJ.

De hecho, Alejandro Dichiara, primer candidato a diputado provincial por la sexta sección y dirigente cercano a Cristina Kirchner, reconoció en una entrevista que el corte de energía “les dio un tiempito más” para alcanzar un acuerdo interno entre los distintos sectores.

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PRO, Elecciones 2025, Diputados, corte de luz, Provincia de Buenos Aires

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El Gobierno trabaja en un proyecto para que el Congreso habilite el traspaso de la justicia nacional a la Ciudad de Buenos Aires

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El Ministerio de Justicia mantiene reuniones con todas las cámaras de la justicia nacional para elaborar un informe que elevará al Congreso a fin de año para que legisle sobre el traspaso de la Justicia Nacional a la Ciudad de Buenos Aires.

El traspaso de la justicia nacional a la Ciudad es resistido por los jueces nacionales nucleados en la Asociación de Magistrados.

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El debate se dio a partir de la reforma Constitucional de 1994, que dotó de autonomía a la Ciudad de Buenos Aires.

Esta situación se superpuso con la existencia anterior de la justicia nacional, que incluye a los jueces que tramitan casos ordinarios, no federales, en tribunales con asiento en la Ciudad. Son los que intervienen en quiebras, divorcios, causas civiles, o delitos como homicidios o robos con armas.

Esos jueces nacionales se resisten ser convertidos en jueces de la Ciudad, que hoy son los que atienden otros casos de delitos menores o faltas, o asuntos contenciosos de la administración porteña.

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En ese contexto la Corte viene avanzando con diversos fallos que reconocen la autonomía porteña y en el último (en el caso Levinas) le dio potestad al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad para que sea el que resuelva en las apelaciones de las causas civiles, comerciales, o criminales de los jueces nacionales.

En el avance, el Ministerio de Justicia de la Nación dispuso además la creación de una comisión que analice el traspaso de la justicia nacional ordinaria a la órbita de la Ciudad Autónoma. El ministro Mariano Cúneo Libarona, basó su decisión de realizar esta tarea en el fallo Levinas.

La comisión está presidida por el asesor del ministerio Marcelo Ruíz, designado como representante nacional. Los vocales son Alberto Nanzer, Pablo González y Mariano Loprete.

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Esta comisión se reunió con las autoridades porteñas, entre ellas con el ministro de Justicia, Gabino Tapiab y luego con los camaritas a quienes les pidió un informe de cada fuero.

La idea es avanzar en una legislación reconociendo que la justicia nacional ordinaria en la Ciudad de Buenos Aires es “de carácter transitorio”, dijo el Gobierno citando a la Corte.

El 27 de diciembre de 2024, en el caso Levinas, la Corte Suprema reiteró la necesidad de avanzar en la adecuación de las leyes para garantizar el ejercicio pleno de la autonomía jurisdiccional de la ciudad de Buenos Aires. Y lo reiteró al semana pasada al firmar “Levinas 2″, donde mantuvo el mismo criterio que en el anterior, solo que ahora con la firma de conjueces, que acompañaron los votos de Horacio Rosatti y Ricardo Lorenzetti. El juez Juan Carlos Maqueda, que firmó “Levinas 1″ se jubiló.

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“Tenemos la convicción de que la Ciudad debe ser plenamente autónoma. Contar con las competencias judiciales, laborales, penales y civiles que nos corresponden nos va a permitir dar respuestas más rápidas, cercanas y eficientes a los porteños”, dijo Tapia. “La Corte Suprema volvió a ratificar que estamos en el camino correcto. Seguiremos trabajando para concretar la transferencia de competencias de manera coordinada, progresiva y consensuada con la Nación”, expresó en la red X.

Según se recordó en la resolución del ministerio, la Corte había exhortado a los poderes políticos a adoptar las medidas necesarias para cumplir con lo establecido en la Constitución Nacional.

Entre las propuestas que analizan están la de formular propuestas de leyes, identificar los costos presupuestarios del traspaso, y los temas relacionados con la estabilidad laboral de los empleados para asegurar el funcionamiento continuo del sistema judicial en ambas jurisdicciones.

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Durante las reuniones con los camaristas se exploraron diversas alternativas, por ejemplo, en el fuero laboral. Ante la demora en la transferencia o al firma de convenios, la Ciudad avanzó con la creación de sus propios fueros. El último es el laboral, que es visto con atención por el mundo empresarios.

Los miembros del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires: Santiago Otamendi , Alicia E. C. Ruiz, Inés Weinberg, Luis F. Lozano y Marcela De Langhe

Marcela De Langhe

La puesta en marcha del fuero laboral porteño quedó frenada por un fallo de la semana pasada dictado a instancias de la Asociación de Magistrados de la Justicia Nacional. La Cámara Contencioso Administrativo Federal, con la firma de Sergio Fernández y Jorge Morán, confirmó una medida cautelar y frenó la implementación.

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En la Ciudad explicaron que seguirán adelante con los procesos de concursos en el Consejo de la Magistratura hasta llegar a las ternas y ahí esperarán a que la Corte Suprema de Justicia resuelva.

Uno de los asuntos más espinosos para jueces y abogados es la índice que se aplica para la actualización de las indemnizaciones y de la multas. A pesar de que la Corte dictó dos fallos en los que limitó esos exagerados ajustes, la Cámara del Trabajo no llegó a un consenso sobre como ajustar.

La mayoría de las salas aplica un índice de ajuste basado en el Índice de Precios del Consumidor (IPC) más un 3 por ciento. Excepto la Sala 10, que aplica un ajuste solo por IPC y la Sala 8, que aplica el índice de ajuste del Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER).

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Actualmente en la Cámara hay diez vacantes. Está en trámite en el Consejo de la Magistratura el concurso 451 destinado a cubrir cuatro vacantes en la Cámara de Apelaciones del Trabajo. Son las vacantes existentes en la Salas 2, 3, 5 y 7. Y además tramita el concurso 486 con el que se busca cubrir otras cuatro vacantes.

Mayoritariamente el concurso 451, que es el más próximo a salir, esta dominado por candidatos cercanos al gobierno bonaerense. Incluso hay una postulante que es hija de un sindicalista. Entre los primeros diez candidatos hay dos jueces de primera instancia: Raul Ojeda y Alberto Calandrino.

Ojeda fue funcionario del Ministerio de Trabajo durante la gestión de Carlos Tomada y Calandrino viene de la vida tribunalicia. Ojeda integra el grupo de jueces propensos a elevar los montos de sus sentencias, Calandrino en cambio es más prudente. El tercer juez que se encontraba entre los diez primeros, Mariano Candal, renunció al concurso. Más atrás viene el juez Claudio Loguarro. La futura integración de la Cámara laboral es fundamental para el destino del fuero y para valorar la influencia del peronismo bonaerense, en una línea jurisprudencial cuestionado por la Corte Suprema.

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Actualmente, el concurso 451 está en las vocalías de los consejeros Alberto Lugones (concejero juez de la Lista Celeste) y Roxana Reyes (consejera diputada radical) para definir el orden de mérito luego de las entrevistas realizadas por el Consejo de la Magistratura.

Alberto Lugones. miembro del Consejo de la Magistratura, tiene bajo su órbita los concursos para cubrir vacantes en la justicia laboralricardo-pristupluk-11511

La Cámara Laboral es un tribunal donde el sindicalismo pesa. La CGT y uno de sus históricos abogados, el fallecido Héctor Recalde, maniobraron para ocupar casilleros en el fuero de modo de conseguir sentencias en beneficio de los trabajadores.

Ahora, los ajustes de los cálculos indemnizatorios deberán ser analizados por el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad, que tiene en sus manos más de 1000 casos laborales, pero aún no se pronunció en ninguno de ellos.

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El TSJ ya armó una secretaría laboral y designó a un secretario. Se trata del juez laboral Juan Carlos Cerruti, que renunció al juzgado 29 para protagonizar esta etapa fundacional en el Poder Judicial porteño.

El Gobierno analiza en este contexto, presentar un proyecto de ley para ratificar el indice de ajuste establecido en el capítulo laboral del DNU 70, fundacional del Gobierno de Milei, y suspendido por la justicia laboral.

Allí se establecía aplicar el ajuste del 3 por ciento más el Indice de Precios al Consumidor (IPC), casi la misma solución que aplican las mayoría de las salas de la Cámara del Trabajo.

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diversos fallos que reconocen la autonomía porteña,el caso Levinas,reación de una comisión,El último es el laboral,a Corte dictó dos fallos en los que limitó esos exagerados ajustes,July 21, 2025,Hernán Cappiello,Justicia Federal,Conforme a,,Cambios en Cancillería. Las razones de la salida del número dos y el rearmado que dispuso Werthein,,La Derecha Diario. Así es el periodismo que no odia Milei: militancia libertaria, insultos y datos sin rigor,,Revés para Bullrich. Citan a indagatoria al gendarme que disparó la granada que hirió al fotógrafo Pablo Grillo,Justicia Federal,,Un vergonzoso aval al escrache,,Pesos en dólares. Levantan el secreto bancario del pastor evangélico que recibió a Milei en su megaestadio,,Recién asumido. El nuevo juez federal en la zona estratégica de la Triple Frontera acumula graves denuncias en su contra

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El Gobierno negocia con siete gobernadores para sostener el veto al aumento de las jubilaciones

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En los últimos cinco días, la Casa Rosada recibió a los gobernadores de Salta, Jujuy, Neuquén, Mendoza, Catamarca, Chaco y Entre Ríos en una serie de encuentros destinados a “recomponer vínculos” y construir consensos de cara a las elecciones de octubre e iniciativas legislativas clave, como los vetos por jubilaciones y discapacidad, que se oficializarían en agosto.

La negociación centraliza el reparto de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y la posible modificación a la distribución del impuesto a los combustibles. El Ejecutivo propone conceder transferencias discrecionales sin comprometer el equilibrio fiscal, al mismo tiempo que busca evitar que las provincias presionen en el Congreso para modificar la distribución actual.

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El FMI alertó al Gobierno por la escasez de reservas en medio de la corrida cambiaria

Los encargados del diálogo por parte del Gobierno fueron el jefe de gabinete Guillermo Francos, el presidente de Diputados Martín Menem, el vicejefe de Interior Lisandro Catalán y el subsecretario Eduardo “Lule” Menem, acompañados por el secretario de Hacienda Carlos Guberman, quien exploró mecanismos para transferencias sin desbalancear las cuentas públicas.

Ese mecanismo incluye propuestas cuidadosamente diseñadas, como ceder solo la porción del impuesto a combustibles destinada al Sistema Vial Integrado (SISVIAL), mientras se mantiene intacto el grueso del Fondo de Infraestructura de Transporte y se evita cambios arriesgados en el superávit fiscal.

La entrada El Gobierno negocia con siete gobernadores para sostener el veto al aumento de las jubilaciones se publicó primero en Nexofin.

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