El Gobierno rechazó este lunes los reclamos iniciados por Cristina Kirchner y Amado Boudou para recuperar las asignaciones mensuales vitalicias de privilegio que les quitaron a ambos a mediados de noviembre pasado.

En un comunicado, el Ministerio de Capital Humano confirmó que, a través de la ANSES, “rechazó el recurso presentado por Cristina Fernández de Kirchner, en el que solicitaba la nulidad de la resolución del organismo que dio de baja las asignaciones mensuales vitalicias de privilegio que percibía simultáneamente como expresidente de la Nación y viuda de un expresidente, en virtud de contar con una sentencia definitiva por la comisión de un delito contra la administración pública”.

Según se explicó oficialmente, la también exvicepresidenta de Alberto Fernández realizó su petición argumentando que ANSES “carecía de facultades para revocar las asignaciones de privilegio” que percibía de manera simultánea como expresidente de la Nación y viuda de un expresidente, Néstor Kirchner. Consideró, en paralelo, que se trató de una «decisión arbitraria» en la que «se vulneraron sus derechos».

Como respuesta, el Gobierno explicó que ese organismo “tiene la facultad de suspender, modificar o revocar resoluciones que otorguen beneficios, si se considera que fueron otorgados de manera ilegítima, por lo que la decisión no puede considerarse arbitraria, y el debido proceso quedó garantizado con la misma presentación recursiva que ANSES rechazó”.

De acuerdo con lo detallado por el actual vocero presidencial, Manuel Adorni, al momento de comunicar la interrupción de ese beneficio, la decisión del Ejecutivo significaba “un ahorro de $21.827.624,65 para los argentinos”.

Aquella resolución fue tomada horas después de la ratificación de la condena a seis años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos que la Justicia le impuso a Cristina Kirchner por la causa Vialidad.

En otras líneas, en tanto, Capital Humano explicó que este rechazo «constituye una aplicación rigurosa de la ley, ante la que todos los ciudadanos nos encontramos en pie de igualdad y un mensaje claro de que nadie está por encima de ella».

“Cuando un exmandatario es condenado por delitos que atentan contra el interés público, como el caso de Cristina Fernández de Kirchner, condenada por delitos contra la administración pública cometidos en ocasión del ejercicio de su función, se pierde el presupuesto honorífico y de mérito que tales asignaciones exigen para su goce”, se remarcó.

El Gobierno subrayó, en definitiva, que “esta resolución marca un hito en la interpretación restrictiva del otorgamiento y disfrute de estos privilegios otorgados a ex mandatarios y sus vicepresidentes, estableciendo que su percepción está sujeta, no solo al ejercicio del cargo, sino también a una decorosa y honrosa conducta, mantenida durante el cumplimiento del mismo”.

“De tal modo, ANSES sienta así un precedente clave a considerarse respecto de la relación entre corrupción, responsabilidad política y acceso a beneficios estatales”, se expresó.

Lo mismo sucedió con la presentación de Boudou para volver a cobrar poco más de ocho millones de pesos, aunque en su caso la Dirección Ejecutiva de ANSES, además, le ordenó “llevar adelante las acciones judiciales tendientes a recuperar los fondos que el exvicepresidente percibió indebidamente, luego de que fuera condenado penalmente”.

La quita de su jubilación de privilegio se había confirmado un día después de anunciarse la misma medida con Cristina Kirchner. En su defensa, Boudou también había planteado una cuestión de arbitrariedad de la medida. Sostuvo que «vulneró el principio de defensa, y violó la división de poderes, por lo que, ANSES no tendría competencia para el dictado del acto impugnado y debería ser considerado nulo».

«La Resolución que oportunamente revocó su asignación sostiene que este beneficio responde a un régimen excepcional y que, a diferencia de las demás prestaciones del SIPA, no tiene ningún requisito ni de edad, ni de tiempo de servicio con aportes, ni de permanencia mínima en el cargo, sino que es un privilegio que se otorga en reconocimiento al honor, al mérito y al buen desempeño de presidentes y vicepresidentes», detalló el otro texto oficial referido a la situación del también ex ministro de Economía.

Boudou comenzó a cobrar su pensión de privilegio en agosto de 2020, cuando su condena ya tenía confirmación por parte de la Cámara de Casación y estaba siendo estudiada por la Corte Suprema, que finalmente la confirmó cuatro meses más tarde: cinco años y 10 meses de prisión por los delitos de cohecho pasivo y negociaciones incompatibles con la función pública en la causa Ciccone Calcográfica. También lo habían inhabilitado de por vida para ejercer cargos públicos.

En 2018, Boudou había sido condenado a cinco años y 10 meses de prisión por el Tribunal Oral Federal por los delitos de cohecho y negociaciones incompatibles con la función pública, en la causa por la venta de la calcográfica ex Ciccone.

Ante estos antecedentes, ANSES «entendió que Boudou no cumple con el único requisito exigido para conceder el privilegio: honorabilidad, mérito y buen desempeño».

«La Resolución publicada hoy explica que la Ley N° 24.241 establece que, si se demuestra que una resolución que otorga una prestación es inválida, esta puede ser suspendida, modificada o anulada, incluso si el pago ya está en curso. Esto significa que ANSES tiene la facultad de suspender, modificar o revocar resoluciones que otorguen beneficios, si se considera que fueron otorgados de manera ilegítima», se añadió.

Por último, se señaló: «Por esto y otros fundamentos técnicos jurídicos, el recurso fue rechazado, y ANSES tomará las medidas necesarias para recuperar para el erario público, los pagos percibidos indebidamente por Boudou».