El gobierno bonaerense, que encabeza Axel Kicillof, aportó a la Justicia una serie de chats y videos relacionados con la supuesta conspiración política de policías de la provincia de Buenos Aires para apoyar la candidatura del comisario retirado Maximiliano Bondarenko, candidato por La Libertad Avanza en las elecciones del 7 de septiembre próximo.

En esos chats, que fueron aportados al expediente del fiscal Álvaro Garganta, se identifica a un grupo de WhatsApp denominado The Rockets, en el que Bondarenko se dirige sus integrantes.

“Buenas noches queridos amigos! Hace una rato finalizó una reunión con el equipo mesa chica de la Ministra de Seguridad de la Nación. Mil gracias por su aporte, mil gracias por estar. Cada palabra q mencioné fue el claro reflejo de lo q me trasmitieron y de lo q somos ” buenos policías”, dice Bondarenko en el chat grupal. Y añade: “Este es un largo camino, camino q recién comienza. Es un camino donde podemos reescribir la historia de nuestra policía y sobre todos de la seguridad!“.

En otro mensaje, dice: “Buenos días a todos! Hoy Maximiliano Bondarenko está yendo al Ministerio de seguridad de Nación a ver a Patricia Bullrich por el proyecto de seguridad para la provincia. Encarezco a todos, que avancen con sus trabajos y consignas en función de los pedidos y requisitorias que se desprendan de la charla. Hay que asignarle un tema a Eduardo Borja para su desarrollo o en su defecto incorporarlo a un grupo formado, misma situación Ezequiel y Pedro. Gallito compartiles el plan bienvenidos los nuevos, nos vemos a mi regreso… por favor aprovechemos esta oportunidad”.

Los mensajes, según el gobierno bonaerense, dan a entender que hay una actividad organizada de trabajo político protagonizado por los policías, lo que está vedado por la ley de la policía bonaerense. Para el Ministerio de Seguridad de la Nación, que encabeza Patricia Bullrich, en cambio, se trata de espionaje ilegal. De hecho, el organismo presentó una denuncia en la Justicia de La Plata por espionaje ilegal, persecución ideológica, discriminación y abuso de autoridad.

Para el gobierno bonaerense se trata de una violación del artículo 202 inciso e y g de la ley 13.982, que regula a la fuerza de la provincia de Buenos Aires y fue lo que motivó el sumario administrativo.

Además se le aportó al fiscal unos videos que muestran el contenido de dos computadoras que fueron secuestradas. En esas máquinas hay papelería con el Logo de la La Libertad Avanza, de un león, que es símbolo del partido de Javier Milei, y hasta un protector de pantalla partidario, lo que contraría las normas policiales.

Además, se ven archivos identificados con nombres del partido del gobierno y pedidos de acceso a la información pública escritos en hoja membretada con el logo de La Libertad Avanza, dirigidos a la Municipalidad de Florencio Varela para saber cantidad de efectivos, de patrulleros y otros recursos policiales. Los videos registran que los archivos se filmaron el 22 de julio pasado.

Fuentes del gobierno bonaerense dijeron a que el fiscal Garganta impulsó la investigación a partir de esta evidencia para precisar si más allá de una violación administrativa hay delitos.

Los chats tuvieron lugar luego de un asado que se realizó la semana pasada en la casa de un ladero de Maximiliano Bondarenko, en Florencio Varela. Allí vive un ahijado de Bondarenko, cuyo padre es comisario de la Policía Ecológica, la dependencia donde están la mayor parte de los uniformados suspendidos.

El gobierno nacional contratacó y presentó a su vez una denuncia contra las autoridades bonaerenses por lo que consdieran que se trató de una persecución ideológica y de un caso de espionaje ilegal, por la difusión de los chats.

En esa denuncia se menciona que el asado reunió a algunos de los policías invetsigados y tuvo lugar en la casa del Comisario Mayor Ignacio Manuel Ortiz Valenzuela, Jefe de la División Policía Ecológica, que es padrino de uno de sus hijos.

“De ese grupo de amigos son los 24 oficiales que el Gobierno de la provincia de Buenos Aires ha puesto inmediatamente en disponibilidad, quitándole sus armas oficiales y sus credenciales en un acto humillante realizado frente a sus compañeros, para discriminarlos ideológicamente”, señala la denuncia del ministerio que comanda Patricia Bullrich.

Los policías sumariados al quedar “desafectados” cobran el 50 por ciento de su salario y están bajo investigación administrativa.

En 90 días debe resolverse el sumario administrativo y determinar si se los pasa a disponibilidad preventiva.

Luego que el Gobierno porteño anunciara que dejará de financiar el sistema de transporte gratuito a los cartoneros que trabajan en las cooperativas ligadas a Juan Grabois, desde el espacio del dirigente social apuntaron contra la medida. “Es parte de un ataque a un sistema que ha demostrado ser ambientalmente sostenible”, señalaron.

A través de un comunicado, espacios vinculados a la Central de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), que se referencia en Grabois, expresaron su preocupación por la reciente suspensión del financiamiento al transporte que era destinado a un grupo de cartoneros que viajan desde el conurbano a la ciudad de Buenos Aires.

“Este conflicto trasciende la cuestión logística y pone en riesgo un sistema de reciclado que es un modelo de gestión integral e inclusiva de residuos a nivel nacional y con reconocimiento internacional”, plantean.

Bajo esa línea, desde las cooperativas reparan en la importancia del reciclado cartonero en la Ciudad. “Este modelo integra la recolección diferenciada puerta a puerta como eje central, realizada por los propios cartoneros que ya conocían los circuitos y generaban vínculos con vecinos y comerciantes. Desde hace 18 años, el traslado de los recuperadores urbanos está garantizado como parte del sistema de reciclado con inclusión”, destacan.

Asimismo, se ahonda en el impacto masivo que tiene el accionar de los cartoneros en el reciclaje y el ambiente. “Solo en CABA, el sistema recupera más de 400 toneladas de materiales reciclables por día. Los cartoneros le ahorran millones al Estado por todas estas toneladas de material recuperado”, se argumenta.

Y bajo esa misma línea agregan: “Los recuperadores urbanos, en su conjunto, recolectan hasta 10.000 toneladas de residuos sólidos urbanos reciclables por día. Este trabajo fundamental reduce enormemente el impacto ambiental, generando un ahorro de 9,5 millones de CO₂ equivalente y evitando otros 232,5 millones de CO₂ equivalente al prevenir la quema en basurales, lo que los convierte en actores clave en la mitigación del cambio climático”.

Según se advierte en el comunicado, la medida llevada adelante por la administración de Jorge Macri, impactaría en el bolsillo de los trabajadores, quienes tendrían que “destinar aproximadamente un 20% de sus salarios” para poder llegar a sus lugares de trabajo. “Esto es especialmente crítico dado que el sistema ya busca un ingreso básico garantizado y un complemento salarial en un sector caracterizado por la precariedad laboral”, alertan.

“La suspensión de la logística para los cartoneros que trabajan en CABA no es un mero ajuste de transporte, es parte de un ataque a un sistema que ha demostrado ser ambientalmente sostenible, económicamente viable y socialmente inclusivo, forjado por años de lucha y organización, y que es visto como un modelo ejemplar para una gestión de residuos más justa y eficiente”, concluyen.

Según informaron desde la administración porteña, el sistema de reciclado está integrado por más de 6000 cartoneros organizados en 12 cooperativas que prestan el servicio formal de recolección diferenciada.

Alrededor de la mitad de estos trabajadores, contaban con el sistema de traslado diario financiado por el gobierno porteño, que fue recientemente suspendido. “Afecta a 3500 recuperadores, lo cual representa el 60% del sistema, ya que hablamos de 6500 trabajadores”, precisaron desde la CTEP.

La iniciativa llevada adelante por el gobierno de Jorge Macri afecta a las cooperativas Amanecer de los Cartoneros, Madreselvas, Recuperadores Urbanos del Oeste y Cartonera del Sur. La primera nuclea a más de 2500 recolectores, nucleados bajo el espacio referenciado por Grabois, mientras que las tres restantes están dentro de la Federación Argentina de Cartoneros, Carreros y Recicladores (Faccyr).

De acuerdo a la explicación de la Ciudad, la medida busca generar condiciones de igualdad entre las cooperativas.

“Estamos construyendo un esquema transparente, justo y eficiente, donde todos los recuperadores estén bajo las mismas reglas. El esfuerzo del Estado —que es el de todos los vecinos— debe traducirse en mejoras reales para el sistema de reciclado, no en beneficios discrecionales”, explicó Ignacio Baistrocchi, ministro de Espacio Público e Higiene Urbana.